Artículos de
Opinión | Izquierda Anticapitalista | 29-06-2014 |
Suenan
tambores de urna. Tras el impacto del resultado de las elecciones al parlamento
europeo del 25 de mayo pasado, Rajoy que tuvo la osadía de declarar vencedor de
los comicios a Miguel Arias Cañete, reunió sigilosamente el 6 de junio a la
cúpula del PP en Toledo para evaluar los daños en su partido y el descalabro
del “otro”, el PSOE. Y quedó inaugurado el ciclo electoral que, de momento y ya
veremos si no hay cambios sobre la marcha, prevé la celebración de comicios
locales y autonómicos –en la mayor parte de comunidades- en primer lugar y
luego elecciones generales a las Cortes.
Pero el
problema para el PP es que el 25 M no es un mero traspiés electoral en unas
elecciones secundarias, es un punto de inflexión que viene tras un largo
periodo de movilizaciones contra las políticas de austeridad y de pérdida de
legitimidad de las instituciones y partidos del régimen de la reforma. Y,
además marca el nacimiento de una fuerza electoral, Podemos, capaz de generar
nuevas esperanzas en el electorado de izquierdas harto y ajeno de las rutinas y
componendas de los partidos de izquierda convencionales que se han mantenido
sumisos dentro de las reglas del juego constitucional.
La primera
preocupación del gobierno del PP ha sido recomponer sus lazos con un electorado
que cada día huye más aprisa de las opciones tradicionales, remendar los rotos
en su partido muy tocado por los escándalos de corrupción e intentar gobernar
los tiempos políticos inmediatos para suturar las heridas del propio régimen.
Para todo ello confía en la varita mágica de la recuperación económica y en la
pócima del egoísmo monetario individual.
Un país en
almoneda
Una pieza
clave en la estrategia y discurso del PP es crear la sensación en la opinión
pública de que la recuperación económica en el Estado español es un hecho -que
califican de forma cursi como “vibrante”- que ya está dando sus frutos en la
creación de empleo. Pero la realidad es tozuda y no existe una correlación
entre mejora de algunos negocios e incremento del empleo, valga como ejemplo
que según el INE el incremento interanual de la facturación (abril de 2013 a
2014) en la producción de servicios aumentó un 3% y por el contrario el empleo
solo aumentó un 0,9%. Más allá de la inestabilidad económica internacional y de
las amenazas de nuevas recaídas recesivas, en el caso español los problemas
estructurales de su modelo productivo persisten y frente a la bajada de la
prima de riesgo, que algunos analistas opinan que volverá a remontar, los datos
son demoledores.
Según la
OCDE el desempleo sigue siendo dramático, aumenta la desigualdad en España. El
16% de los jóvenes europeos en paro, 900.000, tienen DNI. El INE ha hecho
públicos los datos de 2012 en los que queda de manifiesto que en dos años el
porcentaje de personas que percibían un sueldo igual o inferior al Salario
Mínimo Interprofesional se ha duplicado alcanzado la cifra del 12% de la
población asalariada. La Encuesta de Condiciones de Vida retrata un panorama de
aumento acelerado de la pobreza en los hogares, tanto en los de trabajadores
con empleo como, lógicamente, en los que no lo tienen. Los servicios públicos
han sido duramente golpeados; el déficit presupuestario sigue fuera de los
parámetros exigidos por la UE pese a la reducción del gasto y la inversión
pública; la deuda privada de empresas, bancos y familias sigue en términos
insostenibles y la deuda soberana alcanza ya la cota del 100% del PIB. Se ha
producido un debilitamiento estructural del sector público y el PP basa el
aumento de los ingresos públicos exclusivamente al efecto del multiplicador
fiscal mediante el cuento de la lechera de que si la economía crece todo se
solucionará.
El recurso
al bolsillo, el discurso de la racionalidad del homo economicus
Otra de las
piezas claves de la estrategia del PP es la mal llamada reforma fiscal basada
en el mantra de que rebajar los impuestos supone que hay más dinero en manos de
los individuos para consumir y “emprender”, lo que llevará aparejado un
relanzamiento económico. Pura ideología a la vista de la realidad en muy
diversos países dónde los impuestos no solo juegan un papel de redistribución
de la riqueza sino también sostienen, mediante el gasto y la inversión
públicos, el tono muscular del conjunto de la economía. Pura ideología con la
que intentan engatusar a las capas más desfavorecidas de la sociedad que
reciben más en forma de servicios como enseñanza y sanidad que lo que puedan
pagar de impuestos. Y, a su vez las medidas de Montoro ni van a servir para
crear empleo, ni van a reducir el déficit, ni van a rebajar la deuda. El mismo
Ministerio de Hacienda reconoce en sus optimistas cálculos que el efecto de la
reforma fiscal sólo supondrá un crecimiento del 0,55% del PIB en los próximos
dos años. Las medidas fiscales van a suponer nuevos recortes sociales y
sufrimientos.
El modelo
fiscal español necesita un cambio radical. No hay equidad horizontal: dos
personas que ganan lo mismo tributan lo mismo; no hay equidad vertical: que
pague más quien gana más. No es un sistema suficiente porque sean cuales los
tipos marginales –teóricamente más altos que en la UE tanto en el caso de de
IRPF y beneficio de sociedades, la recaudación es inferior a la media europea
y, de hecho tiene una de las presiones fiscales (ingresos por impuestos del
estado / PIB) más bajas. Tampoco Montoro solucionará esos graves
desequilibrios.
Las medidas
de la propuesta fiscal de Montoro solo encuentran explicación en la búsqueda de
votos. El aparato de propaganda de Génova presenta las medidas como el
cumplimiento de la promesa de bajar los impuestos, cuando simplemente van a
volver al nivel de 2011 tras las subidas del mismo gobierno de Rajoy. Ninguna
de las propuestas va en la buena dirección para crear un sistema fiscal justo,
eficiente y basado en impuestos directos sobre la riqueza y los ingresos de
quienes más ganan.
Ni siquiera
se plantea luchar contra el fraude fiscal que según el propio Círculo de
Empresarios alcanza la cifra de 70.000 millones de euros anuales, cantidad que
si la ponemos en relación con lo que Montoro piensa recaudar de los impuestos
sobre la indemnización por despidos, 1.000 millones de euros, resulta obvio que
no se quiere combatir el fraude del capital y se busca gravar la desgracia. Ni
siquiera merece el calificativo de reforma lo que simplemente es, manteniendo
las mismas figuras impositivas, una bajada de lo recaudado que se estima entre
6.000 y 9.000 millones de euros al año, lo que pone en cuestión el futuro de
las arcas públicas. Y ese es el quid de la cuestión.
Anatomía de
la regresiva “reforma” fiscal
Son varios
los aspectos que contiene la propuesta Montoro de interés que no vamos a
analizar en esta declaración: cambios regresivos en deducción por alquiler de
vivienda, tardías exenciones a las ganancias por dación en pago y preferentes,
deducciones familiares, etc. Vamos a centrarnos en aquellos que tienen mayor
impacto real y que de hecho suponen los aspectos más regresivos.
En primer
lugar cabe señalar que se reduce el tipo marginal máximo de los tramos altos de
ingresos en el IRPF del 52% al 45%, lo que unido a la disminución de tramos,
hará que las rentas más beneficiadas son las superiores a 60.000 euros anuales y,
sobre todo, las de quienes tienen ingresos mayores de 300.000 euros. Quienes
ganen más de 500.000 euros anuales pagarán un 13% menos de lo que pagaban hasta
la reforma. Cuanto más ganas más te beneficias de los regalos de Montoro. La
deducción general de rentas de trabajo que estaba situada en 2.652 euros baja a
2.000. Cierto es las rentas inferiores a 18.000 euros saldrán beneficiadas,
pero muchos de sus perceptores no tributaban anteriormente con lo que el
impacto real es más propagandístico que real. Cierto es que hay un guiño
misericordioso (buscavotos) hacia los autónomos que verán disminuidas las
retenciones fiscales. Truco este, el de retener menos a principios de 2015 con
el efecto ilusorio de tener más dinero en el bolsillo, se extenderá al resto de
contribuyentes tres meses antes de los comicios municipales.
En segundo
lugar se dan dos pasos más en beneficio del capital. Por un lado se reduce el
tipo de gravamen sobre beneficios de las empresas del 30% al 25%, excepto los
bancos que seguirán al 30%; pero hay trampa: las entidades que tengan créditos
fiscales –la mayoría de los bancos- derivados de pérdidas del pasado podrán
seguir ahorrando impuestos y convertir los créditos en capital. Por otro lado
se reduce el tipo de gravamen sobre el ahorro del 27% al 23-21%. Esta última
medida es especialmente regresiva pues este es el tipo al que se grava a las
rentas del capital, de entrada inferior al tipo del IRPF, que experimenta una
nueva reducción. Que nadie caiga en la ingenuidad de las denominaciones, se le
llama gravamen sobre el ahorro, pero grava básicamente las inversiones
financieras. Por otro lado las plusvalías especulativas a corto plazo tributan
por debajo del tipo que corresponde al contribuyente.
En tercer
lugar se mantiene el injusto IVA como impuesto básico con unos tipos muy altos
a los que se incorpora una subida en los productos sanitarios hasta el 21%. Se
incrementa la deducción del IRPF del 25% al 30% en el caso de los donativos en
la línea de favorecer la caridad y el mecenazgo típica fórmula neoliberal. Se
gravan las indemnizaciones por despido laboral –que son ingresos no buscados
como puedan serlo los salariales o los dividendos- por encima de los 2000 euros
/año trabajado, sin diferenciar entre la gran mayoría de personas que van al
paro y los sinvergüenzas de los contratos blindados.
Habrá una
reducción de los ingresos que puede conllevar nuevos recortes del gasto, sobre
todo en el caso de que Eurostat pueda hacer en 2013 y 2014 lo mismo que hizo en
2012: contabilizar las ayudas a la banca como déficit del estado. A lo que hay
que sumarle otros 30.000 millones que podrían integrar el déficit público si
finalmente se materializan los avales otorgados a la banca en 2013. Parte de
este atropello contra las finanzas públicas se trasladará hacia las comunidades
autónomas que son quienes a partir de la parte de los impuestos transferidos
tienen que atender la mayor parte del gasto social.
Cifras que
vienen a sumarse a las exigencias del Pacto de Estabilidad de cerrar 2016 con
un déficit del 2,8% del PIB, lo que supone, teniendo en cuenta que 2013 se
cerró, en el cálculo más favorable a las tesis del gobierno, con un 6,6%,
disponer de 50.000 millones de euros y si no se tienen “ajustar” de nuevo y
más. Tanto el portavoz comunitario de Asuntos Económicos, Simón O´Connor, como
su jefe el comisario Olli Rehn, ponen en duda las cifras y planes del gobierno
de Rajoy.
Un marco
inestable que abre posibilidades a las gentes de abajo
La pérdida
de legitimidad del tinglado institucional es creciente y una de sus
manifestaciones ha sido el golpe al bipartidismo del 25 M, pero también el
rechazo creciente del funcionamiento del conjunto de las instituciones hijas de
la Constitución Española de 1978. Para desgracia de la burguesía española y de
los partidos que la amparan, subsisten procesos de fondo que ponen en peligro
el modelo político vigente. Desde el gobierno la derecha inició, a la chita
callando, un proceso de involución constitucional en clave autoritaria, pero a
la vez desde las movilizaciones populares avanzó la idea de iniciar nuevos
procesos constituyentes.
Dos graves
problemas para el régimen se han puesto de manifiesto en el último periodo: el
descrédito de la monarquía y la crisis del estado de las autonomías. La
jefatura de Estado, tras los diversos escándalos de todo orden, ha desembocado
en la acelerada abdicación de Juan Carlos I en clave absolutamente dinástica y
alejada de toda referencia democrática con resultado en la “coronación” de
Felipe VI cuya legitimidad meramente sexual-reproductiva-sucesoria, está por
ver si soportará los embates de la nueva realidad. En este momento y tras las
movilizaciones populares masivas por el derecho a decidir en Cataluña, la fecha
de la consulta catalana del 9 de noviembre aparece a los ojos de los defensores
del status quo españolista, con Rajoy a la cabeza, como una amenaza de primer
orden. Las fuerzas del régimen van a presionar para que no se celebre la
consulta y todo está por ver.
El barco del
régimen hace aguas en muy diversos puntos de proa, popa, babor y estribor. Los
problemas económicos y sociales dificultan las operaciones cosméticas
institucionales, el impasse político y la crisis institucional traban la
recuperación económica. Por ello resultan insuficientes las recetas de Rajoy
para achicar las aguas. Por ello una política audaz pueda profundizar en la
crisis institucional, impulsar nuevos procesos constituyentes y diseñar el
horizonte de lucha por un gobierno valiente frente a la Troika basado en la
movilización y participación del pueblo, que sea capaz de acabar con la losa de
la deuda, el austeritarismo, el autoritarismo y asegure el derecho a decidir de
las personas y los pueblos.
