La representante del
Estado español ha recurrido a la ley promulgada por el Gobierno de Zapatero,
muy criticada por el PP y anulada de facto por el Gobierno del Rajoy, para
defenderse del informe presentado por el relator especial de la ONU ante el
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
ierre
de filas total y absoluto. Ante el duro informe del relator
especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la
reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, el Gobierno
español ha reaccionado matando al mensajero en el Consejo de Derechos Humanos
de Naciones Unidas en Ginebra. La representante de España ha calificado el informe a ratos de “erróneo”, otras de
“inexacto”, así como ha acusado al relator de la ONU de “olvidar” reunirse con
otras asociaciones de víctimas de la dictadura que consideran que “el mayor
triunfo de sus pretensiones” ya se había logrado: “la consolidación de la
democracia”. Eso sí, no ha sabido concretar a qué asociaciones se refería tras
ser preguntada por víctimas de la dictadura al término de la reunión.
Así,
la representante de España ante la Oficina de Naciones Unidas en Ginebra, Ana María
Menéndez, ha llevado a cabo una encendida defensa de la Transición,
de la Ley de Amnistía y el papel del Poder Judicial respecto a la impunidad de
la dictadura franquista. Menéndez ha esgrimido que las víctimas pueden acudir a
los tribunales por la vía contencioso-administrativo para negar que exista la
impunidad judicial del franquismo y ha sacado a flote la Ley de Memoria
Histórica como un conjunto de medidas de “reconocimiento y de carácter
simbólico” para las víctimas, a pesar de que el Partido Popular la
anuló de facto dejándola sin fondos. De hecho, las exhumaciones se
están realizando con voluntarios y con el dinero de los familiares de las víctimas.
El
principal argumento del Gobierno del Partido Popular ante la ONU se ha
sustentado en el consenso político de la Transición y en el convencimiento de
que “el olvido y el perdón” eran la única vía para “la reconciliación”. “La
Transición española es un caso especial porque constituye una reconciliación
nacional sin justicia penal de acuerdo a la decisión consensuada por la inmensa
mayoría de fuerzas parlamentarias elegidas de manera libre y democrática”, ha
señalado Menéndez.
Ante
la exposición de Menéndez, Pablo de Greiff, que ha leído previamente su
informe, ha señalado que la asistencia y reparación de las víctimas “no es un
asunto de políticas partidistas o programas políticos, sino de principios y
derechos que conciernen a todos. España puede hacer mucho más”. Cabe destacar
que ninguna víctima de la dictadura ha podido participar en un debate donde una
vez más son la principal ausencia.
Reacción de las víctimas
de la dictadura
El
presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España y
promotor de la llamada Querella Argentina, Jacinto Bonilla, ha querido
destacar en declaraciones a Público que el relato de la representante
española es “erróneo de raíz”.
“Está
justificando el no cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas
por España en virtud de la Convención Internacional para la
protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas
y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio, entre otras, por motivos de conveniencia política en un
momento dado como fue la Transición”, señala Bonilla, que explica que
confrontar “razones jurídicas con razones políticas”, como ha hecho la
representante española, es “negar el Estado de Derecho”.
Por
su parte, la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica ha calificado en un comunicado
como “lamentable” la intervención del Gobierno ante el Alto Comisionado de la
ONU para los derechos humanos. “Resulta lamentable ver que en una democracia
como la española, delitos de lesa humanidad, que no pueden prescribir por
ninguna ley de amnistía, son archivados sin llevar a cabo la más mínima
atención a los familiares que han sufrido los delitos más graves que se pueden
cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y
esconder su cadáver”, ha asegurado Emilio Silva, presidente de la ARMH.
El viernes, nueva prueba
El
viernes será el turno para la exposición del informe que elaboró el grupo de
trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas en su visita a
España durante el pasado mes de septiembre. La delegación tenía como objetivo
esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los
crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas.
Las
observaciones preliminares del grupo de trabajo fueron contundentes. Entre
otras aseveraciones, el grupo instó al Estado español a juzgar las
desapariciones que tuvieron lugar durante la Guerra Civil y la dictadura, así
como a emprender las reformas necesarias para que la Ley de Amnistía no sea un
obstáculo. Además, recomendó al Gobierno a dotar de contenido y fondos la Ley
de Memoria Histórica y a colaborar con las asociaciones memorialistas y de
víctimas. Así lo explicó el autor del informe, Ariel Dulitzky, en una entrevista concedida a Público.
Sobre
este último informe se pronunció el lunes Alberto Ruiz Gallardón en el pleno
del Senado. El ministro de Justifica señaló que el Gobierno “discrepa
claramente” con algunos aspectos que recogen los informes de la ONU sobre los
crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, sobre todo, en la derogación de la
Ley de Amnistía de 1977.
Fuente: http://www.ceaqua.org/
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