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| EULOGIA MERLE |
Todos los países que son algo en el
mundo mantienen sus universidades con impuestos para que los más preparados
impartan sus conocimientos e investiguen, y sus graduados puedan acceder al
mercado laboral. Rubalcaba obtuvo una plaza de profesor titular, mediante
idoneidad, en 1984. Época en la que, por cierto, ya estaba más preocupado por
la política que por los enlaces del carbono. Lleva, pues, 30 años sin ver una
poyata, por lo que cuesta aceptar que este político reúna hoy la preparación
exigible a un profesor de Química en una universidad europea del siglo XXI.
Se dirá que es legal que ocupe ese puesto, para eso sacó su plaza en
propiedad. Pero es esta respuesta —legalmente inapelable— la que nos lleva al
busilis del asunto: tenemos una universidad en la que los conocimientos y los
méritos académicos son poco relevantes frente a la antigüedad y otros
privilegios y usos. Como, por otro lado, sucede en otros ámbitos de lo público.
Baste recordar el reciente caso de la
exconsejera de Sanidad de Extremadura, del que ha informado este diario
(24/02/14). Sin entrar en juzgar si apañó o no su oposición antes de dejar la
consejería, lo que resulta inaudito es que una cirujana que ha estado en
puestos burocráticos durante casi siete años pueda ocupar, acto seguido, una
plaza de cirugía general en un hospital. Aunque la ley lo permita, ni el
primero parece el más idóneo para enseñar Química en una facultad ni la segunda
para operar, por muy bueno que fuese su examen teórico. ¿Se subiría usted a un
avión pilotado por alguien que lleva años sin volar pero que se ha aprendido el
manual de memoria?
Como nos enseñó Ortega en La misión de la universidad, si
estuviéramos ante abusos, estos tendrían “escasa importancia. Porque una de
dos: o son abusos en el sentido más natural de la palabra, es decir, casos
aislados..., o son tan frecuentes que... no ha lugar llamarlos abusos... sino
resultado inevitable de usos que son malos”. Y tan malos son los usos de la
universidad española que han convertido en algo habitual la figura del
candidato oficial para las plazas en liza, costumbre que disuade a muchos de
concursar; o impiden la instauración del Hausberufungsverbot (“prohibición de
promocionar a los que han estudiado en casa”), tan extendida en los países
anglosajones. Instrumento que no solo yugula la endogamia, sino que estimula la
movilidad entre los que pretenden hacer carrera académica (la inmensa mayoría
de nuestros profesores, el 90% o más, lo son en la institución donde leyeron su
tesis doctoral), les ilustra sobre cómo se investiga en otros centros —no todo
está en los libros— y les introduce en el circuito internacional de su
especialidad. Con todo, el pecado capital de la universidad española es su
legendaria inhabilidad para encontrar su misión y articularse en el contexto
social y económico del país y del mundo (hoy globalizado).
El criterio de
selección de profesores colisiona con los aceptados en los países más
sobresalientes
El hecho de que en nuestra universidad los criterios para la selección de
profesores colisionen violentamente con los aceptados en los países más
sobresalientes la ha marginado secularmente del circuito internacional del
talento de la ciencia. Lo que dificulta gravemente su reconocimiento y la producción
de investigaciones originales y relevantes. Además de imponer un sobreesfuerzo
a aquellos grupos que, pese a esta anaerobiosis, son capaces de brillar.
Aquellos que, parafraseando a Cajal, producen luz propia y no se limitan a
reflejar la de otros. Aquellos que saben distinguir entre investigar y hurgar
y, por lo tanto, no se encuentran entre los publicistas del tópico de que
España —con menos del 1% de su PIB dedicado a la ciencia— ocupa el décimo
puesto mundial en volumen de publicaciones, pero callan su limitado factor de
impacto o el parvo número de patentes triádicas (las registradas conjuntamente
en Europa, EE UU y Japón) que producimos, que en 2010 representó el 0,49% del
total mundial, mientras que Corea se anotó el 4,4%. Esta actividad, que genera
riqueza y estimula la necesaria simbiosis empresa-universidad, es otra de
nuestras grandes carencias.
