UN CENTENAR DE DEFRAUDADORES CANARIOS SE
ACOGERÁ A LA AMNISTÍA DE RAJOY
Los técnicos de Hacienda se pronuncian contra la ley
Martes, 20 de noviembre
de 2012
Por Arturo Inglott - Canarias Semanal
El próximo 30 de
noviembre finalizará el plazo para que los grandes defraudadores del Estado
español puedan acogerse a la amnistía fiscal aprobada en marzo por el Ejecutivo
Rajoy. Dicha amnistía permite la regularización de los capitales evadidos
del país, o simplemente no declarados, mediante el pago de un gravamen de entre
el 8 y un 10%. Un precio de auténtica ganga con el que estos delincuentes de
cuello blanco podrán evitar cualquier tipo de sanción económica o penal.
No por casualidad, la
medida concitó de inmediato el rechazo generalizado de los inspectores de
Hacienda, quienes la calificaron como "muy injusta" e incluso
"anticonstitucional". Inmediatamente después de que fuera aprobada,
los técnicos de laOrganización Profesional de Inspectores de Hacienda del
Estado (IHE) rechazaron frontalmente la amnistía, advirtiendo del
"efecto perverso de la misma". A partir de ahora -explicaron - "cualquier
defraudador queda exonerado de penalización o sanción, de manera que se está
incentivando el fraude fiscal en el futuro, y en España está por encima de la
media europea".
Según los técnicos de la
Administración, la amnistía gubernamental no sólo entierra definitivamente el
principio constitucional, según el cual todos deberían“contribuir al
sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad
económica". También dificultará enormemente la lucha contra el fraude
fiscal e incluso el trabajo ordinario de la Agencia Tributaria, al tiempo que
puede provocar –dicen- un "derrumbe de la conciencia fiscal de los
contribuyentes honestos, perjudicando a la economía española".
En Canarias, al menos un
centenar de defraudadores podría acogerse a la medida de gracia concedida por
el Gobierno. Un número que, no obstante, representaría solamente un pequeño
porcentaje del total de evasores, según los cálculos efectuados por los técnicos
a nivel estatal. Y es que, a pesar de que Hacienda garantice hacer la vista
gorda con las declaraciones presentadas, evitando su comprobación, la mayoría
de las rentas más altas y las grandes empresas, que son que defraudan el 70%
del total de las decenas de miles de millones que anualmente pierde el Estado
español, se han mostrado más que reacias a permitir que aflore su patrimonio
oculto.
El Sindicato de
Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido de que los
asesores de los defraudadores, como norma, les recomiendan no acogerse a la
amnistía hasta que el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el
recurso de inconstitucionalidad presentado ante la Audiencia Nacional. Los
números son suficientemente elocuentes. Según el Gobierno del PP, con la
amnistía esperaban recaudar 2.500 millones y que aflorara un capital
escondido en paraísos fiscales de al menos 25.000 millones.
Sin embargo, el pasado
mes de septiembre el ministerio de Hacienda había recaudado solamente un 2% de
lo prometido. El blanqueo de dinero favorecido por el Gobierno se había
traducido en esa fechas en una recaudación extra de tan solo 50,4 millones
de euros, de los 2.500 millones prometidos.
Según los propios cálculos de Hacienda si
los defraudadores pagaran lo que establece la legislación vigente deberían
recaudarse entre 25.000 y 37.000 millones de euros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario