miércoles, 1 de octubre de 2014

PODEMOS Y LA SUPERACIÓN DEL EJE IZQUIERDA/DERECHA

nuevatribuna.es |Antonio Antón | Profesor Honorario de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid | 01 Octubre 2014 - 11:28 h.
Existe un fuerte debate sobre las características y la vigencia de la polarización entre izquierda y derecha, o bien su sustitución por otras dicotomías como la que enfrenta la democracia a la oligarquía o la ciudadanía frente a la casta. Se trata de analizar algunos discursos utilizados, su significado simbólico y su contenido real, así como el alcance y las características de la pugna social y política, para ayudar a clarificar la actividad transformadora resultante. Aportamos varias reflexiones sobre el eje izquierda/derecha, diferenciando el contenido sustantivo de esas expresiones y su valor simbólico o metafórico. Partimos de la vigencia, incluso la mayor relevancia, de la acción por la igualdad y la democracia, valores asociados a las mejores tradiciones de las izquierdas. Pero reconocemos la confusión social, política y mediática sobre quién pertenece a esa izquierda y, por tanto, qué significa esa palabra y cómo configurar una alternativa real a la derecha, al bloque de poder liberal-conservador. En particular, la socialdemocracia, en España y en Europa, aún se define de izquierdas (mirando al centro según sus nuevos dirigentes), a pesar del giro al centro de su discurso y su última gestión gubernamental, fundamentalmente, de derechas.
Dos aspectos vamos a tratar para acercarnos a la valoración del eje izquierda/derecha para definir la pugna sociopolítica actual y la posición de dirigentes de Podemos de sustituirlo por otros ejes (democracia/oligarquía o ciudadanía/casta) que expliquen mejor el conflicto social: las características ideológicas del electorado, particularmente el autodefinido como de izquierdas, y el significado real y simbólico del eje izquierda/derecha.
Auto-ubicación ideológica del electorado de PSOE, Podemos e Izquierda Plural
El Centro de Investigaciones Sociológicas –CIS- viene estudiando desde hace tiempo la auto-ubicación ideológica de la población sobre el eje izquierda-derecha. Utiliza una escala de 1 –extrema izquierda- a 10 –extrema derecha-. Los segmentos 1 a 4 se consideran auto-identificados como de izquierda, el 5 y el 6 de centro, y del 7 al 10 de derecha.
Según su Barómetro de julio de 2014 (publicado en agosto), la auto-ubicación ideológica del conjunto de la población es la siguiente (en paréntesis los porcentajes de mayo de 2010, cuando cobran fuerza las políticas de austeridad): segmentos 1-2: 9,9% (7,4); 3-4: 31,2% (24,7); 5-6: 28,4% (28,9); 7-8: 10,1% (9,5); 9-10: 2,8% (2,2); No sabe y no contesta: 17,8% (27,3) –lo cual es un porcentaje relevante-. El total de la izquierda suma 41,1% (32,1), el centro 28,4% (28,9) y la derecha 12,9% (11,7). O sea, teniendo en cuenta la existencia de un porcentaje significativo que no se posiciona, la gente auto-ubicada en la izquierda es similar a la suma de la situada en el centro y la derecha. En estos cuatro años la que se sitúa en la izquierda ha crecido nueve puntos, provenientes, sobre todo, del grupo no sabe-no contesta ya que la suma del centro –baja medio punto- y la derecha –sube algo más de un punto- prácticamente no varía. La media está en el punto 4,57. Pero considerando que una parte de las personas de centro se consideran progresistas y más cercanas a la izquierda que a ‘esta’ derecha, el conjunto de izquierda y centro progresista tendría una ventaja sustancial frente al centro-derecha (pendiente, claro, de la definición del 17,8% restante que no se pronuncia).
Respecto del PSOE sumados sus votantes autodefinidos de centro (31,9%) y de derecha (9,6%) son algo superiores a los de izquierda (39,7%) y la mayoría de estos son moderados (21,9% del segmento 4). En las elecciones europeas la media de su base electoral se autodefine de centro (cerca del punto 5) y también es visto de forma similar por el conjunto de la sociedad (4,68).
Así mismo, el electorado en las europeas de IU-ICV se sitúa en el punto 3,4 de la escala y el de Podemos en el 3,7, aunque la sociedad los ve más a la izquierda (2,67 y 2,46, respectivamente). Aunque hay que resaltar que es el electorado autoubicado de derechas quien más a la izquierda ve a esas formaciones, desequilibrando las medias. Es decir, la mayoría de los votantes de Izquierda Plural (para Podemos no hay datos desagregados, aunque la apreciación podría ser similar) no la ven mucho más a la izquierda que como se autodefinen a sí mismos. O, dicho de otro modo, sus votantes tienen una posición ideológica cercana a la que perciben que ocupa esa formación.
Los datos de ese Barómetro de julio también expresan la suma del voto y la simpatía, para el caso en que se convocasen ahora elecciones generales y según la auto-ubicación ideológica. En la siguiente tabla se han entresacado los porcentajes de cada segmento ideológico con la distribución para cada uno de los tres agrupamientos. Como se ve la media de voto + simpatía a Podemos (13,1%) es superior a la de IU/ICV (7,1%). El PSOE tiene el 14,6% y el PP el 16,1%. Estamos hablando del conjunto de la población y sólo expresa su opinión un 65,9%. El resto del 34,1% se pronuncia por Ninguno (25,4%) o por voto en blanco, nulo o no sabe y no contesta. Por tanto, si consideramos probables abstencionistas la suma de estos votos y los votos válidos en esos casi dos tercios que se han definido por un partido, tenemos los datos siguientes de tendencia de voto en esas supuesta elecciones generales: Podemos, 19,9%, casi el doble que IU/ICV, 10,8%; es decir, en total reciben el apoyo de más del 30% de la población; mientras, el PSOE, recibiría algo más del 22%, y el PP, el 24,4%. En la distribución por cada segmento (son datos sobre el total) existen algunas diferencias significativas. Podemos recibe un porcentaje mayor de las personas que se auto-ubican en los segmentos 1 y 2, más a la izquierda, y en los segmentos 5 y 6, de centro, así como de los que no saben o no contestan sobre su identificación ideológica; al mismo tiempo, en los segmentos 3 y 4 o izquierda moderada, IU/ICV recorta alguna distancia respecto de la media. Y muy pocos de los que se definen de derechas simpatiza con ninguno de los dos.
En este plano ideológico, ambos tienen, sobre todo, simpatías ideológicas y electorados de izquierda, y suman en torno a la mitad de los segmentos 1 y 2 y en torno al 40% de los segmentos 3 y 4. Supone que entre la ‘izquierda social’ son mayoritarios respecto del PSOE. La ‘transversalidad’, recepción de voto y simpatía de los  auto-ubicados ideológicamente en el centro (o derecha) es muy limitada y estaría compuesta, como máximo y entre los dos, por el 11,3% del segmento 5 y el 5,3% del segmento 6, aunque con una diferencia por debajo de la media en perjuicio de IU/ICV, particularmente en el segmento 5 (centro-progresista). 
Porcentaje de voto + simpatía según la auto-ubicación ideológica [1]

