Marciano
Sánchez Bayle, portavoz de la FADSP, planteará
cada semana en Nuevatribuna propuestas para recuperar la Sanidad Pública
cara a las próximas citas electorales.
nuevatribuna.es | 'TRIBUNA' SANITARIA | Marciano Sánchez Bayle | 14 Enero
2015 - 15:20 h.
Propuestas para recuperar la Sanidad Pública
El sistema sanitario
público en España ha sufrido en los últimos años un proceso de recortes,
deterioro, desmantelamiento y privatizaciones que ha producido un tremendo
retroceso en un servicio básico como la Sanidad. Ante la oportunidad que
plantean las próximas elecciones autonómicas y generales, esta serie de
artículos pretende pasar revista a los principales problemas de la Sanidad
Pública y hacer las propuestas para que vuelva a ser un servicio público
universal, accesible y de calidad para toda la población.
Una de las principales agresiones realizadas por el gobierno del PP al
derecho a la salud ha sido a raíz de la aprobación del RD Ley 16/2012 en abril
de ese año. En el mismo se sacaba fuera de la cobertura sanitaria pública a los
inmigrantes no regularizados, a las personas con ingresos superiores a los
100.000 € anuales, a los que pasaban mas de 90 días fuera del país y a
los mayores de 26 años no asegurados, si bien esta ultima exclusión se
corrigió en el RD1192/2012 en el que se permitía la atención sanitaria a este
colectivo si demostraba tener ingresos inferiores a 100.000€ anuales.
Otro hecho llamativo es la existencia de las mutualidades de funcionarios
(MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en las que con financiación pública se da una cobertura
sanitaria mayoritariamente privada lo que supone un elemento de desigualdad en
la provisión sanitaria
La situación previa estaba regulada por la Ley General de Sanidad (1986) y
la Ley General de Salud Pública (2011) que vinculaban el derecho a la atención
sanitaria con la residencia en el país. La primera señalaba que la
universalización “se haría de manera progresiva” lo que supuso que la cobertura
era de un 97-99%, pero solo con la aprobación de la segunda este derecho
recogía a toda la población, aunque no se desarrollo. Otro hecho llamativo es
la existencia de las mutualidades de funcionarios (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) en
las que con financiación pública se da una cobertura sanitaria mayoritariamente
privada lo que supone un elemento de desigualdad en la provisión sanitaria, a
la vez que una formula de financiación pública de las compañías de seguros
privados.
¿Porque hay que oponerse a estos cambios? Hay muchos motivos, pero vamos a
esquematizarlos en 4: Primero hay una razón conceptual, los modelos de
servicios nacionales de salud, como era el español, aseguran la atención
sanitaria a todas las personas, los sistemas de seguros, el modelo del RDL
restringen esta atención a las personas aseguradas, independientemente de sus
necesidades de salud, por lo que fomentan una gran desigualdad en el acceso a
la atención sanitaria que acaba estando mediatizada por la situación económica
de las personas. Conviene darse cuenta de que esta modificación que ahora puede
parecer poco relevante tiene un objetivo fundamental que es el de segmentar el
derecho a la atención sanitaria (las personas con mas recursos tendrán seguros
privados, los trabajadores por cuenta ajena una seguridad social deteriorada y
el resto de la población quedara en manos de la beneficencia.
Segundo porque este nuevo sistema de exclusiones ignora que la salud es
uno de los derechos humanos básicos reconocido por los organismos
internacionales, siendo un grave problema desde el punto de vista ético y
moral, y estos mismos organismos recomiendan que sean garantizados por
servicios sanitarios de cobertura universal porque ya se sabe que “un servicio
para pobres será siempre un pobre servicio” (Olor Palme). Luego por motivos
sanitarios, porque la no cobertura de grupos mas o menos importantes de
personas favorece focos de enfermedades infectocontagiosas y su propagación en
el resto de la población y fomenta la utilización inapropiada de los
servicios sanitarios (como por ejemplo sucede circunscribiendo la asistencia
sanitaria de los inmigrantes a los servicios de urgencia). Y por fin por
motivos económicos, entre los que hay que tener en cuenta que los sistemas de
seguros tienen unos costes muy superiores a los servicios universales y que las
repercusiones económicas de postergar la asistencia sanitaria incrementan
el gasto.
Los resultados son bien conocidos en lo que respecta a los inmigrantes irregulares que son los
que han merecido una mayor atención mediática por ser los mas desprotegidos:
hasta ahora hay al menos 3 muertes documentadas y numerosos casos de
desatención, muchas veces arbitrarias e ilegales (con frecuencia se detectan
denegaciones de asistencia en casos no contemplados por el RDL: niños,
embarazadas, urgencias, etc), los otros colectivos excluidos son de muy difícil
seguimiento (por ejemplo el de los que viven mas de 90 días en el extranjero,
probablemente no detectados en la mayoría de los casos por la administración).
Lo que si se conoce es que los seguros públicos alternativos han sido un
fracaso estrepitoso (solo los han contratado unos centenares de personas). Con
todo hay que señalar que la aplicación de estas exclusiones ha sido muy diversa
ya que las CCAA han acabado aplicando políticas muy distintas, algunas
(Navarra, País Vasco, Andalucía, Asturias) han arbitrado formulas para
garantizar la atención sanitaria de todas las personas, otras garantizan la
asistencia en algunos casos o niveles asistenciales y otras aplican el RDL a
rajatabla, con lo que se ha aumentado aún mas la desigualdad.
¿Cuáles son las alternativas?
La primera y fundamental es derogar el RDL 16/2012 y desarrollar una
normativa especifica que garantice la cobertura de la totalidad de la
población por el Sistema Nacional de Salud, sin exclusiones (esta incluso puede
desarrollarse por las CCAA en su ámbito geográfico). Asimismo habría que
incluir la asistencia sanitaria de las mutualidades de funcionarios en el
sistema público (seguramente sería fácil establecer un sistema transitorio que
respetase su pervivencia para los actuales mutualistas y en el que todas las
nuevas incorporaciones lo fueran al modelo general), y también integrar las
mutuas laborales (un modelo de corrupción y privatización con fondos públicos)
dentro de los servicios sanitarios públicos. Conviene recordar que ambas
opciones ya estaban contempladas en la Ley General de Sanidad, ¡en 1986!. El
objetivo es conseguir la universalización y consolidación del sistema sanitario
público como sistema de solidaridad y de justicia y equidad social.
Por Marciano Sánchez Bayle | Portavoz de la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).
Fuente: www.nuevatribuna.es
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