Por Carlos Barra | Los enormes
intereses económicos que se mueven en relación a todo el proceso privatizador
han determinado las irregularidades y opacidades que el mismo ha
presentado.
nuevatribuna.es | Carlos Barra Galán | 18
Octubre 2013 - 11:49 h.
Hace
años reflejé en varios artículos que el objetivo primordial de la política
sanitaria del PP en el Gobierno de la Comunidad de Madrid era la privatización
del Servicio Madrileño de Salud y sus Instituciones. Era y sigue siendo un
objetivo esencial para el Ejecutivo Regional, que no comporta sólo un ideario
político sino también un componente económico que hoy a nadie se escapa. Los
enormes intereses económicos que se mueven en relación a todo el proceso
privatizador han determinado en mi opinión las irregularidades y opacidades que
el mismo ha presentado, así como la tozudez del Gobierno regional en mantenerlo
frente al enorme rechazo social que ha provocado y el enorme desgaste político
que está sufriendo.
Los
hechos han mostrado las mentiras que la propaganda populista del gobierno
contenía y han desenmascarado sus verdaderas intenciones: privatizar la Sanidad
Pública madrileña. Ello ha provocado que los ciudadanos y profesionales (muy
importante su presencia) se hayan movilizado con contundencia y reiteración
posibilitando la aparición de un rechazo social mayoritario que deslegitima día
a día la política sanitaria realizada.
Estas
movilizaciones no sólo han conseguido una concienciación social importante sino
que por medio de recursos ante los Tribunales han conseguido una suspensión
cautelar de la privatización de la gestión de seis hospitales que se había
decidido desde el Gobierno mediante una licitación plena de chapuzas e
irregularidades. La decisión de la sección tercera de la sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
suspendiendo cautelarmente el proceso suponía un golpe de gran dureza para la
política sanitaria del Gobierno del P.P en la Comunidad de Madrid ya que ponía
en peligro sus objetivos y los compromisos contraídos.
El
Gobierno regional hasta el momento de la suspensión cautelar, había conseguido
que sus resoluciones repletas de prepotencia y de agresiones a ciudadanos y
profesionales no sufriesen ningún contratiempo serio que pusieran en duda
su legalidad; así su pretendido Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en
realidad plan de expulsión forzada de profesionales y recortes de derechos para
los que permanecen, no ha sido aún valorado por la Justicia; este seudo plan es
similar al de Castilla la Mancha cuyo Tribunal Superior de Justicia lo ha
declarado nulo de pleno derecho y dado los daños irreparables que está produciendo
parece razonable pedir que dado que existen recursos presentados contra él,
sería bueno se acelerase el proceso judicial que determine, si se ajusta o no,
a derecho.
La
suspensión cautelar, golpe en la línea de flotación de la política sanitaria
del Gobierno, hacía presagiar que éste no se quedaría quieto, que utilizaría
todos los medios y tipo de presiones para intentar anular la citada suspensión;
parece lógico que así fuese y pensar otra cosa es un ejercicio de ingenuidad
manifiesta.
Estos
días hemos conocido que, tras la inadmisión de un recurso contra la
privatización presentado por CCOO ante la sección octava de la sala de la
contencioso, el Presidente de la Sala de lo Contencioso –Administrativo ha
dictado un Acuerdo llamando a formar sala a todos los Magistrados para
decidir sobre la persistencia o no de la suspensión cautelar. Diversos expertos
jurídicos consultados por determinados medios de comunicación han expresado que
esta decisión es inusual en el Tribunal Superior de Justicia madrileño así como
que las resoluciones de las salas tercera y octava no son exactamente
contradictorias; asimismo se ha publicado que el Presidente de la Sala es
marido de una Consejera del Gobierno del P.P en Castilla la Mancha. Ciertamente
ambas cosas (lo inusual de la decisión y la relación de parentesco) no ayudan a
contemplar la decisión libre de sombras y sospechas, ya que se trata de un tema
de enorme trascendencia que si concluye con la consumación del proceso
privatizador, produciría daños irreversibles e irreparables aún en el supuesto
que una sentencia firme posterior indicase que el proceso no se ajustaba a
derecho. Parece razonable pensar que todo ello acrecienta los recelos que la
decisión despierta y es por ello que desde el respeto que profeso a Magistrados
y Tribunales considero que la decisión tomada por el Presidente de la
Sala Contencioso-Administrativo es inoportuna, no ayuda a incrementar la
confianza ciudadana en la justicia y puede, sin pretenderlo, generar dudas
sobre la independencia de los jueces. Quizá lo mejor hubiese sido que los
recursos siguiesen su curso habitual toda vez que es difícil probar que ello
generase algún perjuicio al interés general.
Creo
en el Estado de Derecho y a pesar de lo expuesto anteriormente tengo confianza
en los Tribunales. Espero que ante la incapacidad del Gobierno Regional para
aportar algún dato fiable que justifique la razón esencial que arguye para la
privatización: un pretendido y no probado menor coste, así como el cúmulo de
irregularidades y errores que el proceso ha mostrado, los jueces acuerden en
beneficio del interés general y sigan paralizando el proceso de privatización
de los seis hospitales. Manifestar al respecto que lo que ha generado una gran
alarma social en la sociedad madrileña ha sido el intento del Gobierno Regional
de privatizar los hospitales públicos y nunca la suspensión cautelar adoptada y
esto debe ser valorado por la Administración de Justicia.
Para
concluir, lo cierto es que los ciudadanos de Madrid son conscientes del expolio
que se está llevando a cabo en su Servicio Sanitario Público y por tanto, sea
cual sea, las decisiones judiciales que se adopten, van a seguir saliendo a la
calle a defender lo que le pertenece: un sistema sanitario público de cobertura
universal y con igualdad de acceso, es decir aquello que quiere eliminar el
Gobierno del PP en la Comunidad de Madrid.
Fuente:
http://www.nuevatribuna.es/
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