Lugo / La
Voz 19 de octubre de 2013 05:00
Al menos diez
recién nacidos pudieron ser quitados a sus madres en la última década en Lugo.
De eso va la operación Bebé abierta en un juzgado de la capital y que, por el
momento, se limita a la toma de declaración a diversas personas en calidad de
testigos. No hay imputados. La Xunta dice que la actuación de sus servicios de
menores fue totalmente correcta, pero el grupo de abogados que defienden a los
padres y madres biológicos ya han recurrido la citación como testigos de algunas
personas, entre ellas funcionarios del aludido departamento, y plantean que
intervengan como imputados.
La jueza del
caso citó a 14 personas para la pasada semana. No declararon en su mayoría
debido al recurso de los letrados.
La causa está
rodeada de una fuerte polémica. Está levantado el secreto de sumario. Hay
decenas de tomos, pero la instructora no les ha dado traslado a las partes, lo
que le ha supuesto la interposición de nuevos recursos.
Obligadas a
firmar
La operación
tiene vinculaciones con la Carioca. Fue durante esta cuando algunas madres, con
trabajos en clubes de alterne, relataron cómo se habían visto obligadas a
firmar la entrega de sus bebés para luego ser dados en adopción a algunas
familias. La jueza que instruía la trama de los burdeles optó por desviar todos
aquellos testimonios relacionados con bebés a otro juzgado que tenía abierta
una causa especial.
Lituana
Los testimonios
de algunas madres son aterradores. El último del que se tuvo constancia fue del
de una mujer lituana, madre de una niña de 6 años a la cual consiguió traer a
España. Trabajaba de bailarina en un par de clubes de alterne y se quedó
embarazada.
Según su
testimonio, apareció un ciudadano ruso que la acabó llevando a un hogar de
monjas de Lugo donde le quitaron el pasaporte y el móvil y no le permitían
salir. Allí, dos semanas antes de dar a luz le comenzaron a hablar de que
debería dar a su hijo en adopción. «Una monja me dijo: Hay dos familias
interesadas en llevar a tu hijo, pero una paga más», indicó.
Cuando le llegó
la hora de ir al hospital, le devolvieron el pasaporte. Al nacer su hijo ni tan
siquiera se lo dejaron ver. «Me dijeron que era un varón y que pesaba cuatro
kilos. Al día siguiente vinieron de Menores para que firmara los papeles de
adopción», explicó la madre. Contó que lo hizo porque se sentía amenazada por
un «varón ruso» que la amenazó varias veces con que le mataría a su hija de
seis años si no accedía a entregar el niño.
La jueza del
caso apreció indicios de amenazas, pero consideró que el asunto había prescrito
porque los hechos son del 2003. Los abogados dicen que no hay prescripción
hasta que el menor alcanza la mayoría de edad.
Fuente: www.lavozdegalicia.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario