EL GOBIERNO DEL PP, APRUEBA EL REGLAMENTO QUE ABRE LAS PUERTAS A LOS DESPIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN

LA ESPADA DE DAMOCLES PENDE SOBRE 840.000 EMPLEADOS PÚBLICOS

Por A. Inglott - Canarias Semanal

       El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobaba el nuevo Reglamento de Despido Colectivo, que permite el despido masivo de empleados públicos "por causas económicas y de producción". De esta forma, el Ejecutivo Rajoy desarrollaba la disposición incluida en la última reforma laboral para abrir las puertas a la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo en las administraciones públicas. Algo que, según coinciden en señalar analistas de las más diversas tendencias, comenzará a suceder de manera inmediata.

   El reglamento afecta al colectivo conocido como personal laboral contratado, unos 700.000 empleados, según el Ministerio de Administraciones Públicas, y a los asalariados de empresas con más del 50% del capital público, un grupo de unos 140.000 empleados. Es decir,  un total de 840.000 trabajadores que se sumarán a quienes ya tenían la espada de Damocles del despido permanentemente sobre sus cabezas.

 Este lunes 31 de octubre, el  Área Pública de CC.OO.-Canarias se pronunciaba contundentemente en contra del nuevo reglamento. "El despido masivo de trabajadores del ámbito público - afirman desde este sindicato - aumentará el porcentaje de desempleo, elevándolo a cifras socialmente inadmisibles. De hecho por primera vez la destrucción de empleo público a nivel de estado supera a la que se produce en el sector privado".

 "EL REGLAMENTO ES INCLUSO PEOR DE LO ESPERADO"

   Tanto Comisiones Obreras como  UGT denuncian que el reglamento aprobado finalmente por el Gobierno es incluso peor de lo esperado en base a los primeros borradores a los que habían tenido acceso.

   "Mientras en verano el borrador permitía los despidos si las administraciones u organismos públicos tenían una reducción de su presupuesto del 10 %  -advierten-, ahora se rebaja ese criterio al 5 % anual".

   Para José López  -secretario general de FSP-UGT Murcia - la inseguridad de los 840.000 trabajadores afectados también será a partir de ahora superior a la de sus compañeros del sector privado.

  “Cuando la Administración de turno opte por aplicar un despido colectivo sostiene López -  su aprobación resultará prácticamente inmediata. Mientras en el sector privado permite un cierto margen para atenuar mediante la negociación las posibles consecuencias del despido, en el sector público se establece la presunción de que, como quien despide es una Administración Pública, el despido resulta inevitable tal cual".

La nueva normativa  -apuntan en el mismo sentido desde  CC.OO.-Canarias -  "priva a los trabajadores afectados de la posibilidad de reducir sus jornadas o sufrir su aplicación de manera temporal. El único método que contempla es la extinción o despido de este personal".

 "EL GOBIERNO CONTINÚA SU CRUZADA CONTRA EL EMPLEO PÚBLICO Y LOS SERVICIOS SOCIALES"

  Según Comisiones Obreras, el Reglamento de Despido Colectivo se enmarca dentro de la "cruzada particular del gobierno central  contra el empleo público y los servicios sociales que se prestan a la ciudadanía, en su batalla contra el estado de bienestar".

 De esta forma - dicen - el Ejecutivo del PP "muestra su desprecio a los ciudadanos, aumentando su nivel de imposición de unas medidas económicas restrictivas con el único objeto de reducir el déficit público a base de disminuir el gasto público y social, salvando a las clases altas, los bancos, las patronales y a la clase política de cualquier efecto adverso que les pueda generar esta crisis".

        Medidas que para la organización sindical generarán, de forma irremediable, “la paralización del consumo y la quiebra económica y constituyen el caldo de cultivo para que se produzca en breve una rebelión social".

       CC.OO.-Canarias se ha dirigido, finalmente, al Gobierno de Canarias, solicitándole que  “el plantón escenificado la semana pasada por los presupuestos para el año próximo, no se quede solo en teatro y se niegue rotundamente a aplicar en las Islas el despido masivo de empleados públicos y al adelgazamiento de la Administración pública canaria".

