domingo, 29 de septiembre de 2013

EL ‘JAQUE AL REY’ CONCENTRA A MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS EN MADRID

La manifestación transcurrió sin incidentes ante un amplio dispositivo policial
Los manifestantes se tuvieron que resguardar de la lluvia a su paso por la Gran Vía de Madrid, camino del Palacio de Oriente. / SAMUEL SÁNCHEZ
Unas 1.500 personas, convocadas por la Coordinadora 25-S, se manifestaron este sábado en Madrid pidiendo la abolición de la monarquía bajo el lema Jaque al Rey. La marcha pretendía llegar al Palacio Real y concentrarse allí indefinidamente, pero la fuerte lluvia —que fue mermando los asistentes hasta dejarlos en unos 200— y la abundante presencia policial —que les cortó el camino en las inmediaciones del palacio— les impidieron hacerlo.
Finalmente, los convocantes leyeron un comunicado frente al cercano Teatro Real exigiendo la apertura de un proceso “destituyente y constituyente” que acabe con el actual sistema de monarquía parlamentaria, que consideran “ilegítimo y corrupto”. Al acabar, llamaron a disolver la concentración. Varias decenas de jóvenes permanecieron alrededor de una hora coreando gritos contra el centenar de policías que les custodiaban y cercaban las calles del centro de Madrid. Después, se dispersaron.
Los manifestantes gritaron eslóganes como “los Borbones a los tiburones” y “Reforma laboral a la Casa Real”. Los convocantes dijeron haber denunciado en los juzgados de la plaza de Castilla el “desproporcionado” despliegue policial que, según dijeron, retuvo a unos 60 jóvenes asistentes cerca de la plaza de Legazpi para impedirles llegar a la convocatoria. También denunciaron el bloqueo de dos autobuses procedentes de Valladolid, cuyo viaje fue interrumpido por la policía para identificar a sus ocupantes. En la Delegación del Gobierno en Madrid, y en directo, la delegada Cristina Cifuentes, aún de baja por el grave accidente de moto que sufrió en agosto, controló el desarrollo de la manifestación.
Cristina Cifuentes, esta tarde a la Delegación del Gobierno. / EFE
En la marcha se vieron camisetas verdes, contra los recortes en Educación, pero, sobre todo, banderas republicanas y lemas antimonárquicos. La horquilla de edad incluía desde adolescentes hasta jubilados, que fueron, quizá, los más combativos. Al final, sin embargo, fueron los más jóvenes los más frustrados por no poder llegar a su objetivo. “La lucha continúa. Volveremos”, dijeron antes de marcharse.











