La cooperativa
acudió a la desesperada al Ejecutivo para afrontar dos gastos que calificaba de
ineludibles: una deuda de 6 millones en Polonia y otros 10 millones de
intereses de las subordinadas.
En apenas tres semanas,
el fondo Ekarpen, destinado a inversiones estratégicas, aprobó concederle 30
millones, cifra a la que se sumó otra ayuda pública de 10 millones a través del
fondo Socade.
La operación de
Ekarpen se hizo con los recelos de Kutxabank, que tiene la mayoría en el fondo.
Alberto Uriona @- Bilbao
17/10/2013 - 19:23h
Trabajadores
de Fagor Electrodomésticos a su salida de la factoría de Arrasate. /G. A.
El enojo del Gobierno vasco
ante la decisión del Grupo Mondragón de sacrificar a su joya industrial, Fagor
Electrodomésticos, tiene su explicación. El Gobierno de Íñigo Urkullu desvió
una ayuda de 40 millones de euros concedida en enero a la cooperativa, que
debía utilizarse para acometer su plan de viabilidad, para cubrir los problemas
de caja de la empresa. El dinero se canalizó fundamentalmente a través del
fondo Ekarpen, destinado a inversiones estratégicas.
La operación se materializó las
pasadas navidades, a lo que se refería estos días el lehendakari Iñigo Urkullu
al apuntar que los miembros de su gobierno trabajaron en los días festivos.
Según la información recopilada por El Diario Norte, testimonios
de personas que conocen las negociaciones, a finales de diciembre, cuando acaba
de entrar el nuevo Gobierno del PNV, la dirección de la cooperativa pidió casi
a la desesperada ayuda económica para hacer frente a dos gastos ineludibles:
una deuda de Fagor Electrodomésticos de seis millones de euros por la fábrica
de Polonia y otros diez millones de euros correspondientes a los intereses de
las denominadas subordinadas, los productos financieros comercializados por
Fagor que, junto a los de Eroski, tienen en vilo a 40.000 familias en Euskadi.
En esas navidades, el Gobierno
vasco decidió activar la ayuda a través del fondo Ekarpen, controlada
mayoritariamente por Kutxabank y con el resto de participación pública: el
Ejecutivo, un 28%; y el 12% restante, las tres diputaciones. Aunque el Gobierno
tiene una influencia importante, no puede imponer la aprobación de una
operación, que debe tener el visto bueno de Kutxabank. Era la primera que se
realizaba a través de este fondo del nuevo Gobierno y, según las fuentes
consultadas, se tramitó de forma muy rápida, ya que normalmente son operaciones
que requieren un tiempo para estudiarlo. Además, el Departamento de Desarrollo
y Competitividad, dirigido por Arantza Tapia, no tenía operativos a gran parte
de sus cargos, entre ellos el viceconsejero de Industria, quien empezó a
ejercer en su puesto tras las vacaciones.
La concesión de los 30 millones
se acordó a principios de enero pero con el recelo de los responsables de
Kutxabank, por el riesgo que veían. Sin embargo, la presión del PNV hizo que se
aprobase la operación a través de un préstamo participativo destinado
teóricamente a un plan de viabilidad que nunca se ejecutó. El plan preveía una
inyección total de 247 millones de euros, conllevaba cerrar 8 de las 12
plantas, trasladar toda la producción a Polonia y aliarse con la multinacional
china Haier. El Gobierno aportó además otros diez millones de euros a través
del fondo Socade, que es totalmente público y está controlado por el Ejecutivo,
que se destina a ayudas directas a empresas a través de capital o un préstamo
participativo. Pero tampoco se utiliza como aval, circulante o préstamos
ordinarios.
El
Gobierno no valora la ayuda pública concedida
A estas ayudas públicas, Fagor
Electrodomésticos pretendía añadir fondos procedentes de la venta del 50% de su
sociedad en Polonia (en este país no es una cooperativa, lo que permite la
entrada de un socio externo) a la multinacional china Haier, que le reportaría
25 millones, y la venta de activos, que le habrían supuesto otros 55 millones.
Con esos 80 millones, algunas fuentes creen que no se habría llegado a la
situación actual del preconcurso de acreedores. Pero ese dinero no llegó
finalmente y, encima, la cooperativa se encontró con otra bajada en las ventas
en 2013, que desbarató totalmente el plan de viabilidad.
La ayuda pública de 50 millones
a los que se ha referido la consejera Tapia (hay otra decena de millones en
avales) ha desaparecido así sin adoptar ninguna medida para reestructurar la
cooperativa. El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad no ha
respondido a los requerimientos de este diario para valorar la ayuda pública
concedida.
Fuente: http://www.eldiario.es/
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