Consideran que el
partido de Mariano Rajoy y su actual tesorera, Carmen Navarro, han podido
cometer delitos de encubrimiento y daños informáticos al existir indicios de
“ocultación de pruebas, que podrían tener una incidencia determinante en el
conocimiento de una estructura de financiación ilícita y opaca a un partido
político por parte de empresarios contratantes de la administración pública”
España | Tercera Información | 18-10-2013 |
Izquierda
Unida, Asociación Justicia y Sociedad y la Federación de Los Verdes registró
hoy en los juzgados de Plaza de Castilla una querella contra el PP y su actual
tesorera y gerente, Carmen Navarro Fernández-Rodríguez, en relación a la
destrucción de los discos duros de los ordenadores utilizados por su anterior
tesorero, Luis Bárcenas, en la sede nacional del partido de Mariano Rajoy.
En
el completo escrito redactado, que consta de 30 folios (se adjunta más abajo),
se imputa a los querellados “la probable y posible comisión de los delitos” de
encubrimiento y daños informáticos por la destrucción “grave y relevante” de
pruebas relativas a la investigación sobre la supuesta ‘contabilidad B’ del PP,
que instruye el magistrado del Juzgado de Instrucción Nº 5 de la Audiencia
Nacional, Pablo Ruz.
La
titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid abrió diligencias por
este asunto después de que Ruz le comunicara el pasado 19 de septiembre que la
destrucción de los discos duros de dos ordenadores de Bárcenas revestía
‘relevancia penal’ y podría ser constitutiva de delito.
La
causa está a la espera de que la Fiscalía se pronuncie sobre si compete a este
órgano la investigación de este asunto, según señalaron ya a Europa Press
fuentes jurídicas. Una vez se conozca la postura del Ministerio Público, la
jueza acordará si asume el caso o bien eleva conflicto de competencias. Si
ocurre lo primero, deberá decidir también si acepta la querella presentada hoy.
Para
la entrada del texto en el Registro de los juzgados acudieron los abogados de
los querellantes Enrique Santiago, Juan Moreno y Antonio Segura. Santiago,
dirigente federal de IU y letrado que coordina las actuaciones judiciales de
esta formación, destacó que “se trata de la primera querella que se dirige
directamente contra un partido político como responsable jurídico” tras la
reforma del Código Penal realizada a finales de 2013 y que entró en vigor en
febrero de este año.
Coincidió
con Moreno en que el PP impulsó esta reforma con el objetivo de incitar su uso
“contra sindicalistas que podían estar en los ‘piquetes’ en una jornada de
huelga” y, sin embargo, ahora “se le ha vuelto en su contra. Vamos a ir hasta
el fondo de las responsabilidades del PP y su dirección nacional en la
destrucción de estos ordenadores”.
A
la pregunta de los periodistas sobre la exclusión de otros dirigentes del PP de
la nómina de querellados, entre ellos su secretaria general, María Dolores de
Cospedal, los letrados indicaron que “por el momento” se han dirigido contra
aquellos supuestos responsables sobre los que existen “indicios clarísimos” de
delito. No obstante, no descartaron ampliar la querella contra otros dirigentes
a medida que avance la instrucción.
Juan
Moreno especificó que la petición de imputación de Navarro está “debidamente
justificada” debido a que ella es quien figura en el reglamento del PP como
responsable de los archivos de la sede de la calle Génova, además de haber sido
la que ha respondido en repetidas ocasiones a los requerimientos realizados por
el magistrado Ruz.
Frente
a la versión del PP de que los discos duros de los dos ordenadores -un
Macintosh y un Toshiba- fueron destruidos para ponerlos al servicio de ‘un
nuevo trabajador del partido’, IU destaca que los peritos policiales declararon
que los ordenadores fueron formateados el 3 de julio de 2013, seis días después
del ingreso en prisión de Bárcenas por su vinculación al ‘caso Gürtel’, además
se indica que no existen “evidencias que indiquen que dicho ordenador ha sido
usado con posterioridad por empleado alguno del Partido Popular”.
El
texto de la querella basa la presunta responsabilidad penal de Navarro en el
hecho de que como tesorera y gerente del PP tuvo “participación en la
destrucción u ocultación de diferentes soportes materiales con alcance
probatorio, todo ello por acción u omisión directa y con absoluto conocimiento
por parte de la querellada de las investigaciones de índole criminal” que se
seguían en la Audiencia Nacional.
En
relación con el PP como persona jurídica, IU y las otras dos asociaciones
exponen que la “destrucción y ocultación de pruebas” se realizó en su sede
nacional y “con el pleno conocimiento de los responsables”.
Completan
su exposición indicando que el PP, en sus escritos dirigidos al magistrado Ruz,
se atribuye esta actuación y trata de presentarla como “algo habitual y que
forma parte de la rutina y actividad diaria en la gestión administrativa del
propio partido”.
“No
cabe duda de que existen elementos materiales e indiciarios para sostener que
en el seno del Partido Popular se han producido actos de destrucción de
diferentes elementos probatorios, en especial los archivos contenidos, por lo
menos, en un ordenador utilizado por Luis Bárcenas, así como las agendas de los
ex tesoreros del Partido”, concluyen los querellantes.
Sostienen
que hay indicios de “ocultación de pruebas, que podrían tener una incidencia
determinante en el conocimiento de una estructura de financiación ilícita y
opaca a un partido político por parte de empresarios contratantes de la
administración pública”.
El
texto de la querella recuerda también la evolución de los acontecimientos en el
denominado ‘caso Bárcenas’. Así, relatan que el 18 de enero de 2013 el diario
‘El Mundo’ publicó los supuestos sobresueldos pagados a dirigentes del PP por
Luis Bárcenas y que el 31 enero ‘El País’ publicó fotocopias de los denominados
‘papeles de Bárcenas’, que recogen el pago por parte de grandes empresarios de
diversas sumas de dinero al Partido Popular, “cantidades de efectivo que en
parte se repartían diversos dirigentes del Partido Popular”.
La
publicación de estos papeles llevó a IU a presentar el 28 de febrero una
querella ante la Audiencia Nacional por financiación ilícita del Partido
Popular, que dio lugar a la apertura de diligencias previas el 1 de marzo de
2013.
El
13 de febrero de 2013, continúa la querella, Bárcenas requirió por burofax a la
gerente del PP, Carmen Navarro, la devolución de, entre otras pertenencías, los
dos ordenadores que venía usando. “Con posterioridad, el 1 de marzo de 2013, el
señor Bárcenas interpone denuncia por el supuesto robo de dichos ordenadores”,
se recuerda.
La
querella relata que el 14 de agosto de 2013, la secretaria general del PP,
María Dolores de Cospedal, manifestó en la Audiencia Nacional que los
ordenadores reclamados por Bárcenas se encontraban en esos momentos en la sede
del partido.
El
29 de agosto de 2013 se realizó, por orden judicial un clonado de los discos
duros de dichos ordenadores. Según el informe pericial, uno de ellos, ‘fue
formateado el día 3 de julio de 2013, solo 6 días después del ingreso en
prisión de Luis Bárcenas, sin que exista información que se pueda extraer de
dicho disco duro, ni evidencias que indiquen que dicho ordenador ha sido usado
con posterioridad por empleado alguno del Partido Popular’.
Además
añade que, según el testimonio ante el mismo juez el 10 de septiembre de 2013,
las secretarias de los ex tesoreros Bárcenas y Álvaro Lapuerta indicaron que
las agendas de ambos responsables financieros del PP “habían sido destruidas”.
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