Fuente: CIS–Barómetro de julio de 2014. 1: izquierda a 10: derecha
El PSOE, alcanza el 14,6% de media, menos que el 20,2% correspondiente a la suma de Podemos e IU/ICV (y descontando el porcentaje de los que no se han pronunciado, el PSOE tendría el 22,2%, es decir, menos que el 30,7% de la suma de los otros dos grupos a su izquierda). Estos tienen más peso que el PSOE en los segmentos 1, 2 y 3 y menor en los 4 y 5. Y todos ellos, especialmente IU/ICV, tienen escaso apoyo en los segmentos de centro-derecha.
Según otros datos complementarios del CIS, la auto-ubicación global del electorado de IU/ICV es la siguiente: izquierda (1-4): 70,6%; centro (5-6): 7,1%; derecha (7-10): 0,8%. En todo caso, es significativa la diferencia de la base ideológica de los electorados de ambos, Izquierda Plural y Podemos, con la del PSOE, partido cuyos votantes que se sitúan en la izquierda no llegan al 40% del total.
En conclusión, las referencias ideológicas de la población en torno al eje izquierda y derecha sí tienen relevancia para la orientación del voto electoral. No son el factor exclusivo. En particular, el PSOE, a pesar de la amplia desafección electoral, conserva una parte significativa de electorado autoubicado en la izquierda, especialmente el moderado, y en el centro progresista. Aunque ese sector mantenga cierto descontento hacia su gestión gubernamental todavía le sigue votando, ya sea porque considera que es menos malo que el PP y constituye un freno, ya sea porque su actuación regresiva está compensada por otros componentes progresistas. La cuestión es que sigue existiendo una ciudadanía descontenta e indignada contra la involución social y democrática, que constituye una mayoría de la sociedad y demanda otra orientación socioeconómica y más democracia. Sus referencias ideológicas la sitúan, fundamentalmente, en la izquierda y el centro progresista, y en sus referencias electorales, aparte de la configuración del llamado electorado indignado (Podemos, Izquierda Plural, Primavera Verde…), otra parte –similar- sigue votando al PSOE y otra -menos relevante- a varias formaciones de ‘centro’ o centro-derecha (a quienes vota, sobre todo, el sector conformista o conservador).
Para el convencimiento de ese electorado decisivo y la consecución de mayorías sociales se establecen las distintas estrategias políticas y comunicativas: el PSOE, intentando que se olvide la gestión de su cúpula gubernamental y con una retórica ‘centrada’ y ambigua; Izquierda Plural, de acuerdo con su posición en el eje, intentando hacer ver que el PSOE es de ‘derechas’ y que la alternativa es la auténtica izquierda, y Podemos que la cúpula socialista es de la casta y la alternativa es la ciudadanía y la democracia. La incógnita es la eficacia de cada discurso para conectar con la realidad de la estrategia de cada agrupamiento político, explicar la justeza o no de su discurso, enlazar con la mayoritaria cultura cívica, social y democrática, así como la credibilidad de cada formación y su liderazgo para representarla.
Significado real y simbólico del eje izquierda/derecha
Frente al eje izquierda/derecha la opción de Podemos es crear otro eje real y simbólico para expresar otra dicotomía: frente a oligarquía y casta propone democracia y ciudadanía. Veamos, primero, los efectos confusos derivados de la inclusión de la socialdemocracia en la izquierda política, ya que se generan dificultades para definir un proyecto político transformador y coherente y se diluyen sus mejores tradiciones y símbolos.
La representación política y cultural mayoritaria de la izquierda (o mejor, izquierdas, en plural), en las últimas décadas, ha sido hegemonizada por la socialdemocracia que, precisamente con su giro al Nuevo centro o Tercera vía, ha abandonado sus prioridades fundamentales de profundizar realmente en la igualdad y la democracia, particularmente en los derechos sociales, económicos y laborales. Además, con la crisis sistémica, económica, político-institucional y europea, sus aparatos gobernantes han consolidado una estrategia en dirección contraria a la justicia social y el respeto a los derechos sociolaborales, aplicando unas políticas regresivas y antisociales e incumpliendo sus contratos con la ciudadanía.
Por otra parte, históricamente se han realizado diversos intentos de conformar una izquierda nueva o auténtica, diferenciada del giro centrista de la socialdemocracia o de sus corrientes más economicistas o rígidas. En el terreno social han sido, desde los años setenta, los nuevos movimientos sociales (feminismo, ecologismo, pacifismo…) quienes han modificado, renovado y ampliado las tradiciones de la problemática social y los discursos, reivindicaciones, sistemas organizativos y reconocimientos sociales y políticos de las izquierdas (incluido los partidos verdes). En el ámbito político-electoral la propuesta de Izquierda Unida es la reafirmación en las referencias de la izquierda democrática europea, junto con distintas inercias organizativas y discursivas.
El contenido sustantivo de forjar una mayoría social frente al poder oligárquico, basado en la participación popular contra la desigualdad y por la democracia podría ser común entre Podemos e Izquierda Plural. La diferencia sería, sobre todo, de carácter simbólico y de formas discursivas. Sin embargo, tiene implicaciones por su impacto en la valoración de las tradiciones, la adecuación de los discursos a las nuevas realidades y la legitimación de los distintos actores.
El PSOE vuelve a utilizar el rótulo de izquierda, aunque es una retórica instrumental y no supone un giro a una política diferente a la del periodo anterior. Pero en esta fase y con la cúpula y la orientación actual del PSOE, utilizar un simbolismo compartido (izquierda) no clarifica esa diferenciación. A no ser que el conjunto del PSOE y, en particular su aparato, se reconvirtiera hacia una auténtica izquierda, cosa improbable, o claramente dejara de declararse de izquierda, dejando el símbolo en manos solo de IU. Ello no impide valorar elementos comunes y llegar a acuerdos concretos o a la convergencia de posiciones parciales, como a veces ocurre entre distintas formaciones políticas en foros parlamentarios, entre los sindicatos y las organizaciones empresariales o entre otros movimientos y grupos sociales con instituciones diversas, respecto de tal o cual reivindicación o actividad. Pero el hilo conductor ahora es cómo hacer frente al cambio gubernamental, precisar los acuerdos necesarios y clarificar las posibilidades para ello, y situar el papel de esos símbolos y su contenido sustantivo.
Han adquirido mayor relevancia graves problemas sociales para la población: la cuestión social, la desigualdad socioeconómica y la involución democrática y de derechos. Y, paralelamente, la necesidad de la reafirmación ciudadana en los mejores fundamentos de la izquierda: igualdad y democracia (o libertades y no dominación), además de otros como la solidaridad y la laicidad. Se produce una paradoja. Por un lado, los valores clásicos de la izquierda democrática europea de estos dos siglos tienen más importancia y vigencia para transformar la realidad de desigualdad, empobrecimiento y subordinación, mediante la participación popular frente al establishment. Por otro lado, la marca izquierda no es clara para representarlos y fortalecerlos y ha sido instrumentalizada y anulada en el ámbito institucional por la tercera vía (o nuevo centro) socialdemócrata; o bien, ha sido asociada a otras realidades históricas del llamado socialismo real, con regímenes autoritarios con su nueva nomenclatura dominadora y sin libertades democráticas, o se vincula con discursos anquilosados y prácticas burocratizadas.
Por tanto, la contraposición ‘simbólica’ izquierda / derecha es confusa, ya que en la ‘marca’ izquierda coexisten diversas tradiciones, unas buenas y otras menos buenas. Pero lo significativo para la percepción global de la población es que últimamente la ha gestionado, sobre todo, la socialdemocracia con un discurso y una estrategia, según ellos mismos, de ‘nueva vía’ o ‘centro’. Gran parte de la población ve esa contraposición como la simple alternancia de cúpulas gobernantes, hoy con similares proyectos en las cuestiones socioeconómicas y políticas fundamentales. Ese eje no reflejaría una oposición sino una línea de consenso, sin alternativa. Se trata de ‘superar’ ese esquema que genera confusión, ya que la ‘dirección’ de la izquierda mayoritaria (socialdemocracia española y europea) ha hecho una reconversión ideológica hacia el centro social-liberal y una última gestión gubernamental e institucional, fundamentalmente, de derechas, no igualitaria y con déficit democrático. En este periodo de crisis económica y política y de consenso básico entre conservadores y socialdemócratas sobre la austeridad (flexible) y los temas de Estado, a veces puede haber mucha ‘confrontación’ mediática, incluso fuerte crispación, entre el PP y el PSOE, pero no suele obedecer a profundas diferencias estratégicas o de opciones fundamentales, hoy bastante coincidentes, sino a temas menos relevantes. Pongamos que la diferenciación pública, cuando no hay consenso de fondo, la establecen entre una élite de derechas consecuente con las políticas regresivas en todos los aspectos (que quiere aparecer de centro-derecha, como la mayoría de sus votantes) y otra cúpula de derechas (que quiere que le consideren de centro-izquierda, como se identifica su base social), consecuente también con la estrategia liberal-conservadora, cuya retórica de centro no ha tenido credibilidad, aunque la complemente con algunos aspectos de izquierda, algunos significativos, por ejemplo en el tema del aborto. Normalmente el conflicto entre ellos no se produce en ‘temas de Estado’, ni en las grandes líneas socioeconómicas o europeas. La polarización parcial, a veces, es tensa, y se instrumentaliza según las conveniencias del marketing por el aseguramiento de la legitimidad de sus aparatos respecto de sus respectivos campos electorales.
Esos giros –discursivo, al centro y ejecutivo, a la derecha- de los aparatos socialdemócratas no determina que haya que dejar de utilizarse esa expresión izquierda o que, bien acotada, sea un elemento significativo de la identificación popular. Existen amplios sectores sociales que se autodefinen de izquierdas, incluida cerca de la mitad de la base socialista y la gran mayoría de los votantes y simpatizantes de Podemos e IU/ICV. Mantienen vigentes los valores de justicia social, los derechos socio-laborales, la redistribución y la democracia. Son actitudes progresistas y de izquierda que les han llevado a la crítica a los poderosos y al apoyo a la protesta social frente a la política autoritaria de austeridad. En la sociedad todavía existen esa cultura positiva de izquierdas y suficientes energías sociales para defender la igualdad y profundizar la democracia. Ahora bien, aparte de qué política de fondo hay que desarrollar, el interrogante es qué símbolo es más útil para que se identifique la ciudadanía en su pugna político-electoral con el establishment: ¿Disputar la marca que se ha vuelto a apropiar la dirección del PSOE para camuflar su giro al centro, ahora que su marca centrista con gestión de derechas no ha dado resultados y está asociada a políticas socioeconómicas liberales sin respeto por la opinión ciudadana? ¿A quién considera la gente cuando se habla de izquierda política?
El PSOE y sus bases sociales tienen un carácter ambivalente. Tienen componentes de izquierdas, pero lo sustantivo de su aparato, su gestión y su proyecto, político y socioeconómico, no son de izquierdas. La vocación de la nueva dirección de volver a gobernar con similares estrategias y las mismas dependencias con el establishment no augura un giro a la izquierda. Su estrategia comunicativa consiste, sobre todo, en hacer olvidar su última gestión de derechas y mantener la ambigüedad sobre una política centrada, sin diferencias sustanciales con la dominante en la Unión Europea y el consenso de la socialdemocracia con el bloque de poder encabezado por Merkel. La respuesta de la gente sobre quién o qué es izquierda, cuando menos, no es sencilla y está presa de esa ambivalencia. Se puede resolver parcialmente haciendo valer los valores en que se asienta la izquierda social y reafirmando el papel de una izquierda política consecuente y renovada.
Refuerzo, renovación y superación de la izquierda
En relación con la izquierda se deben desarrollar tres tareas complementarias y con una relación compleja entre sí: existen componentes a reforzar, otros a renovar y algunos directamente a abandonar y superar. Hay que apoyarse en los valores democráticos e igualitarios de la izquierda social, reforzarlos y representarlos, evitando diferenciaciones artificiales o a efectos de legitimación particular. Definir los adversarios reales, el campo de los aliados y el proyecto de cambio es la tarea común de un polo alternativo a la socialdemocracia.  Igualmente, hay que renovar y reelaborar el análisis, los proyectos y las ideas fuerza, junto con nuevos esquemas analíticos y discursivos que simbolicen e interpreten el contenido fundamental de los nuevos conflictos sociopolíticos y culturales. Debemos seleccionar lo adecuado del pensamiento, la acción y los valores de las izquierdas (y otras corrientes progresistas) y rechazar lo inadecuado. Realizar la correspondiente valoración crítica de sus tradiciones más negativas, en particular y a veces, su falta de sensibilidad democrática y de respeto al pluralismo y la existencia de ciertos dogmatismos.
Por tanto, se trata de cambiar discursos, renovar representaciones y liderazgos y elaborar nuevos símbolos que expresen mejor las identidades colectivas transformadoras en un sentido igualitario y democrático. Y para ello es necesario contar con la experiencia en la lucha democrática y social, la representatividad y las mejores tradiciones culturales de las izquierdas transformadoras. Lo nuevo no puede prescindir de las mejores características de lo viejo. Elementos tradicionales en la acción democrática y de izquierdas, convenientemente renovados, son fundamentales en la nueva época. Pero habrá que superar la debilidad en el campo simbólico y discursivo para expresar claramente un proyecto político transformador y democrático, así como sus bases sociales y las alianzas, abordando el hecho de que una parte de ese sector de centro-izquierda todavía considera que la dirección socialista les representa políticamente. No obstante, la consolidación y ampliación del proyecto de cambio, se apoya, sobre todo, en esa gente de izquierda pero desborda la auto-identificación con la izquierda, su base se asienta entre la ciudadanía descontenta con el poder establecido por su estrategia regresiva y su cultura es progresista en lo social y democrática en lo político.
Hemos expuesto la polarización o dicotomía entre izquierda y derecha. Por un lado, con la crisis sistémica y la gestión autoritaria y antisocial de las élites gobernantes, incluida la socialdemocracia, se han revalorizado los temas y valores clásicos de la izquierda democrática europea: justicia social (igualdad socioeconómica y derechos sociolaborales) y democracia (libertades, participación, no-dominación). Igualmente, en el plano relacional e histórico, se ha configurado una ciudadanía indignada, de carácter popular, progresista y democrático, y junto con la movilización social de una ciudadanía activa, se ha abierto una pugna de fondo frente a la gestión regresiva de los poderosos, cuestionando su legitimidad. Por otro lado, la gran mayoría de votantes de Izquierda Plural y Podemos, así como la mitad de los del PSOE, se sitúan ideológicamente en la izquierda, es decir, comparten esos valores básicos. Finalmente, hemos señalado los problemas para la identificación de la ciudadanía con la izquierda política dada, cuando menos, la ambivalencia de la pertenencia de la socialdemocracia a ese bloque –diferenciando cúpulas de su base militante y votante-. El vocablo izquierda no es unívoco y se presta a confusión, pero dentro de las izquierdas hay experiencias, tradiciones y valores fundamentales para aportar en la nueva época. Está vigente el conflicto de gran parte de la misma con la derecha y la involución social y democrática y hay un sentido de pertenencia entre amplios sectores de la sociedad, basado en esos valores de la igualdad asociados a la izquierda. Todo ello sigue vigente, no está superado, se debe realzar y formar parte de la identificación popular.
En resumen, falta por profundizar su contenido, renovar su pensamiento, sus discursos y sus estructuras organizativas y, específicamente, reelaborar y resignificar sus signos y sus símbolos.  Pero hay que definir de otra forma los polos del conflicto social, por una parte, las capas dominantes y, por otra parte, el sujeto progresista, la ciudadanía crítica y sus principales actores, con un proyecto transformador por la igualdad y la democracia.
[1] Hay que advertir que la comparación de los porcentajes hay que hacerla verticalmente entre los tres partidos; sumadas todas las opciones serían el 100%. Pero no se pueden sumar horizontalmente, porque cada segmento tiene una dimensión distinta: los centrales y, por tanto, sus porcentajes contienen mayor población que los extremos.








NI FRANCIA VA TAN MAL, NI ALEMANIA TAN BIEN

Gabriel Flores | Economista
nuevatribuna.es | 01 Octubre 2014 - 11:32 h.
Reconozcamos lo evidente desde el principio para no dar lugar a equívocos. La economía francesa va peor que la alemana: mientras Alemania gana peso en la eurozona y en el mundo capitalista desarrollado; Francia a duras penas consigue mantener su posición relativa, que mejora ligeramente en el seno de la eurozona y empeora, también levemente, respecto a los países capitalistas desarrollados no pertenecientes a la eurozona. Francia va algo mejor o menos mal que la eurozona.
Francia tiene una sólida base recaudatoria que se traduce en una envidiable capacidad de lograr un alto nivel de ingresos públicos, 52,8% del PIB en 2013, mientras Alemania acreditaba ocho puntos menos y España, quince puntos menos
Alemania obtiene ventajas y oportunidades con la prolongación de la crisis de la eurozona; Francia, por el contrario, se resiente. Pero ese dispar impacto de la crisis sobre ambas economías no autoriza a reflejar a brochazos unas diferencias repletas de matices que exigen pinceladas finas y una amplia gama de colores intermedios.
La situación de la economía francesa despierta muchas dudas y no solo preocupa su economía, la crisis de orientación e identidad del Gobierno socialista sigue su curso, la crispación y la división en el seno de la sociedad francesa son palpables y el creciente rechazo a las instituciones europeas y a su actuación política admite formas xenófobas y un poso nacionalista excluyente que son incompatibles con cualquier proyecto de construcción de la unidad europea.
En los últimos años, no pocos analistas, políticos y medios de comunicación europeos, no solo alemanes o de derechas, han defendido que la economía francesa necesita una terapia de choque para acabar con la omnipresencia e ineficiencia del Estado, reducir una carga fiscal que asfixia a las empresas y desregular un mercado laboral que no responde al aumento del paro ni a la reducción de los beneficios empresariales. Tras la crisis de Gobierno cocinada por Hollande y Valls a finales de agosto esas tesis también han seducido al equipo dirigente socialista y constituyen el armazón ideológico que orienta las reflexiones y propuestas del segundo Gobierno Valls.
Hasta hace unas semanas, con muy pocas y no muy buenas razones, el Gobierno francés y la misma Francia eran presentados en los grandes diarios de referencia mundial como los alumnos díscolos que se niegan a hacer los deberes y, en lugar de prestar atención, montan follón, dificultando que el resto del grupo se aplique en la tarea de escribir al dictado. Ha costado Merkel y ayuda depurar, disciplinar y comprometer al Gobierno de Francia con las políticas de ajuste y reforma estructural que predican e imponen los poderes económicos y las instituciones europeas. Aún está por ver hasta qué punto van a poder meter en cintura a la sociedad francesa y si la rendición de Hollande y del segundo Gobierno Valls es completa o si los líderes socialistas son capaces de habilitar algunos espacios de autonomía para que su base electoral pueda respirar y evitar que su economía sea sangrada en el altar de la austeridad.
El empeño de Alemania en frenar que la solidaridad entre los Estados miembros supere el umbral estrictamente necesario para evitar la implosión del euro no sería explicable sin comprender que la prolongación de la crisis y de la estrategia conservadora de salida de la crisis
No es difícil poner en entredicho el simplificador relato que predomina en los medios de comunicación y que extiende la mala opinión sobre la economía francesa y la buena imagen de la economía alemana. No son pocos los datos y los argumentos que permiten guardar distancias respecto a los interesados análisis y opiniones que acentúan los problemas que sufre la economía francesa, embellecen la situación de la economía alemana y apuntan, de forma interesada, a la necesidad de que Francia aplique con urgencia reformas estructurales y recortes que poco o nada han hecho para que Alemania disfrute de su relativamente buena posición actual. Cuando se observan los datos y el camino recorrido por ambas economías en los últimos años, las cosas no encajan tan bien como en ese hegemónico relato lineal que cuenta como la laboriosa Alemania hizo bien y cuando tocaba las duras y exigentes reformas que imponía la globalización, mientras la anquilosada Francia sesteaba, negándose a reformar un Estado, un sistema de protección social o un mercado laboral que ya no pueden mantener los rasgos y volúmenes de antaño. Pues ni tanto ni tan calvo. Detrás de esa interpretación hay manipulación, ocultación de datos e intereses de parte.
La eurozona, es verdad, tiene graves problemas y la economía francesa no puede evitar compartirlos o verse afectada por ellos. En medio del desastre que supone para la mayoría de los Estados miembros haber perdido seis años sin haber solucionado ninguno de los graves problemas económicos, financieros, productivos e institucionales que la crisis puso en evidencia, ni Francia ni el conjunto de la eurozona pueden ir bien. Tras cuatro años de políticas de austeridad que han agravado la destrucción de empleo, la pérdida de crecimiento potencial y la multiplicación de las desigualdades, la pregunta pertinente debería ser por qué a la economía alemana le sientan tan bien la crisis.
El empeño de Alemania en frenar que la solidaridad entre los Estados miembros supere el umbral estrictamente necesario para evitar la implosión del euro no sería explicable sin comprender que la prolongación de la crisis y de la estrategia conservadora de salida de la crisis que se ha impuesto permiten desviar la mayoría de los costes hacia los países de la periferia y concentran las ventajas y oportunidades en Alemania y en el pequeño núcleo de socios que conforman el centro de la eurozona.
Muchos de los estigmas que se achacan a la economía francesa solo pueden ser considerados problemas desde una óptica subordinada a prejuicios ultraliberales
Pese a todo, la economía francesa funciona y no va tan mal como dicen. Muchos de los estigmas que se achacan a la economía francesa solo pueden ser considerados problemas desde una óptica subordinada a prejuicios ultraliberales.
Francia tiene uno de los más generosos sistemas de protección social (gasto público en pensiones, desempleo y sistema de salud) entre los países de la OCDE y la ciudadanía francesa, con buen criterio, se resiste a recortarlo. Los gastos públicos de protección social en Francia en el periodo 2002-20013 supusieron de media algo más del 22% del PIB, mientras en Alemania se situaban dos puntos por debajo y en España, seis puntos menos.
Los salarios reales en Francia crecen significativamente por encima de la productividad del trabajo desde finales del siglo pasado y la crisis no ha modificado esa tendencia, mientras que en Alemania comenzaron a crecer menos que la productividad a partir de 2003. En España, a partir de 2010 se invierten las tendencias dominantes hasta entonces, si antes de la crisis los salarios reales aumentaban ligeramente mientras la productividad del trabajo retrocedía, a partir de 2010 los salarios retroceden mientras la productividad se dispara.
En medio del desastre que supone para la mayoría de los Estados miembros haber perdido seis años sin haber solucionado ninguno de los graves problemas económicos, financieros, productivos e institucionales que la crisis puso en evidencia, ni Francia ni el conjunto de la eurozona pueden ir bien
Francia tiene una sólida base recaudatoria que se traduce en una envidiable capacidad de lograr un alto nivel de ingresos públicos, 52,8% del PIB en 2013, mientras Alemania acreditaba ocho puntos menos y España, quince puntos menos. Durante la crisis, las políticas presupuestarias en lugar de disminuir los ingresos públicos en Francia, los han incrementado, a diferencia del estancamiento que han experimentado en Alemania o el desplome de casi 5 puntos que se produjo en España en 2008-2009 y que están aún lejos de recuperarse.
Naturalmente, esos buenos datos para la mayoría de la sociedad francesa tienen contrapartidas que pueden ser interpretadas como obstáculos o restricciones al crecimiento económico o al pleno despliegue de las fuerzas del mercado por los creyentes en el Estado mínimo y los partidarios ultras del estricto equilibrio de las cuentas públicas a como dé lugar y en toda circunstancia.
Sin embargo, los altos salarios o su crecimiento por encima de la productividad no pueden considerarse problemas económicos en sí mismo, al margen del contexto, las condiciones o los contradictorios efectos que pueda desencadenar su mejora. Los altos salarios solo son un problema cuando el valor que añaden es inferior al coste que representan y, además, las empresas afectadas o el conjunto de la economía nacional no disponen de márgenes para encajar su mantenimiento.
Es natural que los datos de la economía francesa expresados más arriba no resulten gratos a algunos sectores sociales. Y que los interesados en reducir los costes laborales que soportan las empresas y en lograr recortes en protección social que permitan disminuir la presión fiscal sobre los beneficios empresariales y las rentas más altas pretendan cambiar las cosas. Son muchos los intereses que aspiran a lograr una mayor mercantilización de las pensiones o la sanidad y una mayor presión del desempleo sobre los salarios, con objeto de que los costes laborales sean menos rígidos a la baja y se adapten como un guante a la productividad y rentabilidad de cada empresa y a las fluctuaciones de los mercados. Pero, pese a tanta preocupación por la presencia del Estado, la amplitud de la protección social o los altos salarios, la economía francesa funciona. Las exportaciones, las cuentas del sector exterior, la productividad o, incluso, el PIB muestran en los últimos años evoluciones razonablemente positivas.
Así, la media móvil de tres años del saldo por cuenta corriente pasó a ser negativa a partir de 2006, pero ese déficit, pese a su crecimiento progresivo, apenas ha alcanzado un manejable -1,8%  del PIB en los últimos años. Y eso, sin necesidad de hacer recortes en los gastos públicos o los salarios para frenar las importaciones y equilibrar a machetazos, como se ha hecho en España, la balanza por cuenta corriente. Es verdad que Alemania muestra en esos mismos años superávits por cuenta corriente de alrededor del 7% del PIB, pero los magníficos (y desequilibrados) resultados alemanes no debieran impedir una valoración más ponderada del limitado y manejable desequilibrio exterior de la economía francesa.
El PIB de Francia en términos reales se situaba en 2013 en un nivel muy próximo al de 2007. En total, tras seis años de crisis, el PIB de la economía francesa era en 2013 un 0,6% superior al de 2007; mientras el de Alemania lo superaba en un holgado 6,4%. Pese a la clara diferencia a favor de Alemania (con un crecimiento medio anual de su actividad económica de apenas un 1,04% durante esos seis años), ninguno de los datos que muestran ambas economías es para tirar cohetes. Son los pésimos resultados de sus principales competidores en la eurozona los que agrandan la ventaja de la economía alemana. En todo caso, el comportamiento de la economía francesa es bastante mejor que el conjunto de la eurozona, que aún no ha recuperado el nivel del PIB de 2007 (todavía está un 1,8% por debajo). Nada que ver con las pérdidas reales experimentadas por España (-5,7%), Portugal (-6,8%), Irlanda (-7,6%), Italia (-8,8%) o Grecia (-23,7%) en el mismo periodo y que tardarán años o décadas en recuperar.
La tasa de desempleo ha aumentado en Francia desde el 7,4% de diciembre de 2007 al 8,7% de julio de 2014 y ese incremento de 1,3 puntos preocupa extraordinariamente a las autoridades y a la sociedad francesa. Alemania, en sentido contrario, presume, porque puede hacerlo, de haber logrado en el mismo periodo bajar la tasa de desempleo desde el 8,2% a un mínimo 4,9%. Las desastrosas cifras del desempleo en España, con una tasa que en el mismo periodo se ha disparado desde el 8,8% al 24,5%, proporcionan una idea clara de las diferencias. Y, de paso, muestran la catadura moral de unas autoridades españolas y comunitarias volcadas en poner a España como ejemplo de lo que hay que hacer y que parecen menos preocupadas por la tragedia que supone el paro que por tratar de esconder sus responsabilidades con florituras verbales a propósito de  brotes verdes y raíces vigorosas.
Las tasas de empleo respecto a la población en edad de trabajar han crecido en Francia (del 64,8% de 2007 al 65,5% de 2013) y en Alemania (del 66,7% al 72,3%), pero en España el desastre de las cifras del paro se completa con el retroceso de la tasa de empleo (el ya bajo 58,6% de 2007 retrocede hasta el 53,8% de 2013).
Aunque puede aducirse, con razón, que la drástica reducción del desempleo y el aumento de la tasa de empleo en Alemania se deben, en buena parte, a una desregulación del mercado laboral que ha primado la creación de empleos indecentes (a tiempo parcial y mal pagados) entre los trabajadores con menores niveles de cualificación y formación, el hecho de la reducción del desempleo y la capacidad que demuestra la economía alemana para conservar empleos decentes y generar nuevos empleos indecentes son incontestables.
Conviene aclarar que Francia no ha estado al margen de la desregulación y la dualización que han experimentado los mercados laborales del mundo capitalista, antes y durante la actual crisis; simplemente, en Francia, esa desregulación aún no ha alcanzado la capacidad de reducir significativamente los niveles salariales, ni de generar millones de empleos indecentes o, trasladándolo al ámbito sociopolítico, aún no ha conseguido doblegar la resistencia obrera y ciudadana.
El carácter dual del mercado laboral alemán, pese a su extensión y profundización antes del estallido de la crisis, tampoco tiene mucho que ver con la dualidad que sufre el mercado laboral español. En Alemania, el ajuste de empleos y salarios ha sido moderado y todo su peso ha caído sobre el significativo, pero aún minoritario, sector de trabajadores que se ven obligados a ocupar los empleos indecentes; la mayoría de los trabajadores alemanes no se han visto afectados durante la actual crisis por el recorte de derechos o la pérdida de poder adquisitivo. En España, por el contrario, el conjunto del mercado laboral se ha visto contaminado por la desregulación llevada a cabo por sucesivas reformas del mercado de trabajo y por la presión que ejercen el enorme desempleo y la amenaza de los despidos. Así, en España, todos los sectores y la inmensa mayoría de las clases trabajadoras han sufrido recortes de derechos, pérdida de empleos, precarización de las condiciones de trabajo y reducción de salarios.
Por lo visto hasta ahora, podría parecer que los problemas de la economía francesa son un invento o dificultades sin mayor importancia. Nada más lejos de la realidad. Los desequilibrios de las cuentas públicas, el reducido tamaño de un sector manufacturero que ya era relativamente pequeño antes de la crisis y ha seguido menguando con la crisis, las bajas tasas de rentabilidad de las empresas que limitan sus posibilidades de autofinanciación y la expansión de su inversión productiva y los gastos de I+D, el reducido número de medianas empresas exportadoras, la degradación de la competitividad basada en los costes (especialmente, frente a Alemania) o la pérdida de peso de Francia en el mercado mundial, particularmente acusada a partir del año 2000, son problemas reales y de envergadura pendientes de encontrar solución.
Pero es obligado situar los problemas en el contexto de una economía potente y con recursos a la que la crisis de la eurozona y la austeridad dominante han afectado negativamente, pero no la han hundido ni han logrado desfigurar sustancialmente sus principales rasgos y logros económicos y sociales. Baste un ejemplo como muestra. La cacareada desindustrialización francesa viene de muy lejos, aunque la actual crisis de la eurozona la haya intensificado, y no puede confundirse con un fenómeno de declive industrial absoluto; no es el resultado de la pérdida neta de actividades y tejido productivo, sino de un mayor auge del valor añadido aportado por el sector servicios. Así,  la producción industrial francesa se dobló en términos reales entre 1970 y 2007 y el valor añadido aportado por la industria creció cerca de un 160%. Y la pérdida de peso relativo del empleo industrial en el conjunto de la economía francesa se debe, antes que a cualquier otro factor, al aumento de la productividad por hora trabajada, que en ese mismo periodo, entre 1970 y 2007, se cuadruplicó.
La economía francesa necesita reformas, pero no el tipo de las reformas estructurales, austeridad y devaluación salarial que hasta ahora han recetado a diestro y siniestro las instituciones europeas. Francia necesita que Europa y la eurozona se reformen, cambien las prioridades y políticas imperantes y propugnen una salida de la crisis cooperativa y solidaria. Que el Gobierno de Francia haya renunciado a encabezar una alternativa progresista a las políticas de austeridad imperantes es una pérdida importante que debilita las posibilidades de superar la crisis de la eurozona y construir una Europa cohesionada. Pero que el actual Gobierno de Francia se haya rendido a los austericidas (ya veremos en qué condiciones y qué márgenes es capaz de conservar) no implica que los problemas reales de su economía vayan a arreglarse.
Francia va a seguir requiriendo un profundo cambio institucional de la eurozona y políticas más complejas, matizadas y adaptadas a sus problemas económicos específicos que las que ofrecen los poderes económicos europeos y las fuerzas políticas que los representan. El conflicto de Francia con las instituciones comunitarias y las políticas de austeridad que han impuesto va a seguir vivo, exigiendo soluciones cooperativas que conlleven un reparto menos injusto de los costes y los beneficios que supone compartir un mercado único y una moneda.











LOS PODERES FÁCTICOS

nuevatribuna.es |Pascual Mogica Costa |  30 Septiembre 2014 - 17:11 h.

“Como digo, una muestra, un solo botón, que pone de manifiesto el hecho de un trato escandalosamente desigual y de que la Iglesia Católica sigue siendo uno de los poderes facticos que más influencia y poder tiene en España”
Hay ocasiones y esta es una de ellas, en las que me siento ante el teclado de mi ordenador para escribir sobre algo que, en mi opinión, y al igual que a mi me interesa, puede interesar a los que lo puedan leer, es en esos  momentos cuando  no puedo evitar que me asalte la duda de la conveniencia o no de hacerlo por el temor a ser considerado como un malintencionado o de, dado sobre el tema objeto de esta reflexión que deseo exponer, también se me tache de anticlerical. Ni me considero un mal intencionado y mucho menos un “anti”. Se trata única y exclusivamente de dar mi opinión o parecer, sobre unos hechos muy concretos por considerar que cada uno de ellos en su día despertó el interés de  muchos españoles. Esto y solamente esto, es lo que me ha decidido a dar mi parecer y exponerlo a través de esta reflexión escrita.

Creo que todos recordamos, el caso es muy reciente cuando allá por el pasado mes de agosto un sacerdote español, el padre Miguel Pajares, fue trasladado a bordo de un avión medicalizado desde Liberia a España al haberse infectado de ébola, todo ello con el fin de intentar salvar su vida en un hospital español cosa que lamentablemente no se consiguió. Transcurrido poco más de un mes nos encontramos con el mismo caso y la misma actuación gubernamental, poner un avión debidamente acondicionado para trasladar desde Sierra Leona a España a otro sacerdote español llamado Manuel García Viejo, por haber contraído la misma mortal enfermedad que su compañero Miguel Pajares y el mismo lamentable final. En ambos casos me gustaría aplaudir y alabar la iniciativa del Gobierno de España ya que preocuparse de repatriar a cualquier español que se encuentre por una u otra causa en una situación extrema demuestra que los españoles podemos sentirnos seguros y protegidos por el Estado español, pero mis aplausos y alabanzas serían la demostración de una actitud de cinismo por mi parte y ni soy malintencionado, ni “anti” y mucho menos cínico, los que me conocen bien saben que mi principal defecto es la sinceridad, decir siempre y con la mayor claridad lo que pienso, esto es malo, lo sé, me perjudica, pero considero que debemos afrontar las críticas porque todo el mundo tiene derecho a opinar. Eso sí, siempre sin insultar ni calumniar y muchos menos mentir. Lo peor de este mundo es la mentira y el robo.

Lo que realmente motiva esta reflexión, y como se suele decir, para una muestra basta con un solo botón, aunque la botonadura es muy larga, no puedo aplaudir ni alabar como sería mi mayor deseo, porque recuerdo perfectamente a aquella muchacha valenciana que se desplazó a los Estados Unidos para recibir tratamiento, a costa del sacrificio económico de su familia, por padecer una gravísima enfermedad y que cuando llegó el momento de regresar a España se encontró con la enorme, grave y cara realidad de que no podía hacerlo en un avión comercial ya que corría un grave riesgo y que por ello tenía que hacerlo en un avión acondicionado para que su viaje no supusiera poner en peligro su vida. Su familia no podía costear este gasto y el Gobierno valenciano se negó en rotundo a sufragarlo, tuvo que ser un empresario de la construcción el que pusiera su avión privado previamente acondicionado para hacer posible el traslado sin riesgo para la vida de esa  muchacha. Eso sí, la Consellería de Sanidad se comprometió a costear el tratamiento cuando viniera a España. Hombre, ¡por Dios! Después del despilfarro económica en obras faraónicas perpetrado por los gobernantes populares valencianos durante décadas, solo hubiera faltado que le hubieran negado hasta las medicinas.
Como digo, una muestra, un solo botón, que pone de manifiesto el hecho de un trato escandalosamente desigual y de que la Iglesia Católica sigue siendo uno de los poderes facticos que más influencia y poder tiene en España. A las pruebas me remito. Que alguien me discuta si es correcto el que en un Estado aconfesional, como declara y ordena nuestra Constitución, es normal que en la reciente visita que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo al Papa Francisco, invitara a este en nombre del Gobierno de España, de un Estado aconfesional, a los actos conmemorativos del V Centenario de Santa Teresa de Ávila. Que lo haga la Conferencia Episcopal Española, los obispos, sería normal, pero que lo haga el gobierno, de, repito, un Estado aconfesional…Sin comentarios. Está claro, aquí manda quien manda y hay quien teme más al ruido, al “frufrú”, que produce el roce de la tela de unas sotanas al caminar el que las viste, que al ruido de sables.










CERCA DE 900.000 PERSONAS EN ESPAÑA HAN PERDIDO EL DERECHO A LA ASISTENCIA SANITARIA

Más sesenta organizaciones suscriben un manifiesto para exigir al Gobierno que elabore una nueva Ley de Sanidad.
nuevatribuna.es | 30 Septiembre 2014 - 11:38 h.
La asistencia sanitaria ha dejado de ser un derecho para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado
Más sesenta organizaciones y plataformas de los ámbitos social, profesional y científico, entre las que se cuenta Amnistía Internacional o Médicos del Mundo, han lanzado un manifiesto para exigir al Gobierno cambios en la política sanitaria cuando se cumplen dos años de la entrada en vigor del Decreto de 2012 de ‘medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones’. 

Bajo el título ‘Contra la exclusión social sanitaria, en defensa de la sanidad universal’, los firmantes del manifiesto denuncian los impactos que está produciendo la política sanitaria puesta en marcha por el Gobierno del PP y los “incumplimientos” de la legislación internacional en materia de derechos humanos. Con el Real Decreto, la asistencia sanitaria en España ha dejado de ser un derecho para pasar a ser una prestación vinculada a la condición administrativa de asegurado. Los promotores del manifiesto también recuerdan que se ha restringido ciertas prestaciones y se ha aumentado la carga económica directa para las personas.
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Colectivos especialmente vulnerables
Por todo esto, afirman “el balance no puede ser más negativo”. Según datos aportados por el propio Gobierno, al menos 873.000 personas en España perdieron el derecho a la asistencia sanitaria en España en estos dos años de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Se trata de colectivos especialmente vulnerables que también contribuyen a la financiación del sistema público de sanidad a través de impuestos.
Y es que, aunque el decreto reconoce el derecho a la atención de embarazadas, menores, o atención en urgencias, se han originado numerosos casos de desatención agravados por la exigencia de firma de compromisos de pago o la facturación indebida. Los más dramáticos acabaron en muerte como fueron los casos de Alpha Pam en Mallorca, Soledad Torrico en Valencia y Janneth Beltrán en Toledo.
Las mujeres migrantes son uno de los colectivos a los que se les ha retirado la tarjeta sanitaria, lo que dificulta la detección de casos de violencia de género, así como la adecuada asistencia en casos de violencia sexual. En el caso de las víctimas de trata de seres humanos se limita el acceso a quienes se les otorga el periodo de restablecimiento y reflexión, mientras que a la mayoría no se les reconoce el derecho a la asistencia sanitaria.
Deterioro de la cohesión territorial
También se pone de manifiesto que la disparidad de criterios en la aplicación de la normativa por parte de las Comunidades Autónomas “ha deteriorado aún más la cohesión territorial en el Sistema Nacional de Salud, y ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo”.
Asimismo la reforma sanitaria incumple o contraviene estándares internacionales de derechos humanos tal y como vienen denunciando organismos como Naciones Unidas o el Consejo de Europa, sin que el Gobierno haya hecho nada por cumplir estas recomendaciones. El propio Tribunal Constitucional afirma que no se puede restringir el derecho a la salud por motivos fiscales, un ahorro que, por otra parte, aún no ha cuantificado el Ejecutivo.
Las organizaciones exigen una Ley de Sanidad que nazca con consenso, que garantice la universalidad de la asistencia sanitaria como establece la OMS, para que “toda persona disfrute del más alto nivel posible de salud”.


















ACLARACIONES SOBRE LAS TERGIVERSACIONES QUE SE ESTÁN REPRODUCIENDO EN EL DEBATE NACIONAL

nuevatribuna.es |Vicenç Navarro | Catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra
 30 Septiembre 2014 - 15:28 h.

Leyendo la prensa y oyendo los programas de radio y televisión en varios medios de Madrid, me preocupa que se estén reproduciendo algunas percepciones de lo que ocurre en Catalunya que no se ajustan a la realidad. De ahí que sienta la necesidad de aclarar algunos aspectos relacionados con estas percepciones, aclaraciones que hago con gran respeto, e incluso estima, hacia varios reproductores de estas percepciones con los cuales comparto muchas otras visiones de las realidades que nos rodean. Comencemos pues:
  • Las izquierdas, no las derechas, han sido en Catalunya las que siempre han liderado –incluso en los tiempos de la dictadura- la defensa del carácter nacional de Catalunya. El limitadísimo conocimiento de la historia de Catalunya por parte de las derechas, e incluso muchas voces de izquierda españolas, dificulta mucho la comprensión de lo que ocurre en Catalunya. El Estatuto del 2006, que reconoce a Catalunya como nación, fue iniciado y desarrollado por las izquierdas, no por las derechas.
  • El derecho de autodeterminación de los distintos pueblos y naciones de España ha sido una exigencia constante de las izquierdas catalanas y también, por cierto, de las españolas. Lean los documentos del PSOE en la clandestinidad y lo verán. Que abandonaran este compromiso en la Transición, debido a la presión del Monarca y del Ejército, no quiere decir que no lo tuvieran históricamente. El PSOE nunca ha explicado por qué renunció a este compromiso.
  • Reivindicar el derecho de autodeterminación no es, como constantemente se interpreta (con frecuencia maliciosamente), equivalente a pedir la independencia. El derecho de autodeterminación es, como su nombre indica, el derecho de determinar qué es lo que la población desea y, en el caso catalán, su relación con el Estado español. Una alternativa, pero no la única, es la secesión. Tampoco es equivalente el soberanismo al independentismo. Ser soberano es tener la capacidad de decidir. Y el poder de decidir implica tener el derecho a escoger. Un país puede ser soberano y no ser independiente. En EEUU, el Estado de Texas tiene la potestad de separarse de EEUU si así lo deseara, potestad que muchos progresistas en EEUU desearían que realizara debido a su enorme conservadurismo. Pero ha escogido continuar siendo un Estado en un Estado Federal.
  • El hecho  de que las izquierdas históricamente hayan pedido el derecho de autodeterminación es consecuencia de la visión que históricamente las izquierdas catalanas (y en algunos periodos históricos, las españolas) han tenido de que España es plurinacional. Dicho derecho se refiere a este reconocimiento, proveyendo los medios para que las naciones decidan si desean la unidad, de manera que esta sea voluntaria y no forzada. El derecho de autodeterminación es lo que ahora se llama el derecho a decidir, que debería ir mucho más allá que la decisión sobre su identidad.
  • La gran mayoría de izquierdas catalanas no han sido secesionistas. Ni el gobierno Companys ni el gobierno  Macià pidieron la separación, sino el establecimiento de un Estado catalán dentro de una federación. En realidad, el secesionismo ha sido minoritario históricamente en Catalunya.
  • Se está convirtiendo en mayoritario, sin embargo, porque los hechos parecen demostrar que el Estado español está controlado por una casta responsable del enorme retraso social de España, incluyendo Catalunya, y que nunca aceptará la plurinacionalidad de España. De ahí que al 20% de la población que siempre ha sido independentista, se sume otro 20% (y continúa creciendo) que votaría SI / SI, es decir independencia, debido al rechazo al Estado español.
  • La casta española siempre se ha aliado con la casta catalana para defender sus intereses económicos y financieros. La enorme influencia de las fuerzas conservadoras sobre el Estado español (tanto central como autonómico) es la mayor causa del enorme subdesarrollo social, político y cultural de España (incluyendo Catalunya).
  • La gran mayoría de aquellas personas que, siendo de izquierdas, votarían SI / SI  en una consulta no son anti-España sino anti-Estado español, una diferencia esencial que nunca se hace en el resto de España debido a la interpretación maliciosa y sesgada que promueve el nacionalismo españolista, el único que no se presenta como nacionalista.
  • Los mártires cuya derrota se recuerda del 11 de septiembre (la fiesta nacional de Catalunya) no eran secesionistas. En realidad querían una Catalunya en la que se respetaran sus derechos e identidad, dentro de otra España, distinta a la borbónica (véase mi artículo “El conflicto entre dos visiones de España”. Público, 03.09.14). Así lo dijeron antes de ser brutalmente reprimidos y asesinados.
  • Es lógico, por lo tanto, que el llamado problema catalán no sea un problema catalán, sino español, creado por la incapacidad de la estructura de poder de España de aceptar que hay otra España posible, plurinacional.
  • Todos los argumentos legales que se dan (sobre si la Constitución española u otro documento permiten lo que se plantea) carecen de relevancia, pues la relación de Catalunya con España no es un tema legal, sino político. Si se desea se cambia la Constitución con suma facilidad, como ocurrió recientemente.
  • Esperar que el establishment político y mediático basado en Madrid cambie, es pedirle peras al olmo. El cambio vendrá –está ya ocurriendo- de las movilizaciones populares dentro y fuera de Catalunya. Existe hoy un gran número de movimientos españoles, algunos iniciados en Madrid, que aceptan el derecho a decidir y la plurinacionalidad de España y que correctamente definen la lucha por la diversidad nacional como paralela, cuando no idéntica, a la lucha por la democracia y la justicia social.
  • Hay, así, posibilidades de alianzas muy importantes entre movimientos que comparten un rechazo de este Estado, tan poco democrático, tan poco social, tan pobre, tan corrupto, tan poco redistributivo y tan insensible a la plurinacionalidad.
  • Una de las ovaciones más intensas que se oyeron en la manifestación del 11 de septiembre en Barcelona fue cuando en la sección de la “V” donde estaba el movimiento político social Procés Constituent, en la mayor plaza de la “V” (Diagonal con esquina Paseo de Gracia), fue cuando trabajadores de Madrid, de Andalucía y de Galicia indicaron su apoyo al derecho a decidir, una demanda que hicieron suya, indicando que el Estado español, responsable del enorme retraso social de los distintos pueblos y naciones de España, era el mismo Estado que negaba la riqueza y diversidad de España. Especialmente aplaudido fue el delegado de Madrid. Era el representante y heredero de aquellas clases populares que lucharon hasta el último día de la Guerra Civil en contra del fascismo y a las cuales el Presidente Companys se dirigió diciendo “Madrileños, Catalunya os ama”. En aquella plaza, abarrotada como nunca, se mostró que aquellos catalanes también amaban al Madrid popular.




