andalucesdiario.es / 22 may 2014
Stop
Desahucios se ha manifestado a la puerta de los juezgados, junto a Monserrat.
// E.P
Monserrat Rodríguez Fernández, de 49 años de edad y con minusvalía
del 71 por ciento, fue escuchada hoy por el juez. Está imputada por
ocupar una vivienda de un banco para que “ni ella ni su familia tuviesen que
dormir en la calle, ya que no le ofrecieron otras alternativas”, según han
destacado desde ‘Stop Desahucios’, que ha convocado un acto de apoyo al que ha
acudido medio centenar de personas.
La afectada ha declarado que solo pide “una vivienda digna,
después de siete años pidiéndola” y de este modo “poder vivir tranquilamente
lo que queda de vida”. Además, ha agradecido “la única ayuda” por parte de
Cáritas y ‘Stop Desahucios’ y ha explicado que tiene concedida la ayuda de
la Ley de la Dependencia, pero “desde hace tres años no la abonan, porque no
hay dinero, y no sé a quién recurrir”, confiesa.
En concreto, la mujer es “demandante de vivienda pública desde
antes del año 2007, reiterada en 2009 y por último el año pasado, los dos
últimos meses del alquiler los pudo pagar gracias a la ayuda de Cáritas”, a
lo que añade que tiene “una pensión por enfermedad de 364 euros” y su pareja
está “en el paro y sin ingresos”. Ella presenta “una minusvalía del 71 por
ciento, depresión orgánica básica, arteria atorada, cáncer y problemas
cardiovasculares”, entre otros.
En este sentido, desde el colectivo destacan que tiene “todos los
requisitos para que no pudiera estar en la calle en ningún momento”, puesto que
“su cuadro clínico así lo dice”. Así, se preguntan “dónde están las
administraciones responsables para atender las necesidades de Monserrat”, y
defienden que desde el colectivo “ante tamaña afrenta” se le ayudó a “encontrar
un sitio adecuado en el que vivir”, de manera que “la plataforma facilitó una
vivienda a la compañera”, subrayan.
Al respecto, uno de los portavoces, Rafael Carmona, cuestiona
“dónde está la Carta de los Derechos Humanos, la Constitución Española, los
acuerdos internacionales firmados por los gobiernos o los responsables
políticos que permitían dejar en la calle a una mujer enferma y ahora la
llevan al juzgado por defender su salud y defender su derecho a la vida y a la
vivienda digna”.
Fuente: http://www.andalucesdiario.es/
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