Seis asociaciones ciudadanas presentan una querella criminal ante el TSJC
contra el Conseller de Sanitat, Boi Ruiz García, y su equipo de gobierno
Varias organizaciones han presentado una
querella criminal contra el Sr. Boi Ruiz y su equipo de gobierno del
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya.
España |
Tercera Información | 20-11-2012 |
El 19 de
noviembre de 2012, La PARS, La Liga del Síndrome de Fatiga Crónica, Attac
Acordem, Attac Catalunya, CATAC-CTS-IAC y Dempeus per la salut pública han
presentado una querella criminal contra el Sr. Boi Ruiz y su equipo de gobierno
del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ante el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya. Los querellantes consideran que el Conseller
y su equipo podrían haber cometido los delitos tipificados en los artículos del
Código Penal referidos al impedimento del ejercicio de derechos cívicos (art.
542), a la omisión del deber de socorro (art. 196), al tráfico de influencias
(art. 428) y a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios
públicos (art. 441). Según las entidades firmantes, “este es un segundo paso en
lucha por denunciar la opaca gestión de la sanidad pública y el atentado contra
los derechos de la ciudadanía. En marzo de 2012 ya presentamos una denuncia
ante la Fiscalía Superior de Catalunya. El Fiscal reconoció el daño causado a
los ciudadanos por las decisiones del Departament de Salut, a pesar de lo cual
decidió no investigar estos hechos. Por ello, decidimos continuar investigando
y presentar nuestra querella ante el TSJC”.
El texto de
la querella sostiene que “el peligro en que hoy se encuentra el derecho
constitucional de protección de la salud es notorio en Cataluña. Los ciudadanos
que firmamos esta querella somos conscientes de que el sistema sanitario puede
verse resentido como consecuencia de la crisis económica que la sociedad está
sufriendo. Pero las consecuencias de las decisiones de los Altos Cargos que
denunciamos provocan un deterioro en el derecho de protección a la salud que
tiene un límite y es el que fija la legislación vigente. Existen datos
objetivos que indican que el Departament de Salut ha incumplido y sigue
incumpliendo la legislación que regula, por ejemplo, las listas de espera, uno
de los indicadores clave a la hora de evaluar el derecho de acceso de la
ciudadanía a los servicios sanitarios, ya que el ordenamiento jurídico otorga
el carácter de derecho de las personas operarse un tiempo máximo de 6 meses.
Este derecho, particularmente, habría sido vulnerado sistemáticamente como
consecuencia de las decisiones de los Altos Cargos de la Generalitat de
Catalunya, con plena conciencia de que sus medidas conducirían a su
vulneración, como exige el Código Penal para calificar estas conductas de
delictivas”.
Sostienen
asimismo que “los problemas económicos de nuestra sociedad no pueden ser
justificación para impedir que los ciudadanos ejerzamos los derechos regulados
por Ley. Nuestra legislación permite reducir presupuestos, reorganizar sistemas
o potenciar ciertos sectores económicos en función de la línea ideológica de
cada gobierno, pero en ningún caso las medidas que se apliquen pueden llevar al
impedimento del ejercicio de derechos, como es el derecho a la protección de la
salud que la Constitución instaura en el artículo 43 y se desarrolla en otras leyes,
incluido el Estatut d’Autonomia de Catalunya. Los límites los pone la ley y el
Conseller y su equipo los habrían rebasado a sabiendas. Asimismo hay indicios
de que el Departament de Salut estaría manipulando, y en algunos casos
ocultando, datos oficiales para minimizar el impacto de los datos reales en la
opinión pública y, lo que sería más relevante judicialmente, para acaso
disimular conductas delictivas como las que se denuncian en esta querella”.
Para los
querellantes, “la respuesta de la ciudadanía apelando a los tribunales es
obligatoria cuando desde los poderes públicos encargados de garantizar los
derechos se toman medidas que llevan a que la ciudadanía no pueda ejercerlos,
cuando hay indicios de que no están cumpliendo la ley al elaborar la información
pública sobre listas de espera, cuando hay ciudadanos que fallecen por no poder
ser atendidos en los centros sanitarios cerrados, cuando hay sospechas de que
se utilizan estrategias estadísticas para ocultar datos oficiales a la
ciudadanía, cuando los Altos Cargos de la sanidad pública tienen
simultáneamente Altos Cargos en el sector sanitario privado, cuando se podría
estar utilizando la legislación de forma interesada para favorecer al sector
privado, cuando hay informaciones que dicen que el propio Conseller preside una
empresa de servicios sanitarios privados o cuando ha salido a la luz que la
esposa del Conseller ha sido recientemente contratada en una corporación
sanitaria pública para hacer labores de gestión, la Corporació Parc Taulí de Sabadell”.
Los
querellantes apelan a la ciudadanía para que colabore en “eliminar el
sentimiento de impunidad que está situado en los despachos de los Altos Cargos
de la Generalitat, que ni se les pasa por la cabeza que sus actos puedan tener
consecuencias penales” y para ello en sus páginas web les invitan a cooperar de
diferentes formas, “principalmente aportando información”. La corrupción no
terminará hasta que no acabemos con la impunidad.
En la
querella, que consta de 80 páginas que componen el cuerpo de la querella y de
más de 400 páginas de anexos, manifiestan que, sin entrar en el debate sobre
sanidad pública versus sanidad privada, “es inadmisible que los ajustes
presupuestarios o, en su caso, los cambios de modelo, se hagan a costa de
imposibilitar el ejercicio de derechos garantizados por la Ley para después,
supuestamente, volver a recuperarlos. El Conseller no tomó las medidas
suficientes y necesarias que tenía a su alcance para corregir la situación
caótica que había provocado, sea por ignorancia, incompetencia o interés.
Nosotros pensamos que es por lo tercero. El Conseller y su equipo, más bien al
contrario, aun sabiendo que incumplían la Ley siguieron tomando decisiones que
justificarían incluso más la imposición de las penas relativas a los presuntos
delitos que aquí denunciamos”.
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