Olivia Carballar / Sevilla / 30 dic 2013
Acto de presentación de la querella argentina en
Sevilla, el pasado verano. // LAURA LEÓN
Un año con muchos logros -a pesar de la crisis económica y los ataques de
la derecha- pero con importantes metas aún por conseguir. Es la idea general en
la que coinciden los colectivos que trabajan a diario en la recuperación de la
memoria histórica. Los mayores retos a los que se siguen enfrentando son la
consideración de víctimas, la implicación de la justicia española y la asunción
por parte del Estado de esta lucha, cuyo discurso han tardado en asumir incluso
los partidos de izquierdas. El rey, denuncian, ni ha abierto la boca, en un
asunto en el que ha tenido que intervenir la comunidad internacional.
Andalucesdiario.es reúne seis puntos de vista de la lucha contra los
crímenes franquistas: el director general de Memoria Democrática de Andalucía,
Luis Naranjo (IU), el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia
de Andalucía, Rafael López, y su vicepresidenta, Paqui Maqueda, que declaró a
principios de diciembre ante la justicia argentina; el historiador José María
García Márquez, el coordinador del Grupo de Memoria Histórica del PSOE andaluz,
Carlos Perales, y el coordinador del Grupo de Trabajo Recuperando la Memoria de
la Historia Social de Andalucía de CGT-A, Cecilio Gordillo.
1. ¿Qué se ha conseguido en estos años de lucha de la recuperación de la
memoria histórica?
Luis Naranjo: El logro más importante -iniciado hace ya un cuarto de siglo- ha sido la
aparición y consolidación de un potente y diverso movimiento social por la
recuperación de la memoria histórica democrática y por los derechos de verdad,
justicia y reparación de las víctimas del franquismo. A partir de ahí, se ha
ido ampliando de forma aún insuficiente la conciencia colectiva sobre lo que
supuso realmente la violencia franquista. El Estado democrático surgido de la
Transición no ha estado a la altura del deber de memoria que le incumbe, sobre
todo en el tema de la justicia y la aplicación de la jurisprudencia
internacional contra la impunidad y sobre desapariciones forzadas. A pesar de
ello, se han dado pasos parcialmente positivos pero manifiestamente mejorables
como la Ley de Amnistía de 2007. Cuestión fundamental en la que se ha avanzado
mucho es el avance en el conocimiento historiográfico de la magnitud del
genocidio franquista y de las claves político-ideológicas que lo sustentaron,
conseguido a partir de multitud de trabajos e investigaciones de carácter local
y provincial, base de buenas síntesis generales de carácter divulgativo. La
recuperación de la memoria oral en estos procesos de investigación ha ido
configurando un rico patrimonio de testimonios de los vencidos, víctimas y
resistentes, que urge organizar y conservar.
Rafael López y Paqui Maqueda: En todos estos años hemos trabajado en
Todoslosnombres.org, hemos realizado jornadas, hemos elaborado mapas de fosas,
investigaciones y publicaciones… y hemos exhumado fosas.
José María García Márquez: Sobre todo, se ha conseguido acercar la
historia a la verdad de los hechos y permitir el encuentro de muchas personas
con la historia de sus padres y abuelos. Se han desmitificado gran parte de los
tópicos que aún circulan sobre el golpe militar y el franquismo y se ha
conseguido evidenciar la ineptitud de la justicia y el Estado para recordar,
dignificar y reparar a las víctimas del franquismo.
Carlos Perales: El resultado global, a mi parecer, es bastante notable. Sólo con ver los
últimos acontecimientos, podemos estar satisfechos y ser optimistas. La
querella argentina, en primera instancia, y las recomendaciones del grupo de
Trabajo de Naciones Unidas de desapariciones forzadas con la posibilidad de que
la fecha a investigar y a contemplar sea anterior a 1945 abre otras opciones a
favor de las víctimas del franquismo. Paradójicamente la justicia está llegando
desde fuera de nuestras fronteras, y eso debiera entristecernos como
ciudadanos. Resulta contradictoria que desde aquí hayamos sentado en el
banquillo a criminales argentinos o al mismísimo Pinochet, por citar dos
ejemplos, y que haya sido el juez Garzón acusado de prevaricar por querer
investigar el franquismo, además de la Gürtel, claro. Y resulta aún más triste
ver a nuestro presidente en la despedida de Mandela, alabando su lucha a favor
de los derechos humanos y haya “derogado” de hecho la Ley conocida como Memoria
Histórica, aportando 0 € en el año 2013.
Cecilio Gordillo: El movimiento memorialista ha conseguido “modificar el relato de la
historia oficial de este país”, no solo del periodo entre el 1936 y 1975, sino
también entre el 1975 y hoy en día. Ha logrado poner en entredicho la “santa
transición” y, con el apoyo imprescindible de investigadores e historiadores,
acercarnos a lo que significó el golpe de estado, la guerra y la represión.
Está ayudando a conocer nuestra historia más cercana un poco más.
2. ¿Qué queda por conseguir?
Luis Naranjo: Queda mucho por hacer, y desde luego no podemos esperar otros 35 años de
democracia para conseguirlo. Es preciso asumir el deber público de responder a
las demandas de justicia de las víctimas, de modo que fiscales y jueces inicien
de oficio las pertinentes actuaciones siempre que aparezcan evidencias de
violencia sobre las personas relacionadas con el golpe de estado, la guerra
civil o la dictadura. Hay que abrir los archivos y los expedientes judiciales
para esclarecer la suerte de miles de desaparecidos forzados. Debemos poner
todos los recursos públicos necesarios para establecer un mapa de fosas
actualizado y preciso, y en paralelo continuar y acelerar las intervenciones de
localización, delimitación, realización de sondeos, exhumación e identificación
de víctimas del franquismo. Para esto último, es imprescindible la creación de
un banco público de ADN de familiares y víctimas. Resulta asimismo fundamental
trasladar todo lo que ya se sabe sobre lo que supuso e hizo el franquismo a las
aulas, para que las nuevas generaciones tengan un conocimiento fundamentado y comprometido
con los valores democráticos de lo que supuso para el pueblo español este
periodo de nuestra historia reciente.
Rafael López: Creemos que tenemos que conseguir justicia, la
implicación de los jueces y la justicia en esta causa. Sabemos que el Gobierno
y el Estado han decidido no contemplar en sus políticas a la memoria. Otro
aspecto aún no conseguido es que los gobiernos tomen conciencia de la necesidad
de considerar a las víctimas del franquismo como tales. Cada día tenemos que
demostrar que las víctimas del franquismo también son víctimas. Éstas no tienen
los mismos derechos que otras, con las que nadie discute su consideración de
víctimas. Además tenemos varios objetivos más instrumentales, como seguir
exhumando las fosas, identificando los restos y dignificando los
enterramientos, todo esto en el marco de una política pública de memoria.
Paqui Maqueda: La implantación de la Justicia internacional con sus tres pilares:
verdad, justicia y reparación. Queda por conseguir que el Estado se haga cargo
de la localización de las fosas, de su dignificación cuando no sea posible
exhumarlas y de exhumarlas con los medios propios del Estado cuando se pueda.
De la creación de un banco genético de datos de ADN, de la eliminación de
símbolos en las plazas y calles, de la anulación de las sentencias que
condenaron a muerte o a prisión a tantas y tantas personas luchadoras por la
libertad, del acceso a los archivos sin límite, de la derogación de la Ley de
Amnistía, etc.
José María García Márquez: Queda mucho. El día que las víctimas
del franquismo tengan la misma equiparación, dignificación y reparación que han
tenido y tienen las víctimas de ETA, empezaremos a pensar que en este país no
hay víctimas de diferentes clases e intereses distintos.
Carlos Perales: Desgraciadamente aún queda mucho. Hasta que no se haga justicia en su
totalidad a todas las víctimas del franquismo quedará por hacer. Hasta que no
conozcamos toda la verdad del franquismo quedará por hacer. Hasta que no se
repare de la manera más completa posible, moralmente en primera instancia, a
todas las víctimas, quedará por hacer. Hasta que conozcamos la última historia
del último hueso que haya en una fosa común, quedará por hacer…
Cecilio Gordillo: Fundamentalmente acceder a los archivos que aún permanecen “cerrados”.
Abrir un proceso de estudio e investigación para plantearse todo lo relacionado
con “la rapiña” sobre las víctimas. Con excepción de Andalucía, la violencia
(rapado, ingesta de aceite de ricino o la violación) sobre la mujer no está reconocida
oficialmente como “víctima del franquismo”. La figura del “preso esclavo del
franquismo” tampoco está reconocido. No se ha intervenido en las fosas comunes,
de víctimas del franquismo, en Marruecos o en Argelia. Hay que articular unas
Bases de Datos de víctimas (en el más amplio sentido del término) que den
posibilidades reales de búsqueda de información. Realizar un mapa completo de
los campos de concentración de presos esclavos y de los trabajos realizados
(uno de los pocos compromisos públicos de un presidente de la Junta, que
evidentemente no cumplió). Y mucho más…
3. ¿En qué medida ha podido afectar la crisis económica a esta lucha?
Luis Naranjo: Es indudable que los recortes generalizados impuestos por los poderes
políticos y económicos conservadores a escala europea, estatal y autonómica
dificultan objetivamente las inversiones públicas necesarias para sustentar y
dar impulso a las muchas actuaciones necesarias y urgentes en el campo de la
memoria democrática. En el Ejecutivo estatal y en gobiernos autonómicos
controlados por la derecha, la “crisis” económica ha sido utilizada como
coartada y pretexto para acabar con todas las políticas públicas relacionadas
con exhumaciones, publicaciones, jornadas divulgativas o cualquier otro tipo de
iniciativa social relacionada con la respuesta a los derechos de las víctimas
del franquismo. Sin embargo, en Andalucía, con un gobierno de izquierdas
fuertemente acosado por la imposición estatal de recortes presupuestarios, se
ha ido en la dirección contraria, reforzando la Dirección General de Memoria
Democrática y sacando el máximo partido a los recursos disponibles, de modo que
han aumentado en todo el territorio andaluz las actuaciones de todo tipo
dirigidas a la recuperación de la memoria democrática. Los que ahora utilizan
el argumento de la crisis para oponerse a estas actuaciones son los mismos que
en los inicios de la democracia invocaban la necesidad de olvidar para poder
reconciliarnos, o los que después hablaban de que lo importante era crecer y
modernizarnos en vez de mirar al pasado. Con voluntad política y con un uso
inteligente y ajustado de los recursos públicos, puede y debe mantenerse el
impulso por la recuperación de la memoria, aún en este contexto de ataques a lo
público y a los derechos sociales en que ahora mismo nos encontramos. Sobre
todo, es preciso recordar que estamos hablando de que la consecución de la
justicia y la verdad son derechos humanos, y por tanto irrenunciables, sea cual
sea la coyuntura económica en la que nos encontremos.
Rafael López y Paqui Maqueda: Es una excusa para quitarle el escaso
apoyo a la memoria. No es tanto dinero el que se necesita, es más la voluntad
política de hacer cosas y tomar conciencia de que el Estado y los Gobiernos
tienen que implicarse en la memoria. Si es un problema económico o de crisis
económica, ¿por qué hay apoyo para el Valle de los Caídos, la Fundación Franco
y la Macarena? No es económica, es política la consideración y la falta de
apoyo a la memoria.
José María García Márquez: Creo la crisis ha afectado menos de lo
que ha pretendido el Gobierno al negar medios económicos. Si creían que con
suprimir presupuestos se acaba con el movimiento memorialista, se han
equivocado de plano. De paso se ha demostrado que el Gobierno no está para
cumplir las leyes, como dice continuamente, sino para cumplir las leyes que le
interesan e incumplir otras, como la Ley de Memoria Histórica, que con todas
sus imperfecciones, es una ley que hay que cumplir.
Carlos Perales: Sin lugar a dudas, afecta. Pero creo que al igual que en otra cuestiones se
ha utilzado como excusa para “derogar de hecho” la Ley conocida como Memoria
Histórica. De aproximadamente unos 21 millones de euros en los últimos años, se
ha pasado en 2013 a 0 euros. Creo que más que recortes, es una provocación del
PP y una exigencia de la extrema derecha, franquista, que no solo les vota,
sino que son militantes de alto nivel dentro del PP. Se deben a ellos y quizás
sea una de las pocas promesas que sí está cumpliendo Rajoy. Ya lo adelantó en
su campaña…
Cecilio Gordillo: Bueno, esta crisis ha sido el argumento perfecto que esperaban algunos
“poderes” para intentar acabar con nuestras actuaciones. Evidentemente tendrá
efectos negativos pero también ayudará a clarificar nuestros objetivos y
potenciará la imaginación y la solidaridad social.
4. ¿Cómo valora la implicación de la política en este tema?
Luis Naranjo: Si hablamos del papel del Estado surgido de la Transición –la Monarquía
Constitucional- , preciso es reconocer que no ha asumido el deber de Memoria
que le correspondía tras el fin de la dictadura, tal y como hicieron otras
naciones europeas tras la caída de los regímenes fascistas europeos. Las
peculiaridades de nuestro proceso de transición a la democracia explican
parcialmente al menos esta debilidad del Estado democrático español, sin
olvidar la falta de voluntad política de la izquierda que ha ejercido el poder
en nuestro país para avanzar en el camino de la verdad, la justicia y la
reparación para las de víctimas del franquismo, categoría que en sentido
extenso podemos aplicar al conjunto de las clases populares. Luego tendríamos
que hacer una reflexión específica para el papel de la derecha española en
relación con la memoria histórica democrática, que contradice en muchos casos
su supuesto compromiso y afirmación de los principios democráticos contenidos
en la actual Constitución del 78. Su resistencia pasiva y en muchos casos
activa ante la puesta en marcha de actuaciones memorialistas -estoy pensando en
la eliminación de símbolos del franquismo o en las exhumaciones de fosas
comunes- resulta inexplicable incluso desde la posición ideológica
constitucionalista que la propia derecha proclama defender. En sentido opuesto,
creo que los modestos avances que en el campo de la memoria está realizando el
actual Gobierno de izquierdas de la Junta de Andalucía prueba que la dimensión
política resulta fundamental e imprescindible para dar una respuesta efectiva y
organizada a los derechos de las víctimas.
Rafael López: Depende por lo que entendamos por política, si son los
políticos y los gobiernos, la implicación ha sido desigual; desde la total
oposición de la derecha española, que todavía no ha realizado su “catarsis”
sobre la dictadura y siguen con el discurso guerracivilista; hasta otros políticos,
algunos infiltrados en partidos de izquierda, que no ven la necesidad de este
trabajo y siguen impregnados del lenguaje franquista. Los partidos de izquierda
han dependido de la sensibilidad y la implicación personal en estos temas. La
falta de implicación y el obstáculo para la dignificación y las exhumaciones se
extienden por el espectro político, desgraciadamente.
Paqui Maqueda: La implicación ha pasado de ser nula a ser incluso a veces obstrucionista.
Ha costado mucho que los partidos políticos de izquierda asuman el discurso de
memoria histórica.
José María García Márquez: Es algo inevitable y deseable, aunque la
implicación política suele traer muchas veces más problemas que soluciones.
Incluso en la orientación política de parte del asociacionismo memorialista hay
actuaciones que no son muy positivas, con un protagonismo a veces absurdo en lo
que tendría que ser únicamente un movimiento ciudadano.
Carlos Perales: Creo que es inherente a la política. Se produjo un
golpe de estado cívico-militar por parte de las fuerzas más reaccionarias de la
España de la época contra un régimen, legal y progresista, como era la
República. Eso es política y el hecho de defender o no la necesidad de
recuperar la memoria histórica es también, cómo no, política. Y
desgraciadamente me temo que todo aquel que está en contra y nos acusa de abrir
viejas heridas, se sitúan a la derecha y en defensa de una injusticia. Me
gustaría recordar un pequeño texto de Javier Cercas sobre el tema que nos sitúa
de manera bastante clara: “No siempre es fácil distinguir la moral de la
política, pero a veces es conveniente y hasta útil. Moralmente hubo gente buena
y gente mala en los dos bandos, como hubo asesinatos en los dos bandos y en los
dos bandos hubo barbaridades y horror e idealismo. Políticamente, en cambio, no
hay dudas: los buenos -los que tenían la razón política- perdieron la guerra;
los malos -los que no tenían la razón política- la ganaron”.
Cecilio Gordillo: La política es parte intrínseca de este movimiento. Tenemos algunos
problemas con las organizaciones políticas y sus “prácticas” heredadas de la
oposición a la dictadura y los primeros años de la transición, que no es otra
que el irrefrenable deseo de control de las entidades sociales y
autoproclamarse “sus representantes”. Sería deseable que se denominaran,
simplemente, familia ideológica de los asesinados y en función de eso
intervenir. Este asunto no se resuelve con “denominar a dedo” a las (dos)
entidades “más representativas” para que estén en los Comités respectivos, al
igual que hacen en otras áreas al uso con sindicatos, empresarios,
consumidores, etc.
5. ¿Es imprescindible el apoyo del PP para que esta lucha sea una verdadera
cuestión de Estado?
Luis Naranjo: Claro que la incorporación del partido de la derecha española y andaluza
resultaría clave para avanzar y cerrar definitivamente esta gran asignatura
pendiente, este enorme déficit de nuestra actual democracia y de la propia
convivencia de los españoles y andaluces. Entender por parte de la derecha que
esta no debería ser una cuestión reivindicada por la izquierda, sino por todos
los que se sienten demócratas, sería efectivamente fundamental para que el
Estado como tal asumiera su deber democrático de memoria. Pero es una cuestión
que lamentablemente no tiene actualmente visos de producirse, más bien todo lo
contrario si nos atenemos a la creciente insensibilidad e incluso desprecio con
que determinados dirigentes y cargos públicos del PP se viene refiriendo a los
derechos de las víctimas, sin que se dé una respuesta y condena firme por parte
de los órganos dirigentes de este partido a estos hechos y declaraciones que en
algunos casos constituyen clara apología del franquismo. Ojalá esto cambie, y
cambie pronto. Mientras tanto, la izquierda y los movimientos sociales
organizados deben asumir con fuerza los objetivos irrenunciables del movimiento
memorialista.
Rafael López: Entendemos que es importante que la derecha española
haga su propio análisis del franquismo, lo que pasa es que muchos están
vinculados familiarmente a la dictadura y no asumen que en este país se
asesinara de forma masiva y genocida. Pero si queremos avanzar en la
democracia vigilada en la que vivimos, necesitamos que el PP se implique en la
memoria y supere su conexión con el régimen anterior. Es necesario este
trabajo, aunque no es imprescindible.