HISTORIA DE DOS CIUDADES

Conforme avanza el siglo XIX, las élites barcelonesas van considerándose más ricas, cultas y europeas que las madrileñas, de las que dependían políticamente. Ahora lo que quieren es dejar de pertenecer a España
ENRIQUE FLORES
Si hay una conclusión dominante que puede extraerse de los miles de libros y artículos dedicados a los nacionalismos, sería que los factores que explican su existencia no son las razas, la religión o la historia. Tampoco los intereses económicos, como quiso el marxismo. Más que burguesía, lo que encontramos tras estos procesos son élites político-intelectuales. No intelectuales en el sentido de grandes creadores de arte o pensamiento sino de personas que manejan y difunden productos culturales y que con ello se ganan la vida o son, o aspiran a ser, funcionarios. Pero sobre lo que quisiera reflexionar aquí hoy es sobre el hecho de que estas élites actúan necesariamente desde centros urbanos, porque es allí donde se crea y difunde la cultura. Allí se reúnen, intercambian ideas, conciben y lanzan su proyecto. La disputa se libra entre ciudades; más precisamente, entre élites urbanas.
Durante milenios, la humanidad ha vivido organizada en reinos o imperios, formas de dominación política dirigidas desde ciudades. No eran todavía naciones, porque no aspiraban a la homogeneidad cultural ni atribuían el poder soberano al pueblo. Al desaparecer en Europa el imperio romano, pareció que las ciudades iban a verse anegadas por un mundo rural regido por grandes señores dedicados a la guerra. Pero los centros urbanos recuperaron su fuerza y consiguieron crecer y rivalizar con los señores feudales. La superioridad de las ciudades fue su concentración de recursos (económicos y coactivos, como explicó Charles Tilly), frente a la fragmentación del poder del feudalismo. Aunque tampoco fueron las sociedades más urbanizadas donde surgió el Estado moderno. Muchas y muy esplendorosas ciudades había en el norte de Italia o en Flandes y, sin embargo, los grandes Estados europeos nacieron en territorios más amplios, dominados por un solo centro, como París, Londres o Madrid. Algunos de los Estados-nación europeos fueron más tardíos por la rivalidad entre varias ciudades, como Berlín y Viena o Roma, Milán y Turín.
En el caso español, hacia 1500 ninguna ciudad dominaba el conjunto de la Península. La zona más rica y poblada, Castilla la Vieja, se componía de una constelación de ciudades laneras (quizás la tercera europea, tras Italia y Flandes) y en el Mediterráneo había otra serie de poderosos núcleos urbanos marítimos y comerciales, como Valencia y Barcelona. Castilla acabó imponiéndose porque, tras su unión con Aragón y la conquista de Granada y Navarra, los monarcas establecieron allí su sede. Alguna razón tienen quienes hablan del “Estado español”, porque lo primero fue el Estado, en el que comenzaron a desarrollarse unas estructuras organizativas propias de un Estado moderno embrionario (tesorería, burocracia, ejército permanente). El sentimiento de nación llegó más tarde, y no sin dificultades. La capital en la que se acabaron estableciendo, Madrid, no era un gran centro agrícola, comercial, industrial o de comunicaciones. Era solo la corte y estaba situada en medio de un páramo, atractivo para los reyes porque había a su alrededor buenos terrenos de caza. Los monarcas, aliados primero con las ciudades frente a los señores feudales y sometiendo luego a aquellas al aplastar la rebelión comunera, consiguieron monopolizar el poder coactivo. Y, como cualquier monarca de la época, se embarcaron en multitud de empresas militares para ampliar sus dominios. Lo mismo hacían los reyes franceses o ingleses, pero con menor capacidad económica, debido a las remesas que los Habsburgo españoles recibían del continente recién descubierto al otro lado del Atlántico. Gracias a eso, esta monarquía logró imponer su supremacía en Europa durante algo más de un siglo. Pero su dedicación a las actividades militares, descuidando la creación de riqueza, acabó debilitándola, arruinando y despoblando sobre todo a Castilla, la región de más recursos y también la más sometida tras haber maniatado a sus Cortes (de ahí que los restantes reinos se resistieran, con razón, a perder sus inmunidades y privilegios). Su hegemonía europea terminó tras la Paz de Westfalia y sería sucedida por la francesa primero y por la británica después.
La ola romántica produjo una idealización del esplendor medieval catalán y nostalgia por su lengua vernácula
