El Pacto Presupuestario Europeo: Un política de austeridad contra el interés general y condenada al fracaso
Artículos de
Opinión | Salim Lamrani | 30-09-2012
|El gobierno
socialista de François Hollande se apresta a adoptar por vía parlamentaria el
Pacto Presupuestario Europeo, también llamado Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza (TECG) el cual, además de instaurar definitivamente
una política de austeridad, atenta contra la independencia de Francia, que ya
no podrá decidir soberanamente sobre su presupuesto nacional
La Francia
de François Hollande, está a punto de ratificar el Tratado de Estabilidad,
Coordinación y Gobernanza (TECG) impuesto por la Alemania de Angela Merkel y
adoptado a nivel europeo. Este texto introduce la llamada ³regla de oro², en
adelante obligatoria para todos los países miembros de la Eurozona, e instaura
de facto una política de austeridad, impidiendo que los Estados presenten un
presupuesto con un déficit superior al 0,5% del Producto Interior Bruto.
Adoptado el
2 de marzo de 2012 por Nicolas Sarkozy y otros 24 dirigentes europeos, el TECG
se someterá pronto al Parlamento francés dominado por el Partido Socialista,
mediante un procedimiento de mayoría simple de las dos asambleas, sin que el
tratado se haya modificado en ningún aspecto. La regla de oro se transformaría
entonces en ley y prohibiría todo déficit público, so pena de graves sanciones
por parte de la Unión Europea.
Más grave
aún, Francia pierde gran parte de su soberanía con el TECG. El Parlamento
francés tendrá que someter, de modo obligatorio, su presupuesto anual a la
Comisión Europea, ninguno de cuyos miembros salió por sufragio universal, que
podrá realizar los arbitrajes que juzgue necesarios, sin tener que rendir
cuenta alguna a los ciudadanos, y por lo tanto decidirá el futuro de la nación.
Así, el TECG hace obligatoria la aplicación de las políticas de austeridad en
Europa, sin que se pueda explorar ninguna vía alternativa.
Para
Francia, mientras que el país se encuentra al borde de la recesión y que
convendría lógicamente inyectar fondos en la economía, el regreso al equilibrio
presupuestario que impone el TECG, que implica volver a un déficit de un 3% en
2013, significa que 33.000 millones de euros que redistribuye el Estado tienen
que sacarse de la economía nacional. Eso sería válido sólo si se confirmasen
las hipótesis de crecimiento de alrededor del 1%, lo que no parece que será el
caso, por lo que en realidad supone que el Estado reducirá inevitablemente sus
gastos públicos, lo que tendrá un impacto social.
Del mismo
modo, para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2017, como se comprometió
el presidente francés François Hollande, habría que retirar 60.000 millones de
euros de la circulación económica. L o que equivale a la mitad de la suma que
prevé el Plan de Reactivación, de 120.000 millones de euros (inferior al 1% del
PIB europeo), que adoptó la Unión para todos los países de la Eurozona,
destinado a estimular el crecimiento.
El Mecanismo
Europeo de Estabilidad (MEDE) se destina oficialmente a brindar ayuda a los
países en dificultades. No obstante, sólo concierne a las naciones que
adoptaron el TECG. Se trata en realidad del medio que utilizan los partidarios
del neoliberalismo, abanderados por Angela Merkel, para imponer políticas de
austeridad que además de tener graves consecuencias sociales en las poblaciones
son económicamente ineficaces.
En efecto,
dondequiera que se aplicaron los planes de austeridad, sea en Grecia, Italia,
Irlanda, Portugal o España, la crisis de la deuda, lejos de desaparecer, se ha
agravado y las condiciones de vida de los habitantes se han deteriorado
considerablemente, con un explosión del desempleo y una destrucción organizada
del sistema de protección social y del Estado del bienestar.
Los ejemplos
más emblemáticos son Grecia y España, donde se impusieron por la fuerza esas
recetas de choque. Los resultados son catastróficos desde el punto de vista
político, económico y social. Así en Grecia, tras la aplicación de nueve planes
de austeridad con un alza masiva de los impuestos, entre ellos el IVA, un alza
de los precios, una reducción de los salarios (¡hasta un 32% del salario
mínimo!) y de las pensiones de retiro, un retraso de la edad legal de la
jubilación, destrucción de los servicios públicos de primera necesidad como la
educación y la sanidad, supresión de las ayudas sociales y privatización de los
sectores estratégicos de la economía nacional (puertos, aeropuertos,
ferrocarril, gas, agua, petróleo) la producción cayó un 20%, explotó el
desempleo y la crisis de la deuda empeoró. En efecto, hoy ésta es superior a lo
que era antes de la intervención de las instituciones financieras
internacionales en 2010.
Tras el
desastre griego causado por las políticas de austeridad de la Troika (Banco
Central Europeo, Unión Europea y Fondo Monetario Internacional), ahora es
España la que se encuentra al borde del abismo. Se ha aplicado por la fuerza al
pueblo español la misma terapia de choque con las mismas consecuencias
desastrosas. El gobierno de Mariano Rajoy ha impuesto a los ciudadanos ³un plan
de rigor colosal² según el diario económico francés La Tribune, con una
disminución de los gastos de 102.000 millones de euros hasta 2014: reducción
drástica del número de funcionarios, de los presupuestos de educación y sanidad
y disminución de los salarios, alza de los impuestos incluido el IVA y
reducción de las prestaciones familiares, de los subsidios de desempleo y de
las pensiones de jubilación entre otras. Todo ello en un país golpeado por una
tasa de desempleo record del 25%, con una explosión de la pobreza. Por su lado
la Comisión Europea, lejos de preocuparse de las consecuencias sociales y
humanas que engendran estas medidas, ³se congratula de la adopción de España
del plan plurianual².
El TECG, que
impone políticas de austeridad como única norma posible, está condenado al
fracaso y agravará inevitablemente la crisis económica en Europa, ya en plena
recesión. En efecto, el concepto de la ³regla de oro² resulta dudoso ya que al
reducir la capacidad de endeudamiento de los Estados les priva de toda posibilidad
de realizar inversiones que estimularían el crecimiento. Las consecuencias
sociales ocasionarán una crisis política de envergadura cuyo desenlace nadie
puede predecir, en un contexto de resurgimiento de la extrema derecha en todo
el continente.
El gobierno
socialista de François Hollande tiene la obligación moral de someter el TECG al
pueblo por referéndum después de un amplio debate público. Está en juego el
porvenir de la democracia en Francia, ya sensiblemente quebrantada por la
adopción por vía parlamentaria del Tratado de Lisboa en 2007, mientras que el
pueblo lo había rechazado dos años antes por referéndum.
*Doctor en
Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad Paris Sorbonne-Paris IV,
Salim Lamrani es profesor titular en la Universidad de la Reunión y periodista,
especialista de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Su último libro se
titula Etat de siège. Les sanctions économiques des Etats-Unis contre Cuba,
París, Ediciones Estrella, 2011, con un prólogo de Wayne S. Smith y un prefacio
de Paul Estrade.
Contacto:
lamranisalim@yahoo.fr ; Salim.Lamrani@univ-reunion.fr
Página
Facebook: https://www.facebook.com/SalimLamra...
Fuente Opera
Mundi
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