Paqui Maqueda: Es necesaria la implicación de todos los estamentos
políticos de este país, judiciales, administrativos, sociales, sindicales y
partidos políticos. Todos son imprescindibles para llegar a un pacto que
permita incorporar este tema en la agenda del país.
José María García Márquez: Para que sea una cuestión de Estado el
que tiene que pronunciarse es el rey, que todavía no ha abierto la boca desde
que lo nombraron. Su conducta es la más inaceptable de todas. En el PP es
comprensible su actitud, no en balde es el heredero directo de Alianza Popular
que, como todo el mundo sabe, terminó su congreso fundacional con los gritos de
¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! Son parte interesada en mantener la situación y
tampoco es imprescindible su apoyo. Pero la actitud del Rey, que representa al
Estado, es imperdonable, por mucho que le deba a Franco y por mucho que no le
guste que en su presencia se hable mal de él.
Carlos Perales: Sería lo ideal. Que de manera definitiva y clara, la derecha de este país,
que se supone está en el PP, rompa con la “sombra alargada del franquismo”. Aún
no lo han hecho. Aún en las mociones que se presentan en este sentido, o votan
en contra o se abstienen. Y habría que formularles muchas preguntas… cuando no
condenan abiertamente un régimen genocida. Y es preocupante que miren hasta con
simpatía las manifestaciones de apoyo y apología al franquismo o al fascismo
que se hace desde militantes algunos no tan jóvenes. La extrema derecha saca
pecho y entre otros motivos es porque el PP rara vez condena estas actitudes o
comportamientos. A lo sumo, lo hacen tímidamente. Debería preocuparles, aun a
riesgo de perder los votos de esa extrema derecha que les vota. Recientemente
hemos contemplado cómo se han negado a incluir en el Código Penal la apología a
este tipo de símbolos. En Alemania o Italia sería impensable tener el mismo
trato a Hitler o Mussolini. Además con una Fundación Francisco Franco que
recibe dinero público para enaltecer la figura del genocida, según calificación
de la querella argentina.
Cecilio Gordillo: ¿Estado? Pues sí, supongo, pero a pie de calle con que
solo los ayuntamientos cumplieran las normativas, leyes y los propios acuerdos
de Plenos se conseguiría un importante avance. Hay que recordar que los
cementerios son mayoritariamente propiedad de los ayuntamientos. Que el
nomenclátor es responsabilidad de los ayuntamientos, que las ayudas a la UE
(también existen para este asunto) las pueden hacer los ayuntamientos. Un dato
que hay que tener en cuenta: la mayor exhumación de España (2.840 fusilados) se
ha realizado desde un ayuntamiento del PP y como consecuencia ha “puesto” en su
sitio a los otros gobiernos (central, autonómico, provincial, etc.) que se han
visto forzados a implicarse a través de la figura del “Convenio de
Colaboración”, algo que se ha utilizado en escasas ocasiones.
6. ¿Sigue habiendo miedo?
Luis Naranjo: En las generaciones de edad avanzada que vivieron la guerra y el terrible
franquismo de los años 40 y 50 sigue habiendo un poso de miedo construido
durante décadas de silencio obligado y de olvido impuesto por el terror
explícito o difuso de la dictadura, incluso en lo más íntimo del seno familiar.
Este miedo acompaña a muchas de estas personas hasta el último día de sus
vidas, y es bien visible por ejemplo en la realización de entrevistas orales,
cuando cuesta romper incluso a nivel personal el muro de silencio establecido
por el régimen franquista. Pero en las generaciones intermedias y jóvenes, lo
que prima no es ya el miedo, sino la indiferencia nacida del desconocimiento de
lo que realmente fue la dictadura, de la falta de conciencia democrática sobre
los costes humanos y sociales que este régimen impuso a nuestro país y a
Andalucía, del olvido de la larga lucha y resistencia popular para alcanzar la
democracia. Este es realmente el problema actual, más que el miedo.
Rafael López y Paqui Maqueda: El miedo existe, o mejor, sigue
existiendo. Aunque es cierto que muchas personas han roto su silencio. Ellos y
ellas han sido la verdadera memoria. Han contado a pesar de las presiones
sociales y familiares. Muchos han sido valientes. Lo que pasa es que la memoria
se muere. Eso es lo que esperan, la muerte de la memoria y el olvido.
José María García Márquez: Cada vez hay menos miedo, aunque con
alguna frecuencia se percibe en las entrevistas con familiares muy mayores.
