“PORQUE NO LE SACAN LOS PRIVILEGIOS A LA SECTA CATÓLICA Y A LA CASA REAL, EN VEZ DE ATRACAR Y ROBAR A LA CIUDADANÍA”

 CRISIS, RECORTES Y ESTAFA SOCIAL

Artículos de Opinión | Vicent Selva Belén | 13-07-2012 |

Las últimas medidas anunciadas por gobierno español liderado por su presidente Mariano Rajoy supone un ataque, el más directo y violento, contra los trabajadores, los desempleados, los pensionistas y, en general, al conjunto de esa ciudadanía que día a día ve empeorar su nivel de vida, como consecuencia de la ineptitud o de la maldad de la que hacen gala los políticos primero del PSOE y después del PP, bajo la batuta de la Comisión Europea y de la canciller alemana Angela Merkel.

El gobierno de España aprobó ayer, 11 de julio, un paquete de medidas destinadas a, según afirmó el Sr. Rajoy, reducir el importante déficit público del Estado Español, situado en alrededor de un 8%, del PIB, para lograr alcanzar lo estipulado desde Bruselas, que establece que el déficit que debe alcanzar el Estado no debe superar el 6,3% del PIB. Este déficit que debe ser rebajado ha sido achacado a un inconmensurable gasto público, es decir, gasto del Estado, en materias como la Sanidad, la educación, el gasto corriente del Estado y sus diferentes administraciones, las pensiones o los servicios sociales. Sin embargo, ante esta afirmación que desde los medios de comunicación se vierte como si se tratase de una realidad, emerge otra visión que afirma que ello no es cierto.
No es cierto, en primer lugar, que el déficit público sea el culpable de la crisis que estamos sufriendo y, además que ese déficit sea debido al gasto público del Estado. Lo primero se corrobora en el hecho de que en el año 2008, cuando la crisis comenzó a azotar la economía española, el déficit del Estado era inexistente, encontrándonos con un superávit, según el BCE de un 2% del PIB. Es decir, la crisis fue la causa del déficit y no al contrario. En segundo lugar, el gasto público en el Estado Español no es excesivo, ya que las cifras demuestran que nos encontramos a la cola de gasto público en la cola de la UE-15, con un gasto público que se sitúa en un 39,9% del PIB, mientras que Alemania es del 45%, en Francia del 55%o en Dinamarca con un 57%. A modo de ejemplo, el gasto en sanidad es del 6,5% del PIB en frente al promedio de 7,3% en la UE-15. Observamos, por tanto, que el gasto público del que tanto se habla como culpable de la crisis en los estados del Sur de Europa no es cierto. Antes al contrario, sin gasto, sin inversión, público en un momento en que la inversión privada se frena, no se logrará reactivar la economía.
De forma paralela a como se han venido sucediendo todos les recortes en servicios básicos y esenciales, como la sanidad, la educación o la dependencia, el Estado no ha dudado en ofrecer ingentes cantidades de dinero al sistema bancario, a fin de evitar que la banca y sus ejecutivos pagasen por los desmanes cometidos a lo largo de la última década, basados en un uso irresponsable y especulativo del capital que poseían, especialmente en lo vinculado a la burbuja inmobiliaria, fruto a su vez, de la Ley del Suelo que promulgó el gobierno de Aznar en el año 2008. Esas ayudas e incluso en ocasiones nacionalizaciones de algunas entidades no han supuesto una contrapartida favorable para la ciudadanía. Más bien al contrario, esta situación ha envalentonado a la banca que ha visto como desde el poder público se acudirá a su rescate ante cualquier dificultad que sufra sin exigir nada a cambio, como por ejemplo cesar los desahucios de las familias que solamente disponen de una vivienda o facilitar el crédito para las PYMES y permitir de ese modo reactivar la economía privada. Pero va más allá, la nacionalización temporal de Bankia no supone el primer paso para la creación de una banca pública que permita un contrapeso frente al poder omnímodo de la banca privada, apostando por una inversión responsable y con sentido social, sino que este nacionalización supone la socialización de las pérdidas, es decir, que las pérdidas contraídas por la entidad financiera se resolverán mediante la participación del Estado, es decir, de fondos públicos que surgen de los impuestos que todos pagamos de forma directa (IRPF) o indirecta (IVA) para que, una vez saneada y puesta en disposición de obtener nuevamente beneficios, volver a privatizarla. Es decir, las pérdidas de todos, las ganancias de unos pocos. Este mismo proceso se repite mediante las ayudas al sistema financiero venidas desde Europa, ya que las medidas de austeridad que se imponen al conjunto de la población son las condiciones que desde el BCE, la Comisión Europea y el FMI, es decir la conocida y funesta troika, imponen a los Estados.

