jueves, 29 de agosto de 2013

ASÍ ES LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO ‘POPULAR’: DESTRUYÓ EL DISCO DURO DE UNO DE LOS ORDENADORES DE BÁRCENAS

El extesorero declaró ante el juez que en sus equipos había guardado información relevante para demostrar la presunta contabilidad B y los sobresueldos
C.G. | 29/08/2013
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas, sale de su domicilio entre numerosos informadores. EFE/Archivo
El PP destruyó el disco duro de uno de los ordenadores de  Luis Bárcenas, que está siendo analizado en la Audiencia Nacional por orden del juez Pablo Ruz. Según adelanta El País, el propio partido remitió un escrito ayer al magistrado en el que explicaba  que el ordenador fue restaurado cuando el extesorero abandonó la formación y que se borraron los datos que había en el equipo para que otro empleado pudiera usarlo, “de conformidad con el protocolo habitual de utilización y reciclaje de material informático”.
Se están volcando los datos de otro ordenador
El juez Ruz, que instruye el caso Bárcenas, reclamó al PP la entrega de dos ordenadores: un Toshiba, que carece de disco duro e información relevante, según han podido comprobar los investigadores, y un Mac, en el que hay 467 gigas ocupados que están siendo volcados para ponerlo a disposición de todas las partes personadas en el caso.

Bárcenas denunció al PP por no devolverle sus ordenadores
Bárcenas  denunció al PP por no devolverle los dos ordenadores personales portátiles con los que trabajaba en su despacho en la sede principal del partido, en la calle Génova. En su última declaración ante el juez Pablo Ruz volvió a referirse a ellos para explicar que había guardado en los dos ordenadores información relevante para demostrar que todas sus denuncias sobre la presunta contabilidad B y los sobresueldos a altos cargos populares son ciertas.
El extesorero denunció una contabilidad B y sobresueldos en negro
De acuerdo con la denuncia del extesorero, el PP ha pagado dobles sueldos a toda la dirección del partido durante casi dos décadas, un dinero que salió presuntamente de una contabilidad B, alimentada con donaciones ilegales de grandes empresarios que a su vez eran adjudicatarios de contratos de la Administración pública.







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