Decenas de miles de
trabajadores, 1.500 de forma inmediata, despedidos antes del 1 de abril de 2013
y que tienen suscrito un convenio especial con la Seguridad Social podrán
jubilarse anticipadamente
España | TerceraInformación | 06-09-2014 |
COO
y UGT, durante la reunión mantenida en el día de hoy, junto con CEOE y Cepyme,
con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han
conseguido extraer el compromiso del Gobierno de revisar y modificar el
criterio aprobado el pasado de mes de junio por el Instituto Nacional de la
Seguridad Social (INSS) que, en la mayoría de los casos, denegaba el acceso a
la jubilación a aquellos trabajadores que habiendo visto extinguida
involuntariamente su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 acreditasen
cotizaciones posteriores a dicha fecha, como consecuencia de haber suscrito un
convenio especial con la Seguridad Social y, en otros, reducía las cuantías de
las pensiones a las que se tenía derecho.
En
dicha reunión, el Gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de los trabajadores
que se hayan podido ver perjudicados por este criterio, revisando y resolviendo
todas las solicitudes conforme a la interpretación pacífica que se ha venido
dando hasta junio de este año. Es decir, respetando el derecho de estos
trabajadores a acceder a la jubilación en los términos y condiciones vigentes
en el momento en que fueron despedidos. Con ello, se garantiza el cumplimiento
de la finalidad de la Ley y el principio de confianza legítima.
Además,
el Ejecutivo se compromete a revisar de oficio todos los expedientes que han
sido denegados y las solicitudes de jubilación anticipada aceptadas pero cuya
cuantía se haya calculado teniendo en cuenta dicho criterio, y a estimar
favorablemente todas aquellas reclamaciones previas en vía administrativa que
se encuentren en tramitación por este motivo.
Por
ello, UGT y CCOO valoran esta rectificación y la celeridad que, desde la propia
Secretaria de Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha
anunciado que se va a dar al proceso de revisión de oficio, con la finalidad de
mitigar los perjuicios causados a los 1.500 trabajadores que, en poco más de
dos meses, se han visto ya afectados por la vigencia temporal de este criterio
administrativo que había sido contestado desde el primer momento por CCOO y UGT
que lo han considerado injusto y no ajustado a derecho.
Esta
celeridad en la corrección de las situaciones generadas en este periodo es
valorada además, por UGT y CCOO, como un comportamiento coherente con los
compromisos que el Gobierno ha asumido en la Declaración del 29 de julio pasado
y que deben concretarse en los próximos meses, especialmente en el caso de
mayor protección para los parados de larga duración.
Fuente: www.tercerainformacion.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario