El
sistema sanitario público está en peligro. El riesgo no está en la pretendida
insostenibilidad que pregonan los profetas ultraliberales (en la acción pública
siempre es sostenible aquello que se quiere sustentar). La auténtica amenaza
son las políticas neocom que pretenden apoderarse de los presupuestos dedicados
a los servicios públicos.
nuevatribuna.es
|Por Pablo Vaamonde | 08 Mayo 2014 - 09:30 h.
El sistema
sanitario público está en peligro. El riesgo no está en la pretendida insostenibilidad
que pregonan los profetas ultraliberales (en la acción pública siempre es sostenible
aquello que se quiere sustentar). La auténtica amenaza son las políticas neocom
que pretenden apoderarse de los presupuestos dedicados a los servicios
públicos.
Los buitres
de la especulación financiera planean alrededor. Hay una planificación estretégica,
que viene de años atrás, y tiene por objetivo desmontar los servicios públicos
y apoderarse de su financiación. No se trata de una nueva teoría de la
conspiración sino de hechos y datos contrastados. Podemos afirmar, con toda certeza,
que existe un plan internacional, financiado y liderado por la poderosa
industria farmacéutica y las grandes empresas de la tecnología sanitaria. Esta
estrategia, diseñada a gran escala, es aplicada de forma estricta, por los
políticos cómplices y los grupos de presión, a nivel local.
Un
excelente informe publicado por la FADSP (Federacion de Asociacións para
la Defensa de la Sanidad Pública) revela el plan que se está negociando
entre la Comisión Europea -órgano no electo- y el Departamento de Comercio de
los EE.UU. para constituir una Asociación Transatlántica para el Comercio y
la Inversión (ATCI o TTIP, de acuerdo con las siglas en
inglés). Comenzaron esta negociación en julio de 2013 -dirigida por dos
personajes de dudosa reputación-, con gran secretismo. Suscita numerosas
discrepancias, pues los observadores entienden que es mucho más que un tratado
de libre comercio ya que suprime todas las barreras económicas y legislativas a
los intercambios comerciales. En el ámbito sanitario este acuerdo, de
aplicarse, representaría que los sistemas sanitarios públicos europeos
serían un mercado abierto a la participación de las empresas de EE.UU. Las
empresas transnacionales pretenden con esta iniciativa "acceder a los
presupuestos sanitaros públicos de los países europeos para tener la
oportunidad de obtener grandes beneficios".
Ante la
polémica generada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que excluye de
la negociación a los servicios públicos para evitar la penetración del sector
privado en los mismos. Pero hay que saber que las resoluciones del Parlamento
no son vinculantes para la Comisión Europea, que es la que realmente negocia.
No está claro, por tanto, que la sanidad pública quede protegida. Por el
contrario, este plan va dirigido a garantizar el acceso de las grandes
empresas transnacionales a los presupuestos dedicados a la sanidad (que
representan alrededor del 40% del presupuesto total de las CCAA), con el
objetivo de conseguir la privatización de los servicios sanitarios, "que
son vistos por los inversores privados y por la industria farmacéutica y de
tecnología sanitaria como una enorme lista de compras".
Si se
firmase este Tratado, en los terminos que pretenden las partes negociadoras,
podrían tornar irreversibles las privatizaciones de los servicios públicos,
pues la legislación estatal quedaría condicionada por la normativa de superior
rango de la UE. Las multinacionales y los poderosos lobbies presionan para
desarrollar el llamado "Mecanismo de Solución de Diferencias entre
inversor y Estado" (ISDS), ideado para proteger a los inversores y que
incluye "disposiciones contra la expropiación de servicios de interés
público". Esto quiere decir que sería imposible dar marcha atrás en las
privatizaciones: las concesionarias podrían recurrir a entidades arbitrales
para conseguir elevadas indemnizaciones por lucro cesante.
Esta
estrategia global se refleja, a nivel local, en el "selecto" Club
Gertech, una asociación formada por "gerentes y altos directivos
sanitarios y tecnólogos de empresas". Este foro, que afirma estar
orientado a la formacion y a crear cultura de innovacion, en realidad es un
poderoso grupo de presión que tiene un objetivo claro: apoderarse de los
recursos económicos destinados a la salud (57.000 millones de euros según los
presupuestos de 2014). Está integrado por gerentes sanitarios y altos
cargos, la Universidad de Navarra y el Instituto Carlos III. Recibe apoyos
de la Asociación de Directivos Sanitarios (SEDISA) y del llamado Foro
de la Profesión Médica (alianza corporativa integrada por organizaciones
afines al actual gobierno), y tiene el patrocinio de varias empresas del
sector (Medtronic, Philips, Roche, Nec Corporation, Citec-B), todas ellas con
fuertes intereses en la privatización sanitaria.
El actual
gobierno gallego tiene una particular sintonía con este grupo. El director general de Recursos
Económicos del Sergas y los gerentes de Vigo y A Coruña actuaron como ponentes
principales en sus debates. La propia consejera de Sanidad defendió en un foro
en Barcelona la necesidad de laboralizar el personal sanitario. El Sergas está
desarrollando sus propuestas en los proyectos Hospital 2050 e In-Nueva Salud.
El ejecutivo aplica con diligencia las recetas del club: conciertos
público-privado, externalizaciones, control de la tecnología y de la
informacion por empresas privadas, y la implantación de las Unidades de Gestión
Clínica (UGC). Estas UGC vienen a ser la fórmula para fragmentar los centros
sanitarios en múltiples empresas con autonomía de gestión, en la perspectiva de
crear un mercado sanitario interno propicio para los intereses de las grandes
empresas del sector.
Este lobby
redacta documentos y celebra foros de debate, que sirven de palestra para
difundir su ideario. La FADSP, en otro
informe clarificador, denuncia que esta asociación tiene como finalidad generar "una
alianza público-privada financiada con dinero público para negocio de las
empresas privadas". SEDISA (que tiene vínculos con empresas
farmacéuticas: Roche Sanofi, Grünental, Jonhnson&Johnson), argumenta en la
misma dirección. En su "proyecto Amphos" aconseja: cambiar la
gestión de los centros por medio de las UGC, transformar los hospitales en
empresas autónomas, laboralizar a los trabajadores sanitarios y promover los
autocuidados del enfermo mediante tecnologías instaladas en el domicilio.
Podemos observar que no son nada originales y que ambos foros repiten las
mismas letanías.
La FADSP
entiende que el sistema sanitario público está en peligro real, por "una
estrategia diseñada y articulada por grupos poderosos que pretenden hacerse con
fondos económicos que el Estado destina a la sanidad". Esta actuación
depredatoria está siendo realizada con la total complicidad de los
dirigentes del Partido Popular, asiduos visitantes de la "puerta
giratoria". Es preciso movilizarse con diligencia para frenar este plan de
aniquilación de los servicios públicos.De lo contrario, los buitres
financieros se harán con todo y ya no nos quedará nada.
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