Denuncian que el Gobierno
vulnera la legislación internacional de derechos humanos
De Kaosenlared Miércoles, 1 de octubre de 2014
En abril de 2012 el
Gobierno aprobó el Real Decreto Ley 16/2012 (RDL), de medidas
urgentes para "garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones". Con este RDL, señalan
estas organizaciones, la asistencia sanitaria dejó de ser un derecho de todas
las personas, y pasó a ser una prestación vinculada a la condición
administrativa de asegurado. Además con esta reforma sanitaria se
restringen ciertas prestaciones y se aumenta la carga económica directa para
las personas.
Dos años después el balance no
puede ser más negativo - aseguran - y manifiestan lo siguiente:
- Tras la aplicación del
RDL, al menos 873.000 personas en España perdieron el
derecho a la asistencia sanitaria, según cifras del propio
Gobierno. Hablamos de una población especialmente vulnerable y que
debería gozar de medidas de protección sociosanitarias. Hay que apuntar
además, que se trata de un colectivo que, al igual que todo ciudadano viene
contribuyendo a su financiación mediante los impuestos.
- La diferente
aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas (CCAA) y la
disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de los
centros sanitarios ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema
Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un
auténtico laberinto administrativo.
- Incluso en aquellos supuestos en los
que el RDL reconoce el derecho a la atención (embarazadas, menores, atención de
urgencias…) se han originado numerosos casos de desatención, sin que, hasta la
fecha, se haya tomado ninguna iniciativa para atajar estos incumplimientos.
- El desplazar la atención a las
urgencias (si ésta se logra) genera retraso diagnóstico y agravamiento de las
patologías, lo que supone un aumento del gasto sanitario para su
atención. Estudios en otros países han demostrado que medidas de
exclusión sanitaria similares han generado un gasto hasta cuatro veces mayor
del que costaría con una atención inclusiva.
- La exigencia de firma de compromisos
de pago, la facturación indebida de la atención en urgencias y otros
impedimentos para el acceso al sistema sanitario, han generando un efecto
disuasorio y una ruptura de la continuidad asistencial, que está poniendo en
grave riesgo la salud y la vida de las personas, tal como organizaciones
medicas han evidenciado en los fallecimientos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad
Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
- A pesar de que algunas CCAA
emitieron instrucciones para asegurar asistencia sanitaria para toda la
población en los supuestos de salud pública, el citado RDL sienta las bases
para que se produzca un retroceso en los programas de prevención, vigilancia y
control de enfermedades tanto transmisibles como no transmisibles. Las
dificultades de acceso de sectores de población a las medidas propuestas para
evitar la aparición de nuevos casos y/o el control de brotes epidémicos
(vacunación, quimioprofilaxis o inmunoprofilaxis, aislamiento, diagnóstico o
tratamiento), tiene repercusiones no sólo en el ámbito individual sino también
en la salud colectiva.
- En un contexto de incremento de la
desigualdad económica (en los cuatro años iniciales de la crisis, la
desigualdad en los ingresos creció en la misma medida que se había logrado
reducir en los veintidós años previos) el encarecimiento del acceso a
determinadas prestaciones y medicamentos, y la exclusión sanitaria de las
personas más vulnerables, provocados por la promulgación del RDL, ha generado
un incremento relevante de las desigualdades en salud, como empieza a
demostrarse en algunas CCAA. Está demostrado que el incremento en la
desigualdad de ingresos produce un aumento de problemas de salud, un peor uso
de los medicamentos y un incremento general del sufrimiento.
- Resulta preocupante el posible
impacto de género del RDL, dados los crecientes obstáculos que están
encontrando las mujeres migrantes a quienes se les ha retirado la tarjeta
sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así
como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de
las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les
otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no
se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria. De igual manera,
conviene recordar que son las mujeres el colectivo mayoritariamente afectado
por la desigualdad económica.
- Varios organismos de Naciones Unidas
y del Consejo de Europa han subrayado que esta reforma contraviene estándares
internacionales de derechos humanos. Han dirigido numerosas
recomendaciones al Gobierno español instándole a garantizar el acceso a la
atención sanitaria de las personas migrantes, independientemente de su
situación administrativa. Asimismo, le han pedido que evalúe el impacto
de la reforma sanitaria en términos de derechos humanos, y le han recordado que
las normas de derechos humanos no pueden ser ignoradas por las presiones
fiscales. Hasta la fecha el Gobierno no ha cumplido ninguna de estas
recomendaciones.
- Por su parte, el Tribunal
Constitucional en dos autos afirma que “el derecho a la salud y el derecho a la integridad física
de las personas afectadas…, así como la conveniencia de evitar riesgos para la
salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco
constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un
eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”.
Efectivamente, antes de implantar el RDL no se analizó ni comunicó con claridad
el ahorro que iba a suponer y hasta la fecha no se ha publicado ningún cálculo
al respecto. Ante esta situación instamos al Gobierno de España a derogar
el RDL 16/2012, y elaborar una nueva Ley de Sanidad:
- Que nazca de un amplio
consenso con las diversas fuerzas políticas, organizaciones sociales y
sociedades científicas
- Que establezca las condiciones para
un Sistema Nacional de Salud, universal, de calidad, y sostenible sobre la base
de una gestión eficiente, eficaz y transparente.
- Que garantice el derecho a la
protección y promoción de la salud establecido en la Constitución Española, y
el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud, tal
y como es definida por la Organización Mundial de la Salud: completo estado de
bienestar físico, psíquico y social y no solo la ausencia de enfermedad, como
marco de las políticas, planes y estrategias de salud y base del modelo
integrador bio-psico-social de atención a la persona enferma, derecho también
recogido en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y
Culturales ratificado por España.
Fuente: www.canarias-semanal.org
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