Publicado en: sep 10
2014 - 10:09am por Mandarina
NACIONES UNIDAS
RATIFICA DOS INFORMES SOBRE CRÍMENES FRANQUISTAS
El organismo da dos
meses a Rajoy para elaborar un plan de reparación.
María José Esteso Poves.
Redacción⎮Diagonal⎮10/09/14
Fosa de víctimas del franquismo en
Gumiel de Izán, próxima a Aranda de Duero. / ÁLVARO MINGUITO
El Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas ratifica el 10 y 12 de septiembre el informe del relator
especial para la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación y las
Garantías de No Repetición, y el del Grupo de
Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI), elaborados en el
Estado español sobre el abandono institucional de las víctimas de los crímenes
de la dictadura franquista.
“Es un momento histórico para las
víctimas del franquismo porque el máximo órgano de
derechos humanos insta a Rajoy a reconocer a las víctimas y hacer justicia”,
dice Soledad Luque, integrante de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella
Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), desde Ginebra, donde
asiste, junto a otros representantes de asociaciones de memoria histórica, a
las sesiones del Consejo de Derechos Humanos en las que se da lectura a estos
documentos.
Un
varapalo al Gobierno
“Los dos informes son un varapalo al Gobierno español porque
concluyen que España no cumple con sus obligaciones como país democrático que
ha ratificado todos los tratados internacionales sobre derechos humanos”,
explica Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma para la Comisión de la Verdad,
que agrupa a más de cien asociaciones de memoria histórica de todo el Estado
español. Coincide con Luque en que éste es un hecho histórico porque“por
primera vez las víctimas del franquismo ven reconocidos sus derechosante la
ONU como víctimas. El Gobierno ya no tiene excusa para no cumplir con las
recomendaciones de Naciones Unidas”.
El Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias
de Naciones Unidas dio 90 días, desde que se dio a conocer su informe el pasado
30 de julio, para que el Gobierno presente “un cronograma en el que se indiquen
las medidas que se llevarán a cabo” para atender a las víctimas del franquismo.
Ariel Dulitzky, responsable del Grupo de Trabajo, señala que España está
obligada a elaborar “una política de Estado” para atender a las víctimas de
forma urgente y hace al Gobierno más de 40 recomendaciones sobre aspectos
como la apertura de fosas, la represión, los desaparecidos, archivos, etc.
Dulitzky asegura que la inacción del Gobierno no es una cuestión económica,
sino “de voluntad política”.
El segundo informe ha sido elaborado por el relator especial
de Naciones Unidas sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, la Reparación
y las Garantías de No Repetición, Pablo de Greiff. El relator visitó nuestro
país durante diez días, entre el 21 de enero y el 10 de febrero, y se reunió
con víctimas y representantes de las asociaciones de memoria histórica y
también con miembros del Gobierno, la judicatura y jueces independientes.
Existe también un tercer informe de la ONU, del 5 y 6 de
noviembre de 2013, en el que por primera vez se evalúa y se pide al Gobierno
español “cumplir” con los desaparecidos de la dictadura y la Guerra Civil. El
documento es muy crítico con el grado de cumplimiento por parte de España de
la convención que firmó en 2010 sobre desaparición de personas. La
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) celebra estos
informes de la ONU porque “está claro que desde el Derecho Penal Internacional
y desde los tratados internacionales firmados por España, el Gobierno incumple
sistemáticamente sus obligaciones”, según las palabras de su presidente, Emilio
Silva.
Fosas
‘privatizadas’
Por su parte, el informe de Greiff, publicado a finales de
julio, desgrana en 22 páginas los temas en los que España está violando los
tratados internacionales, en la misma línea que lo hace el Grupo de Trabajo
sobre Desapariciones Forzadas. Greiff señala que en España “no se
estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe
información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad”. Tampoco
existen “censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre
el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, recoge el
informe.
El relator de Naciones Unidas muestra también su
“preocupación” por la falta de interés del Estado por exhumar los cuerpos que
permanecen en las cunetas. “Desde 2011, el presupuesto para la Ley de Memoria
Histórica, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”, dice el relator. Greiff
habla de la “privatización” de las exhumaciones, que obliga a las familias a
hacerse cargo de los gastos para desenterrar a sus seres queridos. También
alude a que esta falta de responsabilidad del Estado en la apertura de fosas
permite que ni siquiera las autoridades judiciales acudan a certificar los
restos de los fusilados en las fosas.
