Tuve la oportunidad de decirlo el año
pasado en estas páginas: la crisis ha terminado; ha llegado a su fin. No
hay brotes verdes, ni luz en el túnel. El neoliberalismo ha llegado con la
pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las
instituciones democráticas y desmantelando el modelo económico y social
del Estado de bienestar, pactado en Europa tras laSegunda Guerra Mundial.
En España poco hemos podido desarrollar el modelo y mucho menos tiempo
disfrutarlo; tan solo queda una descripción en la Constitución, que ella
misma enmienda.
“España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político”, según establece el artículo 1.1 de la CE. este Estado social, lo
hemos identificado como Estado de bienestar, alejado de la acción
benéfico-asistencial y relacionado con derechos: pensiones, sanidad, subsidio
al desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la
cultura y otros servicios públicos, sustentado todo sobre el principio de
universalización, siendo beneficiarios solidariamente el conjunto de la
ciudadanía. Este modelo de bienestar social, ha sido sello de identidad de las democracias
europeas más avanzadas. En España, en los últimos treinta y seis años, se ha
ido elaborando el modelo con esfuerzo y no menos entusiasmo, sin haber podido
llegar a su desarrollo pleno.
Este modelo que la Constitución establece,
pretendía el bienestar a través de la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político. Sus postulados quedaron desarrollados en el Titulo I “De
los derechos y deberes”, protegidos de distinta manera. Se diferencian los
derechos fundamentales de los que son “principios rectores de la política
social y económica”, incluidos en el Capítulo tercero. No son auténticos
derechos, sino meras orientaciones para los gobiernos. El artículo 53.3 dice:
“El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en
el Capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y
la actuación de los poderes públicos y sólo podrán ser alegados ante la
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los
desarrollen”. Son derechos, pero sin protección constitucional, como si están
protegidos los derechos y libertades del Capítulo segundo “Derechos y
libertades”, que vinculan a todos los poderes públicos (Sección 1ª. De los
derechos fundamentales y libertades públicas y Sección 2ª. De los derechos y
deberes).
Ahora todo queda sometido a la economía
capitalista y con más definición, tras la reforma del artículo 135 CE, llevada
a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del Partido
Popular en 2011. Con la reforma, la mayoría de los derechos sociales quedan
subordinados al principio de estabilidad presupuestaria, limitación del déficit
público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones
públicas; dando prioridad absoluta al pago de la deuda y sus intereses, frente
a cualquier otro tipo de gasto social que el Estado quisiera realizar.
Entre los artículos 39 y 52 de la CE, se
desarrolla en buena medida el Estado social o de bienestar: protección a la
familia y a la infancia; redistribución de la renta. pleno empleo, formación
continua de los trabajadores y derechos a la Seguridad Social, jornada y
descanso laboral; derecho a la protección de la salud y fomento del deporte;
derecho al acceso a la cultura, la promoción de la ciencia y de la investigación;
conservación del medio ambiente así como del patrimonio histórico, cultural y
artístico; derecho a una vivienda digna, adecuada y utilización del suelo;
participación de la juventud; protección de la tercera edad así como de los
disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos; y defensa de los consumidores.
Son derechos que no están blindados por la Constitución y depende su desarrollo
de la voluntad política del gobierno de turno, sometido, como es el caso, a los
acuerdos que adopte, desde lejos, la Troika europea.
Están desmantelando el modelo de bienestar
inacabado. El ministro de Economía, Luis de Guindos, anuncia que el
Gobierno revisará al alza la previsión de crecimiento económico, al considerar
que el PIB se incrementará más de lo pronosticado. Ni me molesto en mencionar
las cifras, les ahorro su atención; porque no me dicen nada. Me temo que a
ellos tampoco, porque de un día a otro, hablan de lo uno y de lo contrario. No
aclaran como afectará cada medida a la economía real, que está por debajo del suelo.
Es casi seguro que las reformas están dando resultados para sus bolsillos y los
de los poderosos que representan, no para la economía real ni el bienestar de
la ciudadanía.
