Pacto de caballeros entre PP y PSOE para evitar
el escarnio público de Rodrigo Rato
LA ENTIDAD SERÁ LIQUIDADA SIN NECESIDAD DE CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL
El
expresidente de Bankia, Rodrigo Rato. (EFE)
José Antonio Navas 19/11/2012 (06:00)
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El Partido
Popular ha cerrado filas con el respaldo del grupo parlamentario catalán de CiU
y el beneplácito del PSOE para evitar un nuevo escarnio a Rodrigo Rato
como presidente que todavía es de Caja Madrid. La institución financiera
latente en la estructura de Bankia debería haber convocado a la asamblea
general para regularizar su situación jurídica y transformar su naturaleza de
entidad de crédito en fundación de carácter especial. Sin embargo, la
normativa derivada del rescate bancario permitirá al antiguo vicepresidente
económico de Aznar ahorrarse el trago, dejando que sean el Ministerio de
Economía y el Banco de España los encargados de rubricar de manera directa el
certificado de defunción de la que, en su día, llegó a ser primera marca
bancaria de Madrid.
La ley de
Reestructuración y Resolución de Entidades de Crédito, publicada en el Boletín
Oficial del Estado a finales de la pasada semana, ha reducido finalmente a sólo
cinco meses el plazo de tiempo que tienen las cajas de ahorros para
convertirse en fundaciones desde que han perdido el control de los bancos
surgidos tras los distintos procesos de fusión en el mercado financiero. En el
caso de Caja Madrid, el momento concreto a partir del cual empezó a correr
ese calendario tuvo lugar a principios de mayo, cuando el nuevo consejo de
administración de Bankia, presidido por José Ignacio Goirigolzarri, propuso
que el Estado capitalizase las ayudas oficiales concedidas a su accionista
mayoritario, el grupo BFA.
La petición
suponía en la práctica una nacionalización pura y dura
con la consiguiente pérdida de control de Bankia por parte de sus cajas
promotoras, incluyendo por supuesto a Caja Madrid. En un primer momento, el
plazo previsto para llevar a cabo la metamorfosis de las entidades de crédito a
fundaciones había sido estimado en seis meses, lo que podía obligar a la
convocatoria urgente a lo largo de este mes de noviembre de una asamblea
general para refrendar el preceptivo acuerdo de disolución con el respaldo
jurídico del máximo órgano de gobierno de la caja madrileña.
El que evita
la ocasión evita el peligro y, por eso, el partido en el poder ha decidido
reducir a cinco meses el periodo de transición que va a experimentar el mercado
financiero español. De este modo, la entrada en vigor de la normativa
destinada a dar cuerpo legal al decreto de la última reforma bancaria se
produce una vez que Caja Madrid ha superado los plazos exigidos para
convertirse en fundación de carácter especial.
Con estas
nuevas condiciones, la transformación de la naturaleza jurídica se efectuará
por decisión unilateral del Ministerio de Economía y será el Banco de España el
encargado de dar de baja de manera automática a la entidad de crédito que
actualmente preside Rodrigo Rato. De acuerdo con el calendario previsto, el
regulador emitirá su informe de disolución el próximo día 27 revocando a
todos los órganos de gobierno de la entidad. El ajuste fino de la ley, llevado
a cabo durante su tramitación en el Senado, otorga a las autoridades bancarias
la responsabilidad de designar también una comisión gestora que será la
encargada de aprobar los Estatutos de la nueva fundación especial, nombrar el
patronato y fijar, en su caso, el régimen de amortización de las cuotas
participativas que carezcan de derecho de voto.
Caja Madrid
será liquidada antes de que acabe este mes sin necesidad de celebrar una
reunión asamblearia con un consejo de administración en el que una buena parte
de sus miembros han sido imputados dentro del denominado 'caso Bankia'. La última y esperpéntica junta general
que el grupo nacionalizado celebró en Valencia a finales de junio ha
pesado como un mal precedente que nadie quiere ahora repetir.
Callada por
respuesta ante las preguntas de la acusación particular
Las únicas
comparecencias públicas a las que deberán enfrentarse Rodrigo Rato, José
Luis Olivas y el resto de encausados tendrán lugar, en definitiva, ante el
juez de la Audiencia Nacional, Fernando Andréu. Las citaciones se
reanudan precisamente este lunes con la comparecencia de Mercedes de la
Merced, exconcejal del PP en la etapa del alcalde José María Álvarez del
Manzano, y con el vocal de Caja Ávila, Agustín González.
Como ya ha
ocurrido en las anteriores declaraciones judiciales, los abogados de todos los
imputados han decidido que sus clientes sólo contesten a las preguntas del juez
y del fiscal haciendo caso omiso de las interpelaciones de la acusación
particular. El objetivo es impedir que el juicio se convierta en un
espectáculo mediático a beneficio de inventario político y con el consiguiente
escándalo público. Una razón similar a la que ha inspirado también la nueva
disposición normativa para que Caja Madrid pase a mejor vida sin hacerse el harakiri
en una asamblea general que, con el actual panorama, podría acabar como el
rosario de la aurora.
Fuente: http://www.elconfidencial.com/
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