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| José Molina | Doctor en Economía, Sociólogo y
Miembro de Economistas Frente a la Crisis | Blog Economiaapiedeca... |08
Septiembre 2014 - 09:36 h.
Las
políticas de intereses creados son muy difíciles de expulsarlas de las
instituciones, porque precisamente, su objetivo ha sido históricamente el
asalto lento, pero persistente, para construir un poder económico, disfrazado
en un estilo de hacer negocios por medio del control de los diferentes
regímenes tarifarios, concesiones, concursos, o suministros de servicios
públicos. Los boletines oficiales, son una referencia permanente de esta forma
de hacer negocios. Las políticas de privatizaciones llevadas a cabo desde hace
décadas, han reforzado todavía más ese corporativismo y plutocracia que se ha
impuesto en todo el país. Muchos negocios conseguidos por estos medios, han
engrosado las cuentas de los que entran y salen por todas las puertas de las
Administraciones. Pero no han hecho sus negocios solos, sino juntos con ciertos
políticos que les han ayudado en esta labor. Han logrado que políticos
de ética artificial, aquellos que su credo ético, empezada y terminaba en
cobrar un porcentaje de cada negocio que transitaba, hacerlos socios, logrando
hacer saltar por los aires, la ética y los códigos de buen gobierno, aunque
ni los tenían, ni les hacían falta, y han dinamitado “nuestra santa
bárbara” arrasando a su paso todo el buen hacer de políticos y políticas de
nuestra democracia, provocando estos tiempos oscuros, de costumbres
corruptas y expuestos al furor cuando critica el contrario.
Es tiempo de
fortalecer nuestros derechos y libertades porque no se respetan las decisiones
tomadas por la ciudadanía democráticamente, que son el soporte de las
instituciones del Estado; y con estos precedentes, la confusión entre lo
público y lo privado ha circulado sin trabas, en una práctica de mala gestión,
en especial la urbanística y la obra pública, y han sido capaces de hundir los
presupuestos públicos, con las consecuencias de una deuda exagerada, que se
quiere disfrazar por las políticas sociales desarrolladas. ¡Algo tendrán que
decir los parlamentos en su obligación de control de estos desafueros!
Porque los ciudadanos quieren auditar, si sus representantes siguen
atados a políticas que no entendemos.
Precisamos
de un nuevo Estado que esté permanentemente preocupado por construir una
sociedad decente, en la que las instituciones no humillen a las personas, ni
que sus miembros se humillen unos a otros. Como dice Douglas North, no solo
basta con crear fuertes instituciones para generar confianza, sino
también normas de conducta y códigos de ética capaces de expulsar a los
incumplidores de las normas en beneficio de una sociedad que las respeta
con más disciplina que sus representantes. Pagamos como dice J. Sachs, “el
precio de la civilización”: los impuestos, y sería muy educativo que nos rindan
cuentas claras de cómo se gasta al mismo tiempo que se ejecuta, y poder atrapar
a “los listos” con las manos en la masa, porque siempre llegamos tarde, alguno,
paga con la cárcel, pero la mayoría engrosan su patrimonio y la herencia de los
suyos. La historia económica está repleta de ejemplos.
La
corrupción pública, los comportamientos antiéticos, han creado tantos y tan
disparatados problemas, que ha llegado el momento de acabar seriamente con
ellos. El sistema político, el económico y el social, tiene que sufrir
una profunda renovación, en especial en aquellos aspectos que corresponda para
que las personas cuya obsesión consista en conquistar el poder, por la
capacidad que éste da de repartir cargos como si fuese un botín de conquista,
queden claramente en evidencia que no son merecedores de ser representantes de
un sistema democrático, porque el sistema que nos cobija, precisa de la
honestidad de sus representantes sean de la ideología que sean.
Hay que reconocer
que la situación que vivimos está complicada, y muy cercana al ejemplo de
la “trampa social”, como se denomina en la “teoría de juegos” a aquellas
situaciones en las que los participantes eligen la peor solución para los dos.
Es por ello posible que la solución debe empezar por promover la
honestidad y la eficacia desde las instituciones para que impulse a la sociedad
civil a mantener esa inercia positiva desde las esferas de los gobiernos.
Necesitamos un Estado, honesto, eficiente y eficaz, pero Estado. Es bueno
afirmar estas señas de identidad, porque cuando hablamos de instituciones
parece como si se hablara de muchas cosas a la vez. Y hablar de instituciones,
es hablar de Constitución, su forma de gobernar, de organizar las relaciones entres
las Administraciones públicas, entre sus territorios y definir los derechos
fundamentales y protegerlos.
Este es el
papel de decisión con que cuentan las Administraciones, sus estructuras de
poder, tanto formales como informales de los gobiernos –estatal, autonómico y
local-, es en definitiva, esa estructura constitucional que está por
encima de los políticos, burócratas, tradiciones e historia. Esa es la clave de
la esencia de la constitucionalidad social, que finalmente nos dará el mayor
nivel de confianza. Será la confianza en la norma, en la sociedad, en sus
instituciones –públicas y privadas- y en sus ciudadanos, la que nos garantizará
el futuro, y ese proyecto conjunto dentro del Estado, se fortalecerá si se
ejercita con una cultura de tolerancia cuyo resultado es el
reforzamiento de la esencia política, generadora de un potente capital
social. Es el resultado de sacrificar el interés particular (o
partidista) por el interés colectivo y la defensa de la convivencia, y entonces
se habrá cubierto el vacío ético.
Fuente: www.nuevatrivuna.es
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