CANARIAS ANTE EL
RETO DRAMÁTICO DE UNA DEPENDENCIA SUICIDA
Miércoles, 7 de
noviembre de 2012
El Archipiélago ya importa el 92% de los alimentos de consumo básico
Por Cristóbal García Vera -
Canarias Semanal
Canarias importan el 92%
de los alimentos de consumo básico que la población requiere para su
subsistencia diaria. Este preocupante dato era recordado esta misma semana por
la prensa local. Y, como sucede cada cierto tiempo sin que ello tenga ninguna
consecuencia práctica, no han faltado las declaraciones de algunos políticos institucionales
sobre el enorme peligro que esta dependencia alimentaria supone para las Islas.
El consejero insular de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo
de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, por ejemplo, calificó este riesgo
como absolutamente "suicida". Mientras, medios que hasta hace
bien poco ridiculizaban a quienes se atrevían a alertar sobre los catastróficos
efectos que una situación de desabastecimiento provocaría en el Archipiélago
descubrían, repentinamente, esta amenaza.
La dependencia
alimentaria de Canarias, sin embargo, está lejos de ser un hecho
novedoso y, en términos porcentuales, se sitúa en torno al 90% desde hace años.
A nivel internacional, esta realidad es resultado de la imposición de un modelo
agroalimentario exportador controlado por un pequeño puñado de multinacionales
que dominan el comercio de granos y la producción y distribución de semillas,
herbicidas y fertilizantes. La situación particular del Archipiélago, no
obstante, es también responsabilidad de una casta política que, pese a
legitimarse ante la población por su supuesta defensa de la canariedad,
estrangula la producción autóctona y subvenciona el negocio de la importación.
EL VERDADERO SENTIDO DE LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. MÁS ALLÁ DE LOS HUERTOS
URBANOS
Con el estallido de la
crisis económica se ha producido un aumento sustancial de la conciencia
ciudadana en torno a la debacle que se produciría en las Islas si cualquier
tipo de acontecimiento externo paralizase los suministros que impiden que
muramos de hambre. Así como sobre el efecto igualmente crítico que tendrá en
Canarias el incremento de los precios de todos los productos importados
como consecuencia del inminente cénit de la producción mundial de petróleo y
gas natural, que repercutirá en los costes de transporte de mercancías.
Paralelamente, un
concepto acuñado en los países superexplotados de la periferia capitalista, la
"soberanía alimentaria", comenzaba a hacerse común en el discurso
de diversas organizaciones ecologistas y sociales de las Islas. La soberanía
alimentaria, que incide en la necesidad de priorizar la producción para el
consumo doméstico, es la forma en la que a partir de la última década del
pasado siglo XX se manifestó la vieja reclamación de los pueblos de poder
controlar sus recursos naturales y definir políticas agrícolas y pesqueras que
garanticen su supervivencia y sean ecológicamente sostenibles.
En ese contexto
histórico, la reivindicación de la “soberanía alimentaria” surgió como
reacción a los devastadores efectos provocados en la mayor parte del planeta
por el modelo agrícola industrial potenciado por la FAO. En plena fiebre
neoliberal, las empresas transnacionales del sector y las grandes potencias que
las respaldan lograron imponer la apertura de los mercados de los países del Tercer
Mundo, para inundarlos más tarde con sus productos subvencionados. Al tiempo,
utilizaron organizaciones como el FMI, el BM y la Organización
Mundial del Comercio para conminar a estos países a reconvertir sus tierras
de cultivo dedicándolas a la agricultura industrial de exportación. Como
consecuencia, millones de personas se vieron obligadas a dejar el campo,
sumándose al resto de excluidos que malviven en las ‘villas miseria’ de las
grandes urbes de las naciones subdesarrolladas por éstas y otras políticas
neocoloniales.
En estos países, por
tanto, el reclamo de esa parcela básica de soberanía ha estado asociado a la
lucha tradicional por la reforma agraria y la reapropiación de las riquezas
naturales por parte de las comunidades. En su trasvase a los naciones del
llamado Primer Mundo, sin embargo, el concepto de soberanía alimentaria
se ha desprovisto, en la mayoría de los casos, de este contenido político
revolucionario, dando lugar a una práctica perfectamente asumible por el
sistema e incapaz de responder a las propias expectativas que genera. Lejos de
organizarse políticamente con la finalidad de conquistar una redistribución
justa de la tierra o el agua, lo que implica necesariamente enfrentar a los
poderes económicos dominantes y el Estado que los ampara, los defensores
occidentales de la soberanía alimentaria suelen centrar sus esfuerzos en el
aprovechamiento de los espacios residuales aún no conquistados por el mercado
capitalista. La expresión más conocida de esta práctica es el desarrollo de los
llamados huertos urbanos en sus diversas modalidades. Experiencias que, aun
pudiendo proporcionar una salida existencial a grupos reducidos y mostrar que
otro tipo de agricultura es posible, dejan intacto el problema esencial. ¿Cómo
podría alcanzarse la soberanía alimentaria en sociedades como la canaria, con
más de 2 millones de habitantes, sin poner a disposición de la colectividad las
grandes extensiones de tierra dedicadas al negocio de la exportación o la
construcción descontrolada?
¿TOMAR LAS SOBRAS O
RECLAMAR LAS RIQUEZAS COLECTIVAS?
Canarias, con un modelo económico
del pelotazo construido a partir de los años 70 sobre los pies de barro del
ladrillo y el turismo, solo tienen cultivada actualmente el 10% de su
superficie. La agricultura y ganadería de supervivencia, que durante siglos fue
una válvula de escape para paliar la secular miseria de la población isleña, ha
sido prácticamente finiquitada. Y, según denuncian de forma reiterada los
portavoces de los agricultores y ganaderos que aún producen para el consumo
interno, el Gobierno regional no sólo no les ofrece ningún tipo de apoyo, sino
que atenta contra su subsistencia subvencionando las importaciones de productos
que ellos podrían proporcionar a los mercados del Archipiélago. Entre los
beneficiarios de este modelo –sostenido hasta el momento gracias a las ya
menguantes subvenciones de la UE – se encuentran también los grandes
propietarios de terrenos dedicados a cultivos de exportación como el plátano o
el tomate.
Se trata, en su
conjunto, de un conglomerado económico que concentra en manos de una pequeña
minoría la mayor parte de los recursos del Archipiélago y aquellos que llegan
desde el exterior. Una realidad ineludible que convierte en quimérica cualquier
reclamación de soberanía alimentaria no integrada en un proyecto político que reclame
también la propiedad colectiva de las riquezas básicas de Canarias.
Avanzar hacia ese objetivo, desde luego, requeriría desarrollar un nivel de
organización popular muy alejado del que existe actualmente en las Islas. El
gran reto que hoy se presenta como imprescindible para superar no sólo la
dependencia alimentaria sino una situación de emergencia social sin salida
dentro del sistema capitalista. Pero en eso consiste, precisamente, la vieja
lucha de los pueblos por su soberanía.
Fuente: http://canarias-semanal.com/
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