“España es el segundo país con más
desaparecidos tras Camboya”, recuerdan
Fotografía a
tamaño real de una fosa común con esqueletos de 29 fusilados colocada en la
Puerta del Sol en 2010. /CRISTÓBAL
MANUEL
La asociación Jueces para la Democracia ha criticado
hoy con dureza al Ejecutivo por "incumplir" la ley de memoria
histórica al dejarla sin fondos para su aplicación y ha recordado la reclamación de los enviados de
Naciones Unidas a España para adoptar las medidas legales y
judiciales necesarias para asegurar que las desapariciones forzadas no sean
crímenes sujetos a amnistía. En un comunicado, la asociación critica la actitud
del Gobierno, que "está llevando no solo a la impunidad de los delitos
cometidos durante la dictadura, sino a que se queden materialmente sepultados en
el olvido" y asegura que las autoridades está haciendo
"dejación de sus funciones", permitiendo que sigan existiendo
"decenas de miles de personas enterradas en fosas comunes".
Los jueces recuerdan que España, con más de 114.000 desaparecidos, es
"el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de personas
víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni
identificados".
"No podemos compartir de ningún el modo el discurso de que la
recuperación de la memoria democrática suponga reabrir heridas. Resulta
inadmisible que un Estado democrático siga negando a toda la sociedad el
derecho a conocer el pasado y la necesidad de establecer un plan de
administración programado, sistemático y financiado públicamente que permita
con agilidad la localización y la sepultura digna de todas aquellas personas
que fueron asesinadas con ocasión del golpe militar de 1936 y la posterior
represión franquista", concluye el comunicado.
El Gobierno ha derogado de facto la ley de memoria histórica al dejarla sin
fondos por segundo año consecutivo, como ya contó este
diario el pasado domingo. Por eso precisamente una de las peticiones de los
enviados de la ONU tras su visita a España ha sido que el Gobierno asuma como
una “política de Estado” la localización de los desaparecidos del franquismo y
que “proporcione los fondos adecuados para que la ley de Memoria pueda
aplicarse eficazmente”.
En los presupuestos de 2012, el Gobierno
pegó el primer hachazo: de 6,2 millones de euros del último Ejecutivo
socialista a 2,5 (un 60% menos), exclusivamente para la apertura de fosas. Las
asociaciones aguardaron a la convocatoria en el BOE del concurso de
subvenciones. Nunca llegó.
Al año siguiente, la partida fue de 0 euros y en 2014, ídem. En 2012, el
Gobierno cerró, además, la oficina de atención a las víctimas, creada en 2008.
El ministro, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en septiembre:
“El Gobierno cumple y desarrolla lo dispuesto en la ley. Gestiona el mapa de
fosas. Este año se han incorporado 27 nuevas localizaciones hasta elevarse a
2.382, ofreciendo una herramienta que permite reconocer el deber de recordar.
Es cierto que las medidas de contención del gasto público han obligado a
declarar no disponibilidad de créditos para las asociaciones, pero desde 2006
estas asociaciones han recibido 25 millones de euros. También es cierto que las
actividades de localización y exhumación de gran importancia pudieron llevarse
a cabo hasta 2011”.
Pero las asociaciones
niegan la mayor. De esas 2.382 fosas localizadas, se han
abierto menos de 400. La asociación para la recuperación de la memoria
histórica (ARMH) tiene 41 en lista de espera, mientras busca los recursos para
la exhumación, y alerta de que el laboratorio de estudio de restos de
Ponferrada (León) puede cerrar por falta de financiación. Una familia acaba de
recurrir al crowdfunding (colecta
por internet) para reunir el dinero para exhumar a sus parientes de una fosa
común en Borriol (Castellón).
Fuente: www.elpais.com
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