 120.000 EMPLEADOS PÚBLICOS SE IRÁN A LA CALLE EN LOS PRÓXIMOS MESES

Fuente: http://canarias-semanal.com/n

“LA CIUDADANIA YA NO QUIERE EL MODELO DE ESTADO ACTUAL CORRUPTO”

Saltan las alarmas en la Casa del Rey por la creciente espiral de abucheos a la familia real

Ciudadanos abucheando a la Reina, ayer en Valencia

José L. Lobo - 01/11/2012   (06:00h)

Hubiera resultado casi impensable hace sólo unos años. Pero el profundo malestar ciudadano por los efectos combinados de la crisis y los recortes, y sobre todo el desplome de la credibilidad en la Corona a causa de episodios como el caso Urdangarín o la cacería de elefantes en Botsuana, han convertido las expresiones públicas de rechazo a la familia real en una imagen habitual. Felipe de Borbón y su esposa, Letizia Ortiz, fueron abucheados la semana pasada a su llegada al teatro Campoamor de Oviedo para presidir la entrega de los Premios Príncipe de Asturias. Y una sonora bronca recibió ayer a la reina Doña Sofía en la Lonja de Valencia, que albergó la ceremonia de los Premios Jaime I.

La de ayer fue la tercera exhibición de hostilidad hacia un miembro de la familia real en poco más de un mes. El pasado 17 de septiembre, los abucheos a los Príncipes eclipsaron el acto de inauguración del curso escolar en un colegio público de Fuensalida (Toledo). Es cierto que el grueso de las expresiones de descontento fue dirigido contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, por los recortes educativos. Pero el heredero y su esposa tampoco se libraron de la ruidosa pitada que les dedicó un nutrido grupo de estudiantes, profesores y padres de alumnos, una representación de esa España cabreada cuya confianza en la clase dirigente está bajo mínimos.

Quienes peor parados están saliendo de esta creciente espiral de descontento popular son los Príncipes de Asturias, precisamente las dos figuras que la Casa del Rey trata de proteger y potenciar, dada su condición de futuros Reyes de España. La paradoja es que, al tener una agenda oficial mucho más intensa, Don Felipe y Doña Letizia son también los miembros de la familia real más expuestos públicamente y, por tanto, los que sufren un mayor desgaste. El pasado mes de mayo, la pareja ya fue increpada por un grupo de ciudadanos cuando recorría las casetas de la Feria del Libro de Madrid, pocas horas antes de que el Príncipe, esa misma noche, aguantase impertérrito los silbidos al himno nacional y las burlas al Rey durante la final de Copa en el estadio Vicente Calderón.

 

El contacto directo de Don Juan Carlos con la ciudadanía en actos públicos se ha visto sensiblemente reducido desde el estallido del caso Urdangarín y el escándalo provocado por el safari en Botsuana. Una de las razones de esa agenda menguante está, obviamente, en el desgaste del monarca provocado por la edad -el próximo 5 de enero cumplirá 75 años- y por sus intervenciones quirúrgicas, las dos últimas hace tan sólo seis meses, tras romperse la cadera durante la polémica cacería africana. Pero hay otro argumento de peso, menos evidente, para justificar su progresivo alejamiento de la calle: preservar en lo posible su figura de jefe del Estado de la ira popular. Esa estrategia explica que en los últimos meses el Rey haya limitado su agenda oficial, casi en exclusiva, a audiencias en La Zarzuela y viajes al extranjero.

 Esfuerzos baldíos

​Los esfuerzos de la Casa del Rey por relanzar la imagen de la Corona y rescatarla de los estragos causados por el último annus horribilis no han calado en amplias capas de la sociedad, a juzgar por las continuas muestras de rechazo en la calle. Ningún gesto de La Zarzuela parece suficiente para acallar ese imparable malestar: desde el castigo a Iñaki Urdangarín, apartándolo de la agenda oficial de la familia real y forzando su salida de Telefónica, a las disculpas públicas del monarca por la cacería en Botsuana, pasando por la mayor transparencia en las cuentas de la institución monárquica, el recorte en su presupuesto o el diseño, mucho más moderno, de la nueva web de la Casa Real. Todo parece quedarse corto.