Carlos Perales: Creo que en este momento podemos afirmar que ya el miedo se superó. La
poca gente que queda que fueron testigos habla abiertamente. Sí lo ha habido
hasta hace muy poco. Evidencia este miedo que el régimen de Franco, en ese
sentido, fue perfecto. Consiguió lo que se proponía a base de terror y
crueldad. Me preocupa el miedo actual. Parece como si la historia quisiera
llevarnos de nuevo a los últimos años de la dictadura o los primeros de la
transición. Se está legislando de manera muy reaccionaria que hace recordar a
otras épocas. Incluso se habla abiertamente de un “neofranquismo”. Ayuda a
ello, cómo no, la ley de seguridad aprobada o el detalle, bastante simbólico,
de la compra de un camión de chorros de agua para disolver manifestaciones.
Pensé que sólo los vería ya a través de la televisión y en regímenes
totalitarios. Nos recortaron económicamente, ahora toca recortar
ideológicamente. En ello parece que están.
Cecilio Gordillo: Evidentemente sigue habiendo miedo, y su utilización sigue siendo muy
eficaz para los que gobiernan, ya sea realmente, como alcalde o presidente de
una comunidad autónoma, pero también desde el poder económico e incluso
mediático. Esto se acabará cuando la transparencia y la difusión pública de
nuestras actuaciones sea la práctica cotidiana de las asociaciones y entidades
memorialistas.
7. ¿Cómo influirán las actuaciones internacionales, como la causa argentina
o las exigencias de la ONU, en la justicia española?
Luis Naranjo: A corto plazo, son fundamentales para consolidar y reforzar las convicciones
y la lucha del movimiento memorialista, y también para sustentar las propias
actuaciones y los objetivos trazados desde políticas públicas de memoria como
las que pretendemos desarrollar en Andalucía. A medio y largo plazo, confiemos
en que sirvan realmente para que el Estado español asuma sus obligaciones y
haga caso a los requerimientos internacionales, aunque para ello creo que antes
debe darse un cambio en la correlación política de fuerzas entre izquierda y
derecha.
Rafael López: Esperemos que influya positivamente, aunque
sinceramente no somos muy optimistas con los jueces españoles. Han demostrado
en su falta de implicación y en sus sentencias lo que piensan hacer con la
reclamación de las víctimas. Tenemos múltiples ejemplos: las sentencias de
algunos juzgados territoriales, audiencias provinciales, la Audiencia nacional
y el Tribunal Supremo. La falta de apoyo y relectura de las sentencias de
los tribunales internacionales ponen en evidencia el comportamiento de nuestros
jueces. Responden más a una postura política y a la influencia del Estado y del
Gobierno que a la verdadera Justicia. Ya vimos lo que hicieron con Garzón. Se
preguntó algo y lo sacaron de la carrera judicial. Hoy todos los organismos
internacionales dan la razón a nuestras reivindicaciones y a nuestra postura de
crímenes de lesa humanidad y genocidio. La única esperanza es que los jueces
actúen por vergüenza internacional.
Paqui Maqueda: Esperemos que estas instituciones provoquen que el
Estado asuma esta problemática. Sería vergonzoso que fuese así pero ante la
resistencia de los distintos gobiernos, me temo que no queda otra.
José María García Márquez: No tengo ninguna confianza en que esas
actuaciones vayan a influir en el aparato judicial de nuestro país, como ya se
ha demostrado repetidas veces en otros casos.
Carlos Perales: Más temprano que tarde, el Gobierno no tendrá más remedio que cumplir con
el derecho internacional y por tanto con las exigencias de la justicia
argentina o de las propias Naciones Unidas. Es una paradoja y un sin sentido.
La Ley de Amnistía no puede amparar delitos que son imprescriptibles, por muy
bien que nos viniera en la época en que se aprobó. Han pasado ya muchos años y
la transición modélica en su momento se vuelve ahora anacrónica e injusta para
las víctimas del franquismo.
Cecilio Gordillo: Tendrán una cierta influencia, pero tratarán por todos los medios
desvincularla de estos casos que serán paradigmáticos a medio o largo plazo.
Supongo que “presionarán a la clase política” para que se modifiquen o deroguen
algunas leyes (Amnistía). La importancia de estas intervenciones viene dada por
su “repercusión internacional”, lo que evitará que se siga vendiendo la marca
España como el “no va más” en eso de transiciones y lecciones de aplicación del
Derecho Internacional.
8. ¿Cómo califica este año en la lucha por la recuperación de la memoria
histórica?
Luis Naranjo: Creo que ha sido un año clave en Andalucía, ya que por primera vez se ha
puesto en marcha una Dirección General vinculada a la Consejería que dirige el
vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, mostrando así la voluntad política
de reforzar las políticas públicas de memoria. En el resto del Estado, el
avance de la reacción política ha debilitado y a veces imposibilitado las
actuaciones memorialistas. Lo mejor ha venido del campo internacional, con el
informe de la comisión de la ONU sobre desapariciones forzadas y la querella
argentina contra los torturadores del régimen franquista.
