El
sindicato mantiene que el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia
deberían haberse abstenido en el decreto aprobado para privatizar los Registros
Civiles.
nuevatribuna.es
| 08 Septiembre 2014 - 18:26 h.
CCOO llama a
un "frente común" contra el desmantelamiento de la Administración de
Justicia
CCOO
presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, al entender que la actuación que ambos han tenido por la
decisión de entregar el Registro Civil a los registradores de la Propiedad y
Mercantiles, presuntamente, podría ser constitutiva de un delito.
El Consejo
de Ministros del viernes 4 de julio aprobó el Real Decreto Ley 8/2014 de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la
eficiencia en el cual se incluye la privatización de los Registros Civiles
mediante el traspaso de su gestión a los registradores de la Propiedad y
Mercantiles, “sin que conste inhibición o abstención previa ni del
presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) ni del
ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores) pese a que la Ley
5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone, en su
artículo 7, el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de
la Nación, secretarios de Estado y demás altos cargos”, recuerda el sindicato.
Comisiones
Obreras cree que de dicha decisión se podría desprender la comisión de un
presunto delito por vulneración del deber de abstención o inhibición.
Asimismo, se ha presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de
Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la
citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria.
CONCENTRACIÓN
DE PROTESTA ANTE EL SUPREMO
Al mismo
tiempo CCOO ha convocado, contra esta privatización del Registro Civil y contra
la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una concentración este
miércoles 10 de septiembre ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el
acto de apertura del año judicial, y una huelga en la Administración de
Justicia de ámbito nacional para el próximo 8 de octubre, “pues dichas
reformas supondrán la pérdida de miles de puestos de trabajo, la desaparición
de cientos de partidos judiciales, el cierre de Juzgados en toda España, y de
Juzgados o Agrupaciones de Paz y la privatización de procedimientos y
actuaciones, que hasta ahora eran competencia exclusiva de los juzgados y
tribunales, que tramitaban y desempeñaban los funcionarios y funcionarias que
prestan servicio en esta Administración de Justicia, además de alejar la
justicia de la ciudadanía y dificultar el acceso a la misma”.
CCOO hace
así mismo un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales de la
Administración de Justicia, y/o asociaciones afectadas a formar un “frente
común contra el desmantelamiento de la Administración de Justicia” que este
Gobierno está llevando a cabo.
Fuente: www.nuevatrivuna.es
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