Cínicos, reaccionarios y defraudadores
Los sindicatos proponen parar las Islas el
14-N con el apoyo de los estudiantes.
Una veintena de organizaciones presentan el
preaviso para la huelga general en las Islas. En el manifiesto resaltan las
cifras que colocan a Canarias a la cola del Estado.
Artículos de
Opinión | Joaquín Sagaseta* | 04-11-2012 |
Seguramente
entre lo más repugnante y cínico del Gobierno de la derecha se encuentra Bañez,
la Ministra de Trabajo. La misma señora que hace pocos días, tras comunicar la
buena nueva de que el Estado español había superado los 5.700.000 parados -el
25% de la población activa, en Canarias el 34%- dio noticia de los “horizontes
esperanzadores” de recuperación en el empleo que ya se estaban percibiendo.
Seria cómico, “¿a quien van creer más, a mi, o a sus propios ojos?”, si fuera
porque de lo que se trata es de una auténtica catástrofe social.
Una semana
después la Sra.Ministra concretó la feliz perspectiva: los ERES de despidos
colectivos entre el personal laboral de las administraciones públicas.
En el
horizonte de la Ministra y de su Gobierno la niebla se disipa y pasa a
condensarse para desencadenar la tormenta sobre las cabezas de más de 700.000
trabajadores, “sobrantes” en un país que está por debajo de la media europea en
% de empleo público, particularmente en el sector vinculado a los servicios
sociales.
Con baba
cínica y con indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la
solidaridad social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba,
en fin, “de igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en
las administraciones públicas al del sector privado”.
No hay nada
de igual en lo que se dice se esta igualando: el sector público presta
servicios, o los debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en
la generalidad de los casos por imperativos legales que le impone a la
administración las proclamaciones constitucionales del estado social y de
derecho que no fueron nunca legado generoso de la divina providencia.
No pueden
operar criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los
niveles de empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen
raseros para la cobertura de la actividad de interés social.
Por otra
parte, la causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno
en el RD 1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de
perdidas en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este
inconveniente el gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad.
Será una decisión política, unilateral y arbitraria de disminución de la
partida presupuestaria en el 5% lo que basta para habilitar el despido
colectivo.
Dicho de otra
forma, se trata de un despido preconstituido por la propia administración que
despide, de imposible control por los afectados.
Debe
considerarse igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la
administración son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la
lógica “neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .
En esta
regulación del ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la
obligación de descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio,
redunda en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.
Entre tanto,
el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto
no le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para
abrir boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un
porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban,
como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente”
convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de
concurso oposición regido por los principios de publicidad, merito y capacidad,
para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE INDEFINIDOS!!!???.
En la
confirmación de este fraude por los tribunales sucede como en aquella política
de Orson Wells “El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony
Perkins es procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal
es la de convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo
las plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones
laborales que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos
selectivos, respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que
corresponde a un fijo un temporal “indefinido”?.
El Gobierno
de Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno
de Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la
fijeza.
En todo caso
y aparte de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la
huelga general del 24 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa
jurídica.
Por
imperativo constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de
manera arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del
pleno empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del
trabajo y a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente,
la consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga
opción alternativa.
En el marco
del despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal,
hay que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el
despido tienen que apurar, hasta el limite, la interpretación restrictiva en
tanto conciernen a un bien escaso, vital, de `primera necesidad .
En pocos
años el trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de
contenido, de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño
producido con el despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador
activo para ser trabajador en paro.
El daño que
causa el despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces más
difícil que antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser
trabajador para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión
social o para ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La perdida
de trabajo sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del
“derecho de penuria” del que hablaba Hegel.
No puede
perderse de vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a
los derechos más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el
“déficit” -déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda
pública- sino en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la
que impulsa al escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana
en la que cruza el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar
todo lo susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de
los consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común,
de todo ello junto.
En próximo
14 de noviembre —Huelga General y Manifestación—, hay que darles una respuesta.
Nos va mucho en ello.
*Joaquín
Sagaseta es abogado laboralista y militante político y social.
Las Palmas
de Gran Canaria. Jueves, 01 Noviembre 2012
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