9N: APOYAR LA CONSULTA, CUESTIONAR LA MONARQUÍA

A sólo dos meses de la fecha anunciada para la consulta las posiciones siguen sin moverse. Mas dice que la convocará, mientras Rajoy asegura que no habrá urnas. Todo apunta que será Mas quien retroceda, de hecho han habido algunos amagos, aunque CiU sabe que esa retirada la va a pagar cara, e intenta ganar tiempo. Pero lo que está en cuestión es mucho más que un choque entre Rajoy y Mas: el derecho del pueblo catalán a autodeterminarse cuestiona la constitución monárquica y a la misma Monarquía.
Contra la consulta, el nuevo secretario general del PSOE Pedro Sánchez se alinea tras Rajoy y llama – sin ninguna credibilidad- a reformar la Constitución hacia un modelo federal. El PSOE defendía hasta el 1977 el derecho de autodeterminación como defendía la República, y ambas cayeron al mismo tiempo cuando se hizo monárquico. En junio dio otro ejemplo de ello pactando con el PP la sucesión monárquica de Felipe VI.
La cuestión nacional fue una de las piedras angulares de la reforma monárquica del franquismo y la separación de la lucha por los derechos de los pueblos de las reivindicaciones de la clase obrera -que en la transición iban de la mano- fue el gran servicio de los grandes partidos y sindicatos a la estabilización del régimen. De esta división perdimos los trabajadores y los pueblos y se asentó un régimen que se basaba en el centralismo y el apoyo de los grandes capitales
Hoy hay que revertir esa situación. La unidad de la clase obrera que precisamos debe asumir la defensa de los derechos y libertades, otra unidad no es más que sometimiento a las imposiciones del estado y de la clase dominante. Pero buena parte de la izquierda -como IU- también sufre con sólo hablar de la consulta, le incomoda
Lo mismo ocurre con CCOO y UGT: en Catalunya formalmente la apoyan sin hacer mucho más, pero las direcciones de Toxo y Méndez ni siquiera se han pronunciado. Se puede discutir sobre el sentido del voto, pero debiera ser evidente la defensa del derecho de autodeterminación. Al no tomar esta tarea el mensaje a los trabajadores y trabajadoras del resto del estado es que el tema no les interesa y por defecto dejan correr las campañas anticatalanas que prodiga el PP, y el PSOE en menor medida. La defensa del derecho de autodeterminación y la consulta debe ser una campaña estatal de la izquierda política y sindical contra la Monarquía.
11 de setiembre de 2014

Luis Carlos Gómez Pintado





AUTODETERMINACIÓN Y DERECHO A DECIDIR: REFLEXIONES DESDE EL DERECHO INTERNACIONAL

Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede "decidir", pero sin romper la integridad del estado, salvo que sea mediante acuerdo.
La autodeterminación catalana no es ajena a la española y así se configura ese derecho en el marco internacional
Una declaración unilateral de independencia no vendría amparada por el Derecho internacional, aunque tampoco sería contraria a éste
04/02/2013 - 08:51h
La declaración institucional del Parlamento de Cataluña del pasado 23 de enero de 2013 da por supuesto el derecho del pueblo de Cataluña a “decidir”, pues lo que se aprueba es “iniciar el proceso para hacerlo efectivo”; el fundamento del derecho sería que, “por razones de legitimidad democrática”, dicho pueblo tiene “carácter de sujeto político y jurídico soberano”. Dado el papel que la declaración otorga al “diálogo con la comunidad internacional” (punto cuarto) y al europeísmo (punto sexto) puede resultar interesante analizar el derecho a decidir desde la perspectiva del derecho internacional contemporáneo.

Empecemos diciendo que no existe tal cosa como un “derecho a decidir” en derecho internacional. Se trata de una expresión desconocida y, en consecuencia, sin contenido jurídico. Lo que sí existe es el derecho a la autodeterminación de los pueblos, que es lo que supongo que el derecho a decidir quiere soslayar sutilmente. Se ha dicho hasta la saciedad, en distintas opiniones publicadas, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos solo alcanza a los “pueblos y países sujetos a dominación colonial” [Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514 (XV) de 1960], pero se olvida que la autodeterminación también se ha formulado como un pre-derecho humano de carácter colectivo [artículo 1 común a los Pactos de derechos humanos de 1966] y como un derecho de “todos los pueblos” [Resolución AG 2625 (XXV) de 1970].
Entonces, ¿tiene “Cataluña” derecho a la autodeterminación (o a decidir)? Sí, si aceptamos que es un “pueblo”. Aquí cobra importancia la afirmación que se hace en la Declaración del Parlament sobre el carácter de “sujeto político y jurídico” del pueblo catalán. Dejo de lado el polisémico término “soberano”, que ni pone ni quita nada a la categoría de sujeto. Desde mi punto de vista, parece innegable que “Cataluña” o “el pueblo catalán” puede considerarse un sujeto político titular del derecho a la autodeterminación; una caracterización que no tendrían la comarca y población del “Baix Llobregat” o la ciudad de “Barcelona” y sus habitantes, por poner dos ejemplos (aunque quizás sí el valle de Arán y los araneses). Cataluña tiene un territorio bien definido históricamente, con una población que se autoidentifica como catalana, gracias en parte a una lengua propia, aunque también comparte esta identidad buena parte de las personas que han llegado a este territorio en distintos momentos del siglo XX y para los que el catalán no es lengua materna. Si existe un “pueblo catalán”, tiene derecho a la autodeterminación.
Sin embargo, ese pueblo no está “separado” físicamente del pueblo español, ni puede decirse que la población española no pueda caracterizarse también como “pueblo” en el sentido del derecho internacional y que, en consecuencia, goce también del derecho a la autodeterminación. Además, la mayor parte de la población que habita en el territorio de Cataluña comparte un sentimiento de pertenencia simultáneo a España y a Cataluña. La autodeterminación catalana no es ajena a la española y así se configura ese derecho en el marco internacional.
En efecto, establecido el derecho a la autodeterminación: ¿a qué da derecho? En el contexto colonial, sin duda a la independencia, aunque no es la única alternativa de que disponen los pueblos y países coloniales. Cabe también la libre asociación, la integración a un estado preexistente “o cualquier otra forma libremente decidida por el pueblo” [Resolución 2625 (XXV)]. Pero Cataluña no es un pueblo sometido a dominación colonial, racista o extranjera y en este contexto la libertad de determinar su “condición política” tiene como límite el principio de “integridad territorial del estado”. Máxime al tratarse de un estado democrático o, en terminología de la 2625 (XXV), dotado de “un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o color”. Como señaló la Comisión africana de derechos humanos y de los pueblos, la autodeterminación “puede articularse a través de las siguiente fórmulas: independencia, autogobierno, gobierno local, federalismo, confederalismo, unitarismo o cualquier otra forma de relación conforme a las aspiraciones del pueblo, pero reconociendo los otros principios establecidos, como la soberanía e integridad territorial” (caso Katanga). Es decir, la independencia solo constituye una forma legal de ejercicio del derecho a la autodeterminación si se ejecuta sin romper el principio de integridad territorial de los estados, lo cual a su vez solo es posible en el contexto colonial (donde no hay integridad territorial a salvaguardar) o en caso de acuerdo entre las partes.
Cataluña tiene derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede “decidir”, pero sin romper la integridad del estado, salvo que sea mediante acuerdo. Que es lo que decía también el Tribunal Supremo del Canadá (1998) y la subsiguiente “Clarity Act” (2000): la decisión “democrática” del Québec sería el inicio de un proceso de reforma constitucional –pactado- que podría llevar a la secesión.
¿Y si el acuerdo es imposible? Una declaración unilateral de independencia (por vía parlamentaria o popular), si bien vulneraría el ordenamiento jurídico español y no vendría amparada por el Derecho internacional, tampoco sería contraria a éste (caso Kosovo). Cosa distinta es que tuviera algún tipo de efecto útil. Solo si a esa declaración le sigue una situación de hecho en que pueda constatarse la presencia efectiva de los elementos del estado, en particular el ejercicio de la soberanía, podría entenderse que existe un estado realmente independiente; y solo en esa circunstancia tiene algún viso de probabilidad que la comunidad internacional procediera, aún en contra de la voluntad del Reino de España, a un reconocimiento generalizado del nuevo estado soberano.