Al llegar la era contemporánea, aquella monarquía que estaba dejando de ser un imperio quiso convertirse en una nación. Pero Madrid seguía siendo sobre todo corte, de la que emanaban órdenes principalmente militares, y apenas había crecido como centro productivo. En cambio, una primera industrialización textil se había producido, ya en el XVIII, en torno a Barcelona, que había sido sede de las instituciones representativas oligárquicas del Principado de Cataluña (Corts, Generalitat), por lo que albergaba una añoranza por su autogobierno perdido en 1714 (que nunca fue independencia en el sentido actual del término, pues dependía de la corona de Aragón). Era lógico que a la larga se desarrollara la rivalidad entre esta ciudad y Madrid.
A medida que avanzó el XIX, las élites barcelonesas se fueron viendo a sí mismas como más ricas, cultas y europeas que las madrileñas, de las que dependían políticamente. El desequilibrio era innegable. La ola romántica prendió, y no por casualidad, en Barcelona y se produjo una Renaixença, una idealización del esplendor medieval catalán y un sentimiento nostálgico por la lengua vernácula que se veía en extinción. Ya en el último cuarto del siglo, el Colegio de Abogados de Barcelona, para enfrentarse a la codificación, que les obligaría a competir en un mercado más amplio y homogéneo, defendió la singularidad del Derecho catalán, elaborando toda una teoría sobre su esencial incompatibilidad con el castellano, a partir de sus distintas raíces doctrinales (v. al respecto el libro de Stephen Jacobson). Luego vino el folklore, la sardana, la barretina, todo expandido por barceloneses en fervorosas excursiones al campo circundante, donde explicaban a los campesinos cuál debía ser, cuál era, en realidad —aunque no lo supieran—, su manera propia de vestir o de bailar. Joan-Lluis Marfany lo describió en un gran libro. Finalmente, aquel movimiento se presentó en política bajo el rótulo de Lliga Regionalista y la respuesta brutal de algunos militares asaltando sus periódicos provocó la Ley de Jurisdicciones y reforzó el estereotipo de que Cataluña encarnaba el civismo europeo frente a la barbarie de los castellanos.
Esas circunstancias, más que una identidad étnica mantenida sin interrupción a lo largo de un milenio, pueden ayudar a comprender el origen del nacionalismo catalán. Algo no muy distinto —aunque con muchas peculiaridades— ocurrió en el otro foco industrial del país, Bilbao (cuidado, no el País Vasco), que, sintiéndose superior por su riqueza y sus lazos con Inglaterra, lanzó también su órdago frente al dominio madrileño. En otros lugares, como Galicia, pese a tener seguramente mayores motivos para plantear una reivindicación nacionalista —dada su mayor homogeneidad lingüística, sus fronteras bien delimitadas y una situación de atraso que podría haber sido atribuida a la explotación “colonial” de Castilla—, el nacionalismo nunca tuvo tanta fuerza, por razones complejas, pero una de ellas seguramente porque no había una ciudad que fuera el centro, la capital natural; los escasos nacionalistas gallegos, al final, lanzaron sus propuestas desde Madrid o desde Buenos Aires.
Se ha querido crear un Estado centralizado sobre el modelo francés, cuando la realidad es muy distinta
Hoy, un siglo y pico después de este proceso, las circunstancias han cambiado mucho. Madrid no es ya el poblacho manchego que fue, sino el centro económico del país. Pero los estereotipos se mantienen vivos, porque el éxito de los nacionalismos lanzados desde Barcelona o Bilbao ha sido indiscutible. Por otro lado, en España se ha querido crear un Estado centralizado sobre el modelo francés, cuando la realidad es muy distinta a la francesa, dominada con claridad por un gran centro urbano con el que ningún otro puede rivalizar. En España hay, al menos, dos ciudades de tamaño y peso económico y cultural perfectamente comparable. Una, Barcelona, es claramente capital española en el mundo de la edición, el deportivo, el turístico. Y sus élites político-culturales, que no pueden soportar más la idea de depender de Madrid, han conseguido convencer a una gran parte de su población de que son diferentes a los españoles y de que lo mejor es, sencillamente, dejar de pertenecer a España.
No pretendo lanzar propuestas para superar la situación actual, sino simplemente introducir un elemento más, la pugna urbana, para ayudar a comprender el problema. Pero la teoría, inevitablemente, insinúa soluciones. Estamos en la era posnacional, en la que el Estado-nación ha dejado de ser soberano en muchos sentidos. No basta con constatar y apoyar ese proceso. También hay que hacer más compleja la organización de lo que queda del Estado. Sería interesante, por ejemplo, plantear una especie de doble capitalidad, o múltiple capitalidad, con instituciones estatales (el Senado, para empezar) situadas en otras ciudades, y con un tratamiento de las lenguas no castellanas como oficiales también del resto de España (en Canadá, Quebec es una minoría, pero el francés es oficial en todo el país).
Aunque me temo que es tarde para todo esto.
José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense, Madrid. Su último libro es Las historias de España (Pons/Crítica).







“CATALUÑA SERÍA UN ESTADO FALLIDO COMO SOMALILANDIA”

FRANCESC GRANELL Director general honorario de la Comisión Europea
El catedrático cree que Cataluña podría llegar a ser un Estado pero "no con vida internacional normal"

Francesc Granell, director general honorario de la Comisión Europea. / MASSIMILIANO MINOCRI
Francesc Granell (Barcelona, 1944) es catedrático de Organización Económica Internacional de la Universidad de Barcelona y director general honorario de la Comisión Europea. Como economista, y en virtud de su trayectoria internacional —como alto funcionario de la UE participó en las negociaciones para la adhesión de Suecia, Finlandia y Austria— ha redactado un documento que advierte sobre los riesgos de la independencia de Cataluña.
Pregunta. ¿Por qué sostiene que una Cataluña independiente lo tendría complicado incluso para formar parte de Naciones Unidas?
Respuesta. Primero Cataluña tendría que ser un Estado. Ahí no hay problema: tenemos territorio, población y un gobierno constituido. Pero también es necesario que la Asamblea General de la ONU acepte al Estado previa propuesta positiva del Consejo de Seguridad. El problema es que ahí cinco países tienen derecho a veto. El portavoz de la Casa Blanca ya dijo que se trata de un problema interno de España; Francia, también; Rusia tiene el problema de Chechenia, y China, el del Tíbet, como para aceptar [a Cataluña]. ¿Qué significa eso? Nosotros podríamos llegar a ser un Estado, pero no un Estado reconocido con vida internacional normal. Es lo que ocurre con Palestina, que cuando quieren entrar chocan con un veto u otro del Consejo de Seguridad. Si nos conformamos con ser Kosovo o Palestina, hagamos una declaración unilateral de independencia, pero esto me parece muy pobre para un proceso tan ilusionante.
P. Los soberanistas sostienen que si esa declaración unilateral se efectuara tras unas elecciones plebiscitarias habría legitimidad democrática.
“Si aceptamos estar fuera, no votaremos más al Parlamento europeo”
R. En Palestina todos los ciudadanos estaban a favor de la independencia. Eso es hacer supuestos. Es una historia que de momento no existe. ¿A quién tenemos de aliado en el Consejo de Seguridad? No tenemos. No tenemos amigos.
P. ¿Está escrito que Cataluña quedaría fuera de los tratados y la Unión Europea?
R. Es la doctrina que ha sentado la Comisión Europea, que es la guardiana de los tratados. Y eso ha quedado claro cuando se la ha requerido, de momento solo para el caso de Escocia. Cualquier región que salga queda fuera de Unión. Después puede pedir el reingreso y se estudiará si se acepta. Pero entonces entramos en una negociación intergubernamental. Y ahí se requiere unanimidad. Ese es nuestro gran problema. Si nos separáramos a las buenas, España nos podría presentar como nuevo miembro. Es lo que hace Escocia y el Gobierno conservador británico, que trata de convencer a los escoceses de que les iría pésimamente si salieran. Pero aquí la discusión se ha exacerbado. El PP solo dice que esto no cabe en la Constitución y los independentistas, que quieren la independencia. Es difícil llegar a una situación pactada. En cualquier caso, cualquier país nuevo debe negociar las condiciones de su entrada en la UE. Y ya no hablo de entrar en el euro...
P. ¿Quiere decir que Cataluña saldría del euro?
R. Si no es miembro de la UE no es miembro de pleno derecho del euro. Eso no quiere decir que no pueda usarlo. Nadie puede impedir ir al Banco de España y comprar euros. Andorra, Mónaco, San Marino, Montenegro, Kosovo lo usan. Pero sin derechos de señoraje y sin apoyo del Banco Central Europeo, que es esencial. En cambio, una moneda propia sería muy débil, porque la capacidad presupuestaria, de acción y exportadora es lo que es. Estaríamos condenados a la devaluación, y eso significa devolver los préstamos más caros. Gracias a que el euro tiene un tipo de cambio estable y unos tipos de interés bajos las empresas pueden funcionar. Y no se puede decir, como hace algún ilustre colega, que la deuda es del Reino de España y que nos desentenderíamos. Entrar en el mundo sin reconocer las deudas como parte de España y las propias es incorporarse con muy mal pie en el sistema internacional. Si se entrara en esa dinámica no sé si podríamos subir pensiones o luchar contra la crisis como nos prometen.
“Fui a la conferencia de Mas en Bruselas hace un año. No fue nadie de la Comisión”
P. Pero la UE a lo largo de su historia se ha adaptado a nuevas circunstancias sobrevenidas. ¿No podría optar por una solución transitoria para Cataluña mientras se halla la fórmula de encaje o se insta a una negociación?
R. ¿Y quién instará a esa negociación? ¿Qué avaladores tenemos? Yo no lo veo. Una cosa es la normativa europea, y otra que la UE se adapte a muchas cosas. Pero para eso se requiere voluntad política de algunos de los que pesan en los órganos de decisión para cambiar los tratados. Y eso no lo veo. No veo que tengamos aliados ni en Europa ni en el mundo para la causa del Estado propio.
P. Dibuja un Estado fallido.
R. Seremos un Estado fallido, sí. Como Somalilandia, o como Kosovo. Los cito en el documento que he elaborado.
“¿A quién tenemos de aliado en el Consejo de Seguridad?”
P. ¿No ve el riesgo político de que una parte de catalanes, que ya se han distanciado de España porque se sienten excluidos de la Constitución, acaben por distanciarse también de Europa?
R. Algún colega me ha advertido, con vistas a las elecciones de mayo, de que si sigo diciendo estas cosas en Cataluña no votará nadie. Pero para que haya más votos no podemos desmontar la normativa europea. Si aceptamos estar fuera, no votaremos más al Parlamento europeo. Si hemos de estar fuera de la UE, hemos de asumir que estaremos fuera. Y la gente seguirá viniendo a la playa. Pero tal vez grandes instituciones financieras se irán de aquí al no tener al apoyo del BCE.
P. ¿Pero no pueden acceder a la liquidez a través de sus filiales?
R. Habría que ver si estas empresas están dispuestas, y dependiendo de su balance. Pero lo que juega es la sede. Y los bancos los inspeccionan en el sistema único de inspección en colaboración con el país donde tienen la sede.
P. ¿Cataluña quedaría fuera de los mecanismos de ayuda financiera?
“Se podría usar el euro pero sin derechos y sin apoyo del Banco Central”
R. Claro, de los mecanismos de ayuda. Y de los programas de investigación… Es bastante probable que no se restablezcan los aranceles y aduanas. Eso tendría sentido. Eso podría pasar por votación mayoritaria en el Consejo. Pero cuando hablamos de entrada en la UE o del espacio económico se requiere unanimidad. Y ahí ya no cuela esto.
P. Los independentistas argumentan que a la UE no le interesaría perder una región que es aportadora neta.
R. No hay estudios sobre ello. Se hizo una tesis doctoral, que se premió, de Marta Espasa. Pero el informe debe ser superficial. Yo lo he pedido. Ya sabemos que seremos contribuyentes netos por el nivel de renta de los catalanes, que es afortunadamente superior. Somos uno de los cuatro motores de Europa. Pero el presupuesto de la UE es solo el 1% del PIB. Aunque en el peor escenario tuviéramos un déficit horroroso sería inferior al 1%. Nada que ver con las relaciones del propio país, donde el presupuesto fue más del 40% del PIB.
P. ¿Ha intercambiado opiniones con Artur Mas?
R. Hombre, yo tengo la Creu de Sant Jordi. Fui el primer jefe de Artur Mas en la Generalitat. Nos tenemos confianza.
P. ¿Y qué le dice?
R. Siempre lo mismo: que soy poco independentista. Yo creo que esto va ligado no tanto a cuestiones políticas como a que soy catedrático de Organizaciones Económicas Internacionales. Y me doy cuenta de las interdependencias que hay. Yo fui a la conferencia que dio Mas en Bruselas hace un año. Hicimos una serie de gestiones para invitar a personalidades y allí no fue nadie de la Comisión ni de ningún estado miembro; solo el embajador español. Ahora Mas vuelve y su equipo está intentando que los reciban, pero será difícil que el nuevo delegado de la Generalitat en Bruselas abra muchas puertas. El anterior delegado, Joan Prat, era un peso pesado. Se fue porque dijo que no estaba por negociar la independencia. Ahora está Pere Puig, que es un chico estupendo y funcionario de la UE, pero de un nivel muy bajo, y no puede abrir puertas.