Rafael López: Este año ha sido muy positivo para el movimiento y
para nuestras reivindicaciones. Se ha concretado mucho trabajo de años. Hemos
tenido que salir a Argentina, pedirle al Grupo de Desparecidos de la ONU, hemos
constituido una Plataforma Andaluza de apoyo a la querella y nos hemos sumado a
la Plataforma por la Comisión de la Verdad. Es cierto que en este año
hemos saltado a los medios por nuestro trabajo y nuestras reivindicaciones.
Para nosotros ha sido muy positivo, al menos en este aspecto. No hay nada más
que leer la sentencia de la jueza argentina María Servini de Cubría.
Paqui Maqueda: Califico este año como de grandes avances. Las organizaciones de memoria
histórica hemos sabido impulsar nuestra causa alcanzando instituciones muy
significativas en los derechos humanos, como el grupo de Desapariciones
forzadas de la ONU o la misma justicia argentina.
José María García Márquez: No muy distinto a los últimos años,
aunque con una sensible disminución de medios económicos.
Carlos Perales: Desde el punto de vista de lo hecho por el Gobierno, más nulo, negativo,
porque ha permitido que la extrema derecha y los nostálgicos del franquismo se
sientan más apoyados. Desde el punto de vista de los colectivos y de los
avances a nivel internacional, muy positivo. El informe del grupo de trabajo de
Desapariciones forzadas e involuntarias de Naciones Unidas es clave, así como
la evolución que se supone va a tener la querella argentina.
Cecilio Gordillo: El año 2013 será de “tránsito”, pues ahora han finalizado, realmente,
algunas actuaciones (exhumaciones/inhumaciones, investigaciones,
publicaciones, páginas web, etc.) subvencionadas por el Gobierno de
España y, dado lo escaso de la partida presupuestaria de la Junta de Andalucía,
la valoración de los resultados llevarán a muchos proyectos (fundamentalmente
institucionales) a echar el cierre. En el ámbito asociativo ayudará a
“aclararse” y hará posible la desaparición de profesionales de la búsqueda de
subvenciones públicas.
9. ¿Cómo cree que beneficiará la nueva ley de memoria democrática en esa
lucha?
Luis Naranjo: Una vez promulgada, esta Ley constituirá el marco estructural y estable en
el que se inscriban y desarrollen todas las actuaciones públicas -tanto
institucionales como sociales- relacionadas con la memoria histórica
democrática. En este sentido, supone para Andalucía no solo la profundización y
adaptación a la realidad andaluza de los principios jurídicos ya establecidos
en la Ley estatal de 2007, sino también la incorporación de posiciones más
ambiciosas y que estimamos más eficaces para dar respuesta a los derechos
de verdad, justicia y reparación de las víctimas y del conjunto de la
ciudadanía. Me refiero por ejemplo a la obligatoriedad de que la Junta de
Andalucía esté presente en todos los procesos de exhumación e identificación de
víctimas -asumiendo como principio básico de la Ley el Deber de Memoria que
compete al Estado democrático- o el establecimiento en la propia Ley de un
procedimiento claro y preciso para la eliminación de la simbología y
nomenclatura de exaltación del franquismo en los pueblos y ciudades andaluzas.
Rafael López: Bien, el borrador que conocemos parece positivo, pero
no sabemos, ni conocemos el borrador enviado al Parlamento ni a los grupos
políticos para el debate. Lo que conocemos parece que contempla lo solicitado
por el movimiento social. Aunque hasta no verla aprobada por el Parlamento,
somos escépticos.
Paqui Maqueda: No la conozco aún bien.
José María García Márquez: Todavía hay cosas establecidas pendientes
de cumplirse y los incumplimientos no se solucionan tan fácilmente con nuevas
leyes. Las leyes sirven cuando los gobiernos se dedican a aplicarla. Ya
veremos.
Carlos Perales: Andalucía siempre ha sido pionera en legislar a favor de la recuperación
de la memoria histórica. Desde antes, y sobre todo a partir del decreto de
2003, la Junta de Andalucía ha sido el referente a nivel nacional. Ahora con la
nueva Ley que el Parlamento aprobará, volvemos a situarnos en la vanguardia y
volvemos a convertirnos en referentes.
Cecilio Gordillo: Creo que esta nueva Ley, de ámbito andaluz, tendrá una
escasa repercusión práctica en la sociedad andaluza en general y en el
movimiento memorialista en particular. Los principales asuntos (fosas comunes,
desaparecidos, registros civiles o investigaciones locales) no creo que los
solucione a medio plazo. Suponemos que tendrá una cierta influencia en las
organizaciones políticas que gobiernan (ayuntamientos y diputaciones) en lo que
se refiere a la existencia de simbología, nomenclátor, etc. Quizás sea en la
enseñanza básica y media donde pueda tener una cierta receptibilidad, aunque no
me creo que sea igual en las universidades.
