martes, 29 de abril de 2014

¿SOCIALDEMOCRACIA O SOCIALISMO?

José A. González Casanova
Suelen confundirse ambos términos desde que la experiencia neozarista del socialismo real soviético permitió a los socialdemócratas reclamar para sí en monopolio el verdadero socialismo. Para que no se le confundiera con el comunismo totalitario, se le añadió el adjetivo democrático. Pero ¿es la misma cosa el socialismo democrático que la socialdemocracia?, ¿una democracia social equivale a una democracia socialista? Desde el siglo XIX, la lucha del movimiento obrero obligó a las fuerzas conservadoras a aceptar el sufragio universal y a intentar algunas tímidas mejoras sociales. Con el tiempo, las derechas llegaron a presumir de que también ellas eran demócratas y partidarias del bienestar social de los ciudadanos.

En Cataluña, sin ir más lejos, la derecha nacionalista de Jordi Pujol se presentó a las primeras elecciones democráticas (1977) con un programa socialdemócrata. Cuando le conviene a su sucesor, Artur Mas, aparecer con tal signo, se olvida de cuando se presentaba como liberal-conservador. También el partido democristiano del señor Duran i Lleida se llama ahora socialcristiano, pese a su defensa del capitalismo.
En fin, Aznar hizo creer a los votantes en 1996 que estaba más a la izquierda que el PSOE, y así engañó a la gente que le creyó de centro. Por todo eso se ha impuesto el tópico de que la
izquierda apenas se diferencia de una derecha moderna. ¿Serán los socialistas, por un casual, la mano izquierda del capitalismo en el doble sentido de la palabra: su diplomacia dialogante y su apagafuegos en los momentos críticos para el sistema? Tras los estragos de la II Guerra Mundial, la población europea necesitaba como nunca una política
social avanzada y votó que gobernara la izquierda. El capital lo consideró tan inevitable como útil. Con una URSS amenazante y dos poderosos partidos comunistas en Italia y Francia, había que apartar al pueblo
trabajador de la tentación revolucionaria. Por seguridad nacional y por confundir el capitalismo depredador con la libertad de empresa y de mercado, el labour británico y sus colegas continentales reconciliaron a la ciudadanía con el capital mediante un cierto bienestar y a costa de los países pobres.
Con los años, la socialdemocracia se convirtió en la mano izquierda del sistema, practicó el neocoloniaje y demonizó al comunismo. ¿Qué fue de la democracia socialista propugnada por su fundador? Marx nunca fue comunista; reconoció no saber cómo sería el socialismo futuro; recomendó reformas que hoy nos parecerían superadas por la realidad. Pero la base de su análisis es inequívocamente anticapitalista. Si la socialdemocracia del provenir dejara de combatir el régimen imperante, no podría llamarse a sí misma, no ya marxista (Marx decía no serlo), sino socialista. Tal adjetivo sólo correspondía a quien, por impulso democrático, hiciera desaparecer el capitalismo del Planeta. Todo lo contrario, pues, de una socialdemocracia que, so pretexto de darle paliativos a un régimen agonizante, acabara reanimándolo y prolongando su turbia vida.
Fue el renegado Karl Kautsky (como lo llamó Lenin) quien, como marxista, formuló el criterio, ambiguo pero certero, para juzgar una posible rendición de la izquierda. Cuando se haya logrado que la mayoría social anticapitalista alcance la mayoría política, habrá que proceder a la revolución de la mayoría, consistente en emprender unas reformas del sistema que acaben con él, no que lo fortifiquen. Nada de paliativos. Eutanasia pura y simple, si bien con todos los requisitos legales. Este es el criterio (¿quién lo diría?) recogido en el artículo 9.2 de nuestra Constitución. En él se hace responsables a todos los poderes públicos de la remoción de cuantos obstáculos impidan que la libertad y la igualdad de las personas y sus colectivos sean reales y efectivas. Es decir, desmontar el tinglado de la vieja farsa democrática del capitalismo. Dicho texto casi nadie se lo ha tomado en serio.
Excepcional fue el discurso ante las Cortes del socialista catalán Joan Reventós al calificar la norma constitucional de auténtica base legitimadora de un tránsito del capitalismo al socialismo. Aunque Marx no extendía recetas para enfermedades venideras, su ideal era la Commune (Ayuntamiento) parisina de 1871: autogobierno popular local, autogestión obrera y propiedad social (nunca estatal); algo que sólo lo intentó la revolución yugoslava entre los años 50 y 60 del pasado siglo.
Al caer el imperio moscovita, la derecha creyó innecesario seguir teniendo mano izquierda con el nuevo proletariado, ya inducido del todo al consumo a crédito. La socialdemocracia fue acusada, por si acaso, de “comunismo rosa” para desprestigiar una hipotética democracia socialista. La Realpolitik de los Mitterand, et alii, no hizo nada que justificase aquella interesada falsedad. Las derechas volvieron a gobernar por el desencanto de unas masas que seguían confundiendo en el socialismo las reformas paliativas con las eutanásicas. ¿Para qué votar a la izquierda si la derecha le ha arrebatado de las manos los trastos de torear?
Una y otra, por mucho que se distingan en cuestiones democráticas muy importantes, no dejarían de ser las dos manos de un coloso al cual, en su injusta irracionalidad bien demostrada, no se le hacen los dedos huéspedes en su mano derecha porque le hayan recortado los de la izquierda. Todo lo contrario. Debiera acabar, por tanto, la confusión. Ni la socialdemocracia es el socialismo ni un socialismo retórico es ya una democracia socialista. De momento y hasta tiempos mejores, la única palabra que no confunde ni engaña es la palabra anticapitalismo.
José A. González Casanova es Catedrático de Derecho Constitucional y escritor
Ilustración de Enric Jardí