El reciente y macabro
espectáculo del Departamento de Anatomía II de la Complutense, además de
abundar en lo dicho, constituye una transgresión inaceptable del código ético
que debería regimentar la universidad y un pésimo ejemplo de impunidad. Si esto
hubiese sucedido en Reino Unido, Suiza o Japón, es fácil imaginar dónde
estarían el rector, el decano y los anatomistas (al margen de lo que luego
pudieran dictaminar los jueces), y cuál hubiese sido la reacción del claustro
de profesores y los alumnos. Aquí sencillamente han hecho un mutis.
La primera que tiene que respetarse a sí misma y dar pruebas de que cree
en los valores académicos y morales, que la vienen inspirando desde el medievo,
es la propia comunidad universitaria. Es encomiable que profesores de prestigio
y miembros de varias academias llamen la atención sobre la importancia de la
universidad, la ciencia y las humanidades, o denuncien las consecuencias de
unos recortes presupuestarios drásticos, súbitos y arbitrarios. Nadie cuestiona
esto. Sin embargo, harían un gran servicio a sus instituciones y a ellos mismos
si, superando el espíritu de cuerpo, también se pronunciaran acerca de las
dañinas usanzas que las gobiernan, y las injustificables situaciones que
amparan.
No es precisamente
más financiación lo que se necesita, sino atraer y premiar la excelencia
No puede sorprender que cada vez cueste más entender por qué hay que
dedicar más dinero público a una universidad ahogada en una maraña de
reglamentos intangibles e inusitados en todo Occidente, que la condenan sin
misericordia al furgón de cola. No es precisamente más financiación lo que
necesita, idea fija de los rectores y su clientelismo, sino atraer y premiar el
conocimiento y la excelencia. Porque inquieta e indigna ver cómo nuestra
educación sale derrotada en todas las ligas mundiales, da igual el nivel (ahí
está el Informe PISA), y encima se justifique aduciendo que se emplean
instrumentos “poco adecuados” para su valoración. (Otra vez, Spain is
different!)
Pero sucede que países faltos de nuestra antiquísima tradición académica
—como son Corea, Singapur o Arabia Saudí— tienen a alguna de sus universidades
entre las 200 primeras del mundo (ranking
de Shanghái, 2013). España, ni una. Aunque podemos celebrar que Brasil,
México y Argentina, donde fundamos estas instituciones hace siglos, cuenten al
menos con una en ese grupo. Sin entrar a explicar por qué nuestras escuelas de
negocios, que no son instituciones oficiales, sobresalen en todos los rankings (The
Economist, FT o Forbes).
Desde hace más de 100 años, 681 científicos han sido distinguidos con un
Nobel de Medicina, Química, Física o Economía, o una Medalla Fields (el Nobel
de Matemáticas). Solo un español ha conseguido tal galardón, Cajal. En cambio,
Argentina ha logrado dos y medio (Houssay, Leloir y Milstein, éste tenía doble
nacionalidad cuando recibió el reconocimiento); entre los egresados de la
Escuela Normal Superior de París, esa isla del sistema universitario francés,
se contabilizan 12 ganadores de un Nobel y 10 de una Medalla Fields (en total
se han otorgado 53); por la Politécnica de Zúrich (fundada en 1885) han pasado
21 laureados y por el Caltech (fundado en 1891) otros 31. Ejemplos que sirven
para recordar que el llamado efecto Mateo es implacable —“porque al que tiene
se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aun
lo que tiene” (M:13,12)— y que, infelizmente, no pertenecemos al grupo de la
abundancia.
Y la mala noticia para el final. Si alguno de esos 680 galardonados
hubiera pretendido una plaza en nuestra universidad, su peculiar forma de
gobernanza lo hubiera impedido. La misma que, por ejemplo, le impide al doctor
Pérez, tras 30 años de experiencia política en primera fila, regresar como
profesor a una facultad de Políticas o Sociología, en vez de la farsa (legal)
que supone su vuelta a la de Químicas. Pero cambiar esto significaría
traicionar el castizo e inspirador lema que alienta a todo el sistema educativo
español: ¡defendella y no enmendalla!
José Luis Puerta es doctor en Filosofía y médico. Fue secretario general
del Consejo Asesor de la ministra de Sanidad (2002- 2005).
Fuente: www.elpais.com
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