MÁS DIFICULTADES PARA RAJOY: CRISIS POLÍTICA Y NUEVA HUELGA
GENERAL
Artículos de
Opinión | Joel Sans | 13-11-2012 |
La crisis
económica se profundiza más y más en el Estado español. Y con ella se está
abriendo una crisis política de cada vez mayores dimensiones. El gobierno del
PP se encuentra este otoño con tres frentes abiertos: la demanda de un rescate
económico para el conjunto del Estado, unas elecciones en Catalunya marcadas
por el auge del independentismo y una nueva huelga general el 14 de noviembre.
Una presión en todos los flancos: económico, político y social.
A nivel
económico cada vez hay menos dudas de que el Estado español está siguiendo el
camino de Grecia. La Unión Europea está en camino de rescatar el sistema
bancario con una inyección que puede llegar hasta los 100.000 millones de
euros. Pero esto es insuficiente. La enorme burbuja especulativa está
colapsando y arrastra a los bancos hacia abajo. El sistema bancario tiene
307.000 millones de euros invertidos en el sistema inmobiliario, de los cuales
un mínimo de 180.000 son ’tóxicos’.
La intervención
del Estado para rescatar al sector privado (especialmente bancos) desde el
inicio de la crisis ha provocado un fuerte incremento de la deuda pública. En
un círculo vicioso, el pago de la deuda supone un peso cada vez mayor para las
finanzas públicas; la recesión provoca que sea inviable cumplir los objetivos
de déficit. Todo esto presiona para nuevos recortes y estos nuevos recortes
deprimen aún más la economía (el FMI ha reconocido recientemente que cada
recorte por valor del 1% del PIB conlleva que éste se reduzca entre el 0,9% y
el 1,7%). El hundimiento es cada vez más claro: se calcula que este año la
economía caerá entre el 1, 5% y el 2%. Y para el 2013 el FMI pronostica una
bajada del 1,3%, sólo mejor que Grecia de todos los 188 países miembros de este
organismo.
Con menos de
un año en el gobierno, el PP acusa un desgaste creciente. Cada vez más sectores
están criticando su gestión. Los presupuestos de 2013 y las previsiones
económicas del gobierno no son creíbles para nadie. Incluso el FMI lo ha
desautorizado, diciendo que con estos presupuestos se incumplirán los
compromisos de déficit que marca la UE. El presidente Mariano Rajoy está
posponiendo todo lo posible la demanda de un rescate total de la economía
española para intentar regatear un ’mejor acuerdo’, pero también porque sabe
que el rescate significaría acelerar la ofensiva de recortes y perder mayor
soberanía económica. Pero desde la patronal llevan semanas reclamando al
gobierno que no tarde más en pedirlo.
Crisis
institucional y cuestión nacional
Una idea que
empieza a resonar con fuerza dentro de la izquierda en el Estado español es que
hay una "crisis de régimen". Aunque el concepto es ambiguo y no hay
fisuras dentro del Estado, es indudable que hay una creciente crisis del marco institucional
consensuado en la salida del franquismo hace 35 años y del sistema de partidos
que ha habido desde entonces.
Como en
Grecia, los dos principales partidos están bajo una gran presión. El PSOE se ha
hundido electoralmente, pagando su compromiso con la austeridad, y el PP acusa
el desgaste. Su mayoría absoluta está siendo papel mojado a la hora de ofrecer
estabilidad económica y política. Varios de los principales periódicos están
pidiendo responsabilidad al PP y el PSOE para que lleguen a acuerdos y busquen
el consenso. La clase dirigente quiere conseguir tener un espacio político ’de
centro’ fuerte, sin fisuras, para crear un discurso hegemónico en la situación
actual y evitar salidas políticas más radicales por los extremos, como está
ocurriendo en Grecia. Pero otra cosa es si lo evitarán.
La ofensiva
retrógrada del PP también se está mostrando en un aumento de las leyes
represivas para penalizar las movilizaciones y la desobediencia civil y con la
propuesta de prohibir la difusión de las cargas policiales de los
antidisturbios, que en los últimos meses se han endurecido considerablemente.
Esta ofensiva represiva es una muestra de la debilidad política del gobierno:
los argumentos no sirven, hace falta recurrir a la fuerza física para controlar
la oposición. También es una muestra del temor a una escalada de la
movilización social.
En el Estado
español, uno de los aspectos específicos de la traslación de la crisis
económica al plano político son las tensiones centro-periferia. La dinámica de
la crisis está suponiendo una recentralización y la imposición de la austeridad
de abajo hacia arriba: de la UE hacia Madrid y desde Madrid hacia las
comunidades autónomas. Ocho comunidades autónomas han tenido que pedir el
rescate a Madrid (entre ellas Catalunya, Valencia y Andalucía) debido a que no
podían hacer frente a sus pagos de deuda. El valor de los rescates suma ya
17.500 millones de euros, prácticamente todo el fondo que se había reservado.
Esta crisis
de las comunidades autónomas debido al empeoramiento económico se cruza con la
cuestión nacional. El Estado español es un estado basado en la discriminación y
no reconocimiento de las naciones vasca, catalana y gallega. La
recentralización y la mala situación económica están haciendo que, en las
nacionalidades, haya cada vez más sectores de la sociedad que buscan una
alternativa en una salida de ‘España’.
No deja de
ser significativo que las tres autonomías donde se celebran elecciones
anticipadas este otoño son tres nacionalidades históricas. En las elecciones
del pasado 21 de octubre en Euskadi, EH-Bildu, una formación amplia de la
izquierda abertzale, obtuvo unos resultados históricos, siendo el segundo
partido con un 25% de los votos. Esto le dará centralidad política y pondrá
sobre la mesa la cuestión de la independencia tras el fin de la actividad
armada de ETA.
En Galiza,
en elecciones el mismo día, el PP ganó de nuevo con mayoría absoluta, a pesar
de perder votos, debido a la caída en picado del PSOE. Pero Alternativa Galega
de Esquerda, una coalición de la izquierda y defensora de los derechos
nacionales de Galiza inspirada en la Syriza griega, logró el 14% de los votos,
lo que indica un reforzamiento del espacio a la izquierda del social
liberalismo.
El caso más
acusado de planteamiento de una ruptura nacional se encuentra, sin embargo, en
Catalunya. Esta comunidad autónoma, que es una de las más desarrolladas
económicamente del Estado, ha sufrido tradicionalmente una falta de inversiones
por parte del Estado (lo que se ha llamado "déficit fiscal", que
podría llegar al 8% del PIB catalán). Crecientes sectores empresariales están
defendiendo la idea de la independencia por motivos económicos. Pero al mismo
tiempo mucha gente cree –aunque sea ilusoriamente– que una Catalunya
independiente tendría más recursos y no debería hacer recortes. Esto se vio en
la manifestación más grande de la historia de Catalunya la pasada Diada
Nacional del once de septiembre, cuando salieron a las calles de Barcelona
entre 1,5 y 2 millones de personas.
CiU, el
partido de la derecha nacionalista catalana en el gobierno, ha aprovechado la
situación para convocar elecciones anticipadas para el 25 de noviembre. Con un
discurso que ha girado ambiguamente hacia el independentismo, intenta desviar
la atención de los enormes recortes que ha hecho durante dos años y sacar unos
buenos resultados electorales. En todo caso, más allá de CiU, se ha generado
una dinámica propia que puede ser difícil de controlar por este partido. Una
mayoría de la población catalana está a favor de la independencia y está en
marcha la expectativa de movilizarse para conseguirlo.
El PP, el
partido heredero del franquismo sociológico, está reaccionando al "frente
catalán" con un españolismo rancio y con frases como la del ministro de
educación que había que "españolizar a los alumnos catalanes"
(¡justamente lo que intentó hacer Franco!). La ofensiva españolista se une a
las necesidades de centralización económica y es un intento también de desviar
la atención de la situación social.
Sin embargo,
esta ofensiva no conseguirá frenar el auge del independentismo, todo lo
contrario, es arrojar más gasolina al fuego. Se está poniendo en la agenda la
perspectiva de ir hacia una ruptura con la Constitución y la "unidad
española", que ha sido una de las esencias ideológicas del Estado. Romper
con el Estado sería un golpe para la clase dirigente que debería aprovecharse
desde la izquierda para hacer un fuerte avance en la lucha social.
Respuesta
social
Y el otoño
llega con un crecimiento de la protesta social. La respuesta a los recortes y
la creciente insatisfacción con los partidos mayoritarios y la orientación de
los dos principales sindicatos estalló en mayo de 2011 con el movimiento 15M.
El 15M no ha conseguido mantenerse en el tiempo como un actor influyente, pero
sí ha contribuido a cambiar el clima de movilización, y en los últimos cuatro
meses –después de la exitosa huelga general de marzo– ha habido al menos tres
protestas de gran impacto.
La primera
ha sido la huelga indefinida en la minería, que duró dos meses, de finales de
junio a finales de agosto. No ha logrado ganar debido a su aislamiento político
y geográfico, pero ha tenido una respuesta de solidaridad que hacía tiempo que
no se veía. Una marcha negra procedente de las cuencas mineras fue recibida por
150.000 personas a su llegada a Madrid. Pocos días después, ante el anuncio de
nuevos recortes a los empleados públicos de esta ciudad, se llevaron a cabo
combativas y espontáneas concentraciones y cortes de calles –una muestra de que
la lucha (minera) puede ser inspiradora y contagiosa.
La segunda
han sido los "asaltos a supermercados" de este verano protagonizados
por el combativo Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT). Se trataba de
acciones simbólicas en las que decenas de sindicalistas se llevaban carritos de
la compra llenos para luego repartirlos entre personas en situación de pobreza,
especialmente acusada en Andalucía. No era un intento de solución real sino más
bien un toque de atención de la creciente cantidad de familias que tienen
problemas para poder comer. Tras estas acciones, marchas multitudinarias del
SAT recorrían las carreteras de Andalucía.
Y la última
ha sido la convocatoria de "Rodea el Congreso". Convocadas a través
de internet, decenas de miles de personas rodearon el Congreso de los Diputados
en Madrid el 25 de septiembre con la voluntad de destituir al gobierno y de
iniciar un proceso constituyente. A pesar de las cargas policiales, la protesta
se repitió dos días más. Este "25S" recogía el espíritu del
movimiento de los indignados, pero con una maduración política importante,
haciendo hincapié no sólo en los bancos sino presionando directamente para
echar al poder político.
Poco se
puede dudar sobre que estas protestas han ejercido una presión sobre las
cúpulas sindicales. Desde el inicio de la ofensiva de recortes en 2010, los
sindicatos han respondido buscando un pacto social de aceptación de unos
recortes limitados. Pero la dureza y la repetición constante de recortes por el
gobierno del PP y la indignación que está provocando han llevado a que las
direcciones sindicales estén cambiando ligeramente de orientación. Conscientes
de su poca legitimidad social, y buscando canalizar el rechazo, han creado la
Cumbre Social, que agrupa a 150 entidades y que convocó una gran manifestación
en Madrid a mediados de septiembre.
Ahora han
dado un paso más, convocando huelga general para el 14 de noviembre, un hecho
inédito en las últimas tres décadas porque será la segunda huelga general en el
mismo año y, además, coincidirá con una jornada de movilización en toda Europa
y con huelgas en Portugal, Grecia, Italia, Malta y Chipre. Los sindicatos
llaman a que el 14N debe ser más que "un paro laboral"; llaman a la
huelga de consumidores y están dotando a la convocatoria de contenido político
dirigido contra el gobierno, por haber incumplido todas las promesas
electorales. Los sindicatos también están reclamando al gobierno un referéndum
sobre los recortes, una propuesta positiva pero que no debería servir como
sustituta de la movilización.
Desde la
izquierda anticapitalista está el reto de saber conjugar consignas como
"no pagar la deuda", que dan una alternativa a la lógica económica
dominante, y promover una movilización continuada aprovechando las
convocatorias de las direcciones sindicales de días puntuales de movilización,
positivos pero insuficientes para detener los recortes y para tumbar al
gobierno del PP. Al mismo tiempo hay que dar respuesta al auge del
independentismo con una defensa consecuente del derecho de autodeterminación en
todo el Estado que permita su ejercicio y que evite que el PP pueda usar el
españolismo para esconder los recortes. Por último, hay que acelerar la
confluencia de la izquierda combativa para proporcionar una respuesta también
en el terreno político. Los excelentes resultados en las últimas elecciones en
Euskadi y Galiza de las coaliciones de la izquierda que defienden los derechos
sociales y nacionales muestran el espacio creciente que hay.
Fuente: http://tercerainformacion.es/
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