El ministro de
Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, presentó este jueves
ante el Pleno del Congreso el proyecto de Ley de reforma local en un debate en el que el PSOE manifestó su
absoluto rechazo a la ley que supone el fin del municipalismo español tal y
como se configuró en el inicio de la etapa democrática. Los socialistas
califican de “tropelía” y de “chapuza” el anteproyecto que ha recibido críticas
desde todos los ámbitos. Campaña en defensa de los servicios públicos.
nuevatribuna.es | 17 Octubre 2013 - 19:20
h.
“Sí a reforma local
que actualice el mundo local; no a esta reforma”, ha firmado el portavoz, que
ha denunciado que la ley supone un “ataque demoledor y destructor de la
administración local”
El
secretario de Política Municipal del PSOE y diputado por Jaén, Gaspar
Zarrías, defendió la enmienda de totalidad del Grupo Socialista al Proyecto
de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Una
ley que, es una “chapuza fruto de prejuicios e
imposiciones foráneas” y una “tropelía”. Además –añadió-, “no
resuelve los problemas de las entidades locales, sino que les da muchos más
problemas y genera un problema a millones de ciudadanos”. “Sí a reforma local que
actualice el mundo local; no a esta reforma”, ha firmado el portavoz, que ha
denunciado que la ley supone un “ataque demoledor y destructor de la
administración local”.
Zarrías
ha explicado que el PP “ha perdido la oportunidad de buscar problemas y
encontrar soluciones”, y por ello “miles de alcaldes le piden que
rectifique, también los de la mayoría silenciosa de alcaldes del PP”. “Este
proyecto ha recibido críticas brutales desde todos los ámbitos”, ha recordado
el diputado, que ha criticado que el Gobierno haya optado por “la solución
más tramposa: dar capotazo a los elementos conflictivos, dejar muchos
de ellos sin regular y crear problemas mayores de los que pretendían arreglar”.
La ley, ha añadido, “ni clarifica competencias, ni evita duplicidades ni
simplifica la estructura administrativa”. En este sentido, ha anunciado, irá el
recurso que los socialistas presentarán ante el Tribunal Constitucional.
Por
otra parte, Zarrías ha criticado que el texto “abre de par en par los servicios
sociales a la privatización”. De esta forma, “vacían los ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes, para privatizar los servicios”, y crear así “una
estructura menos eficiente y menos eficaz”.
El
portavoz también ha calificado de “mentira” que el Gobierno se pueda ahorrar
8.000 millones de euros con la reforma, como pretende. “Los ayuntamientos han
hecho los deberes en esta crisis”, ha recordado el diputado, y lo único que se
pretende es “desmantelar” los servicios públicos que prestan los
ayuntamientos. “Esta ley no es algo que de repente aparece, sino que se trata
de un paso más, consciente y deliberado, en el desmantelamiento del Estado del
bienestar”, ha afirmado Zarrías, para concluir que tendrá a los socialistas
“enfrente”.
“Creemos que hace
falta una reforma local, pero no ésta”, que “aleja la administración del
ciudadano”, que “privatiza en gran medida los servicios que los ciudadanos
reciben” y “desmantela los servicios sociales”
Por
su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano consideró
que reforma que emprende el PP está “contra todo y contra todos, imponiendo,
una vez más, exclusivamente su criterio”. “Creemos que hace falta una
reforma local, pero no ésta”, que “aleja la administración del ciudadano”, que
“privatiza en gran medida los servicios que los ciudadanos reciben” y
“desmantela los servicios sociales”, afirmó.
Elena
Valenciano y el secretario de Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, se
reunieron hoy con diversos alcaldes socialistas -entre ellos, el vicepresidente
de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero- y otros colectivos
contrarios a la reforma –como la Federación de Asociaciones de Gestores de
Servicios Sociales- antes de asistir al debate de totalidad del proyecto de
ley.
“Si
algo debe ser objeto de consenso es la construcción de una reforma local”, ha
señalado Valenciano, quien ha criticado que “el PP no ha escuchado a nadie” -ni
a la oposición, ni a los alcaldes, ni a los vecinos, ni a las asociaciones, ni
a los expertos, ni a los trabajadores sociales- y quiere imponer una ley que
“va a ser nefasta para los vecinos de nuestros municipios y ciudades”. “Hay una
manera distinta de abordar las reformas, para ahorrar y simplificar
estructuras, pero sin restar derechos a los ciudadanos y a las ciudadanas”, ha
asegurado Valenciano.
Por
su parte, el vicepresidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero,
ha afirmado que “hoy es el día más negro del municipalismo español en la
historia de la democracia”, porque “se va a empezar a consumar un grave
atentado contra los ayuntamientos y los ciudadanos de nuestras ciudades y
municipios”.
Esta
Ley –aseguró- supone “un retroceso al siglo XIX”, “una pérdida de calidad
de los servicios municipales” y “un empeoramiento de lo que los ciudadanos
reciben desde los ayuntamientos”.
Los
ciudadanos –ha añadido- “van a tener servicios mucho peores, prestados desde la
lejanía, y seguramente privatizados, por los que tendrán que pagar el doble y
el triple del precio que tienen en este momento”. “No queremos esta reforma,
queremos otra reforma, queremos la modernidad, pero queremos cada vez más
cercanía y más capacidad para prestar servicios desde los ayuntamientos”,
concluyó.
Finalmente,
Rafael González, ha subrayado que más de siete millones de ciudadanos,
especialmente los de los colectivos más vulnerables, se van a ver directamente
perjudicados en los servicios que reciben de los ayuntamientos.
Por
su parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal
Montoro, destacó que la reforma local, que llega a las Cortes tras una
larga "gestación" y retiradas de su articulado varias cuestiones que
suscitaron gran polémica, como el coste estándar, ha admitido el ministro.
Al
debate de esta ley asistieron como invitados un buen número de alcaldes de todo
el país, entre ellos Ana Botella (Madrid), Rita Barberá
(Valencia), Abel Caballero (Vigo) e Iñigo de la Serna
(Santander), estos dos últimos, vicepresidente segundo y presidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias.
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