ACTOS BENÉFICOS TEÑIDOS DE SANGRE

En Ciudad Real (17 de mayo) y Tomelloso (26 de abril) se celebrarán sendas corridas de toros a beneficio del Banco de Alimentos y Cáritas respectivamente.
España | Tercera Información | 29-04-2014 |
No se entiende la insistencia de determinadas instituciones humanitarias en la organización de un evento polémico, cuando es notorio que disminuye su aceptación social. A juicio de Ecologistas en Acción no todo vale en la captación de fondos, por muy loables que sus fines sean.
Los festejos taurinos, como cualquier atracción donde los animales sufren escarnio, maltrato y sacrificio cruel, van a contracorriente de la evolución de la sociedad en su percepción y relación con los animales. Hasta el punto de que incontestables mitos como el de la Fiesta Nacional son cuestionados abiertamente, sobre todo por las más jóvenes, por lo general más formadas y sensibles al reconocimiento de los derechos de los animales, a su protección, y a una mayor persecución y castigo de los responsables de situaciones que entrañan violencia contra los animales.
Las instituciones públicas contemplan los toros como una manifestación identitaria y un acontecimiento cultural, promoviéndolos y subvencionándolos. Servidoras del negocio empresarial de una selecta minoría, ponen dinero público (de los bolsillos de aficionados y no aficionados) para sufragar un atávico y salvaje espectáculo de magra rentabilidad económica. La casta política dirigente expande de este modo valores intrínsecos de la mal llamada Fiesta Nacional, muy al gusto de su ideología; dominio del hombre sobre la vida de la bestia; machismo; religión católica; españolismo, u otros. Los ayuntamientos no son una excepción y por eso fomentan pródigamente los festejos taurinos.
Llama poderosamente la atención que organizaciones caritativas hagan bandera de la Fiesta Nacional para recaudar fondos. Apoyarse en probados ejemplos de tortura animal en la consecución de objetivos altruistas es tremendamente reduccionista, un insulto a la inteligencia y a la razón.
Ecologistas en Acción expresa su rotundo rechazo a las corridas de toros como reclamo para la obtención de dinero destinado a labores de auxilio social y pide a la ciudadanía que no participe ni se deje manipular en ceremonias de la confusión que parecen rescatadas de la beneficencia franquista.
Por ello y en lo que respecta a la Corrida de Romería de Tomelloso del sábado, esta asociación ha colgado en la plataforma virtual change.org una petición dirigida a Cáritas y al Ayuntamiento de Tomelloso para que cualquier persona suscriba y eleve su protesta.
Firma la siguiente petición contra este tipo de festejos: http://goo.gl/tTvRnE





EL FIN DE LA HEGEMONÍA DEL CÁRTEL DE "LA INFORMACIÓN"

Artículos de Opinión | por Thierry Meyssan | 29-04-2014 |
La propaganda del imperio anglosajón nos ha hecho creer que Estados Unidos es “el país de la libertad” y que sus guerras no tienen otro objetivo que la defensa de sus ideales; pero la crisis ucraniana acaba de modificar las reglas del juego…

Los gobernantes siempre tratan de convencer de que están haciendo lo correcto porque las multitudes no siguen a alguien a sabiendas de que no tiene la razón. El siglo XX se caracterizó por el surgimiento de nuevos métodos de propagación de ideas que nada tienen que ver con la verdad. Los occidentales afirman que la propaganda moderna comenzó con el ministro nazi Joseph Goebbels. Así tratan de hacer olvidar que el arte de falsear la percepción de las cosas fue desarrollado desde mucho antes por los anglosajones.
En 1916, el Reino Unido creó en Londres la Wellington House y más tarde la Crewe House. Simultáneamente, los estadounidenses creaban el Comittee on Public Information (CPI). Partiendo del principio que la Primera Guerra Mundial era un enfrentamiento de masas y no de ejércitos, aquellos organismos trataron de intoxicar a sus propios pueblos, al igual que a los de sus aliados y sus enemigos.
La propaganda moderna comienza con la publicación en Londres del informe Bryce sobre los crímenes de guerra de Alemania, documento que fue traducido a 30 idiomas. Según el informe Bryce, el ejército alemán había violado a miles de mujeres en Bélgica, así que los británicos estaban luchando contra la barbarie. Al terminar la Primera Guerra Mundial se descubrió que todo el informe era una mentira enteramente fabricada con testimonios falsos y con ayuda de varios periodistas.
Mientras tanto, en Estados Unidos George Creel inventó una historia que presentaba la Guerra Mundial como una cruzada de las democracias por una paz que concretaría los derechos de la humanidad.
Los historiadores han demostrado que la Primera Guerra Mundial tuvo causas tan inmediatas como profundas, siendo la más importante de ellas la rivalidad entre las grandes potencias que competían entre sí por extender sus imperios coloniales.
Los burós de propaganda de Estados Unidos y del Reino Unido eran organismos secretos que trabajaban para el Estado. Se diferenciaban de la propaganda leninista que ambicionaba “revelar la verdad” a las masas ignorantes, en que los anglosajones trataban de engañarlas y manipularlas. Y para lograrlo, los organismos estatales anglosajones tenían que actuar a escondidas y usurpando falsas identidades.
Después de la desaparición de la Unión Soviética, Estados Unidos dio menos importancia a la propaganda y optó por las “Relaciones Públicas”. El objetivo ya no era mentir, sino llevar a los periodistas de la mano para que vieran únicamente lo que se les mostraba. Durante la guerra de Kosovo, la OTAN recurrió a Alastair Campbell, un consejero del primer ministro británico, para contarle diariamente a la prensa una historia diferente. Mientras los periodistas se entretenían en reportar las historias de Campbell, la alianza atlántica podía bombardear “en paz”. El objetivo no era tanto mentir sino más bien desviar la atención.
Pero lo que se ha dado en llamar story telling (en español, “contar historias”) cobró gran fuerza con el 11 de septiembre de 2001. El objetivo era concentrar la atención del público sobre los atentados de Nueva York y Washington para que no viera el golpe de Estado militar que se produjo aquel mismo día: traspaso de los poderes ejecutivos del presidente George W. Bush a una entidad militar secreta y detención camuflada de todos los miembros del Congreso estadounidense. Aquella operación de intoxicación fue obra de Benjamin Rhodes, actual consejero del hoy presidente Barack Obama.
Durante los siguientes años la Casa Blanca creó un sistema de intoxicación con sus principales aliados (Reino Unido, Canadá, Australia y, claro está, Israel). Esos cuatro gobiernos recibían diariamente instrucciones, incluso discursos completamente redactados, enviados por el Buró de Medios Globales para justificar la guerra contra Irak y calumniar a Irán.
Desde 1989, Washington se apoyaba en la CNN para divulgar rápidamente sus mentiras. Con el tiempo, Estados Unidos fue creando un cártel de cadenas informativas de televisión vía satélite (Al-Arabiya, Al-Jazeera, BBC, CNN, France24, Sky). En 2011, durante los bombardeos de la OTAN contra Trípoli, la OTAN logró convencer bruscamente a los libios de que habían perdido la guerra y que era inútil proseguir la resistencia.
Sin embargo, en 2012, la OTAN no logró reeditar la maniobra para convencer a los sirios de que el derrocamiento de su gobierno era inevitable. La repetición de aquella maniobra falló porque los sirios habían tenido conocimiento de lo sucedido en Libia, donde las cadenas de televisión internacionales habían manipulado la situación. Sabiendo aquello, el Estado sirio tuvo tiempo de prepararse para contrarrestar la manipulación que se había preparado. Este fracaso marcó el fin de la hegemonía del cártel de “la información”.
La actual crisis entre Washington y Moscú sobre la situación en Ucrania ha obligado a la administración Obama a revisar su sistema. Ya Washington no es el único que logra hacerse oír sino que tiene que tratar de rebatir los argumentos del gobierno y los medios de prensa rusos, accesibles en todas partes del mundo a través de transmisiones satelitales y de internet. El secretario de Estado John Kerry ha tenido que nombrar un nuevo secretario adjunto a cargo de la propaganda: el ex redactor jefe de Time Magazine, Richard Stengel. En realidad, Stengel ya estaba en funciones antes del 15 de abril de 2014, fecha en que prestó juramento para el cargo. Pero el 15 de marzo ya había enviado a los principales medios de la prensa atlantistas una “Hoja Informativa” sobre las “10 falsedades” de Vladimir Putin sobre Ucrania. Lo mismo había hecho el 13 de abril, distribuyendo un segundo documento con “otras 10 falsedades”.
Lo primero que salta a la vista al leer ese texto es la necedad que lo caracteriza. El texto apunta a validar la historia oficial sobre una revolución en Kiev y a desacreditar el discurso ruso sobre la presencia de nazis en el nuevo gobierno ucraniano, cuando ya se sabe que en Kiev no hubo una revolución sino un golpe de Estado fomentado por la OTAN y ejecutado por Polonia e Israel con una mezcla de recetas para “revoluciones de colores” y “primaveras árabes”.
Los periodistas que recibieron las “hojas informativas” del gobierno de Estados Unidos y que se hicieron eco de su contenido, también conocen perfectamente el contenido de la conversación telefónica de la secretaria de Estado adjunta Victoria Nuland sobre cómo Washington iba a cambiar el régimen en Ucrania –en detrimento de la Unión Europea– y la del ministro estoniano de Relaciones Exteriores Urmas Paets sobre la verdadera identidad de los francotiradores de la plaza Maidan. Y también habían tenido conocimiento anteriormente de las revelaciones del semanario polaco Nie sobre el entrenamiento de los cabecillas nazis en la Academia de Policía de Polonia, 2 meses antes de los hechos de la plaza Maidan. En cuanto a negar la presencia de nazis en el nuevo gobierno ucraniano, es como decir que el sol sale de noche: No hace falta ir a Kiev para comprobarlo, basta con leer los escritos de los actuales ministros y escuchar sus declaraciones.
A fin de cuentas, si bien todos los argumentos que Washington se toma el trabajo de enviar por escrito a las redacciones permiten crear la ilusión de que existe un consenso de la gran prensa atlantista, el hecho es que no tienen la menor posibilidad de llegar a convencer a los ciudadanos mínimamente curiosos. Por el contrario, es tan fácil descubrir el engaño navegando un poco por internet, que ese tipo de manipulación no logrará otra cosa que reducir aún más la credibilidad de Washington.
El 11 de septiembre de 2001, el unanimismo de la prensa atlantista permitió convencer a la opinión pública internacional. Pero el trabajo que numerosos periodistas y ciudadanos –entre los que tengo el honor de contarme– han venido realizando desde entonces ha demostrado la imposibilidad material de lo que se afirma en la versión oficial. Trece años después de los hechos, cientos de millones de personas han tomado conciencia de aquellas mentiras. Y serán cada vez más numerosas… gracias al nuevo dispositivo estadounidense de propaganda. El resultado final es que quienes se hacen eco de la propaganda de la Casa Blanca, principalmente los gobiernos y los medios de prensa de la OTAN, están destruyendo su propia credibilidad.
Barack Obama y Benjamin Rhodes, John Kerry y Richard Stengel trabajan solamente para el corto plazo. Su propaganda sólo convence a los pueblos por espacio de algunas semanas. Pero los indignan cuando descubren la manipulación. Estos personajes están socavando involuntariamente la credibilidad de las instituciones de los Estados de la OTAN que se hacen eco de su propaganda conscientemente. Han olvidado que la propaganda del siglo XX funcionaba únicamente porque el mundo estaba dividido en dos bloques que no comunicaban entre sí y que el monolitismo al que hoy aspiran es incompatible con los nuevos medios de comunicación.
Aunque no ha terminado todavía, la crisis de Ucrania ya ha cambiado profundamente el mundo. Al contradecir públicamente al presidente de Estados Unidos, Vladimir Putin ha dado un paso que en lo adelante impide el éxito de la propaganda estadounidense.
Fuente: Red Voltaire


SUBASTA DEMOCRÁTICA

Artículos de Opinión | por David Brooks | 29-04-2014 |
La semana pasada se confirmó oficialmente: ésta es la mejor democracia que el dinero puede comprar.
El humorista Andy Borowitz, de The New Yorker, resumió la noticia así: Por una decisión de cinco contra cuatro, la Suprema Corte de Estados Unidos defendió hoy el derecho de los estadunidenses más ricos de adueñarse del gobierno de Estados Unidos.

El problema es que su formulación no es tan satírica ni exagerada con fines humorísticos, sino que reporta los hechos de manera bastante precisa.
El miércoles pasado la Suprema Corte de Estados Unidos emitió un fallo en el caso McCutcheon v. Federal Exchange Commission en el que anuló limitaciones sobre el monto agregado total que un individuo puede donar a candidatos políticos, partidos y comités políticos.
El fallo escrito por el presidente de la Corte, John Roberts, argumenta que esta decisión está basada en la libertad de expresión. Rechazó que llevaría a la corrupción del proceso electoral, y afirma que se anulan los límites impuestos por la ley actual, ya que “el único tipo de corrupción que el Congreso puede abordar es la corrupción quid pro quo” y no si esas donaciones otorgan mayor acceso o influencia política. “La línea entre corrupción quid pro quo y la influencia general tiene que ser respetada para salvaguardar derechos básicos de la Primera Enmienda (libertad de expresión)”. El juez agregó que los límites existentes sobre donaciones totales son inaceptables porque afectan el derecho de un individuo de participar en el debate público a través de la expresión política y la asociación política.
Ese argumento, advierten expertos, puede poner en peligro casi cualquier regulación de financiamiento de campañas, por considerarla una violación de la libertad de expresión garantizada por la Constitución.
El Congreso impulsó leyes en respuesta al escándalo de Watergate en los años 70 y limitó a un máximo de 5 mil 200 dólares el monto con el que un individuo puede contribuir a un candidato federal, y también limitó el monto de contribuciones totales de un individuo a todo candidato y partido político para contiendas federales a un máximo agregado de 123 mil 200 dólares por cada ciclo electoral de dos años. El nuevo fallo, aunque mantiene el límite sobre donaciones de un individuo a un candidato particular, anula el límite del monto agregado total que un individuo puede contribuir a candidatos federales, partidos, comités electorales y otras instancias. Con ello, un donante individual ahora podrá contribuir hasta 3.6 millones de dólares por ciclo electoral, aunque otros argumentan, incluso otro juez de la Suprema Corte que votó en contra, que el límite realmente es lo infinito.
El New York Times afirmó en su editorial que con este fallo la Suprema Corte continúa su cruzada para desmantelar todas las barreras al poder distorsionador del dinero en la política estadunidense. Agregó que gracias a esta decisión, “los intereses de los muy pocos estadunidenses más ricos –los cuales difieren significativamente de los de la mayoría– ahora obtendrán mayor consideración de los legisladores”.
Robert Reich, ex secretario del Trabajo y analista socioeconómico, escribió que con el fallo se anulan efectivamente los montos que los más ricos pueden donar al proceso político y que eso, vinculado a la creciente desigualdad económica, permitirá que los más ricos compren votos para reducir sus impuestos, reciban rescates y subsidios públicos y puedan desregular sus negocios para que se vuelvan aún más ricos y así comprar más votos. La corrupción nutre más corrupción. Señala que hoy día los 400 estadunidenses más ricos tienen más riqueza que los 150 millones de estadunidenses más pobres, el 1 por ciento más rico es dueño de más del 35 por ciento de los bienes privados del país y captó 95 por ciento de las ganancias económicas desde el inicio de la recuperación en 2009. Éstos, dice, ahora tendrán aún más poder para manipular el sistema político.
Robert Weisman, presidente de Public Citizen, organización nacional de defensa de derechos ciudadanos y protección del consumidor, afirmó que la primera enmienda nunca tuvo la intención de otorgar un megáfono gigantesco a los más ricos para que griten sobre el resto de nosotros. Concluyó: esto no es democracia. Es plutocracia.
El fallo ignora la opinión de las grandes mayorías, o sea, el demos en democracia: una encuesta de Gallup encontró en junio pasado que 8 de cada 10 estadunidenses favorecen limitar el dinero que candidatos legislativos federales pueden obtener y usar en sus campañas; otras registran que por lo menos dos tercios o más apoyan poner límites al gran dinero en la política.
El fallo continúa la tendencia de esta Suprema Corte a anular restricciones sobre intereses ricos. En 2010, en otro fallo conocido como Citizens United, la Corte anuló límites a los montos que las empresas podrían contribuir para influir –de manera independiente– en elecciones federales, sobre el principio de que esas contribuciones son protegidas por la libertad de expresión. Con ello, la elección federal de 2012 marcó nuevo récord como la más cara en la historia.
Ahora el dinero es lo equivalente a la libertad de expresión en el sistema político-electoral.
Tal vez es hora de solicitar una reunión de emergencia de la Organización de Estados Americanos para evaluar si Estados Unidos está violando la Carta Democrática, o tal vez Unasur podría enviar una misión de observación y asesoría a Estados Unidos, o incluso la ONU y hasta la OTAN –¿por qué no?– deberían evaluar si se requiere de sus servicios para rescatar el sistema político-electoral democrático de Estados Unidos.
Mientras tanto, aquí se realiza una gran subasta muy exclusiva de la democracia a los postores más ricos.
Fuente: La Jornada



¿PROCESOS EMANCIPADORES DENTRO DEL EURO?

Artículos de Opinión | Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate | 29-04-2014 |
Si tuviéramos que encontrar algún elemento positivo en el ejercicio de democracia de muy baja intensidad que se celebrará el próximo 25 de mayo con motivo de las elecciones europeas, y si nos levantáramos de la cama aquejados de un extraño optimismo impropio de la actual coyuntura, señalaríamos que una de las cuestiones más interesantes que pueden aportar estos comicios es la intensificación del debate, en el seno de las izquierdas, respecto al análisis y a las propuestas alternativas al proyecto europeo hegemónico.
Con esta afirmación queremos destacar que el debate en sí es bastante más significativo que el resultado del formalismo electoral de una Unión Europea profundamente deslegitimada y antidemocrática, ya que dichos debates podrían servir en el medio plazo para generar las actualmente poco sólidas agendas políticas y las articulaciones necesarias para revertir la situación actual.
De esta manera, mal que bien, más o menos tímidamente, estos últimos meses están favoreciendo que las izquierdas políticas –bien con la forma de partido o de movimiento- definan su diagnóstico de la crisis actual y del papel que las instituciones europeas están jugando en la misma, a la vez que exponen cuáles son las propuestas fundamentales, sobre todo en el ámbito estratégico de la economía.
1. Consenso fundamental: redefinición continental del proyecto europeo
Desde la perspectiva económica, varios son los lugares comunes donde se suelen encontrar las izquierdas: en primer lugar, se destaca que el proyecto político europeo no tiene como principio fundacional la reducción de las fuertes asimetrías entre países ni la construcción de un marco político europeo de bienestar en el que se blinden los derechos humanos. Al contrario, la génesis del proyecto se sitúa en la implementación regional de la lógica capitalista en base a un mercado único sin unidad política, tomando como pivote la estrategia expansiva de la economía germana. Por tanto éste es realmente el objetivo estratégico del proyecto que, más allá de la retórica habitual, permea el conjunto de actuaciones e iniciativas vinculadas a la construcción europea.
En segundo lugar, las izquierdas suelen estar también de acuerdo en que la arquitectura económica derivada de este proyecto específico, que empieza a tomar forma en el Tratado de Maastricht de 1992, es funcional a dicha lógica de expansión capitalista. Así, ésta se pone al servicio de los mercados y de quienes los controlan, enfrentándose si es necesario a las grandes mayorías sociales (como está ocurriendo actualmente en una fase de agudización de la lucha de clases). Esta arquitectura económica estaría conformada fundamentalmente por estos cuatro elementos: una moneda única fundada sobre enormes asimetrías entre países, regiones y personas; un Banco Central Europeo (BCE) autónomo (respecto a los gobiernos, claro, no en lo que se refiere al capital), tecnócrata y estrictamente dedicado a limitar la inflación y estabilizar el mercado financiero, no a ampliar la reproducción de la vida de la ciudadanía; unos límites draconianos al déficit público (máximo del 3% del PIB) y a la emisión de deuda pública (máximo del 60% del PIB), a partir del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (2005); y una dirección económica profundamente antidemocrática, liderada por una élite de representantes políticos, entidades multilaterales y empresas transnacionales al servicio indiscutible de la reproducción del capital y la obtención de ganancia mercantil. No obstante, y aún siendo conscientes de la relevancia de esta arquitectura económica en todo el proyecto europeo, veremos en el siguiente apartado cómo los principales disensos actuales se refieren a cómo, cuándo y desde dónde trazar la estrategia para superar dicha arquitectura.
Finalmente, y continuando con los consensos existentes, las izquierdas también convienen, en tercer lugar, en que la política económica aplicada por las instituciones europeas (austeridad y recorte en derechos; despilfarro en ayudas a los bancos; descontrol de los superávit comerciales y de las burbujas financieras generadas por éstos; políticas pro-mercado y pro-transnacionales, como la Política Agraria Común), no sólo no está incidiendo positivamente en la superación de la crisis sino que la está agravando, incrementando los niveles de pobreza y de vulnerabilidad sistémica con tal de mantener la rueda imparable y suicida del flujo de capital y ganancia antes comentado.
Son precisamente estos tres lugares comunes los que conducen a las izquierdas a convenir que, más allá de cambios en la arquitectura y política económica, es preciso redefinir el proyecto europeo desde nuevas bases más democráticas y emancipadoras, en el que se reconozcan, hagan vigentes y sean exigibles los derechos individuales, colectivos y nacionales, analizando a su vez qué nos ha llevado a esta situación y quiénes son los responsables de la misma. De ahí que existe bastante acuerdo en torno a la exigencia de un proceso constituyente europeo (aunque existen diferentes posiciones sobre cuál es el ámbito territorial de dicho proceso), ya la propuesta de una auditoría social de la deuda, que señale cuál de ella es ilegal e ilegítima, y por tanto no debe pagarse.
Por supuesto, ambas propuestas deberían formar parte sin duda de las agendas de las izquierdas europeas, así como la reclamación de la vigencia, exigibilidad y universalidad de una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, que realmente enfrentaran las asimetrías existentes, no sólo entre países, sino también entre géneros, razas y clases. Es por tanto un imperativo para partidos y movimientos tomar como referencia y hacer fuerza común en torno a estos ejes estratégicos que van a la raíz del problema.
2. Mientras tanto, ¿Qué hacer con la arquitectura económica europea?
No obstante, y a pesar de que se comparten ciertos consensos, es necesario hacerse la pregunta de si éstos son suficientes en la coyuntura actual para conformar una agenda política combativa y realista, que incida directamente sobre el cuadro de mando de la UE capitalista, y que permita en el medio plazo avanzar en términos emancipadores. Es aquí donde se sitúan los primeros disensos, ya que aunque se comparta la pertinencia del proceso constituyente y de la auditoría integral de la deuda, también es cierto que hay izquierdas que piensan que no se dan las condiciones para que estos procesos de base continental sean viables, al menos en el medio plazo. De esta manera, y ante el escaso dinamismo y proyección de estas iniciativas, nos encontraríamos empantanados en una propuesta interesante pero irreal, mientras la estructura básica del proyecto hegemónico (la arquitectura económica) campa a sus anchas y sin desgaste considerable.
Así, se aduce que centrar la agenda política únicamente en revertir la génesis del proyecto europeo se basa en dos condiciones, que a día de hoy no se cumplen ni parece que se cumplirán en el futuro: la primera, que existe o pueda existir una correlación continental de fuerzas positiva para las izquierdas; la segunda, que se constate una voluntad nítida de éstas por articularse en torno a estas iniciativas, dentro de una apuesta real por una mayor unidad política europea. Lamentablemente, la correlación de fuerzas en Europa no sólo no es positiva sino muy negativa para las izquierdas, con una hegemonía sólida de la derecha (conservadora, liberal y social-liberal), y con el más que notable avance de la extrema derecha (en otro momento, y desde la autocrítica, habría que abordar este fenómeno desde la izquierda). Por otro lado, tampoco parece que las izquierdas estén haciendo especial hincapié en una articulación real en torno a un proceso constituyente, y es notorio que el peso de la política interna es mucho más fuerte que la visión continental, desgastada incluso en esta agonía generada por la crisis. No hay en este sentido acuerdo en ámbitos tan importantes como el modelo socioeconómico hacia el que transitar, o sobre los derechos nacionales y el ejercicio del derecho de autodeterminación, como para pensar que esta opción es actualmente viable.
