viernes, 27 de junio de 2014

FEMINIZACIÓN DE LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Reconocida la desigualdad de género, es necesario avanzar en las políticas de igualdad, en la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, planes y programas, dirigido a erradicar la feminización de la pobreza.
nuevatribuna.es | 26 Junio 2014 - 18:46 h.
La Estrategia Europea 2020 ha fracasado en su objetivo de reducir en al menos veinte millones el número de personas pobres en Europa, la Plataforma Europea Contra la Pobreza y la Exclusión social no plantea la redistribución de recursos, ni la reducción de las desigualdades para las personas ni los colectivos vulnerables, y el aspecto de género de la pobreza y la exclusión social se ha ignorado pese a que esos dos elementos tienen un impacto diferente en las mujeres que en los hombres, no sólo porque ellas encuentran más dificultades para tener ingresos suficientes, sino por la escasez  de servicios para compatibilizar la vida laboral y familiar,  en definitiva, no se presta suficiente atención a la feminización de la pobreza.
No todos los derechos fundamentales y sociales que pronuncia la Constitución de 1978 se han hecho realidad, entre otros, la igualdad de todas las personas ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna (artículo 14), el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades sin que pueda hacerse discriminación por razón de sexo (artículo 35), el derecho a la vivienda, educación y sanidad pública universal, el cuidado de las personas mayores o dependientes o el derecho a unas pensiones dignas, están cada vez más alejados las necesidades y derechos de la ciudadanía, repercutiendo negativamente en las mujeres.
No todos los derechos fundamentales y sociales que pronuncia la Constitución de 1978 se han hecho realidad, entre otros, la igualdad de todas las personas ante la Ley
Es evidente el retroceso en derechos sociales desde que comenzó la llamada crisis económica, en los últimos años los poderes públicos no han asegurado la protección social, económica y jurídica de las familias (Artículo 39), todo ello porque la desigualdad se ha convertido en un pilar de la economía neoliberal donde el crecimiento se desarrolla a costa del  bienestar de las personas, y en el caso de las mujeres de la doble jornada, productiva y del cuidado.
Reconocida la desigualdad de género, es necesario avanzar en las políticas de igualdad, en la integración de la perspectiva de género en todas las políticas, planes y programas, dirigido a erradicar la feminización de la pobreza y luchar contra la exclusión social, favorecer el empleo y las políticas sociales, ya que las mujeres están mas en riesgo de pobreza que los hombres, y hay mas mujeres pobres que hombres.
Exigimos el cumplimiento integro del Plan nacional de acción para la inclusión social del Reino de España 2013-2016,  la implantación de un plan para la Inclusión en la Comunidad de Madrid desde al perspectiva de género, así como un plan de igualdad y contra la violencia de género de la CM, que incorpore el eje de lucha contra la feminización de la pobreza y exclusión social, y como medidas políticas y sociales, orientar el gasto social a la redistribución de la riqueza, a la reducción de las desigualdades, a asegurar y proteger a todas las personas frente a la incertidumbre, a la promoción de la igualdad de oportunidades entre las personas, entre mujeres y hombres, y entre los grupos sociales, a garantizar la cobertura de las necesidades básicas, al respeto a los derechos fundamentales consolidando los derechos sociales para el bienestar, entre otras actuaciones, con rentas y prestaciones sociales efectivas que apoyen a las personas, y específicamente a las mujeres y a los colectivos sociales de mujeres vulnerables.
Reclamamos el desarrollo de políticas de apoyo familiar suficientes, estableciendo el salario social individual como derecho subjetivo, y favoreciendo los procesos de conciliación con la vida laboral, mediante la implantación de servicios y medidas que lo faciliten.
Solicitamos la puesta en marcha de unos presupuestos participativos y con perspectiva de género que contemplen prioritariamente una distribución más justa de los recursos, que garanticen el acceso de las mujeres a un trabajo y pensiones dignas, así como el acceso en igualdad a los servicios públicos y protección social universal, que pongan freno al aumento de la pobreza y de la exclusión social de las mujeres.
Hay alternativas para salir de la pobreza y del riesgo de exclusión que también genera incapacidad para participar en la vida social, proponemos la participación social de las ciudadanas y sus asociaciones como promotoras de la acción contra la feminización de la pobreza y la exclusión social, y reclamamos el compromiso de Gobiernos y Administración pública en el fomento del asociacionismo e impulso de la participación de las asociaciones de mujeres en la política económica y social.

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