Es en este contexto donde cabe enmarcar las medidas tomadas ayer por el ejecutivo del PP, que ahondan en un refuerzo de las políticas de austeridad, de los recortes y de freno en la inversión pública. Medidas, a su juicio (aunque es difícil dudar de su palabra), que ayudarán de forma inexorable a salir del pozo en el que se encuentra la economía del Estado Español y la difícil situación de las familias y los ciudadanos. Sin embargo, esta política de recortes y austeridad a ultranza son las que desde el 2010 se han seguido sin rechistar, primero por el gobierno del PSOE y después por el del PP, con un resultado que salta a la vista: la prima de riesgo, es decir, la capacidad de encontrar financiación externa en los mercados no ha mejorado; el desempleo sigue situado en un nivel masivo e insoportable; y los servicios públicos, principal garante de la igualdad entre los ciudadanos independientemente de su riqueza, se están deteriorando a marchas forzadas, ante la incapacidad de un gobierno mentiroso y chantajista, de encontrar una salida digna para las dificultades que los ciudadanos del Estado Español estamos sufriendo.
La principal de estas medidas tomadas ayer es el aumento del IVA. Este impuesto es de los llamados indirectos, es decir se recauda gravando el consumo (alimentos, bienes de consumo, servicios, etc.) independientemente del nivel de renta de quien lo paga, por lo que lo pagará igual, y en la misma medida, el desempleado como el banquero cuando compran el pan cada día. Ello será un acicate importante para la reactivación económica puesto que ello penaliza el consumo, es decir, lo frena, ya que los precios aumentarán mientras que los ingresos de las familias se mantienen o incluso descienden, si atendemos a los recortes en las prestaciones por desempleo que también han sido aprobadas, o de forma indirecta a la reducción de becas, de la financiación de la dependencia, el copago de los fármacos o el aumento de las tasas universitarias. Es decir, las familias tendrán que hacer frente a más gasto sin lograr mejores ingresos.
Estas medidas se han presentado como necesarias e imprescindibles. Como la única alternativa que permitirá salir del atolladero en el que nos encontramos. Pero existen alternativas basadas en la toma de medidas basadas en el principio de justicia y equidad social, y no solamente en los recortes indiscriminados, en las cuales las principales y más grandes empresas y las rentas más altas aporten más al fondo común para satisfacer las necesidades reales básicas de todos los ciudadanos. Tenemos como ejemplo el aumento del 5% en las retribuciones de los consejeros y directivos de las grandes empresas españolas, mientras el nivel de vida del resto de la población cae en picado. O los bancos que poseen un importante parque de viviendas vacías mientras desahucian cada día a más y más familias.  Otra medida necesaria es la lucha contra el fraude fiscal, potenciar las inspecciones y regular de forma más severa que las grandes fortunas (el 75 por ciento del fraude tributario lo está generando el 3 por ciento de las empresas que facturan más de 150 millones de euro) no puedan evadir con la facilidad con la que lo han hecho hasta ahora sus obligaciones con el fisco. La amnistía fiscal del PP hace poco tiempo es precisamente lo contrario de lo que debe hacerse, ya que premiar a los que delinquen en materia económica y fiscal no es una forma de promocionar que todas rindan como deben ante Hacienda, sino que es un modo de decirles “hagan ustedes lo que quieran que ya les perdonaremos”. Por tanto, existen alternativas a los recortes: más ingresos, pero desde aquellos que más pueden y desde los sectores que han sido los culpables de esta situación. Con una correcta lucha contra el fraude fiscal, los ingresos del Estado aumentarían en más de 26.000 millones de €.
La solución, por tanto, debe venir por la inversión pública ya que en épocas de crisis esta es la única fuerza con la cuenta un Estado para evitar que la economía se estanque y entre en recesión. En este sentido, Izquierda Unida ya ha planteado en diversas ocasiones la necesidad de un plan de inversión pública para crear empleo y, por lo tanto, riqueza y bienestar. Recaudar más justa para ser capaces de invertir en empleo debe ser la prioridad del gobierno. Con estos más de 26.000 millones de € se podría poner en práctica un plan de creación de empleo (IU estima que sería necesario entre 30.000 y 40.000 millones de euros, algo más de lo que se podría recaudar luchando contra el fraude fiscal) que permitiría crear 3 millones de nuevos puestos de trabajo, reduciendo la tasa de desempleo del casi 25% actual hasta el 8%. Con ello, se reactivaría la economía, se lograría crear riqueza, lo que juntamente a un adecuado sistema de redistribución por parte del Estado garantizando la sanidad, la educación, la dependencia y nacionalizando la banca, permitiría que el Estado volviese a funcionar ya que, al aumentar la riqueza, se volvería a incrementar los ingresos por parte del mismo. Se trata de implementar la solidaridad en lugar de la caridad.
Con todos estos datos lo que parece evidente es que no nos encontramos realmente en una situación de crisis donde la riqueza ha desaparecido–la riqueza existe tal y como demuestran los datos-, sino ante una importante estafa social, cuyo único fin es la de concentrar el poder en las manos de la oligarquía financiera y someternos a una situación en la que nuestros derechos, como ciudadanos y trabajadores cada día sean menos y de menor calidad. Una situación, fruto de la avaricia de unos pocos, de la que para lograr escapar tendremos que lidiar con importantes resistencias: banca, gran patronal, políticos corruptos –especialmente ligados al PP como demuestran los datos en el País Valencià- y plantear que este sistema ya no nos sirve, por lo que habrá que avanzar hacia la construcción de un sistema más justo, donde prime el bien social y general por sobre el interés de los mercados y el mundo financiero, que han hecho negocio con nuestras desgracias y nuestros derechos, y donde la participación democrática desde la base sea un requisito indispensable. Es decir, superar y dejar atrás el sistema capitalista para construir una sociedad de todos y de todas. Para ello, la movilización y la unidad del pueblo, de los trabajadores, de los estudiantes, de los pensionistas, es imprescindible. Si no lo logramos, habremos perdido.
*Vicent Selva Belén Coordinador comarcal EUPV-Baix Vinalopó Membre Consell Polític Nacional EUPV.

Fuente: http://www.tercerainformacion.es/