De esta manera, estas iniciativas continentales podrían convertirse en un brindis al sol en la práctica cuando realizamos un análisis de la correlación de fuerzas políticas y de las prioridades de las izquierdas. Mientras tanto, el proyecto europeo real -capitalista y neoliberal-, sigue azotando a las grandes mayorías, que no cuentan con alternativas concretas y viables.
En este sentido, varias son las cuestiones que cobran relevancia en estos momentos: ¿Es necesario esperar a la puesta en marcha de procesos continentales a la hora de tomar medidas que afecten a la relación de los países con la Unión Europea y la Eurozona? ¿Un país que alcanzara una correlación de fuerzas positiva para la izquierda debería acatar la arquitectura económica y esperar a un hipotético proceso continental para tomar las riendas de su estrategia económica? ¿Qué posición se debería mantener desde las izquierdas si países como Catalunya, Escocia o Euskal Herria consiguieran la independencia y tuvieran que plantearse su relación con la UE y la Eurozona?
Son estas las preguntas a las que debemos responder, que en definitiva se podrían resumir en la siguiente: ¿Qué posición debe mantener la izquierda ante la arquitectura económica generada en torno al euro? Recordemos que ésta (Maastricht, BCE, Troika y Euro) juega un papel esencial en todo el entramado europeo ya que supone, por un lado, la plasmación estructural del proyecto fundacional y, por el otro, la base que posibilita la implementación de la política económica actual. Hay por tanto una lógica proyecto-arquitectura-política económica, en la que la arquitectura juega un rol de visagra del conjunto.
Ésta es por tanto el nudo gordiano del asunto, y dentro de la misma es el euro la argamasa que permite articular en conjunto de la arquitectura económica. Así, un euro que responde a las ansias de expansión mercantil sin importarle las profundas asimetrías de partida, cercena la capacidad de enfrentarlas y las ahonda, con las subsiguientes consecuencias de pobreza, vulnerabilidad, burbujas financieras, etc. La rueda, a pesar de todo y frente a los intereses de las mayorías populares, no puede parar y su reproducción sólo se puede mantener en base a un BCE ajeno a las necesidades del conjunto de la economía, en base a un disciplinamiento de los gobiernos en torno a los postulados de Maastricht, y en base a una dirección económica pseudo-dictatorial de la Troika. Por tanto, el euro no es sólo una moneda, sino que es la tela de araña donde se teje la estructura del poder económico y político europeo. De esta manera, el debate en torno al euro es estratégico a la hora de responder a las preguntas que antes se han planteado, que son lo que realmente marca los importantes disensos actualmente existentes, como veremos a continuación.
3. ¿Es posible la emancipación dentro de la arquitectura económica del euro?
Las izquierdas ofrecen respuestas diferentes a la cuestión de cómo, cuándo y desde dónde enfrentarse a la arquitectura económica generada en torno al euro. Sintetizando, podríamos encontrar tres tipos diferentes de formas de abordar esta cuestión.
En primer lugar están quienes inciden en la raíz del proyecto europeo y en su manifestación como política económica, obviando la relevancia de la arquitectura económica. Así, apuestan por un proceso constituyente en el largo plazo y de carácter continental, a la vez que critican duramente la política económica europea (austeridad) y a quienes la ponen en práctica (Troika), pero sin proponer superar de manera directa la actual arquitectura económica. Por tanto, se confía en que el resultado del propio proceso constituyente altere en un futuro dicha arquitectura, que de momento no hay que tocar, ya que los riesgos de hacerlo -y de hacerlo unilateral y no continentalmente-, son más altos que los posibles beneficios que se obtendrían de salir –o no entrar- en el euro.
En segundo lugar están quienes sí pretenden abordar los tres aspectos de la lógica proyecto-arquitectura-política, planteando en el caso de la arquitectura su reforma a través de una unión político-fiscal. De esta manera se propondría hacer fuerza para una reforma en profundidad del modelo de gobernanza de la Eurozona, haciendo real el tránsito de una UE mercantil y economicista a una Europa que asume su naturaleza política, planteando una política fiscal común, un BCE volcado en el apoyo a la economía real, así como el reconocimiento universal de ciertos derechos ciudadanos. Todo ello sería la palanca para abordar la reducción de las asimetrías actuales, sin necesidad de salir del euro (aunque algunas versiones de estas propuestas sí que definen algunas rupturas con la arquitectura económica europea en lo referente a la financiación del déficit público) [1]. Por tanto, hablamos de alterar significativamente esta arquitectura, pero sin abandonar la moneda única, con la pretensión de que una fiscalidad progresiva sea capaz de cohesionar el territorio del euro.
En ambos casos las propuestas son de carácter continental y nunca desde la capacidad de decisión de un país determinado -o de un futuro estado independiente-; en ambos casos no se cuestiona la pertinencia de repensar el marco territorial de la UE, a pesar de las más que evidentes asimetrías; y, por supuesto, se apuesta por el euro como moneda única. La diferencia entre ellas consiste en que la primera lo apuesta todo al proceso constituyente, mientras que la segunda plantea la reforma de la Eurozona en base a una mayor unidad política.
Finalmente, y en tercer lugar, estarían quienes afirman –entre los que me incluyo- que a la vez que se mantiene la apuesta por un proceso constituyente (que no necesariamente debería impulsarse dentro del territorio actual de la UE o la Eurozona), es preciso atacar directamente a la arquitectura económica vigente y plantear como una posibilidad real y positiva la salida –o no entrada- en el euro, y sin tener que para ello esperar a un proceso continental amplio [2].
De esta manera, y siempre después del necesario análisis particular de riesgos, estructura económica y realidad geopolítica de cada caso, se apuesta por incluir prioritariamente en la agenda el abandono –o no ingreso- en el euro, por las siguientes dos razones: en primer lugar, porque esperar a un proceso continental que revierta esta situación puede ser ilusorio en el contexto actual, siendo necesario desgastar desde cualquier frente la manifestación más nítida del conjunto del proyecto, que no es sino el euro y su arquitectura; en segundo lugar, porque es la única forma de poder plantear una estratégica económica emancipadora y soberana desde ámbitos institucionales, poniendo al servicio de la misma las políticas cambiaria, monetaria, fiscal, ahora secuestradas por la arquitectura económica europea y su proyecto suicida.
En este sentido, es claro que mantenerse ajeno al euro tiene sus costes (sobre todo el shock inicial), pero pensamos que más costes se generan para la ciudadanía dentro del euro y mientras no se cuestione el euro. Recordemos, como ya hemos señalado, la importancia de esta moneda única dentro del proyecto europeo, convirtiéndose en la tela de araña que articula a éste en su conjunto. Así, podemos asumir y asumimos lo complejo y arriesgado de no estar en el euro, pero en sentido contrario devolvemos la siguiente pregunta: ¿Qué hacer, aquí y ahora, dentro del euro? ¿Es posible la emancipación política y humana, desde los resortes institucionales, dentro del euro?
