La plataforma do
Baixo Miño recurre las numerosas y "arbitrarias" sanciones que lle
fueron impuestas por movilizarse contra las antiguas cjas de ahorro y que
superan los 18.000 euros y las veinte personas afectadas. El colectivo ve en
ellas un intento de "criminalización" y señala a la Diputación de
Pontevedra.
09/09/2014 - 17:58h
Galicia pide al Estado que cambie la ley estatal para evitar
las quitas a los afectados por las preferentes
Varios miembros de la Plataforma de Afectados por las
Preferentes do Baixo Miño acudieron este pasado lunes al Juzgado del
Contencioso Administrativo de Pontevedra para presentar un total de 22 recursos
contra las sanciones que les fueron impuestas por reclamar la devolución del
dinero que tenían atrapados en preferentes y deuda subordinada de las antiguas
cajas de ahorro. Denunciaron así lo que consideran "una campaña de acoso y
una trama de corrupción" destinada a "criminalizarlos" y que,
según aclaran, comenzó justo al tiempo que el presidente de la Diputación de
Pontevedra, Rafael Louzán, señaló gravemente el colectivo con sus críticas.
Son en total más de cincuenta sanciones que afectan a más de veinte personas y en las próximas semanas se presentarán una docena de recursos más. Las multas recurridas este lunes suman unos 10.000 euros, pero en total son 18.000 los que se les reclaman la varias de estas familias, incluidas personas que casi alcanzan los 80 años. Y pertenecen, además, la única plataforma que tiene que enfrentarse la estos expedientes sancionadores, ya que en el resto de protestas por el incluso motivo en Galicia, o las multas fueron retiradas o los manifestantes no fueron nunca objeto de sanción.
Además, los afectados tienen que pagar unos 2.400 euros de tasas judiciales en total por el conjunto de recursos impuestos a unas multas de lo más surrealista. Varios miembros de la plataforma fueron expedientados por circular sin carnet o sin cinturón, por tocar la bocina o por ocupar espacio público. Y case todos ellos sancionados por alteración del orden, concentración ilegal o resistencia a la autoridad.
"Esperamos que la justicia nos dé la razón porque las sanciones son mentira; fueron arbitrarias y escogieron un grupo de personas para sancionarnos sin motivo alguno. Todo instigado por alcaldes caprichosos o agentes de la autoridad que no son autoridad ninguna... Y todo dirigido por Rafael Louzán", acusa con claridad Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, que en varias ocasiones fue señalado por el presidente de la Diputación en sus declaraciones y que acumula -él solo- más de 4.000 euros en sanciones, a pesar de que insiste en la "falsedad" de ellas. "Hay un antes y un después del momento en el que Louzán sale a la prensa a criminalizarnos y calificarnos de comando; después de año y medio de movilizaciones sin sanciones, a partir de aquel día empiezan a llegarnos", insiste quien ya pidió a la Fiscalía que investigue el que considera "una trama de corrupción gravísima".
Son en total más de cincuenta sanciones que afectan a más de veinte personas y en las próximas semanas se presentarán una docena de recursos más. Las multas recurridas este lunes suman unos 10.000 euros, pero en total son 18.000 los que se les reclaman la varias de estas familias, incluidas personas que casi alcanzan los 80 años. Y pertenecen, además, la única plataforma que tiene que enfrentarse la estos expedientes sancionadores, ya que en el resto de protestas por el incluso motivo en Galicia, o las multas fueron retiradas o los manifestantes no fueron nunca objeto de sanción.
Además, los afectados tienen que pagar unos 2.400 euros de tasas judiciales en total por el conjunto de recursos impuestos a unas multas de lo más surrealista. Varios miembros de la plataforma fueron expedientados por circular sin carnet o sin cinturón, por tocar la bocina o por ocupar espacio público. Y case todos ellos sancionados por alteración del orden, concentración ilegal o resistencia a la autoridad.
"Esperamos que la justicia nos dé la razón porque las sanciones son mentira; fueron arbitrarias y escogieron un grupo de personas para sancionarnos sin motivo alguno. Todo instigado por alcaldes caprichosos o agentes de la autoridad que no son autoridad ninguna... Y todo dirigido por Rafael Louzán", acusa con claridad Xulio Vicente, portavoz de la plataforma, que en varias ocasiones fue señalado por el presidente de la Diputación en sus declaraciones y que acumula -él solo- más de 4.000 euros en sanciones, a pesar de que insiste en la "falsedad" de ellas. "Hay un antes y un después del momento en el que Louzán sale a la prensa a criminalizarnos y calificarnos de comando; después de año y medio de movilizaciones sin sanciones, a partir de aquel día empiezan a llegarnos", insiste quien ya pidió a la Fiscalía que investigue el que considera "una trama de corrupción gravísima".
De hecho, Vicente asegura que la Fiscalía mantiene una
investigación abierta sobre las prácticas que dice "arbitrarias y de
persecución" hacia el colectivo por parte de policías locales y guardias
civiles que, según dice, fueron ordenados por alcaldes y la propia Diputación.
"Louzán se sintió ofendido por la presión que ejercimos hacia regidores
que acabaron poniéndose de nuestro lado y ahí empezó todo", insiste
después de poner varios ejemplos sobre las curiosas sanciones recibidas por
varias familias de la plataforma. Una de ellas, según dice, a una persona que
acaso circulaba mal y sin cinturón durante una protesta. "Ese hombre
llevaba cinco años fallecido", explica.
El propio Julio Vicente asegura que fue sancionado por
participar en una protesta y que, tras demostrar con un escrito firmado por el
presidente de una sucursal bancaria que estaba en esa oficina y no en la manifestación,
se le mantuvo la multa. O el caso en el que fue sancionado por concentración
ilegal a la salida de un juzgado tras ser absuelto de otra sanción. También hay
una mujer multada por tocar la bocina , una señora de 79 años expedientada o
multas de 40 euros por cada día que se ocupaba una acera con sillas para la
gente mayor que acudía a las protestas. No llevar el cinturón puesto es otra de
las recurrentes. Y case todas, explican desde la plataforma, sin que les fueran
notificadas en el momento. "Multaban a través de fotografías en los medios
o por las matrículas, ni se paraban a mirar si hacíamos algo", añade.
"La oposición en Galicia debería exigir que se
investigase esta trama y hacerle frente al presidente de la Diputación de
Pontevedra, que es el instigador de todo; todo esto es un chiringuito
controlado por el PP y que trabaja a su servicio", acusa Vicente, que
asegura que hubo alcaldes que recibieron presiones para multar los miembros de
la plataforma y que muchos de ellos se negaron. Otros no.
Los primeros juicios están señalados para el próximo mes de noviembre y desde la plataforma piden que, al margen de que se considere que "no son delincuentes ni hicieron nada", se investigue el que consideran una trama perfectamente preparada para "criminalizar e intimidar" el movimiento. Los culpables, para los miembros del colectivo, parecen bastante claros
Los primeros juicios están señalados para el próximo mes de noviembre y desde la plataforma piden que, al margen de que se considere que "no son delincuentes ni hicieron nada", se investigue el que consideran una trama perfectamente preparada para "criminalizar e intimidar" el movimiento. Los culpables, para los miembros del colectivo, parecen bastante claros
Fuente: www.eldiario.es
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