​La Casa del Rey asiste con una mezcla de estupor y resignación a esta escalada de animadversión ciudadana, que unas veces se expresa de forma espontánea y, en otras ocasiones, responde al llamamiento de grupos organizados, ya sean sindicatos, colectivos de funcionarios o miembros de plataformas como el 15-M. "Cuando la calle está incendiada, como ocurre ahora, hay que aguantar y poner buena cara", asegura un portavoz de La Zarzuela. "Frente a ese malestar no podemos hacer mu​cho más, salvo ser más selectivos a la hora de confeccionar la agenda oficial", añaden las mismas fuentes.

Tampoco ayuda a rebajar la tensión el hecho de que los miembros de la familia real vayan siempre acompañados en sus apariciones públicas, como es preceptivo, por un miembro del Gobierno o alguna autoridad autonómica, ya que son éstos los que suelen atraer las mayores muestras de rechazo y descontento. Ayer en Valencia, por ejemplo, las banderas republicanas y los pitos con que fue recibida la Reina por un centenar de ciudadanos se mezclaron con los gritos de "¡ladrones!" dirigidos al presidente de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, y a la alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.

            Fuente: www.elconfidencial.com

“¿EXPLOTARA EL BANCO MALO CON TANTOS TÓXICOS QUE ENVÍAN LOS BANCOS ESPECULADORES”

¡El banco malo ese, ¿se podrá atracar?

Artículos de Opinión | Isaac Rosa | 31-10-2012 | 

 Leo todo lo que se escribe sobre el “banco malo”, y no encuentro respuesta a una pregunta que me inquieta: ¿dónde pondrán el banco malo, con sus 60.000 millones tóxicos? ¿Hará el gobierno un concurso para que las localidades interesadas presenten candidatura, como hicieron con el almacén de residuos nucleares? ¿Disputarán los pueblos por quedarse con el banco malo? ¿Tendrá beneficios el municipio que lo acoja? ¿Hay peligro de que esté en zona de riesgo sísmico o inundable? ¿Y los vecinos? ¿Estarán seguros teniendo al lado un banco malo? ¿Aceptaremos comer tomates procedentes de las tierras próximas a su sede?

Es que oye hablar uno del banco malo, de la urgencia de los bancos por traspasar su carga tóxica a la nueva entidad, y se imagina un almacén lleno de basura radiactiva. Y sin embargo, los 89.000 pisos y 13 millones de metros cuadrados de suelo que el banco malo acogerá no necesitan mucho espacio. Basta un despacho, un ordenador, una usb.

Que no se hagan ilusiones los pueblos sin trabajo. Aunque impresione oír hablar de ladrillos, terrenos, activos tóxicos, traspasos, saneamiento, en realidad todo esto del banco malo es poco más que un apunte contable, una tecla pulsada y que en décimas de segundo socializa las pérdidas multimillonarias de los bancos que enloquecieron durante los años de la burbuja, y que ahora se quitan de encima el muerto, y para variar nos lo colocan a nosotros.

La jugada es maestra: el banco se hunde por el peso de sus créditos morosos, viviendas adjudicadas y embargadas, y suelo. Viene el Estado y se lo compra. Sí, claro, a un precio más bajo del que tienen apuntado en su balance, estaría bueno que encima se lo pagásemos a precio burbuja. El banco, ya más ligero, se olvida del fardo, y es ahora el Estado el que, con recursos públicos, gestiona los activos tóxicos poniendo cuidado en no perjudicar a los bancos saneados: por ejemplo, cuidando que no caiga mucho el mercado inmobiliario, no sea que los activos sanos de la banca se conviertan en tóxicos otra vez. Al mismo tiempo, abre la puerta a que el capital privado se haga cargo de parte del pastel, sobre todo fondos de inversión internacionales, cuanto más buitres mejor, que al olor del dinero (y el tóxico desprende un hedor especialmente atractivo) buscarán la forma de hacer negocio con esos activos, convirtiéndolos en nuevos productos financieros (¿les suena de algo?).