Nuestra respuesta es que no, sobre todo para los países periféricos, ya que una institucionalidad estatal amputada de sus capacidades económicas (enredadas en la tela de araña del euro) no tiene capacidad de maniobra, sin cartas para apostar por un proceso emancipador dentro de una estructura netamente capitalista. Por tanto, sería como una especie de apuesta esquizofrénica en la que se ataca al proyecto europeo ultraliberal a la vez que se acatan sus manifestaciones estructurales más palmarias. Y todo ello mientras se espera a un proceso constituyente sin bases sólidas, de tremenda complejidad, y de escasa proyección en el largo tiempo. No tenemos tanto tiempo.
A otro nivel, también la incertidumbre y la más que probable inviabilidad sobrevuelan la segunda opción de reformar parcialmente la arquitectura económica sin tocar el euro. En primer lugar, en un proyecto deslegitimado pero poderoso como el actualmente hegemónico, se confía en alcanzar mayorías continentales suficientes para girar el proceso hacia una unión política, enfrentándose así a los intereses de la Troika. Creo que es mucho confiar. En ese sentido, parece mucho más probable que se pudiera alcanzar esas mayorías en el marco de un estado actual –o futuro estado independiente- que en el marco de una Europa que gira a la derecha y que parte de una izquierda desarticulada. En segundo lugar, e incluso si se llegara a articular a nivel continental la fuerza suficiente para dicha unión político-fiscal, ¿de verdad creemos que la fiscalidad, en este momento actual, puede ser la palanca de superación de las enormes y crecientes desigualdades? Pareciera una medida bastante tibia, que resta énfasis a la necesidad y urgencia de un cambio profundo.
En definitiva, y por todas las razones esgrimidas, apostamos por descarrilar el tren de la arquitectura económica europea generada a través del euro, situando la salida -o no entrada- en la moneda única como vía necesaria para emprender cualquier proceso emancipador, y después de un análisis profundo de riesgos y capacidades. No obstante, y tal como hemos venido diciendo a lo largo del texto, no consideramos al euro únicamente como una moneda sino como una argamasa, como una tela de araña que permite romper con el BCE, con la Troika y con Maastricht, por lo que mantenerse ajeno al euro precisa de todo un paquete de medidas y modelo socioeconómico alternativo sobre el que plantear dicho proceso emancipador.
4. El no al euro como parte de una estrategia económica emancipadora
El no al euro es por tanto una medida necesaria pero no suficiente[3]. Pensamos que no hay posibilidad para la emancipación -desde los resortes institucionales- dentro del euro, a la vez que afirmamos que no se trata de cambiar una moneda por otra (el euro por el dracma, la lira, o el eusko), sino de garantizar que se cuentan con las mínimas garantías y capacidades para poder desarrollar una estrategia soberana y emancipadora, en el contexto de un capitalismo globalizado y de una correlación de fuerzas determinada.
En este sentido, ni el no al euro es la panacea, ni significa la liberación de todas las ataduras respecto al sistema, ni mucho menos. No obstante, y dentro de los límites de dicho sistema, esta medida ofrece una mayor capacidad de actuación a los procesos de emancipación, e infringiría un duro golpe al entramado capitalista y antidemocrático de la UE, teniendo así un impacto significativo en la lucha contra el statu quo.
Por lo tanto, el no al euro siempre debe ir acompañado de toda una propuesta socioeconómica alternativa que por un lado mitigue el shock generado por la salida o no entrada en el euro y que, por el otro, sirva de marco de referencia de los proyectos no capitalistas que se pretenden impulsar.
En esta línea, y en primer lugar, el no al euro debe ir acompañada de una propuesta de auditoría social de la deuda a nivel estatal que genere una suspensión de pagos (impago de la deuda ilegítima, renegociación de la que sí lo es) que, en última instancia, evite la losa permanente de la deuda para una ciudadanía ajena al proceso de la burbuja financiera.
En segundo lugar, el no al euro debería ir de la mano de una regulación fuerte y una actuación enérgica respecto al flujo de capitales, así como del control público y/o social de al menos parte importante del sistema financiero, lo que permita recuperar a éste para su apoyo a la reproducción ampliada de la vida.
En tercer lugar, conllevaría el control público y/o social de sectores estratégicos como la energía, las telecomunicaciones o el transporte, como bienes públicos que deben escapar a cualquier lógica mercantil.
En cuarto lugar, el no al euro entraría en el paquete de propuestas de desmantelamiento de la política económica europea actual (también la internacional), erradicando la supresión de derechos y las políticas pro-corporaciones, como la lamentable Política Agraria Común (PAC).
Por último, y en quinto lugar, el no al euro debería ir estrechamente vinculado de la apuesta inequívoca por un modelo socioeconómico que dispute espacios al capitalismo, centrado en nuevos modelos de consumo y producción, con la sostenibilidad de la vida como referencia y en base a circuitos cortos y a la economía solidaria como marco de actuación que impulsar.
Además, y como hemos señalado desde el comienzo del artículo, se hace necesario compaginar esta propuesta socioeconómica alternativa con una agenda para la redefinición política de Europa en su conjunto, desde bases democráticas y emancipadoras. Ello supone, primero, abrir el debate sobre el marco territorial actual de la Unión Europea, que pudiera ser o no el idóneo a la hora de generar un proceso político donde se priorice la cohesión y la horizontalidad; después, supone establecer nítidamente cuáles son los valores fundacionales del proceso o procesos que se definan, y que éstos realmente respondan a las demandas de las mayorías populares; y por último, pero no por ello menos importante, supone explicitar y favorecer el ejercicio del derecho de autodeterminación para aquéllas naciones que deseen convertirse en Estado propio.
El no al euro es por tanto una medida a tener en cuenta dentro de toda una estrategia, pero una medida fundamental en todo caso. En este sentido, y si se dieran las condiciones, debería entenderse como una iniciativa perfectamente posible por la que apostar, tanto en el regreso a viejas monedas o en la creación transitoria de monedas complementarias. Pero siempre, y en todo caso, debe ir acompañada por toda una estrategia económica y política que prefigure una salida a la sinrazón actual, y que permita a las izquierdas hacer desde ya pedagogía emancipadora.
En definitiva, hay que derrotar a la actual arquitectura económica generada en torno al euro, hay que atacarla por todos los frentes y sin esperar a procesos futuros e inciertos. Dentro de la misma, no hay salida. Fuera de ella, incertidumbre, sí, pero también se vislumbran nuevos horizontes emancipadores, con los que la izquierda europea tiene una responsabilidad global.
Notas:
[1] V.V.A.A: Manifiesto ¿Qué hacer con la deuda y el euro? disponible en http://www.vientosur.info/spip.php?...
[2] LAPAVITSAS, Crisis en la zona euro, Editorial Capitán Swing, 2013
[3] MONTERO SOLER, Alberto, Salir de la pesadilla del euro, 2014, disponible en http://www.rebelion.org/mostrar.php...
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'NO ME OLVIDES', LA HISTORIA DE CÓMO VIDELA MATÓ EN ESPAÑA

El documental ahonda en la historia de la familia Molfino, cuyos miembros sufrieron de primera mano la dictadura en Argentina 
PÚBLICO Madrid 29/04/2014 00:00 Actualizado: 29/04/2014 00:00
El rey Juan Carlos junto al dictador argentino Jorge Rafael Videla.
Noemí Gianotti de Molfino fue una madre de desaparecidos argentina. La asesinaron en 1980 en un hotel de Madrid . La razón: intentó salvar a sus hijos trasladándose a Europa, sola, y llegando hasta la Comisión Europea con intención de transmitir y concienciar del genocidio que se estaba cometiendo en su país.
Su hija Marcela había sido secuestrada y nadie conocía su paradero. Otro de los Molfino, Miguel Ángel, había sido torturado y encarcelado poco tiempo antes, y otra hija, Alejandra, había tenido que abandonar el país debido a su militancia en el sindicato de maestros.
Cuando Noemí llegó a España en busca de ayuda, nunca volvió a salir. Fue asesinada en Madrid, como parte de una operación propagandística de la dictadura para desacreditar las denuncias de los argentinos. La secuestraron y la llevaron en secreto a un hotel de la Calle Tutor, donde, tres días más tarde, una empleada encontró su cadáver.


Su muerte, a día de hoy, continúa impune, a pesar de que en la habitación de hotel donde apareció el cuerpo se encontraron huellas dactilares que permanecen sin cotejar. La familia de Noemí quiere saber la verdad y la justicia argentina investiga su caso.
El periodista Danilo Albin, en colaboración con el director vasco Karlos Trijueque, ha elaborado el documental No me olvides, que trata la historia de Noemí Gianotti y la familia Molfino, un reportaje de investigación sobre su asesinato en el que se cuenta que las huellas de los asesinos fueron archivadas por la justicia española y que el gobierno de Estados Unidos estaba al tanto del caso.



