nuevatribuna.es |Luisa Lores | Miembro de la Federación
de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Publica |05 Octubre 2014 - 19:47
h.
En estos días se han sucedido diversas
noticias relacionadas con el acceso a las historias clínicas de los pacientes
del sistema sanitario público por parte de las empresas privadas. La asociación
de clínicas privadas defiende que este hecho no incumple la ley de protección
de datos ya que “No se considerará comunicación de datos el acceso de un
tercero, cuando dicho acceso sea necesario para la prestación de un servicio al
responsable del tratamiento”.
Deberemos por tanto “negar la mayor” e
impedir que las empresas sanitarias privadas que en España están vinculadas a
la banca, a la industria farmacéutica, a multinacionales e incluso a fondos de
capital riesgo, cuyo único objetivo declarado es el beneficio, puedan disponer
de conciertos con el sistema sanitario público y con esta disculpa acceder a
los datos más sensibles de la población.
Los datos más sensibles de la población española están desprotegidos
Es asimismo enormemente preocupante que
los institutos biomédicos de investigación de los hospitales del SNS están
vinculados a grandes compañías farmacéuticas, beneficiarias de los ensayos
clínicos realizados a nuestros pacientes, sobre todo teniendo en cuenta la
escasa independencia de los comités de ética actuales, lo que además de la
desprotección de datos puede suponer un grave riesgo a la salud de la
población.
Actualmente los organismos estratégicos de
investigación en Ciencias de la Salud del Instituto Carlos III
(ISCIII) poseen personalidad jurídica propia, de modo que su
prioridad ya no tiene por qué ser la salud de la población sino la creación de
patentes que incrementen los beneficios de las industrias vinculadas.
El instituto de bioinformática del ISCIII
está asociado a la multinacional extranjera Applied Biosystems, cuyo nicho de
negocio son los estudios genéticos de la población mundial y el responsable de
citogenética molecular del Instituto, a su vez presidente de la Asociación
Española de Genética humana, es el socio fundador de una empresa privada de
diagnóstico genético. Mientras tanto, la Ley de la Memoria Histórica no se
aplica y los familiares de niños robados durante el franquismo deben pagar de
su propio bolsillo los estudios genéticos para tratar de recuperar a sus hijos
y nietos, incrementando los beneficios de directivas vinculadas al PP y al Opus
DEI, como ocurre con las responsables de genómica de la farmacéutica
gallega Zeltia.
Es inadmisible que las CCAA hayan cedido
la gestión de la historia clínica electrónica, la receta electrónica o la cita
previa a empresas privadas, así como otros datos de interés para el negocio,
como ocurre en Galicia, donde la Xunta ha cedido la gestión de todos los datos
sanitarios, fiscales, afectivo-sexuales o de violencia de género a un fondo de
capital riesgo, cuyo objetivo, por otra parte, no es la atención
sanitaria de la población
Ante estos hechos debemos concluir que los
datos más sensibles de la población española están desprotegidos, que el poder
de las empresas que disponen del acceso es demasiado grande, y que, si las
leyes aprobadas por el Gobierno permiten estos conflictos de interés, parece
oportuno que la población cambie el gobierno y exija su derogación.
Fuente: www.nuevatribuna.es
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