Y en realidad, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué son esos activos tóxicos que ningún banco quiere ni en pintura, que el Estado va a meter en un costoso agujero, y que puede atraer a carroñeros financieros? Ya lo dije antes: además de crédito moroso, muchos pisos: 89.000 pisos. Y suelo, mucho suelo: 13 millones de metros cuadrados edificables.

Entre los 89.000 pisos habrá, claro, urbanizaciones de campo de golf; y entre el suelo habrá también mordiscos paisajísticos de esos que han devastado nuestro litoral. Pero también muchos pisos de barrio que están con las persianas bajadas, o a medio construir. Y mucho suelo de esas zonas que en tantas ciudades fueron urbanizadas, con sus calles, sus farolas y sus papeleras, y así quedaron.

Es decir: vivienda. Vivienda para hoy, y para mañana. Miles de pisos construidos y por construir. Viviendas vacías en un tiempo en que miles de familias son desahuciadas, tantos jóvenes no pueden independizarse, muchas otras familias viven asfixiadas con sus hipotecas y alquileres. Y viviendas por construir, para un futuro que vuelve a quedar a merced de los fabricantes de burbujas, que a partir del cargamento del banco malo y su efecto sobre el mercado inmobiliario intentarán poner las bases para otro ciclo de ganancia.

Es ya un lema común en todas las manifestaciones ese de “gente sin casa, casas sin gente”. Amplíenlo: “gente sin casa, casas sin gente, casas pagadas por el Estado, casas ofrecidas a fondos buitres”.

Sí, estaría bien aprovechar todos esos pisos y metros de suelo, ya que nos los vamos a quedar, para impulsar la vivienda social, sobre todo el alquiler social, que a tanta gente aliviaría. Pero para eso haría falta tener una política de vivienda que a este gobierno ni se le pasa por la cabeza, pues tiene cosas más importantes en que pensar.

Me parece tan escandaloso, que me entran ganas de ponerme una media en la cabeza y atracar el banco malo ese, haciendo buena la famosa frase de Brecht comparando el atraco a un banco con la fundación de un banco. En cuanto me entere de en qué pueblo lo ponen, dejo el coche con el motor en marcha en la puerta, y no respondo.

Fuente: http://www.eldiario.es/zonacritica/...

“CRIMENES DE LOS CUALES EL GOBIERNO DEL PP, QUEDARA IMPUNE ANTE LA JUSTICIA”

¿Suicidios o crimen de Estado?

Artículos de Opinión | Juan Torres López | 31-10-2012

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Todos los datos permiten asegurar que una gran parte del incremento en el número de suicidios que se viene dando en España está relacionado con la forma en que se está gestionando la crisis. Ya he comentado en artículos anteriores y más extensamente con Vicenç Navarro en el libro ‘Los amos del mundo. Las armas del terrorismo financiero (Espasa, 2012)’, que en todos los países en los que se han aplicado políticas de ajuste neoliberal se ha podido detectar ese fenómeno, así que no es de extrañar que ahora se esté produciendo en España. Actualmente, parece que en nuestro país se producen entre nueve y diez suicidios cada día y que un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diverso tipo originados por la crisis.

Y no hacen falta muchos estudios científicos para comprobar igualmente que una gran parte de esos suicidios se relacionan con los desahucios, que en estos momentos dejan sin vivienda a más de quinientas familias cada día en España. Ya son bastantes los casos en los que se han producido justo antes de que las autoridades y la policía procediesen a desalojar a las familias de sus viviendas en diferentes lugares de España.

Se trata de un verdadero drama que tiene una responsabilidad muy directa: las autoridades e instituciones del Estado que hasta el momento no han hecho nada efectivo para evitarlo. Todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que vienen aplicando e incluso lo facilitan, como esos jueces que llegan a decretar que los desahucios se lleven a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados.

