Vuelve a inadmitir
un recurso de amparo presentado, esta vez, por la familia de dos jornaleros
desaparecidos en septiembre de 1936 y asesinados un mes después. El tribunal
considera que "no se ha vulnerado ningún derecho fundamental".
PATRICIA
CAMPELO Madrid 26/06/2014 16:29 Actualizado: 26/06/2014 16:34
El valle de los caídos
en una foto de archivo- EFE
José Cansado Lamata era un jornalero de Ateca
(Zaragoza), afiliado a la UGT, que desapareció tras ir a prestar declaración
al ayuntamiento de su localidad, en septiembre de 1936. Fue fusilado un mes
después. Su hermano Antonio, sin afiliación política, fue detenido y asesinado
también en octubre de ese mismo año. Ahora, el hijo y el nieto de José reclaman
recuperar los restos de sus familiares, trasladados ilegítimamente al Valle
de los Caídos en los años 50, pero les acaban de cerrar la última puerta
que han tratado de cruzar en la justicia española: la del Tribunal
Constitucional.
El
recurso de amparo presentado por Jesús Cansado Pérez (nieto) y Francisco
Cansado Blesa (hijo) ha sido inadmitido por el alto tribunal alegando
"la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable
en amparo", según la notificación a la que ha tenido acceso Público.
José
Cansado tuvo un cargo de concejal suplente en el consistorio de Ateca tras las
últimas elecciones municipales de la Segunda República. Tras la falta del edil
titular, Cansado acabó ocupando su puesto. El 22 de septiembre de 1936, el
alguacil del pueblo le notificó que se presentara esa misma tarde en el
ayuntamiento, donde fue retenido junto a otros hombres de la localidad.
Al día siguiente, se llevaron a todos en un camión hasta Calatayud, incluido
Antonio, hermano mayor de José Cansado. El 30 de octubre fueron fusilados
durante su traslado a Zaragoza.
Tras
la inadmisión de este caso por parte del Tribunal Constitucional, la Fiscalía
podría interponer recurso de súplica en el plazo de tres días. De no ser así,
se archivarían las actuaciones, quedando como último recurso la elevación de la
denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, desde hace
años, está inadmitiendo a trámite casos similares.
Fuente: www.publico.es
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