13 de abril de 2012
Publicado
en publico.es el 13 de abril de 2012
Imaginemos
que por cualquiera de nuestras fronteras penetran unos cuantos batallones de
tanques destruyendo a su paso fábricas y locales de empresas, hospitales,
escuelas… y todo tipo de instalaciones e incluso produciendo daños personales a
miles de individuos.
¿Qué
pensaríamos si el Gobierno, en lugar de tratar de frenarlos disponiendo frente
a ellos a los militares que juraron defender siempre la integridad de la
Patria, se sometiera a sus dictados y permitiera que siguieran destruyendo
nuestra riqueza?
Sin duda,
creo yo, lo condenaríamos por felón y el pueblo tendría entonces todo el
derecho a levantarse contra él y a imponer otro fiel y no traidor a la Nación y
a los intereses de sus ciudadanos.
Salvando
las distancias, eso es lo que viene pasando desde hace meses, no solo desde que
Rajoy es Presidente del Gobierno.
No nos
engañemos. Todo el mundo sabe que son intereses extranjeros y algunos nacionales
espurios quienes están imponiendo medidas que destruyen nuestra riqueza. Solo
una ingenuidad infinita puede hacer creer que esas medidas son el resultado del
ejercicio libre de nuestro poder soberano como Nación. Por mucho que se
disimule, como hace el Ministro de Guindos, cuando dice que se toman “por
convicción”, es muy evidente que responden a una extorsión continuada de
especuladores que ha llegado a ser calificada, con toda la razón, como
“terrorismo financiero” por el Presidente de la Junta de Andalucía. Ex
presidentes europeos nada sospechosos como Delors, Schmidt, Santer… han
reconocido que son los mercados financieros quienes nos gobiernan. Y el propio
Rajoy declaraba hace unos días que ni a él ni a sus ministros les gustaban los
Presupuestos que han presentado.
Es una
evidencia: nuestra Nación está siendo sometida a un ataque inmisericorde desde
el exterior que viene produciendo un daño gigantesco. El Inspector de Hacienda,
Interventor y Auditor del Estado Agustín Turiel acaba de demostrar que la deuda
ilegítima que soporta el Estado español (excluyendo la de las Comunidades
Autónomas y Entidades Locales) como consecuencia de tener que hacer frente a
compromisos derivados de las políticas que se le imponen desde “los mercados”
es nada más y nada menos que 120.842 millones de euros. Una cifra fabulosa a la
que habría que añadir la del coste incalculable que producen la pérdida de
millones de puestos de trabajo, la destrucción de miles de empresas y de los
patrimonios de otros miles de empresarios y trabajadores como consecuencia
también de las reformas sucesivas y de los recortes de gasto asociados a las
políticas mal llamadas de austeridad y de apoyo a la banca que imponen los
mercados.
Nadie,
ningún país, ningún ejército, ningún general, ningún gobierno, ningún ser
humano tiene nunca la garantía de ganar todas las batallas que se le ponen por
delante pero todos ellos tienen la obligación de darlas cuando él mismo o la
Nación a la que representa es atacada y dañada. Y es traidor quien en lugar de
servirla se somete sin más a quien la ataca y destruye y quien en lugar de
defender a su población la somete a severos e innecesarios sacrificios para
satisfacer a quienes solo desean vencerla para aumentar sus riquezas a su
costa.
Los
gobiernos de España, el anterior y el actual, han tenido y tienen ante sí una
doble opción, la de la dignidad o la de la rendición cobarde. Y están optando
por esta última para simple beneplácito de los bancos y de los grandes
capitales. Nuestro gobierno podría dar un golpe en la mesa de Europa y gritar
“¡Basta ya!” con firmeza y afirmar con fuerza que ya está bien de imposiciones
absurdas que están condenando a toda a Europa a un dramático futuro de
depresión y malestar. España no es una mota de polvo en la Unión Europea y podría
hacer valer con éxito su presencia, entre otras cosas, porque sus intereses
coinciden con los de otros muchos socios. Nuestro gobierno podría reclamar que
el Banco Central Europeo actúe como un auténtico banco central y garantice la
financiación a los Estados y a la economía sin someter a los gobiernos, a los
ciudadanos y a las empresas que crean empleo a la esclavitud insensata de los
bancos que provocaron la crisis y que se muestran incapaces de cumplir con la
función que les corresponde. Podrían exigir un programa paneuropeo de estímulo
y, en fin, las soluciones alternativas que hasta los propios expertos liberales
están empezando a pedir ante la insensatez de las autoridades europeas, presas
del poder financiero, y que permitirían hacer frente con más fortuna al abismo
ante el que nos encontramos.
En lugar
de eso, como he dicho, siguen prefiriendo obedecer a los poderosos y sacrificar
los intereses nacionales incluso de la manera tan vergonzosa y chapucera con
que anunciaron el recorte adicional de 10.000 millones de euros en servicios
esenciales de salud y educación, tan solo una semana después de haber
presentado los Presupuestos y al dictado de los especuladores.
No vale
con que el Gobierno de Rajoy se ponga gallito ante otro país para defender a
una multinacional tan poco ejemplar como Repsol y que en realidad tiene muy
poco de española para hacer creer que se tiene dignidad y fortaleza. No. El
gobierno español debe ponerse firme, como le exige la Constitución, para
defender al Estado y no a los intereses particulares, por poderosos que sean.
Renunciar
a defender a España y limitarse a dar por buenos los recortes y las reformas
que imponen los mercados para que se llenen los bolsillo los grandes
propietarios de capital, los banqueros y los especuladores a costa de
sacrificios cada día más grandes para la inmensa mayoría de los españoles, como
viene ocurriendo, es traicionar a la Patria a la que dicen amar y estar
dispuestos a defender hasta el último suspiro… pero parece que solo desplegando
banderas y con la boca pequeña.
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