Manrique de Lara (CCE) y Jorge Marichal (Ashotel) coinciden en su
petición
Lunes,
6 de octubre de 2014
Por EUGENIO FERNÁNDEZ /
CANARIAS-SEMANAL.ORG.-
Cabe imaginar la sorpresa de un visitante extranjero al que se le mostraran las
costas canarias, si acto seguido pudiera escuchar las recurrentes quejas de la
patronal del Archipiélago por las presuntas "trabas" que -
según los lobbies empresariales - pone la Administración regional a los
proyectos de construcción que ya han depredado una parte sustancial del
territorio isleño.
La posición de
absoluto predominio de la que goza la burguesía canaria, sin embargo, le
permite exigir nuevas vueltas de tuerca al desolador modelo del ladrillo
impuesto en las Islas, con la seguridad de que no encontrará una respuesta
social organizada capaz de limitar sus pretensiones y de que el Ejecutivo
regional, a la postre, no dudará en habilitar las leyes necesarias para
garantizar los intereses de la clase social a la que representa.
En este
contexto de prepotente superioridad, los presidentes de Ashotel y de la
Confederación Canaria de Empresarios, Jorge Marichal y Agustín Manrique
de Lara, volvían a reclamar la pasada semana nuevos privilegios, durante la
celebración del II Foro de Assap sobre Economía, Derecho y Empresa, en
la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. Aunque las empresas
instaladas en el Archipiélago gozan de un conjunto de prerrogativas fiscales
sin parangón en otras regiones del Estado, tales como la Reserva de
Inversiones de Canarias, Marichal y Manrique de Lara calificaron el
actual marco legislativo como "absolutamente hostil" a la
inversión empresarial y pusieron el grito en el cielo ante la posibilidad de
que una hipotética reforma fiscal incrementara los escasos impuestos que hoy
pagan a la Hacienda pública. A este respecto, el economista neoliberal, Carlos
Rodríguez Braun, invitado al evento para reforzar las tesis de la patronal,
aseguró que hablar de "subir los impuestos a los ricos es pura
demagogia, porque su aportación frente al conjunto de los recaudado es
pequeña".
La queja
principal formulada por Marichal y Agustín Manrique de Lara, sin
embargo, se refirió a las "trabas burocráticas" que -
según ambos dirigentes empresariales - "están impidiendo el desarrollo
de proyectos que supondrían una importante dinamización de un mercado laboral
que arroja una de las tasas de paro más altas de España".
En este
sentido, ambos se refirieron a la Comisión de ordenación del territorio
(Cotmac), organismo encargado de velar porque tales proyectos cumplan la
legalidad vigente, como "el mayor enemigo de Canarias". Y
ello, a pesar de que la Cotmac no ha impedido que el Archipiélago sea
conocido por la existencia de hoteles ilegales que nadie osa derribar o
macroconstrucciones que han destruido zonas de especial valor ecológico
como los sebadales de Granadilla, en Tenerife, o Arinaga, en Gran
Canaria, donde un alcalde reconvertido hoy en ecologista desoyó todas las
advertencias de los expertos en torno a un Puerto que, finalmente, demostró ser
una inversión ruinosa e inútil.
Pese a
todo, el escaso nivel de control efectuado por la Cotmac, y en general
por el Gobierno autonómico, parece ser para los representantes del
empresariado isleños una manifestación intolerable de "intervencionismo
económico" Estatal. Como alternativa, Manrique de Lara y
Marichal propusieron, sin ninguna muestra de pudor, "reforzar el
insularismo para generar una competencia sana que se traduzca en un mayor
crecimiento y competitividad".
LA VERDADERA RAZÓN DE
SER DEL PLEITO INSULAR
El II Foro ASSAP, en el que la patronal
canaria reclamó la "eliminación de la burocracia" que dificulta sus
negocios
La
propuesta realizada por representantes de las patronales de ambas provincias
pone de manifiesto, de forma significativa, quiénes han sido los verdaderos
impulsores y beneficiarios del llamado "pleito insular".
En sus orígenes, el enfrentamiento creado entre las dos capitales de provincia
no fue más que la extensión interesada al conjunto de la población de los
intereses contrapuestos de una burguesía mayoritariamente agraria, en Tenerife,
y otra más orientada a las actividades portuarias y al comercio, en Gran
Canaria.
Con el paso de
los años, los representantes de esta clase social - fuera y dentro de las
instituciones - se han esforzado por mantener la rivalidad entre los dos
pueblos hermanos, con el objeto de imponer faraónicos proyectos económicos para
su exclusivo enriquecimiento que, en el caso de ser socialmente rechazados,
podían ser "aprovechados" por los "malvados
chicharreros" o los "perversos canariones".
"En
Las Palmas no se andarían con tantos miramientos como los del 'no a todo', y ya
habrían comenzado a construir el Puerto de Granadilla" -
repetían hace unos años en Tenerife los promotores de este contestado proyecto,
para intentar convencer a los ciudadanos menos conscientes de su verdadera
naturaleza.
"Aquí hay un dinero que es el para el tren y que si no aprovechamos
nosotros se llevarán otros" - aseguraba por su parte en Gran Canaria
Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias y mano derecha de Román
Rodríguez, intentando azuzar los más bajos instintos del "pleito"
contra Tenerife con idéntico propósito.
Un breve
recuento de los réditos económicos y políticos que esta infame práctica ha
proporcionado a la oligarquía canaria y sus testaferros bastaría para
entender por qué Agustín Manrique de Lara, por la Confederación
Canaria de Empresarios, y Jorge Marichal, en nombre de la patronal
hotelera de la provincia occidental, batallan hoy, al unísono, por continuar
estimulando la "sana" competencia interinsular.
Fuente: http://canarias-semanal.org/
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