El Gobierno del Partido Popular se propone
modificar la Ley Electoral para que en las próximas elecciones municipales los
alcaldes sean elegidos directamente por los ciudadanos aunque no obtengan la
mayoría absoluta, sólo sería necesario ser cabeza de la lista más votada. Esto
evitaría, según el PP, que se formalizaran pactos poselectorales entre el resto
de las fuerzas políticas con lo que se conseguiría una mayor gobernabilidad de
los Ayuntamientos y se evitarían los casos de corrupción.
A la espera de conocer los detalles de esta
propuesta, que aún no se han hecho públicos, conviene hacer algunas reflexiones
sobre el asunto.
La acción política en un sistema democrático se
basa fundamentalmente en el pacto y en los acuerdos entre los partidos
políticos y entre éstos y la sociedad. Las leyes, normas y asuntos de interés,
deben ser debatidos, discutidos y enriquecidos entre todos. Esto tiene su razón
de ser en que los partidos que no han obtenido la mayoría, pero que también
representan a los ciudadanos, puedan aportar sus puntos de vista e introducir
modificaciones a las propuestas de la mayoría, siempre sobre la base de la
representación conseguida. Es decir, en democracia la ciudadanía es la base
fundamental de la política, como está expresado en nuestra Constitución en su
artículo 2º.
Basándonos en este principio, si varias fuerzas
políticas deciden aliarse para gobernar, con un programa pactado, no sólo es
legítimo, sino más democrático porque estarán gobernando en representación de
la mayoría de los ciudadanos. Contraviene este principio quien, sin alcanzar la
mayoría absoluta, la consigue por el hecho de ser la fuerza más votada, dejando
a la mayoría de los ciudadanos sin el legítimo derecho a que sus representantes
gobiernen, si así lo acuerdan.
El Partido Popular tiene un serio problema. Al ser
el único partido que representa a la derecha en el Estado, le es muy difícil
establecer alianzas con otras fuerzas políticas. De ahí que para gobernar tenga
que obtener mayorías absolutas, y cuando lo consiguen suelen interpretarlo como
poder absoluto, como por desgracia estamos comprobando.
La lógica y los datos desmienten que los gobiernos
de coalición sean más corruptos. El hecho de compartir las tareas de gobierno
les hace ser más transparentes, por el contrario, un gobierno único tiene más
posibilidades de cometer irregularidades y esconderlas a la oposición. Conviene
recordar que las dictaduras son los regímenes más corruptos que han existido y
existen.
En una democracia, si algo es obligado acordar
entre todos son las reglas de juego, y la más importante es la ley electoral.
Es impensable que un solo partido se la imponga a los demás porque siempre lo
hará en beneficio propio y no pensando en el interés general. A ningún partido
con alma democrática se le ocurriría tamaño disparate. Las encuestas sobre la
pérdida de sus mayorías absolutas en los principales Ayuntamientos, ha sido lo
que ha impulsado al PP a cambiar la Ley, nada importa que sea poco democrático.
¿A qué viene si no esa prisa por cambiar la Ley unos meses antes de celebrarse
las elecciones con el rechazo unánime de todas las fuerzas políticas?
No es posible que el PP lleve a cabo el
despropósito de intentar sacar adelante una Ley electoral sin apoyo de nadie y
antes de la consulta electoral del próximo mayo. Y aunque introduzca
modificaciones sobre las disparatadas propuestas que ha dado a conocer, ya no
sería creíble para la ciudadanía.
Tal vez sea necesario revisar la Ley Electoral y
darle una mayor profundidad democrática, pero eso conlleva un debate profundo y
en el marco de reformas más amplias que incluya modificar la Constitución para
adaptarla a la nueva realidad de la sociedad española. “Éste es un asunto muy
complicado. Hay que hacer las cosas bien y no hacer las cosas mal”, dijo Rajoy
en la última reunión del PP, en referencia a la modificación de la Ley
Electoral. Pues eso.
Fuente: www.nuevatribuna.es
No hay comentarios:
Publicar un comentario