Mario Draghi, presidente del Banco
Central Europeo (BCE), avisa sobre la pérdida de impulso de la
recuperación en la Eurozona, así como que el elevado paro y la falta de
crédito, actúan como freno al crecimiento. Reclama a los Estados miembros más
reformas estructurales para que su actuación tenga efecto. ¡La que nos espera!
Ha bajado los tipos de interés, con el fin de reactivar la financiación a pymes
y familias y apuntalar la recuperación económica, pero la banca española parece
que no está en esas. Las entidades bancarias han captado, en la primera ronda
de dinero, 14.647 millones de euros, de los 36.500 previstos a fin de año, a
pagar en cuatro años y a un tipo rozando el cero (0,05%), que deberán destinar
a reactivar los créditos, que siguen sin concederse. ¿Utilizarán el dinero para
autofinanciarse? (pregunta retórica).
Pese a las políticas de austeridad, no se
ha reducido el déficit público y la deuda pública sigue en aumento (98,2% del
PIB). Pese al rescate de los bancos y las inyecciones de fondos, el dinero
sigue sin llegar a familias y empresas; no se reactiva la economía y el
desempleo se alza por las nubes. Con la política fiscal aplicada, los ingresos
del Estado disminuyen, no se persigue el fraude y con todo, desaparecen los
servicios públicos esenciales. Es su modelo.
Las causas y razones de las crisis son
consustanciales con el sistema capitalista y por los errores políticos,
avalados por la teoría ideológica, de quienes las generan. Hoy vivimos el
ataque del‘capitalismo de casino’, contra el bienestar de quienes solo tenemos
nuestra fuerza de trabajo. Los partidarios del ‘mercado’ siempre culpan al
Estado y su intervención para equilibrar desajustes. No es que fallen los
mecanismos, es que el mercado, utiliza las crisis para desmantelar estructuras,
deslocalizar producciones y mejorar su posición global. Quienes provocan las
crisis, son los mismos que la gestionan, para su propio beneficio.
El objetivo del sistema capitalista es
ganar dinero, por lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Ocurre que crece más
la capacidad de producir que la de consumir y es aquí cuando aparece el sistema
financiero: concede créditos al consumo, provocando el endeudamiento del sector
privado (familias y empresas). Si la deuda crece de forma desproporcionada
algunos precios suben, como el de la vivienda que resultó inflado, creando la
“burbuja inmobiliaria especulativa”. Cuando la distancia entre la capacidad de
compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y
estalla la burbuja y aparece la crisis. En España, tras negar la existencia de
la crisis, las soluciones se abordaron tarde y mal y los gobiernos, al dictado
del neoliberalismo, intervinieron para ‘salvar’ en exclusiva al sistema
financiero, con rescates y ayudas, sumiendo al pueblo llano, en una cada vez
más cierta indigencia.
El Gobierno de Rajoy, que gestiona el
sistema capitalista, al servicio de ese capital financiero, fiel a su ideología
neoliberal, con la excusa de la crisis, desmantela el ‘Estado social’. Con
austeridad y sin inversión pública, recorta gastos en prestaciones sociales,
elimina derechos y servicios públicos esenciales y privatiza otros; sube los
impuestos en general, no se incrementa la presión fiscal, ni se persigue el
fraude a las grandes empresas u grandes fortunas. Todo para ellos.
La última del Gobierno es su reforma
fiscal, que no es suficiente ni justa ni equilibrada. La reforma conlleva
disminución de los ingresos y nuevos recortes sociales, lo que hace que la
clase trabajadora y la clase media sigan siendo los grandes contribuyentes. El
gobierno no solo no ha bajado los impuestos, salvo para los poderosos, sino que
ha subido más de cincuenta, especialmente el IVA, introduciendo copagos y
nuevas tasas, como en Justicia. “Ahonda en la inequidad y en un reparto
desigual de las cargas, tanto entre trabajadores y rentas del capital, como
entre los distintos niveles de renta de las personas” según CCOO e IU. Lo
objetivos de una política fiscal justa deben ser “garantizar la protección
social de las personas y fomentar la creación de empleo”. La crisis la estamos
pagando los que siempre pagamos todo y todo perdemos.
