Con la reforma del Parlamento, el voto de un ciudadano de Pontevedra o A
Coruña valdría la mitad, en términos de representación, que el de uno de
Ourense o Lugo
Para eso,
Feijóo imputa la reducción de diputados a la parte variable proporcional a la
población de cada provincia, manteniendo el número de diputados fijos por cada
una de ellas (10). Con una proyección sobre el censo de 2009, si esta propuesta
fuese aprobada en el Parlamento, como es voluntad del actual presidente, a Lugo
le corresponderían 26.626 electores por cada uno de sus 13 escaños, a Ourense
29.622 por cada uno de sus 12 escaños, a A Coruña 56.386 por cada uno de sus 19
y a Pontevedra 51.405 por cada uno de sus 17. Hablando en plata para la gente:
con esta reforma el voto de un ciudadano de Pontevedra o A Coruña valdría la
mitad, en términos de representación, que el de uno de Ourense o Lugo. El
presidente, en lugar de impulsar políticas activas para fijar población en
estas dos provincias, compensa su incompetencia multiplicando el valor de los
votos de los gallegos y gallegas que viven en ellas en detrimento de la
ciudadanía de las provincias atlánticas.
Los miembros
del Gobierno gallego y el propio presidente justifican hipócritamente la medida
en el ahorro (equiparable a alguna de las campañas de publicidad institucional
contratadas en los últimos meses) y en la voluntad de la ciudadanía que, según
ellos, reclama medidas de austeridad a la clase política. Aquí el propio Feijóo
y su Gobierno parecen entender y saber (como otros representantes públicos
estilo Rosa Díez) lo que quiere la gente común. No tienen la misma sensibilidad
cuando aplican los recortes sociolaborales o identitarios en nuestro ser
colectivo. No tienen la misma sensibilidad cuando deciden que esta crisis
sistémica sea pagada por aquellos que no la provocaron. Nada dicen tampoco de
la falta de respeto que supone dividir la voluntad democrática de los gallegos
en ciudadanos de primera y de segunda.
El ahorro
debiera instalarse en la prioridad y no en coartadas baratas que recortan la ya
asténica soberanía política de las naciones sin Estado. Con esta decisión, el
presidente dificulta la entrada en el Parlamento de las fuerzas políticas no
tradicionales (ya dificultada por la Ley Fraga del 5%), cambia las reglas del
juego para mantener la posesión del balón en un encuentro que ya tenía perdido
e indirectamente beneficia el mantenimiento en el reparto de roles existente
con el resto de fuerzas políticas con representación (PSOE-BNG), a las cuales
les envía un mensaje: os pongo más difícil la victoria pero, por lo menos,
garantizo que continuéis en el partido.
¿Quién
pierde con esta medida? La gente de este país. Nada dice Feijóo, cuando habla
de ahorro, de la supresión de los privilegios de los cargos electos tras el
abandono del cargo, de la necesidad de eliminar las diputaciones, de la
importancia de regular en la Administración local, nacional y estatal las
retribuciones de los representantes dependiendo de su responsabilidad en la
gestión, de la prohibición de acumular cargos, de la necesaria limitación de
mandatos en las responsabilidades institucionales. Nada dice de eso porque eso
no les interesa. Él ya sabe lo que la gente quiere.
La medida
propuesta no deja de ser un golpe de Estado encubierto, aplaudido por los
palmeros en el Gobierno central, porque alimenta la hoja de ruta de aprovechar
la crisis económica para reformular el modelo de Estado y acabar con la
pluralidad de las naciones que desean decidir por ellas mismas. En ese camino
hacia el modelo de partido único, al presidente lo único que le interesa es
perpetuarse en el poder.
Más allá de
la viabilidad de la medida, Feijóo gana con el debate abierto y pierde la
democracia. Hace demagogia aprovechando el desgaste ante de la opinión pública
de los representantes en las instituciones, tira otra cerilla ante de un mar de
gasolina alentando la crispación social, obliga al resto de fuerzas políticas a
entrar en un regateo de contramedidas de ahorro para evitar lo inevitable y
desvía el foco de la opinión pública a otras cuestiones distanciadas del
bombardeo diario de recortes y reformas que no descansan ni en agosto. Esta
medida incide en el aumento de la sensación de orfandad de los gallegos y
gallegas que ya tienen decidido no optar con su apoyo por fórmulas políticas
tradicionales. A las fórmulas emergentes como Anova nos toca ahora ser capaces
de abrir un proceso de debate en la sociedad que marque las lindes de lo que
debe ser una respuesta de muchos ante la agresión sistemática a los más, a
pesar de saber que jugamos en campo embarrado.
En este
sentido, debemos entender que es necesario explotar en el espacio electoral la
creación de un frente social nítido de izquierdas que convoque a todas las
fuerzas del nacionalismo y que no descarte a priori a partidos de ámbito
estatal que acepten en sus principios el derecho de autodeterminación de las
naciones. En ese lugar de encuentro con un efecto multiplicador, puede haber
una respuesta ciudadana a las agresiones recibidas y a todos aquellos que
alimentan con sus decisiones una deriva social hacia el fascismo 2.0.
Martiño
Noriega es alcalde
de Teo y miembro de la dirección de Anova. El artículo fue escrito en gallego y
traducido por el periódico.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario