Admiten a trámite en los juzgados de Plaza de Castilla la querella criminal
de IU contra Cifuentes por "identificaciones indiscriminadas y las duras
sanciones" a manifestantes en Madrid
En el escrito presentado el pasado día 12
por los diputados Ricardo Sixto y Alberto Garzón se detalla la supuesta
comisión por parte de la delegada del Gobierno en Madrid de los presuntos
delitos de falsedad documental, contra la Administración Pública y el cometido
contra la Constitución por autoridad o funcionario público por vulnerar derechos
individuales
España |
Tercera Información | 30-12-2012 |
El Juzgado
de Instrucción nº 18 de Madrid se ha hecho cargo y ha admitido a trámite la
querella criminal presentada por Izquierda Unida contra la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes. Esta querella fue registrada por esta
formación en los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla el pasado día 12,
a través de sus diputados en el Congreso Alberto Garzón y Ricardo Sixto.
El escrito
de la querella a través de la cual Izquierda Unida ejerce su derecho a la
acusación popular imputa a Cifuentes los supuestos delitos de falsedad
documental, contra la Administración Pública y el cometido contra la
Constitución por autoridad o funcionario público contra los derechos
individuales.
Ricardo
Sixto y Alberto
Garzón reiteran que con esta acción judicial “Izquierda Unida persigue dar
respuesta a las identificaciones indiscriminadas y a las duras e
injustas sanciones impuestas a varios centenares de personas” que
participaron e, incluso, no llegaron a hacerlo, en las protestas convocadas
hace un par de meses a través de las redes sociales en las inmediaciones del
Congreso.
Sixto afirma que “creo no equivocarme si
expreso en estos momentos la satisfacción de nuestra formación ante este
primer paso judicial que se ha producido. Esperamos que le sigan otros
muchos y que la Justicia pueda arrojar luz suficiente para aclarar una
situación que consideramos muy grave. Estamos empeñados acabar con la impunidad
con la que, a nivel político y recurriendo de forma inadecuada al poder
disuasorio de las fuerzas y cuerpos de seguridad, el PP busca acallar cualquier
atisbo de protesta contra las políticas antisociales que lleva imponiendo desde
hace un año”.
Para el
diputado de IU por Valencia, la respuesta dada a estas protestas evidencia que la
política de Interior que lleva a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy se centra
únicamente en “la vía policial y la multa”, algo que se demostró cuando se
buscó acabar así con concentraciones como la del 27 de octubre en la Plaza de
España y en las inmediaciones del Congreso donde “miles de ciudadanos se
manifestaron de forma pacífica”.
Alberto
Garzón recordó
durante la presentación de la querella que al día siguiente de esta protesta la
propia delegada del Gobierno de Rajoy en Madrid anunció que la Policía había
identificado a cerca de 300 personas. Al igual que Sixto, detalló que “tanto
asistentes a esa protesta como ciudadanos que pasaban por ahí fueron
identificados”. Con posterioridad, la Delegación del Gobierno les ha notificado
la apertura de un expediente sancionador por asistir a una “protesta ilegal” y
les reclama sanciones que, en algunos casos, alcanza los 500 euros.
En este
sentido, bajo el link ‘Defiéndete’, Izquierda Unida ha puesto en su web www.izquierda-unida.es
a disposición de todos los ciudadanos un modelo-tipo de alegaciones para
facilitar la posibilidad de que aquellos que hayan sido expedientados puedan
responder de manera efectiva a las sanciones que se busca imponerles.
IU considera
que la ciudadanía se enfrenta a “una estrategia deliberada por parte del
Ministerio del Interior encaminada a amedrentarla para que desista de
participar en nuevas concentraciones contra los recortes de los gobiernos
central y autonómico del PP, así como a las políticas impuestas de restricción
de derechos y de privatización de lo público”.
En esta
línea, el escrito denuncia la existencia en Madrid de “un plan previamente
diseñado para identificar y sancionar a miles de ciudadanos críticos con el
Gobierno y sus medidas”.
IU recuerda
que no existe ningún precepto legal que justifique que se pueda considerar que
una manifestación no comunicada equivale a una “ilegal” y añade que,
según lo establecido en el Código Penal, “sólo pueden ser consideradas ilegales
aquellas movilizaciones que tengan por finalidad cometer algún delito y
aquellas a las que acudan personas con armas, artefactos explosivos u objetos
contundentes o peligrosos”.
En la querella se incide en el desarrollo pacífico de
las protestas y en el hecho de que “los únicos incidentes dignos de mención se
produjeron cuando cientos de personas fueron acechadas e intimidadas por
agentes de la Policía y obligadas a identificarse, bajo la amenaza de que de no
hacerlo serían detenidas”.
IU expone
también en su escrito que “este proceder por parte de agentes a las órdenes de
la querellada, consistente en filiar de forma masiva y obligar a desvelar su
identidad a los ciudadanos que se manifiestan, se está convirtiendo en habitual
y continuado desde que la Sra. Cifuentes tomó posesión de su cargo.”
Para la
parte querellante, “la decisión de desvelar la identidad y sancionar a quienes
se manifiestan críticamente contra el Gobierno está tomada previamente a la
manifestación o reunión y con independencia de cómo se desarrolle el encuentro
entre ciudadanos”. La querella recuerda también que el secretario general del Sindicato
de Policía SIPE, Alfredo Perdiguero, declaró públicamente el pasado 17 de
noviembre que “con ocasión de la celebración de una manifestación por la
defensa de los derechos del colectivo policial que, desde el Gobierno, se les
está obligando a realizar identificaciones masivas e indiscriminadas”.
(En la foto,
los diputados Alberto Garzón y Ricardo Sixto, presentan la querella en los
juzgados de Plaza de Castilla)