10. ¿Se están consiguiendo en Andalucía más cosas que en el resto de
España? ¿Cuáles?
Luis Naranjo: Creo que en líneas generales, y sin ningún ánimo de triunfalismo, sí se
están llevando a cabo iniciativas potentes y eficaces, que muestran el compromiso
del actual Gobierno de izquierdas con la recuperación de la memoria
democrática, y en eso sí nos diferenciamos en la presente coyuntura política
tanto del Gobierno de la nación como de la mayoría de comunidades autónomas. La
propia creación de la Dirección General de Memoria Democrática es buena muestra
de ello, sobre todo si añadimos que en estos momentos de recortes generalizados
ha aumentado ligeramente la dotación presupuestaria y los recursos humanos
adscritos, para el año 2014. La elaboración y promulgación de la ya citada ley
constituye sin duda otro logro singular de nuestra comunidad. Como actuaciones
específicas, podríamos citar el mantenimiento de una política de subvenciones a
asociaciones y foros, y de convenios con ayuntamientos, para el desarrollo de
múltiples actuaciones memorialistas; el impulso a la elaboración de materiales
didácticos para llevar a las aulas los contenidos y valores de la memoria
democrática; la catalogación y señalización de decenas de Lugares de Memoria
que se convierten en páginas abiertas a la ciudadanía repartidas por todo el
territorio andaluz, o la comunicación a los juzgados territoriales por parte de
la Dirección General de las evidencias de violencia cuando se procede a una
exhumación. En este sentido, y para finalizar, me gustaría resaltar la voluntad
política de esta Dirección General para ir asumiendo de modo creciente
las intervenciones directas para localizar, exhumar e identificar las
víctimas de la violencia franquista, utilizando para ello los recursos públicos
que la propia Administración pública posee, lo que sin duda nos permitirá
acelerar la inaplazable necesidad de acabar cuanto con esa vergonzosa realidad
de los miles de asesinados, muchos de ellos desaparecidos forzados, que aún
yacen en cunetas y cementerios.
Rafael López: Creemos que en Andalucía sí se están consiguiendo más
cosas que en el resto de España, no podemos olvidar el Decreto de la Junta de
2003, pero sobre todo el gran trabajo de los movimientos memorialistas en
Andalucía que hemos mantenido viva la llama de la memoria y hemos luchado
contra el olvido. El camino ha sido duro y a veces lo hemos hecho en soledad.
No hemos encontrado la sensibilidad ni la implicación de los partidos y
sindicatos en este recorrido, y algunas instituciones se han manifestado
esquivas y dubitativas ante la ley. En Andalucía sigue habiendo apoyo a la
memoria, tanto a la difusión investigación, exhumación y dignificación. Se ha
creado una Dirección General y hay un gobierno que está tramitando una Ley andaluza
de memoria. En fin, confiamos en que este trabajo se convierta en mayor
implicación por parte de la Junta de Andalucía, las diputaciones y sobre todo
los ayuntamientos, con los que sin implicación es muy difícil trabajar.
Paqui Maqueda: Catálogo de Lugares de Memoria, Ley de Memoria Histórica, subvenciones,
dignificación de lugares mediante colocación de placas, relación cercana con
las asociaciones de memoria histórica, etc. Tenemos que tener en cuenta que el
movimiento de memoria histórica en Andalucía es muy, muy importante; por tanto,
creo que una cosa se relaciona con la otra.
José María García Márquez: Ha habido actuaciones positivas en los
últimos gobiernos de la Junta de Andalucía y en el actual, pero de muy escaso
calado y compromiso. Las actuaciones políticas no dependen solo de los
presupuestos ni éstos pueden ser una excusa para hacer muchas cosas que no
requieren dinero.
Carlos Perales: Sin lugar a dudas se está consiguiendo más en Andalucía que en el resto de
España. A pesar de la crisis y los recortes, la Junta de Andalucía mantiene
partidas presupuestarias. Es importante, insisto, dados los recortes que nos
llegan desde el Gobierno central. Siempre fue una apuesta de los distintos
gobiernos de la Junta y así se ha evidenciado con la legislación aprobada.
Cecilio Gordillo: Yo personalmente estoy muy contento por el
reconocimiento de los desmanes sobre las mujeres, aunque no me gustó el método
utilizado (Decreto antes de “escuchar” al Parlamento). No creo que sea una
cuestión cuantitativa pero, si es así, otras comunidades autónomas superan
ampliamente a Andalucía en procesos de exhumación de fosas (Castilla y León,
Euskadi). Sí son interesantes los procesos de investigación local que se están
llevando a cabo a pesar de los problemas de financiación y la dificultad en
acceder a muchos de esos procesos dadas las cortas ediciones y la falta de un
espacio físico (archivo o página web) donde estén disponibles todas ellas.
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