El Gobierno ha considerado que el euro por
receta grava la prestación de un servicio del Sistema Nacional de Salud en una
determinada comunidad autónoma y así vulnera la igualdad de los españoles a la
hora de acceder a una prestación farmacéutica. En una semana, la medida recibió
miles de insumisiones a través de un formulario facilitado por Facua.
España |
César Pérez Navarro - Tercera Información / EFE | 29-01-2013 |
El Tribunal
Constitucional ha acordado en el pleno de hoy martes la suspensión cautelar
del euro por receta en la Comunidad de Madrid, de modo que deberá dejar de
cobrarse esa tasa -vigente desde el pasado 1 de Enero- en las farmacias de la
región.
El
Constitucional establece esa medida al admitir a trámite el recurso del
Gobierno central contra dicho impuesto establecido por el Gobierno madrileño,
al igual que hizo el pasado 16 de enero con el euro por receta en Catalunya. Se
considera que la tasa implantada por la Comunidad de Madrid invade las
competencias atribuidas al Estado;
"Es competencia
exclusiva del Estado, en relación con las bases y coordinación general de
la sanidad y con la legislación con los productos farmacéuticos"
establecido en la Constitución, dice el escrito del TC.
La
suspensión se prolongará cinco meses, prorrogables, mientras se tramita el
recurso contra el fondo de la medida.
La asociación
de consumidores Facua ha celebrado que el Tribunal Constitucional haya
decidido hoy suspender la aplicación del euro por receta y reitera su oposición
al cobro de esta "tasa" por considerarla "inconstitucional e
injusta", motivo por el que ha venido haciendo una llamada a la insumisión
ciudadana.
Facua llamó
a la insumisión ante el euro por receta uniéndose a la campaña
ciudadana y ofreciendo un formulario que podía entregarse en las farmacias
en rechazo al pago de una tasa que consideraban "inconstitucional e
injusta".
En una nota,
la asociación ha defendido que el euro por receta supone un "nuevo
repago" y "un atentado" contra la equidad y la igualdad
en el acceso a los medicamentos, y asegura que la suspensión del cobro del
euro por receta será durante "al menos cinco meses prorrogables",
mientras se resuelve sobre el fondo del recurso, en virtud del artículo 161 de
la Constitución.
En Catalunya
hubo 4.500 insumisiones de media al mes, y en Madrid ya se había superado esa
cantidad en la primera semana.
Los
dirigentes populares de la Comunidad de Madrid han sido informados al respecto
por el alto tribunal para que en el plazo de quince días se personen en el
proceso y formulen las alegaciones oportunas.
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