UNA ONG TENDRÁ QUE PAGAR 3.000€ POR
PREGUNTAR AL GOBIERNO SOBRE LA CORRUPCIÓN
LUIS DíEZ | 2 de noviembre de 2012
Si alguien
en algún sitio creyó que el proyecto de ley de transparencia que anunció hace
cuatro meses la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
vendría a abolir el principio secular de que “cuanto más grave es un asunto,
más lo tapan”, he ahí la denuncia difundida el martes por la organización
de derechos humanos Access Info Europe. Esta organización dedicada a
promover y proteger el derecho de acceso a la información en Europa y el mundo,
ha sido condenada a pagar 3.000 euros por preguntar al Gobierno cuáles son las
medidas que está adoptando para luchar contra la corrupción.
El asunto
comenzó en 2007 cuando esta ONG solicitó información al Gobierno sobre las
medidas anticorrupción. El ejecutivo no contestó y la organización apeló al
Tribunal Supremo, cuya sentencia se resume en que “no tenemos derecho
a solicitar esa información”, según explica Helen Darbishire,
directora ejecutiva de Access Info Europe, quien añade que ya han presentado
recurso ante el Tribunal Constitucional y recurrirán al Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
El principal
argumento del Supremo -dice la ONG en una nota de prensa- es que la información
solicitada sobre el cumplimiento de España con las obligaciones impuestas por
la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción es en realidad una
forma de pedir explicaciones al Gobierno y no una solicitud de información en
sí. Según la nota, el tribunal no se pronuncia sobre la alegación principal,
que es la violación del derecho de acceso a la información, reconocido
internacionalmente como un derecho fundamental.
El abogado
de la causa de Access Info Europe, Enrique Jaramillo, comentó que el
problema es que la Administración no ha llegado a contestar a la organización,
que se ve obligada a acudir a la vía judicial, “una vía lenta y costosa para
todos, pero especialmente para las ONGs, para poder seguir con su trabajo”.
Jaramillo explica que si bien el Supremo reconoce el incumplimiento de la
Administración de su obligación de contestar, se escuda en la figura del
silencio administrativo y condena a pagar las costas a quienes reclaman amparo
judicial.
Según el
letrado, queda claro que “el riesgo de tener que pagar costas –3.000 euros
en este caso– es un desincentivo enorme para el ciudadano y hace menos probable
que alguien decida impugnar judicialmente la falta de respuesta a una solicitud
de información”. En este sentido, los estudios de Access Info desde 2006
indican que en España el nivel de silencio administrativo en las solicitudes de
acceso a la información de las diversas instituciones es de un 50%.
Se da la
circunstancia de que España debe completar cada dos años un formulario
exhaustivo de autoevaluación sobre medidas contra la corrupción. Pero esa
información se considera “clasificada” y no se hace pública en nuestro país, lo
que, según Darbishire, resulta “bastante sorprendente para un país que está
diciendo a la comunidad internacional que está haciendo esfuerzos por mejorar
la transparencia, en concreto para luchar contra la corrupción”.
Mientras se
espera el desenlace de la causa planteada por la ONG que forma parte de la Coalición Pro Acceso con la Asociación de la
Prensa de Madrid y medio centenar de organizaciones más, el Ejecutivo mantiene
su línea de opacidad con la negación de informaciones básicas al Parlamento. La
última ha sido del ministro de Educación, José Ignacio Wert, quien ha
negado una respuesta concreta al diputado socialista Miguel Ángel Heredia
sobre cuántos profesores universitarios han quedado en paro a causa de sus recortes
presupuestarios. “Es imposible conocer el impacto”, dice.
Fuente: http://www.cuartopoder.es
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