LA REGENCIA ES LA FÓRMULA MÁS DETALLADA

A finales de los 90, varios constitucionalistas comenzaron a redactar una Ley de la Corona

 “Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley orgánica”, dice el artículo 57 de la Constitución. Esa ley orgánica no solo no se ha aprobado, sino que ni siquiera ha llegado a redactarse.
A finales de los 90, varios constitucionalistas recibieron el encargo de trabajar en esa Ley de la Corona que, poco a poco, quedó en nada, según uno de los catedráticos que participó. “No salió adelante porque no hubo voluntad política”, señala, pese a que la iniciativa era de común acuerdo con la Casa del Rey y que era un momento de sosiego monárquico.
Los constitucionalistas consultados no son muy proclives a regular la sucesión. Consideran que la Ley Fundamental dicta lo suficiente como para poder actuar en cada caso, tanto si hay abdicación como si hay inhabilitación. En ambos casos, como monarquía parlamentaria que es, las Cortes han de refrendar las decisiones. Además, sostienen que la parte más detallada aborda la que podría ser más complicada —la regencia—, que en cualquier caso, puede ser reversible. “La ley orgánica podría determinar el catálogo de funciones que el Rey puede delegar, pero por muy casuístico que se quiera ser, siempre puede surgir un problema que no está pensado”, apunta el catedrático Agustín Ruiz Robledo, argumento con el que defiende que no se regule más.
“Los principios constitucionales bastan, por ejemplo, para el caso de la abdicación”, señala el también catedrático Antonio Torres del Moral, quien añade: “Aún así, sería conveniente que la Ley de la Corona concretara algunos aspectos”.







LOS INDIGNADOS MÁS FURIBUNDOS

Los lemas y acciones de la Coordinadora 25-S se han tornado más radicales
La protesta de abril rompió la alianza entre ese grupo y la plataforma En Pie
Cargas Policiales el 25-S. / EL PAÍS LIVE!
VIDEO: http://elpais.com/politica/2013/09/28/actualidad/1380403994_907128.html
El 25 de septiembre de 2012 llamaron a los ciudadanos a Rodear el Congreso. El 25 de abril de 2013, les convocaron para Asediar el Congreso. Y, ayer, para conmemorar el aniversario de aquella primera manifestación, les pidieron salir a exigir la abolición de la Monarquía con un Jaque al Rey.
La Coordinadora 25-S, convocante del acto, ha ido escalando en la radicalidad de sus lemas y acciones al mismo tiempo que ha visto disminuir su capacidad de generar adhesiones entre los movimientos sociales de protesta y, también, su poder de convocatoria en la calle. Forjados en la lucha obrera y en la cultura del 15-M son, quizá, los más furiosos entre los indignados.
La Coordinadora 25-S se niega a nombrar portavoces y rechaza el personalismo hasta el extremo de no facilitar los nombres de quienes ejercen como tales. Aun así, la docena de personas que presentaron el pasado miércoles ante el Congreso la convocatoria Jaque al Rey parecían dirigirse a Doris Benegas, una abogada de 61 años, dirigente de la formación Izquierda Castellana, como a la líder moral del grupo. Benegas, hermana del socialista Txiqui Benegas, es una activista curtida en la lucha sindical en las huelgas de la factoría Fasa-Renault de Valladolid en los años 80.
La abogada Doris Benegas es considerada la líder moral del 25-S
Dulce en las formas, Benegas es contundente. “El monarca está fuera de peligro, y ha sido operado sin listas de espera, donde ha querido y por quien ha querido, no como el resto de españoles afectados por los recortes. En este último año, la Casa del Rey ha protagonizado buena parte de los escándalos de corrupción que han sacudido el país. No es irreal pedir la abolición de la Monarquía. Si en el pasado se consiguió echar dos veces a los Borbones, esta puede ser la definitiva”, recalca. La letrada, que ejerce de abogada de la Plataforma Antidesahucios en Valladolid, es una de las activistas más vigiladas por Interior.
Hace un año, la concentración Rodea el Congreso fue un éxito relativo. Miles de personas acudieron a la llamada de la Plataforma En Pie y la Coordinadora 25-S, constituida a tal efecto, y se concentraron ante Las Cortes para denunciar el “secuestro de la democracia por parte de los poderes financieros”, y pedir “la dimisión del Gobierno y la apertura de un proceso constituyente de participación directa”. El acto, sometido a una fortísima vigilancia por parte de la Delegación del Gobierno, que llegó a calificarlo de “golpe de Estado”, acabó con cargas policiales, la detención de 34 personas y la imputación de ocho de sus convocantes, “por delitos contra las instituciones del Estado”, finalmente liberadas y desestimadas por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Benegas fue una de las imputadas.
Ya entonces, los dos colectivos organizadores mantuvieron diferencias sobre la intensidad y la contundencia de sus iniciativas. Esas divergencias se hicieron más patentes en su siguiente convocatoria, el 25 de abril de este año, cuyo eslogan, Asedia el Congreso, escalaba un peldaño en el sesgo combativo del acto. Mientras la Coordinadora 25-S animaba a la desobediencia civil huyendo de todo tipo de violencia, la Plataforma En Pie defendía métodos más expeditivos, como sabotajes. Al final, la asistencia fue tan escasa que la Plataforma en Pie se disolvió un mes después. “Repetir una estrategia que no aporta ningún resultado conduce al cansancio colectivo y aumenta la sensación de impotencia”, rezaba su último comunicado.
Siete de cada diez españoles simpatizan con el movimiento 15-M
Algunos como Daniel García, veterinario de 46 años, integrante de la Asamblea de Moncloa, y uno de los imputados por organizar el acto del año pasado, no se implicaron en la manifestación de ayer porque considera “inoportuno y desvirtualizador celebrar con ese lema el aniversario de aquella acción”. Muchos discrepan no tanto en el fondo, como en la forma y el estilo de las acciones de la Coordinadora 25-S. En la batalla dialéctica por controlar el colectivo, sostienen, han ganado los más radicales.
Las disensiones sobre métodos, estrategias y objetivos son constantes en la cultura del 15-M, de la que proceden algunos, aunque no todos de quienes integran y apoyan el 25-S.
El 25-A y su Jaque al Rey sería, según Víctor Sampedro, catedrático de Opinión Pública de la Universidad Rey Juan Carlos, la punta de lanza: “El gran logro del movimiento ha sido instaurar el debate, la crítica y el cuestionamiento del sistema. El 15-M goza de un apoyo social inaudito: siete de cada diez españoles simpatizan con él, dos años y medio después”.








UN PRÍNCIPE SIN FUNCIONES


La nueva operación al Rey ha evidenciado la figura del heredero de la jefatura del Estado, al que la Constitución no otorga responsabilidades ni garantías
El príncipe Felipe no tiene obligaciones, según la Constitución. Tampoco garantías. Ni funciones. Los únicos dos límites que le marca la Ley Fundamental están solventados, ya que su matrimonio no lo fue con alguien “prohibido” por el Rey y las Cortes, con lo que se mantiene como sucesor, y, al cumplir los 18 años, prestó juramento a la Constitución y obediencia a Rey.
El Príncipe podría votar porque ninguna ley se lo impide. Pero es inelegible, aunque no porque lo diga la Constitución, sino que es una excepción de la ley electoral. Es heredero de la jefatura del Estado, pero a sus 45 años es su padre, el Rey, quien atiende sus necesidades económicas, con lo dispuesto en los Presupuestos del Estado, que el Monarca distribuye libremente. En 2013, le asignó como “dotación personal y gastos de representación” la mitad de las cuantías asignadas al Rey, es decir, unos 350.00 euros.
El jefe de la Casa del Rey, Rafael Spottorno, lo dejó claro en sus explicaciones ante la última recaída del Rey, que ha vuelto a pasar por quirófano. “Las funciones del jefe del Estado no son delegables. Nadie, ni el Príncipe ni nadie, puede ejercer las funciones que corresponden al Rey”, afirmó. La nueva intervención al Monarca también provocó que esta semana, las número dos tanto del PSOE, Elena Valenciano, como del PP, Dolores de Cospedal, abrieran la puerta a regular la figura del Príncipe. Días después, la posibilidad se desvaneció, y solo UPyD materializó la idea en una propuesta que obligará al pleno del Congreso a debatir sobre la regulación legal de la sucesión de la Corona y su funcionamiento.
El caso es que la agenda del Príncipe está repleta de audiencias, visitas, viajes, actos... pero ¿en condición de qué? “El Príncipe es el álter ego del rey en actuaciones coyunturales no precisada de antemano”, resume el catedrático Antonio Torres del Moral, el más decidido defensor de la necesidad de que se regule la figura institucional de heredero en un estatuto jurídico.
En 1978, los redactores de la Constitución se preocuparon más en fijar la monarquía parlamentaria como forma de Gobierno que en regular y reglamentar la sucesión del Rey y el papel de su heredero. En el Reino Unido, el príncipe forma parte de la Cámara de los Lores (aunque nunca asiste); en Bélgica, es senador; en Noruega, los herederos tienen derecho a formar parte del Consejo de Estado. En España, “se puede correr el riesgo de esclerotizarlo en una posición de espera inerte y vacía”, afirma Torres del Moral.
Otras monarquías no solo tienen reguladas las funciones, sino también las responsabilidades y las limitaciones. Sin embargo, los constitucionalistas discrepan sobre la necesidad de regular las funciones del Príncipe. Algunos de ellos apuntan a que con los supuestos que ya recoge la Constitución (que inciden en el caso de la regencia) es suficiente y que la costumbre determinará qué hacer en cada momento. Sin embargo, entre estos, varios señalan a Torres del Moral como el más docto, pese a que él tiene una posición clara: es urgente elaborar el Estatuto del Príncipe.
Otras monarquías tienen reguladas las funciones, las responsabilidades y las limitaciones
En 1997, por primera vez, cuando el heredero tenía 29 años, el Gobierno dictó un decreto de representación para avalar la asistencia del Príncipe a la toma de posesión de un presidente iberoamericano. Acudió como representante de España lo que, según sostiene Torres del Moral en su libro El príncipe de Asturias. Su estatuto jurídico le otorgó una tarea diplomática y, por lo tanto, sometido a las órdenes del Gobierno, que es el que tiene la competencia de dirigir la política exterior. A partir de ese momento, se han dictado decretos de representación para cada ocasión. Pero la falta de regulación y el hecho de que no solo el Príncipe sino también la Reina y las Infantas acudan a actos oficiales en representación de la Casa del Rey, hacen que las funciones del Monarca parezcan ejercidas por varias personas, “como si la jefatura del Estado fuera un órgano pluripersonal”, sentencia Torres del Moral.
En lo que sí coinciden los constitucionalistas es en que, en el caso de que se elaborara, la norma que regulara la figura del heredero debería estar destinada a darle cobertura legal para los actos y viajes en los que participa y no tanto a marcarle límites y restricciones. Pese a eso, detallan que se debería normalizar, al menos, la delimitación de sus funciones, sus restricciones, su responsabilidad jurídica (para que fuera inviolable como el Rey) y la designación de presupuesto propio.
Otras monarquías han regulado la imposibilidad de imputar al heredero
En España, el Príncipe puede ser citado como imputado en un tribunal. En Japón, no puede ser perseguido durante su mandato pero sí a su fin. En Noruega, solo es responsable ante el Rey o la persona que este designe. En Suecia y Dinamarca, los príncipes tienen limitada su ausencia del reino —han de pedir permiso—, mientras que en Noruega la limitación se extiende hasta el propio Rey, que no puede estar fuera de su reino más de seis meses sin permiso de su parlamento y con riesgo a perder su corona.
La normativa de otras monarquías también dicta la obligación de profesar una determinada religión, algo que en España, un Estado laico, no tendría sentido.
El heredero de la Corona española no puede alcanzar acuerdos pero, sobre el papel, sí podría aceptar el Gobierno de un país extranjero, un hecho que en otras monarquías está prohibido.
Antonio Torres del Moral señala un ejemplo de cómo la falta de garantías y cobertura puede acarrear problemas. En 1996, el príncipe de Asturias hizo un viaje a Francia e Izquierda Unida cuestionó unas supuestas declaraciones sobre los criterios de convergencia de Maastricht que hizo durante su visita, según una nota oficial del Senado francés. La Casa del Rey desautorizó la nota del Senado tras la protesta de IU, que señalaba que el heredero no debía pronunciarse sobre asuntos en los que había discrepancia entre los partidos españoles.
“No estaría mal que se regulara el papel del Príncipe”, señala Enoch Alberti, catedrático de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona, quien, sin embargo, sostiene que nunca se ha cuestionado la función de representación del heredero en España. “No me parece mala solución que no haya regulación y que la costumbre dicte lo que hay que hacer”, indica Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada.
“Debería estar regulado desde hace 30 años”, afirma Antonio Torres del Moral quien señala que debería ser un estatuto “breve, amplio, elástico y flexible” para dar cobertura al Príncipe. La propuesta de este catedrático, es que la norma sitúe al heredero como “portavoz del Rey”. “Desde ahora mismo puedo apostar por la nula, o muy escasa, acogida de mi propuesta. Pero no tanto por indiferencia hacia mi persona cuanto porque se suele entender que las cosas de palacio no solo van despacio, sino que vale más no tocarlas”, señala Torres del Moral en su libro.