El Gobierno actual y el anterior han dedicado sumas millonarias a salvar y proteger a los banqueros y a los grandes propietarios, pero no han tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas.

Cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionen la reestructuración de la deuda familiar, la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro, quitas familiares, u otras parecidas que podrían evitar los desahucios no comportan grandes dificultades legales ni supondrían demasiado coste económico (al revés, permitirían aumentar la demanda efectiva y así mejorar la situación económica). Por eso es injustificable que se sigan llevando a cabo desahucios que provocan docenas de suicidios y un sufrimiento personal y social tan extraordinario.

Que los dos grandes partidos se pusieran de acuerdo en unos pocos días para modificar la Constitución, y así contentar a los poderes financieros, y no lo hagan para adoptar medidas de rango muy inferior dirigidas a proteger a las miles de familias que se quedan en la calle solo refleja que se trata de dos organizaciones políticas que han perdido el norte para convertirse en simples piezas de un dominio oligárquico que ya es insoportable, y que requiere una respuesta social a la altura de su traición a los principios elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.

Es incomprensible, y empieza a producir una rabia inmensa, contemplar día a día a los parlamentarios ocupados en todo tipo de asuntos pero incapaces de acabar con el drama. Es desolador comprobar que los jueces no hayan reaccionado ya cuando llevan tanto tiempo como ejecutores de un derecho que es la antítesis de la justicia. Es patético e indignante ver a la policía defender día a día a las autoridades que echan a las gentes de sus casas y a los Bancos que se quedan con ellas, y golpear con saña a las pobres mujeres y hombres que las defienden. Es una vergüenza comprobar que hasta la jerarquía de la Iglesia Católica, que tanto habla de defender a la familia, llame a la policía para desalojar de sus templos (como en La Almudena de Madrid) a quienes quieren llamar la atención de la sociedad hacia lo que está pasando (en clara contradicción, hay que reconocerlo, con la inmensa mayoría de sus fieles de abajo que siempre suelen apoyarlos). Es tremendo que no salga ni una sola palabra ni un gesto de ayuda del Jefe del Estado, que se dedica, por el contrario, a defender las políticas que provocan el paro y la pérdida de las viviendas, mintiendo sobre los efectos que están provocando sobre la sociedad y la situación económica solo para proteger los intereses de los grupos más poderosos. Es sencillamente insultante, que en lugar de defender a las miles de personas que sufren, el Gobierno no solo siga aplicando sin misericordia las políticas que agudizan la crisis, sino que se dedique a ir indultando semana tras semana a los pocos financieros y políticos delincuentes que habían sido condenados en los años anteriores. Y es un insulto a la inteligencia y un despropósito la Constitución que declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, pero que a la vez no impide que se produzcan más de medio millar de desahucios diarios.

Cada vez que muere una persona desesperada por el paro o por la pérdida de vivienda, o a causa del peor tratamiento que reciben cuando son dependientes o están enfermas, aumenta algo más la responsabilidad de todas esas instituciones y personas. No podemos ni debemos aceptar que todo lo que está pasando en España, el daño tan grande que se le está haciendo a millones de personas, sea un simple accidente o algo inevitable. Es un daño orquestado, perfectamente evitable y que se produce solo porque se quiere beneficiar a otros grupos sociales. Por eso me parece que las personas que dirigen esas instituciones o que toman las decisiones tienen una auténtica responsabilidad criminal y no solo política que debería investigarse y depurarse cuanto antes.

Tendríamos que dejar de hablar ya de suicidios y de poner sobre la mesa la comisión de un verdadero crimen de Estado porque sus instituciones, que tienen la obligación de evitar el dolor de los ciudadanos y cuentan con medios para ello, son las que lo están provocando. La gente normal y corriente tiene derecho a defenderse e incluso el deber de levantarse contra los tiranos.

Fuente: http://juantorreslopez.com/impertin...