Los paraísos fiscales y la fuga de capitales
Artículos de
Opinión | Sally Burch | 06-11-2012 |
Un estudio
sobre los paraísos fiscales que publicó en semanas recientes el Tax Justice
Network –TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión
tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se había
estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los problemas
económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo, y por ende
contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio
hace un estimado –que considera conservador– de que para 2010, el monto de
fondos de la riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80
jurisdicciones offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo
reserva y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de
dólares (o sea, millones de millones).
De este
total, alrededor de un tercio, esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares,
provendría de 139 países de bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este
monto corresponde a un grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México,
Venezuela y Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas
desde los años ’70 por las élites privadas de estos países, y que no se han
registrado en sus países de origen. Estas cifras abarcan solo los activos
financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por ejemplo en oro,
bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un
balance de activos y pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países
considerados deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos
no se hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países
mencionados, que incluyen a todas las principales economías en desarrollo,
“registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08 billones en 2010”. Al
restar las reservas en el exterior de estos países, invertidas mayoritariamente
en valores en el Primer Mundo, se constata que “su deuda externa neta agregada
suma una cifra negativa de US$ 2,8 billones para 2010”. De allí se concluye
que, si a ello se suman los recursos desviados al sistema offshore, estos
países supuestamente endeudados, “no tienen nada de deudores: son prestamistas
netos, del tenor de $10,1 a $13,1 billones”.
El problema,
sin embargo, es que “los activos de estos países están en manos de un pequeño
número de individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria
de estos países a través de sus gobiernos”.
La pérdida
en términos tributarios es también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no
declaradas que han generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida
en los últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el
estudio.
El TJN -red
internacional dedicada a la justicia tributaria, con sede en el Reino Unido-
desarrolló una metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho
más verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las
instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una fuerte
crítica a estos organismos, pues, “han prestado una mínima atención a este
’agujero negro’ de la economía global”, siendo que ellos “tienen un acceso
fácil no solo a los recursos analíticos, sino también a muchos de los datos
primarios que se requieren para cuantificar con más precisión las dimensiones
de este problema”. Y pregunta: “¿Por qué se hacen la vista gorda?”
La pérdida
para los países en desarrollo es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que
la mayoría de acuerdos de inversión extranjera –incluidos los TLCs- se
acompañan de acuerdos de doble imposición. Estos acuerdos generalmente prevén
que los inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no
en el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con los
cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios como la
subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de importaciones, estas
empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos países: o sea, se produce una
doble evasión, y estas rentas se desvían hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los
esquemas de negociación
Una cosa es
reconocer el problema pero otro es lo que los países latinoamericanos puedan
hacer para comenzar a solucionarlo. En entrevista con ALAI, David Spencer,
abogado norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN,
opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría mejorar su
capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo, podría
intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la atención la
escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el G77, para abordar
este tema ante las instancias correspondientes de la ONU. Una de las soluciones
que sugiere Spencer es insistir que los centros financieros provean información
a otros países sobre los activos que sus residentes mantienen en su sistema
financiero.
El abogado
reconoce, sin embargo, que existe una fuerte resistencia de las economías
avanzadas para abordar el tema con seriedad, pues ellas “se benefician
enormemente de este flujo de capitales hacia sus instituciones financieras: del
City Bank en Nueva York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan
Panamá, por ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente de
los depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de
fondos”; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que las
cosas no cambien.
La OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las
principales economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por
esta fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce que
la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países
considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un país sea
borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de intercambio de
información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue firmar acuerdos entre
ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin que nada haya cambiado.
Spencer
señala que una puerta de negociación posible es el hecho que a EEUU, por
ejemplo, también le interesa obtener información tributaria sobre sus
residentes con activos en América Latina. Entonces esto hace posible establecer
acuerdos de intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más
complejo hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas
reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se
encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas
Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la
búsqueda de soluciones como éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal
debería constar entre las primeras prioridades de las políticas mundiales de
reducción de la pobreza.
Sally Burch,
periodista, es integrante de ALAI.
Fuente:
Alai-Amlatina
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