LAS PALIZAS DE BILLY EL NIÑO

El ex inspector de policía dejó una huella imborrable en
decenas de víctimas
Le recuerdan como un personaje histriónico, teatral y muy violento
Billy el Niño, en 1981. / EFE
Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, se empeñó en que centenares de estudiantes que pasaron por sus manos en la siniestra primera planta de la Dirección General de Seguridad, en Madrid, no le olvidaran. Y lo ha conseguido. Una legión de sus víctimas reaparecen ahora con testimonios espeluznantes, todos diferentes, pero con un siniestro nexo común: el inspector que les torturó era un violento histriónico que gozaba con el dolor que les infligió.
Treinta y siete años después de la disolución de la Brigada Político Social —policía política del franquismo—, la memoria de estas víctimas perturba la paz del exinspector de 67 años, flaco como un espárrago, que pasea por el centro de Madrid con sus zapatos clásicos embotado en impecables trajes con pañuelo y camisas de gemelos y corbata a juego. Billy toma el aperitivo en Lucio y se reúne a cenar con viejos colegas de la policía para recordar sus hazañas contra el FRAP, GRAPO y ETA: desde la liberación del teniente general Villaescusa hasta el rescate del retablo robado de San Miguel de Aralar. “Nunca se habla en estas cenas sobre a quién se le iba la mano”, asegura un comisario.
Pocas víctimas recuerdan los nombres de los agentes que les golpearon, en su mayoría funcionarios anónimos, pero el inspector González Pacheco, nacido en el seno de una humilde familia de Aldea del Cano (Cáceres), dejó su huella personal en cada interrogatorio. José Luiz Uriz, de 64 años, ex parlamentario socialista navarro, pensó que iba a morir en sus manos: “Situado justo detrás de mí, me daba fuertes golpes en la nuca mientras otro de sus compañeros decía: ‘Ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y te lo vas a cargar’. Y él respondía: ‘No importa, hacemos como con Ruano [estudiante muerto durante la dictadura], lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar”.
Te obligaba a hacer el pato: andar en cuclillas con las manos esposadas y descalzo. Luego te golpeaba con una porra en los pies
Luis Suárez, arquitecto urbanista, cayó en las manos de Billy el Niño hace 40 años. Tenía 24 y militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) cuando el policía y sus compañeros fueron a detenerlo en su casa del barrio madrileño de Chamartín. El interrogatorio duró tres días. “Era verano, hacía mucho calor y te ponían un anorak cerrado para pegarte puñetazos y dejarte menos marcas. Me hicieron hacer el pato. Tenías que andar de rodillas con las manos esposadas y los pies descalzos. Cuando llegabas a una esquina, te golpeaba con una porra en las plantas de los pies. Disfrutaba, lo hacía por afición. Estaba encantado de estar allí. Tenía un interés personal en que le recordaras. Le obsesionaban nuestras relaciones personales y preguntaba quién se follaba a quién. Me decía: ‘Los trotskistas hacéis el amor libre, ¿verdad?’. Me pareció un tipo enfermizo”.
La pistola de González Pacheco estuvo muy cerca de la cabeza de muchos estudiantes, en su mayoría jóvenes comunistas a los que en los años setenta se detenía por asociación ilegal. Jesús Rodríguez Barrios, de 59 años, entonces militante de LCR y ahora profesor de Macroeconomía en la UNED, la tuvo a escasos centímetros de su sien y escuchó el sonido de sus balas. Billy le esperaba en la puerta de su casa y cuando huyó le dio el alto a golpe de disparos. “Me interrogó tres veces. Una vez sacó su arma, me encañonó y me dijo: ‘Si te pego un tiro no pasa nada’. Era muy chulo, un exhibicionista que torturaba por placer. Su apodo viene porque era de gatillo fácil y hacía ostentación de su arma”.
Algunas denuncias llegaron a los juzgados. En 1973, una querella presentada por Enrique Aguilar Benítez de Lugo, otra de sus víctimas, logró que le impusieran una multa. Un año después, el Juzgado Municipal número 19 de Madrid le condenó a un día de arresto y una multa de 1.000 pesetas (seis euros) por una falta de malos tratos y coacciones a Francisco Lobatón, algo “inaudito” en opinión del periodista. Otros procesos se sobreseyeron al beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977.
Sacó su arma, me encañonó y me dijo: si te pego un tiro no pasa nada
Miguel Ángel Gómez, de 60 años y funcionario en Galicia, cayó en sus manos en varias ocasiones. “Temí por mi vida. Lo recuerdo como un sádico terrible. Nadie me ha hecho tanto daño físico en mi vida como él. Me obligaba a ponerme de rodillas y me golpeaba con una porra con auténtico odio. Daba muy fuerte. Algunos de los grises (antiguos agentes de la Policía Nacional) que estaban presentes no podían ocultar su malestar por lo que estaban viendo, parecían escandalizados. En la enfermería coincidí con Benítez de Lugo. Tenía una herida tremenda en la nalga. Me dijo que había sido Billy”.
La edad de los detenidos no frenaba a González Pacheco. Alfredo Rodríguez, de 56 años, tenía 17 cuando el policía lo arrastró tirándole del cabello. Le habían detenido por manifestarse en una jornada contra la carestía de la vida. “Quería ser el protagonista delante de sus compañeros, gritaba, gesticulaba y exageraba. Te pegaban siete u ocho, pero él siempre llevaba la voz cantante”.
En 1977, Billy el Niño fue condecorado por Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, con la medalla de plata al mérito policial y agasajado por cien policías en una comida de desagravio por la “persecución” de la que era objeto por los medios de comunicación. Entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de Roberto Conesa y acabó su carrera en la policía judicial. “Era uno de sus niños bonitos”, recuerda un comisario. En 1982 pasó a la situación de excedencia para trabajar como jefe de seguridad de Renault. “Discute con todo el mundo. Se ha vuelto más visceral y exaltado”, asegura uno de sus excompañeros.