Resulta indigno el trato
económico reservado a los pensionistas que no han recibido ninguna herencia en
Suiza ni en Andorra. El número de jubilados ha pasado los últimos diez años en
toda España de 7,9 millones de personas a 9,1
02/10/2014
- 08:16h
La decisión
del gobierno central de aplicar durante el 2015 por segundo año consecutivo la
mínima revaloración legal posible del 0,25% a las pensiones de jubilación ha
aparecido esta semana en los medios de comunicación con un espacio secundario,
frente a otras noticias de portada que consideran más transcendentales y épicas.
En cambio, tengo la impresión que la auténtica noticia destacada para el futuro
del país es esa: la condena de muchos jubilados a la precariedad, del mismo
modo como el gobierno central y el gobierno autonómico han recortado tantos
otros servicios públicos, mientras sus dirigentes y los grandes titulares se
ocupan con insistencia de otros asuntos.
Resulta
indigno el trato económico reservado a los pensionistas que no han recibido
ninguna herencia en Suiza ni en Andorra. El número de jubilados ha pasado los
últimos diez años en toda España de 7,9 millones de personas a 9,1 millones, un
incremento del 15,7% en una sola década (se calcula que alcanzarán los 15
millones en 2050). El canciller Bismarck pagó en 1881 la primera pensión
pública de jubilación a los ciudadanos prusianos, cuando solo un tercio de la
población total lograba superar los 65 años. En España lo hizo el Seguro Obrero
en 1919, cuando la proporción de jubilados era aquella misma. Hoy más del 90%
de la población consigue vivir más allá de los 65 años. En España los
pensionistas significan actualmente 9,1 millones de personas y de votos en las
elecciones.
La media
estadística de la pensión de jubilación en toda España se sitúa en 1.069,48 €
mensuales para los hombres y 660,64 € las mujeres, en función de los importes
cotizados. Sin embargo esa media estadística oculta enormes desequilibrios
entre el número de perceptores de la pensión máxima de 2.550 € y la mínima de
150 a 550 €. La desproporción entre lo que ganaban y cotizaban mientras se
encontraban laboralmente en activo es aguda (bastante menos de la mitad), del
mismo modo que la pensión media es sensiblemente inferior al salario medio
estadístico. Un 77 % de los pensionistas de toda España no llegan a la
condición de mileurista. Son los inframileuristas. Algunos estudios aseguran
que uno de cada cuatro hogares del país vive exclusivamente de la pensión de
jubilación.
El actual
gobierno de mayoría absoluta del PP reformó el año pasado por ley las pensiones
de jubilación y decidió desvincularlas del aumento anual del Índice de Precios
al Consumo (IPC). Es decir recortó las pensiones igual como ha recortado todos
los demás sectores básicos. Los reducidos aumentos anuales previstos, como el
0,25% que aplicarán de nuevo en 2015, significarán una pérdida acumulada del
30% al 50% del poder adquisitivo de las pensiones durante los próximos quince
años, según los cálculos de les organizaciones sociales y sindicales, dado que
no bajarán los precios de la electricidad, la cesta de la compra, el transporte
ni las medicinas.
Si en el
futuro regresasen los hipotéticos años de bonanza económica, no revertirán la
tendencia si no se cambia la ley. El gobierno del PP confía en que los futuros
jubilados complementen des de ahora la menguada pensión con un fondo privado,
lo que equivale a privatizar gradualmente el sistema de pensiones y el derecho
a una vejez digna para todos. En el momento de aprobarse la ley que recorta el
poder adquisitivo de las pensiones, un diario tan ponderado como La
Vanguardia tituló el 22 de setiembre de 2013 a toda página: “La reforma de
las pensiones abre la puerta a recortes sin precedentes”. Uno de los
títulos secundarios insertos en el texto del artículo precisaba: “El objetivo es
llegar a un equilibrio en la Seguridad Social, pero pagan los débiles”.
Otro artículo del diario El País tituló el 17 de setiembre de 2013,
también a toda página: “Recorte de 33.000 millones
en pensiones”.
La vejez no
es una etapa de la vida forzosamente penosa y mínima, sino una época
caracterizada por otro tipo de libertad y de ocio, incluso por otro tipo de
trabajo y de amor. Empobrecer a los pensionistas, como han empobrecido a los
parados, significa negarles el derecho a una vejez digna, tras haberles negado
el derecho a un trabajo digno. Significa, en definitiva, aumentar la
desigualdad entre los antiguos trabajadores y los rentistas del capital, que es
el auténtico objetivo logrado de la actual crisis.
No sé si
tendrán algo qué decir al respecto los numerosos cargos bien remunerados del
Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional y tantas otras instancias
políticas centrales y autonómicas, que estos días se agitan con diligencia. Me
refiero a algo que decir con efectos prácticos y medidas de aplicación
inmediata a favor de los 9,1 millones de pensionistas recortados, aunque no lo
consideren noticia de primera página.
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