NI OLVIDAMOS NI PERDONAMOS

Las víctimas de los crímenes franquistas cierran filas contra la impunidad

Día 24.4.12

“Los jueces nos están archivando las denuncias porque dicen que los hechos han prescrito, ¿adonde vamos?” Fue la última pregunta, de una mujer de Ávila, a la mesa del I Congreso de Víctimas del franquismo, celebrado durante el fin de semana en Rivas Vaciamadrid. La jurisdicción ordinaria ha rechazado por dos veces la apertura de una fosa donde esta mujer supone que arrojaron a su abuelo y a otros compañeros fusilados por el delito de ser demócratas. El director en España de Amnistía Internacional, Esteban Beltrán, ha intuido la pregunta y anticipado la respuesta: “El derecho internacional ampara a las víctimas de los crímenes contra la humanidad, que no prescriben, pero aquí no se ve apoyado por los jueces”.

Después de desgranar una retahíla de contradicciones de jueces y políticos que han convertido a España en el país de la impunidad de los crímenes de la dictadura franquista, Beltrán anuncia que “Amnistía Internacional presentará pronto un informe sobre el comportamiento de los tribunales españoles”. En su opinión, la sentencia del Tribunal Supremo del 28 de marzo pasado deja en la “absoluta impunidad” todas las causas denunciadas ante el juez Baltasar Garzón –juzgado por presunta prevaricación al admitir las denuncias y absuelto– y “es un artificio jurídico completamente alejado del derecho internacional”.

¿Por qué? “La sentencia dice que no hubo crímenes contra la humanidad porque no existía derecho, y eso es falso; cualquier jurista sabe que no hay límite temporal para esos delitos; hemos estado en veinte países, y desde los crímenes de 1914 en Australia contra la minoría aborigen, hasta los perpetrados por los nazis, pasando por los de Sierra Leona, todos han sido juzgados; a la luz del derecho internacional, la ley de amnistía no impide el acceso a la Justicia”, explica Beltran.

Unos minutos antes, la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, ha cosechado fuertes y prolongados aplausos sobre el relato de su lucha para buscar a los desaparecidos y a los hijos que les robaron. Su hija Laura, universitaria de 20 años, fue secuestrada por los sicarios del golpista Videla, que hicieron desaparecer a unos 30.000 jóvenes en todo el país. Laura estaba embarazada y la retuvieron hasta que dio a luz. Después la mataron. “Tras muchas gestiones, por mediación de un gerifalte, me dieron su cuerpo”, dice esta mujer de 82 años, que sigue buscando a su nieto. “No hay datos, no hay nada, pero hemos encontrado a 105 de unos 500, y es un gran triunfo”.

Ahora, ante la pregunta de la mujer española sobre el desprecio judicial, informa al auditorio: “Hoy damos la bienvenida en Argentina a unas víctimas españolas –se refiere a un grupo que viajó el sábado a Buenos Aires para denunciar los asesinatos y desapariciones– y dentro de poco recibiremos en España a una juez que recaba los testimonios para ver qué pasó”. Se refiere a la magistrada Servini, que ha recibido la denuncia contra el franquismo. “Es un signo de amistad y reciprocidad con el pueblo español, además es una muy buena juez y sé que está recabando toda la información posible para hacer un buen trabajo”.

Quiere decirse que la vía judicial que el Supremo ha querido bloquear, sigue su curso allende el Atlántico para las víctimas del franquismo. Tras unos segundos, interviene el diputado de ERC Joan Tardá: “No queremos que los crímenes se reduzcan a un debate académico como el de la toma de Tetuán, porque la justicia tiene mucho que ver con un futuro mejor”. Y se compromete a mantener viva la memoria de las víctimas en el Parlamento.

Tardà advierte: “Empezamos a estar en un escenario sin salida desde el punto de vista parlamentario”, pero relata una anécdota esperanzadora sobre la posición cambiante del PSOE: “Hace cinco semanas votaron con el PP para dejar a la Casa Real al margen de la famosa ley de transparencia; después de lo ocurrido en los últimos quince días, se han quedado mudos”. Ninguna batalla está perdida. Entre los asistentes está la exdiputada socialista y dirigente de la Asociación de Desaparecidos Españoles, Ludivina García Arias, que el 12 de mayo celebrará el tradicional homenaje a los que lucharon por la libertad, coincidiendo con el 67º aniversario de la liberación de Europa.