LOS VERDADEROS CULPABLES DE LA GUERRA CIVIL

Lidia Falcón
28 abril 2014
Si mi bisabuelo, Anselmo de Lamo, nacido en 1855, masón, que empeñó su pequeña fortuna en apoyar las causas liberales para impulsar el fin de la monarquía y el advenimiento de la República; si mi abuela, Regina de Lamo, nacida en 1870, pianista, poeta, escritora, activista contra todas las injusticias, que entregó todo su empeño a la implantación del sindicalismo y el cooperativismo, a la defensa de las mujeres más desfavorecidas y a consolidar la II República; si mi padre, César Falcón, nacido en 1892, comunista, escritor, periodista, director de Mundo Obrero y creador de Altavoz del Frente, exiliado desde 1939; si mi tío, el comandante de aviación Virgilio Leret, nacido en 1903, socialista, fusilado el 17 de julio de 1936 en la Base de Hidros de Mar Chica en Melilla, muerto en defensa de la II República; si mi tía Carlota O’Neill, nacida en 1905, comunista, escritora, dramaturga, directora de Nosotras, revista de las mujeres comunistas, cinco años encarcelada en el fuerte de Victoria Grande de Melilla, por defender la II República, exilada desde 1949; si mi madre, Enriqueta O’Neill, nacida en 1909, escritora, cantante, que trabajó toda su vida por defender y volver a implantar los principios republicanos; si todos ellos, y muchos millones más de españoles que entregaron lo mejor de su vida, de su inteligencia, de su lucha, por acabar con el corrupto sistema monárquico y llevar a su país a la democracia republicana, supieran que en 2014 los dirigentes de izquierda consideran que es prematuro proclamar la III República, hubieran caído fulminados por la incredulidad y la desesperación
Una de las infamias que se han permitido desde la Transición hasta hoy, ha sido la permisividad con que se ha acogido la campaña continuada que los fascistas están realizando para denigrar la II República. No fue suficiente que durante cuarenta años los gritos de los vencedores de la Guerra Civil ahogaran toda voz en defensa de la verdad, para que, instaurada esta parodia de democracia, los mismos propagandistas continuaran su labor de falsificación de la historia. Las tesis de Pío Moa han sido suficientemente difundidas por medios de comunicación de masas, no sé si también enseñadas en ciertos colegios y universidades, para que se repitan hoy en muy diversos círculos. Se asegura, incluso, que el Frente Popular es el que causó la Guerra Civil.
Cuando se recuerda –¡y que tiempos estos en que hay que defender lo obvio!– que la Guerra la organizaron, la pagaron y la desarrollaron los militares fascistas, parece que se descubre una verdad oculta. Los acontecimientos más destacados de aquella época, cuya realidad no admite discusión: que al escaso año de proclamarse la República, en 1932, el general Sanjurjo destinado en Pamplona se alza en armas y sus conjurados organizan disturbios en varias ciudades, y que a pesar de haber sido juzgado, considerado culpable y sentenciado a muerte según el Código de Justicia Militar de la época, fue indultado y pocos meses más tarde salía elegido diputado a Cortes; que José Antonio Primo de Rivera, como cuenta, admirativamente, Ximénez de Sandóval en su biografía apasionada, el año 1933 viajó a Italia, donde se entrevistó con Mussolini a fin de informarse del régimen fascista que allí había implantado, y después fue a Alemania para entrevistarse con el Gobierno nazi a fin de comprar armas para abastecerse en la organización del golpe de Estado; que el contrabandista y financiero Juan March, que había estado vendiendo armas a los rebeldes de Abdel-Krim, en el Rif marroquí, en la guerra de Marruecos contra España, financió el golpe militar de 1936, desde el principio de la República; de lo que el Gobierno republicano tuvo suficientes sospechas como para encarcelarlo en junio de 1932, y que se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares, sobornando a un funcionario de prisiones que más tarde tuvo importantes cargos en el Gobierno franquista. Que, en definitiva, la Guerra Civil se preparaba desde el mismo momento en que las elecciones municipales de 1931 dieron la victoria a las formaciones políticas republicanas en las ciudades, y ni Romanones ni el Ejército estuvieron dispuestos a defender a un rey corrupto y convicto de alta traición, y que por tanto el pueblo proclamó pacíficamente la II República.
La Guerra Civil, como ya se sabe –o debería saberse– es una guerra de clases. En España, donde ni siquiera se había llevado a cabo la revolución industrial (únicamente la oligarquía vasca tenía cierto peso), la burguesía era escasa, débil, sin recursos propios y vendida al capital extranjero; seguían siendo muy poderosos los latifundistas del sur y del oeste, en donde el caciquismo explotaba exhaustivamente a los jornaleros y arrasaba toda participación popular, y el capital financiero, representado por empresarios como March, apostaba por el fascismo, a imitación de Italia y Alemania. La defensa ideológica del fascismo la realizaba constantemente la Iglesia católica.
Todas las oligarquías querían derribar a la II República, aquella que afirma en su artículo 1º que “es de trabajadores de todas las clases”, y la que afirmó la igualdad del hombre y la mujer, instauró la Seguridad Social, la enseñanza laica, la separación de la Iglesia y el Estado y prometió la Ley de Reforma Agraria. Iba a limitar el omnímodo poder feudal en más de la mitad de España y a iniciar un tímido reparto de la riqueza y de la igualdad, que beneficiaría fundamentalmente a los trabajadores y a las mujeres. Todo ello era inaceptable para la Iglesia inquisitorial, los banqueros, los industriales y los latifundistas, que pagaron al sector fascista del Ejército, con la inestimable ayuda de Mussolini y de Hitler.
El denostado Frente Popular gana las elecciones el 16 de febrero de 1936, en el que participan desde republicanos moderados hasta conservadores y católicos, en cuyas filas se inscribía nada menos que don Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer Presidente de la República, hasta los comunistas, cuya fuerza era escasísima dada la poca implantación que habían logrado desde 1920 en que se constituye el partido. Socialistas y republicanos formaban un núcleo más nutrido. El Frente Popular gana con amplia mayoría ante la derecha, que en las anteriores elecciones había salido triunfadora en 1933, gracias a la abstención de la CNT, después de los gobiernos tiránicos y represores que habían provocado la revolución de 1934, y cuya persecución ocasionó miles de muertos y decenas de miles de presos, y el arrasamiento de Asturias, así como de los avances sociales y culturales que se habían logrado en los dos primeros años de gobierno republicano.
El Frente Popular solo puede gobernar cinco meses hasta que el Ejército fascista comienza a su labor de destrucción del país. Y su Gobierno fue tan débil que permitió que las armas que enviaban a los fascistas desde Alemania se almacenaran en la base de Cuatro Vientos, como cuenta Hidalgo de Cisneros; que Mola fuera capitán general de Pamplona y Franco de Canarias, y que la conspiración siguiera avanzando, anunciada por las amenazas continuas de José Antonio Primo de Rivera y de Calvo Sotelo, lanzadas diariamente en el Parlamento, hasta que las tropas de regulares invadieron Melilla y después cruzaron el Estrecho. Lo demás está explicado en la bibliografía más extensa que jamás se haya dedicado a una guerra.
Mientras escribo estas líneas me pregunto, ¿será cierto que todavía es necesario que escriba estos hechos que ya son historia probada e indiscutible, el 27 de abril de 2014?