Ordenan la "ejecución" de la sentencia del Supremo que
obliga a su derribo
Martes, 16 de septiembre de
2014
El Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido una diligencia en la
que conmina al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a que ejecute el
derribo de laBiblioteca
Pública del Estado. Como se recordará, el grupo de
Gobierno del consistorio, encabezado por Juan José Cardona, interpuso un incidente
de nulidad ante el Tribunal Constitucional, para evitar el derrumbe del
equipamiento, tras la sentencia del Tribunal Supremo del pasado julio que obliga a
la ciudad a derruirlo.
El concejal de urbanismo de la capital, Martín Muñoz asegura la pasada semana que la
notificación del alto tribunal no es más que "una diligencia, parte procesal
de todo el caso de la Biblioteca del Estado y es un acto administrativo".
Lo cierto es, sin embargo, que la sentencia que el TSJC insta a cumplir
especificaba que el derribo debe producirse de manera "inmediata".
Un "regalo envenado" de José Manuel Soria
Pero, ¿quiénes son los responsables de una situación que podría concluir con la
desaparición de este importante equipamiento público?
La biblioteca del Estado ubicada en Las Palmas fue construida en 1997, siendo
alcalde de la capital grancanaria el actual ministro de Industria, José
Manuel Soria, con una licencia ilegal y en contra de la opinión
de los técnicos del propio Ayuntamiento. Los técnicos advirtieron
entonces a Soria de que, si pretendía llevar adelante
el proyecto en la parcela elegida, era preciso elaborar previamente un plan
especial para ordenar la zona, en la que estaba previsto ubicar un
parque. El alcalde, sin embargo, ignoró este informe y, enfrentándose a
los vecinos, que veían cómo la biblioteca pública impediría la visión del mar
que tenían las viviendas cuando las compraron, siguió adelante con sus
propósitos.
Es por ello que, una tras otra, todas las instancias judiciales han coincidido
en que la licencia de la Biblioteca se concedió sin cumplir los parámetros
legales requeridos. El Tribunal Supremo lo hizo en julio, cuando
desestimó las razones que esgrimió la ciudad, después de la sentencia
condenatoria del TSJC del año 2002, que daba las razón a los vecinos del edificio
San Telmo, ubicado justamente detrás, y que denunciaron al Ayuntamiento, al
considerar que el proyecto les restaba visibilidad, que incumplía parámetros
urbanísticos y que no se había aprobado un plan especial para su construcción.
Aquí no paga ningún responsable
El cumplimiento de la sentencia dictada por el Supremo, como consecuencia de la
ilegalidad cometida por el entonces alcalde José Manuel Soria y su grupo de
gobierno, supondría la demolición de una obra que costó más de seis millones de
euros y la pérdida de una infraestructura fundamental para Las Palmas de Gran
Canaria.
Hoy, sin embargo, esta posibilidad no ha bastado para que ningún grupo político
haya utilizado sus recursos con el objeto de que el líder de los derechistas
canarios deba asumir la responsabilidad por sus actos, hasta las últimas
consecuencias.
A este respecto, la actual portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento
capitalino,Isabel Mena,
se limitaba a referirse a las "responsabilidades
políticas" que
habría que reclamar a los culpables del desaguisado urbanístico. Poco más
que un brindis al sol, sin ninguna consecuencia práctica.
Nadie espera, en efecto, que si José Manuel Soria cometió una ilegalidad vaya a tener
que responder por ella ante los tribunales ni que, él y su partido paguen el
monto total del dinero público invertido en la construcción y en la demolición
-si esta llega a producirse - tal y como sería de recibo. Una flagrante
situación de impunidad con la que cuentan los políticos del sistema a la hora
de administrar a su antojo el patrimonio público.
Fuente: www.canarias-semanal.org
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