El magistrado Ramón Sáez Valcárcel, que apoyó las investigaciones de Garzón sobre los crímenes franquistas, denuncia que la “impunidad absoluta” deviene de la lógica de la Transición: “De la ley a la ley, pasando por la ley”, algo que para el exmagistrado del Supremo José Antonio Martín Pallín constituye una “conexión diabólica”, inconcebible en cualquier democracia. “Las leyes del nazismo y el fascismo cayeron por su propio peso en Alemania e Italia”, recuerda Martín Pallín antes de abogar por la ruptura de esa conexión que ha permitido a jueces y magistrados que juraron las leyes franquistas seguir impartiendo justicia y convalidar implícitamente –como ha hecho la Sala V del Supremo– consejos de guerra y condenas sin garantías para los acusados.

Si Martín Pallín denuncia sin ambages: “Los jueces de este país desempeñan un papel antidemocrático, se burlan de la ley y las víctimas” y, en su opinión, “lo hacen por miedo” tras el proceso a Garzón, las palabras de Carlota Leret resultan esclarecedoras. La hija del capitán Leret, jefe del destacamento aéreo de Melilla, fusilado junto a dos compañeros el 17 de julio de 1936, al mismo tiempo que Franco era trasladado a esa plaza para promover la sublevación, cuenta la experiencia de terror e incertidumbre que sufrió de niña –ella y su hermana fueron recluidas nueve años en un orfanato– y antes de terminar su relato con un “¡Viva la República!” recuerda cómo el jefe falangista más “terrible” en Melilla, Manuel Requena, fue condecorado en 1985 por el ministro de Justicia del primer Gobierno de Felipe González, Fernando Ledesma, con la Gran Cruz de San Raimundo de Peñafort. Con esta distinción se premia el mérito a la Justicia y se recompensan hechos distinguidos o servicios relevantes. Ledesma es magistrado del Supremo y la hija de Leret sigue residiendo en Venezuela.

En el congreso participan más de trescientas personas en representación de sesenta asociaciones de víctimas. Los recuerdos amargos, el silencio y el miedo bajo el terror franquista, las experiencias sobre la búsqueda de los restos de las víctimas, la incomprensión, el desaliento, la invisibilidad, los años de cárcel –entre el público está el histórico comunista Víctor Díaz Cardiel– y el desamparo jurídico y político, acentuado ahora por el Gobierno del PP –ha reducido de 5 a 2 millones de euros el Presupuesto para documentar la memoria, aunque ha dejado dinero para que los familiares sigan exhumando fosas–, constituyen un documento inabarcable.

El congreso ha sido organizado desde la Cátedra de la Memoria Histórica del siglo XX de la Universidad Complutense, de la que es titular el profesor Julio Aróstegui y por la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Los historiadores Nicolás Sánchez-Albornoz, Ángel Viñas, el alemán Walter Bernecker, Mírta Núñez Díaz-Balart, Rubén Pallol, Jorge Marco, Fernando Hernández Holgado, Alicia Alted…, han aportado el resultado de sus estudios e investigaciones, junto con el educador de adultos en las prisiones franquistas Santiago Vega Sombría, el antropólogo Francisco Ferrándiz, la periodista Montse Armengou y los juristas mencionados.

El presidente de la Federación de Foros por la Memoria, José María Pedreño, resume la principal resolución: fortalecer la unidad de las asociaciones para exigir la aplicación del derecho penal internacional y garantizar “Verdad, Justicia y Reparación” a las víctimas del franquismo. Los colores de la bandera republicana están presentes en el trébol de los Foros de la Memoria y al hilo del relato sobre la designación por el dictador de Juan Carlos de Borbón como sucesor en la jefatura del Estado a título de rey, se alzan voces reclamando al monarca que “pida disculpas a las víctimas”.

Fuente: www.cuartopoder.es