De Greiff celebra la aprobación de la Ley de Memoria
Histórica, “que llevó a la elaboración del mapa de fosas (…)”, ya que, según
los datos de los que disponen las asociaciones de memoria histórica, “existen
45.000 personas sepultadas en las 2.328 fosas aún sin abrir” y unos 150.000 desaparecidos.
A nivel internacional, Naciones Unidas afirma que España es el segundo país
en número de desaparecidos y fosas comunes del mundo, después de Camboya.
“Además, está el caso de los niños robados, que según la
investigación judicial de Garzón fueron más de 30.000 hasta los años 50, pero
todos sabemos que después fueron robados muchos más. Niños a los que se les
cambió el apellido, fueron dados en adopción o fueron entregados a familias de
otros países, como, por ejemplo, Alemania”, señala Gordon.
En este sentido, Luque, presidenta de la asociación Todos
los Niños Robados son También Mis Niños e integrante de la Coordinadora X-24,
que agrupa a más de una veintena de organizaciones de familiares de bebés
robados, destaca la importancia de los informes de Naciones Unidas porque
reconocen su preocupación por las víctimas, “no sólo por los que han fallecido
o fueron asesinados por la dictadura, también por los desaparecidos vivos, como
son nuestros niños robados”, explica a este medio. En este sentido, el informe
de Greiff recomienda al Gobierno la creación de un banco de ADN y la apertura
de los archivos públicos y privados, incluidos los de la Iglesia. La
Plataforma para la Comisión de la Verdad apunta que “ni siquiera el concepto
de desaparecido está incluido en la legislación española y que Naciones Unidas
dice que tiene que crearse”.
El informe también se hace eco de la respuesta que dan al
relator integrantes del Gobierno ante la falta de asunción de responsabilidades
con las víctimas. Greiff, que se reunió con el ministro de Exteriores, José
Manuel García-Margallo, sostiene que “variosrepresentantes del Gobierno en
las reuniones que mantuvieron enmarcaron las discusiones en el siguiente
esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única
alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un
riesgo demasiado alto”, recoge el informe de Greiff.
“Democracia
de bajo perfil”
Esta afirmación es para José María Pedreño, presidente de la
Federación de Foros por la Memoria, “un reflejo del bajo perfil de democracia
que tenemos”. Por su parte, para Silva“es muy grave que el Gobierno se
ampare en ese discurso de que ‘se van a despertar los odios’ para no hacer
nada. En ese sentido, el relator de la ONU demuestra que cree más en la
fortaleza de nuestra democracia que el propio Gobierno”.
El informe repasa la “remoción de los símbolos” y explica
que “el Gobierno informó (…) de que la mayoría de los símbolos y monumentos
inventariados fueron retirados”, pero también se hace eco de las denuncias de
organizaciones de memoria, que critican la no retirada de gran parte de éstos”.
Sobre el Valle de los Caídos, De Greiff señala que se ha convertido en “un
símbolo de exaltación del franquismo”, explica que “nada da cuenta de que fue
construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos” y recomienda
llevar el cuerpo de Franco a otro lugar.
“Estos informes sobre las víctimas del franquismo son un
golpe muy duro de Naciones Unidas hacia este Gobierno, y gobiernos anteriores,
y revelan lo difícil que es la memoria histórica porque el Gobierno del PP
sabe que hacer visibles a las víctimas es hacer visibles también a los
verdugos, de los cuáles son herederos directos”, sostiene Pedreño.
Las
denuncias del informe de Greiff
Símbolos:
el relator felicita que la Ley de Memoria recoja la retirada de símbolos
franquistas y denuncia que aún faltan muchos por quitar.Valle de los Caídos:
denuncia que es un lugar de exaltación franquista y recomienda retirar el
cuerpo del dictador.
Libros de texto: afirma
que ya se menciona en ellos la Guerra Civil, pero como un “conflicto entre dos
Españas”.
Jueces y policía: recomienda
formar a los cuerpos de funcionarios en la defensa de los derechos humanos.
Censos:
el relator de la ONU solicita al Gobierno que haga censos de víctimas del
franquismo.
Archivos:
De Greiff pide la apertura de los archivos públicos y privados, y también los
de la Iglesia.
Fosas:
el relator critica la ‘privatización’ de las exhumaciones, que tienen que
costear las familias.
Ley de Amnistía: De
Greiff hace hincapié en que la aplicación de esta ley contradice los tratados
internacionales.
Justicia:
en Justicia Universal lamenta que los jueces no colaboren con las causas
abiertas en otros países.
Víctimas de segunda:
De Greiff recoge que las víctimas del franquismo no son reconocidas, a
diferencia de las del terrorismo.
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