Recaudar más no puede suponer aumentar el
esfuerzo fiscal de las clases medias y los más pobres; quién más tiene, ha de
contribuir más. Empresas e individuos, deben tributar en función de su
capacidad y de su actividad económica real, sin privilegios, ni excepciones. El
artículo 31.1 CE establece que “todos contribuirán al sostenimiento de los
gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que,
en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Las políticas del PP no miran
por el interés general, sino por el particular de los poderosos, a quienes
representan casi en exclusiva.
La crisis económica sigue su camino,
creando su nuevo modelo, que nada tiene que ver con lo conocido. Lo destruido
nunca se recuperará. Se ha destruido empleo sin crear nuevos. Se ha abandono a
jóvenes y mujeres a su suerte, sin atender a niños, enfermos, ancianos o
inmigrantes. Declaran que la reforma laboral está dando su fruto y
dicen bien: está consiguiendo el fruto que pretendían con su política:
5.622.900 personas en el paro, con una tasa del 24,47% (EPA julio 2014) y con
1.834.000 hogares que tienen a todos sus miembros activos sin trabajo.
A las cifras de parados, habría que sumar
el número de personas con empleo, que trabajan menos de 40 horas semanales y
declaran querer trabajar más horas: son los ‘subocupados’ que representan un
total de 1.877.538 personas. También habría que sumar a las personas ‘desanimadas’
que la EPA excluye de su concepto de parado. Con estos datos, el desempleo en España asciende a
7.013.678 personas. Más de siete millones de personas, que sin
trabajo o en precario, difícilmente pueden disfrutar de bienestar
Pero no solamente son los que no tienen
empleo. Cada día hay más gente que vive en la pobreza, pese a tener un trabajo
y un sueldo. La crisis ha propiciado que aumente el índice de la “pobreza
laboral”, aquella en la que el sueldo no impide al trabajador dejar de estar
bajo el umbral de la pobreza. España es uno de los países europeos con mayor
desigualdad económica y el peor de la Eurozona, según los últimos datos de
Eurostat. Más pobreza y menos bienestar, nos llevan a pero calidad de vida y
más infelicidad.
Con la crisis y el modelo neoliberal, se
han incrementado las desigualdades sociales. En España se produce una desigual
distribución de la renta, con un sistema tributario injusto y regresivo. La
crisis económica no está afectando a todos por igual, ni todas las rentas
contribuyen con la misma intensidad al sostenimiento del gasto público. El
Gobierno y el poder económico, vienen a decir: arréglatelas como puedas. No
vamos a pagar impuestos para que jubilados, enfermos y parados vivan del
cuento.
Es tanta la destrucción y el daño
producido, que será difícil que las cosas vuelva a ser ya como antes. Los
gobiernos que representan a la derecha ideológica, están derribando la
estructura y la infraestructura del Estado como las conocemos, construyendo
otro modelo, adaptado a sus particulares intereses, que representa a la minoría
que ostenta el poder económico, en detrimento de la mayoría trabajadora. Los
partidos en la oposición, deberían declarar, que si llegasen al Gobierno,
derogarán todas y cada una de las normas injustas aprobadas por Rajoy; si es
que quieren construir un modelo social justo.
La crisis es un golpe de estado que
“distribuye la riqueza hacia arriba”, según David Harvey en suBreve
historia del neoliberalismo. Por su parte Josep Ramoneda, en La
izquierda necesaria, dice que el “economicismo” se ha convertido en la
ideología de nuestro tiempo. Lo cierto es que el neoliberalismo ha llegado con
la pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las
instituciones democráticas y eliminando el bienestar que estábamos construyendo
con lucha y esfuerzo.
La universalización de los derechos
sociales como las pensiones por jubilación, dependencia, desempleo, sanidad o
educación, caracterizan a un Estado social que desaparece. El Gobierno, que
tiene la obligación de desarrollar políticas redistributivas activas justas y
equilibradas, que garanticen, de forma real y efectiva, la libertad, la
justicia y la igualdad, no lo hacen. Quienes sindical y políticamente deberían
defenderlo parece que tampoco lo suficiente. Los indecentes e indeseables,
aplicando políticas neoliberales, nos han quitado el bienestar que surgía,
porque algo hemos hecho mal. Lo que pudo haber sido ya no lo es.
Fuente: www,nuevatribuna.es
