El Gobierno del PSOE permitió regularizar a 558 personas y así evitar penas de cárcel
EL
REQUERIMIENTO QUE EVITA PENAS. En lugar de abrir inspección, Hacienda envió
este requerimiento de pago a los evasores de la 'lista Falciani'. Gracias a
ello pudieron regularizar y se libraron de la condena por delito fiscal.
Si hubieran actuado
los inspectores, muchos de ellos habrían tenido que afrontar penas de prisión.
Pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió cobrar en lugar de
castigar. El anterior ejecutivo, al encontrarse en 2010 con los nombres de los
659 grandes defraudadores de la lista Falciani decidió no abrirles una inspección fiscal —el proceso
habitual al encontrarse pruebas de fraude— y dar a su inmensa mayoría un plazo
para que pagaran sus deudas. El resultado es que, gran parte de los
defraudadores sospechosos de haber cometido un delito fiscal al haber ocultado
millones de euros en el HSBC de Ginebra fueron automáticamente absueltos tras
regularizar su situación. Esa amnistía encubierta ha sido
censurada ahora por un juez de Barcelona que considera que esa decisión tuvo un
“dudoso soporte jurídico” y dejó sin castigo “la conducta defraudatoria de las
rentas más altas”.
El
titular del Juzgado de lo Penal 20 de Barcelona, José Alberto Coloma, hace esas
consideraciones en la sentencia por la que condenó a tres meses de prisión y
34.448 euros de multa al empresario de logística y transporte marítimo Rogelio
Mestre. El acusado basó su defensa en que, a diferencia de a otros
defraudadores de la lista, Hacienda no le había hecho llegar el requerimiento
de pago. El empresario aseguraba que, de haberlo recibido, hubiera satisfecho
su deuda y habría evitado el proceso y la condena por un delito contra la
Hacienda Pública.
El
magistrado rechazó el argumento de Mestre al afirmar que el propio HSBC, al conocer que Falciani había filtrado los datos de 130.000
cuentras, le había avisado que la suya estaba entre estas. Pero al
hacerlo, el juez aprovechó para cargar contra la polémica decisión de Hacienda.
Según la sentencia, tras recibir la lista Falciani de las autoridades
francesas, “nada impedía legalmente a la administración tributaria iniciar una
inspección en cualquier momento”, algo que, asegura el juez, era además “su
deber”.
La
decisión de permitir a estos grandes defraudadores regularizar sin condena
“obedecía a una decisión de política fiscal de dudoso soporte jurídico ya que
solo por ley podían haberse excluido responsabilidades tributarias”, mantiene
el magistrado. La resolución sostiene, además, que dicha decisión política adoptada
por el Gobierno socialista se tomó “en contra del principio de capacidad
económica” de los presuntos evasores y que, con su aplicación, se dejó de
sancionar “la conducta defraudatoria de las rentas más altas”.
El
procedimiento seguido por Hacienda, que ahora censura el juez, se recoge en el
Reglamento General de Gestión e Inspección Tributaria. Está previsto para casos
en los que Hacienda no tiene constancia de datos concretos que le permitan
abrir un expediente de inspección, según inspectores consultados por este
periódico. Su uso habitual es el de reclamar declaraciones a personas obligadas
a presentarlas que, por descuido o desconocimiento, no lo han hecho. En el caso
de la lista Falciani, Hacienda justificó su uso por
las dudas sobre la validez de la información facilitada por el exinformático
del HSBC y la posibilidad de que los jueces consideraran que tenía un origen
ilícito al haber sido sustraída. Otra de las razones que dio fue la necesidad
de interrumpir el plazo de prescripción de las deudas de los defraudadores,
algo que también podría haberse conseguido abriéndoles inspección.
De
los 659 nombres de la lista, Hacienda consiguió enviar el requerimiento que les
permitía regularizar a 558, según declaró el ex secretario de Estado de
Hacienda Carlos Ocaña en una comparecencia en el Congreso de los Diputados el
26 de octubre de 2010. Las deudas de los restantes evasores (101)
prescribieron. De todos los notificados, 306 se acogieron a la segunda
oportunidad que les daba la Agencia Tributaria y presentaron declaraciones
complementarias a las que se les impuso un recargo. Pero al final, Hacienda
abrió inspección a 545 de los nombres de la lista (el 97% del total): a los que
no atendieron el requerimiento y a los que dieron explicaciones que no se
consideraron satisfactorias. El hecho de que prácticamente a todos se les
acabara abriendo una inspección indica la ineficacia del supuesto trato de
favor concedido a estos presuntos defraudadores. En cualquier caso, la mayoría
evitó la condena por delito fiscal al considerarse sus deudas regularizadas.
Entre
las personas que se beneficiaron de esa decisión gubernamental se encontraba el banquero ya fallecido Emilio Botín, así como su hija Ana
Patricia, actual presidenta del Santander, y otros diez miembros de su familia.
Anticorrupción presentó denuncia contra ellos en la Audiencia Nacional, pero el
caso se archivó después de que Hacienda comprobara que habían abonado los cerca
de 200 millones que debían.
investigacion@elpais.es
Protesta de los
inspectores, querella de los técnicos
Hervé
Falciani. / BERNARDO PÉREZ
La
oportunidad de regularizar evitando una sanción penal dada por el Gobierno a
los defraudadores de la lista Falciani provocó airadas protestas del
cuerpo de inspectores de Hacienda y de los técnicos de la Agencia Tributaria
que consideraron la decisión del Ejecutivo una “amnistía encubierta” y un
“escandaloso trato de favor”.
Al
conocerse el proceder ante los defraudadores del HSBC, la Organización
Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) lo calificó de “escandaloso,
injusto y probablemente ineficaz”. Los inspectores afirmaron que esa segunda
oportunidad era un “escandaloso privilegio” para esos evasores. “A los demás
contribuyentes no se les dan oportunidades adicionales de regularización, y se
les impone el sistema sancionador administrativo o penal, con todo el peso de
la ley”, afirmó la organización. Para IHE, la actuación de Hacienda se
asemejaba a una “amnistía fiscal” porque a los defraudadores “se les permiten
regularizaciones, incluso parciales, y se les pone sobre aviso de la
información de que dispone la administración tributaria”.
Más
drástico aún fue el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que en febrero
de 2013 presentó una querella por prevaricación contra Juan Manuel López
Carbajo (exdirector de la agencia), María Dolores Bustamante (exdirectora del
departamento de Gestión Tributaria de ese órgano) y Carlos Cervantes
(exdirector del departamento de Inspección).
Gestha
les acusa de “dejar impunes los presuntos delitos contra la Hacienda Pública
que los defraudadores [de la lista Falciani] hubieran podido cometer,
impidiendo con su conducta que tales infracciones pudieran ser algún día
penadas”, según el texto de la querella. “Los querellados promovieron una
actuación contraria a la que tenían encomendada de forma expresa, que no era
otra que iniciar una inspección fiscal y remitir los expedientes al Ministerio
Fiscal o a la autoridad judicial”, añade el escrito.
La
querella fue archivada por el juzgado de Madrid al que correspondió, pero la
decisión fue recurrida a la Audiencia Provincial. Tres de sus magistrados
tienen previsto reexaminar el caso el próximo enero.
Fuente: www.elpais.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario