Profesor de IESE
Jueves, 23 de mayo del 2013
La respuesta de muchos
ciudadanos a esa pregunta es afirmativa: es un derecho básico y una conquista
social, «ha de tener futuro». Y, sin embargo, nos enfrentamos ahora con una
restricción financiera que lo pone en peligro. Podemos echar la culpa a la señora
Merkel, a las políticas del Gobierno o a lo que queramos, pero el hecho
es que el Estado del bienestar, tal como lo conocemos ahora, no es sostenible.
No hay que desmontarlo, pero sí, al menos, reformarlo.
LEONARD BEARD
Y esto es importante
también por otras razones. Una: tal como lo conocemos, nunca será sostenible,
porque está planteado sobre la base de que todos tenemos derecho a todo,
público, de calidad y ya. Así entendemos, por ejemplo, nuestro derecho a la
sanidad -y un derecho que la sociedad no puede pagar no es tal. Otra: se presta
a abusos. Por ejemplo, negarse a aceptar un empleo porque eso supone tener que
renunciar a la prestación por desempleo.
Por supuesto, los
recortes no son la solución. Pudieron serlo al principio, cuando había que
demostrar urgentemente la voluntad política de reducir el déficit público, pero
ahora ya no tienen sentido. Ahora hay que entrar en el terreno de las reformas:
complicado y conflictivo pero necesario si queremos que nuestro Estado del
bienestar siga siendo eficiente, justo y sostenible. Pongo aquí algunas ideas,
para provocar el diálogo. Porque -y esta sería mi primera propuesta-, la
reforma tiene que venir de un gran acuerdo social, más que político. Hay que
tener en cuenta a todos, porque el Estado del bienestar está emparentado con
todas las políticas sociales: educación, vivienda, pensiones, dependencia, sanidad,
trabajo, fiscalidad.
Y ya tenemos aquí otro
criterio para la reforma: visión de conjunto, porque los problemas están
relacionados entre sí. Por ejemplo, la pobreza infantil significa pérdida de
capital humano (educación) y de empleabilidad futura (trabajo), y proviene del
desempleo de los padres, de las familias desestructuradas y del difícil acceso
a ciertos servicios sociales. No tiene sentido que una oficina dé becas para
colonias, otra se ocupe del desempleo de la madre y otra de la pérdida de la vivienda,
todas ellas trabajando cada una por su cuenta, peleándose por un presupuesto
escaso. El beneficiario, no la oficina, debe estar en el centro.
Y necesitamos definir
los criterios básicos justos y sostenibles. Yo diría que el primero es que la responsabilidad
es del ciudadano, no del Estado; esto viene exigido por la dignidad de la
persona. Responsabilidad significa participación en el diseño, seguimiento y
evaluación de las políticas. Pero necesitamos el Estado del bienestar porque el
ciudadano tiene problemas. ¿Qué hay que darle? ¿Todo? No: eso no es sostenible
ni, como ya he dicho, justo. Me parece que el criterio debe ser la cobertura de
riesgos importantes: si necesito un trasplante, eso me lo ha de dar la sanidad
pública, pero las aspirinas me las he de pagar yo. Y también los riesgos que
afecten a los demás, como el contagio por falta de vacunación.
Otro criterio: todos
tenemos derecho, pero no todos tenemos el mismo derecho, porque no es
sostenible ni justo. Por tanto, habrá que establecer prioridades no en función
de preferencias políticas, sino de criterios objetivos: niños en situación de
pobreza, ancianos sin recursos. Y habrá que comprobar el grado de necesidad. En
Irlanda, la oficina que ayuda a los que no pueden pagar su hipoteca les pone
condiciones del tipo de renunciar a la televisión de pago o vender el coche si
tienen acceso al transporte público.
Luego están las
condiciones que hemos de poner a los que ofrecen el servicio. Eficiencia y
calidad: lo importante no es lo que se gasta, sino cómo ese gasto beneficia al
usuario. Los proyectos deberán ser evaluados y, si no cumplen unos mínimos,
habrá que modificarlos y, si conviene, cerrarlos. Pero eso entra ya en otro
apartado, el de la reforma de la Administración pública. Algo que quizá también
habría que revisar. Porque esos servicios los presta, sí, el Estado, pero
también las organizaciones sociales, las familias, las escuelas, las
instituciones religiosas y otras muchas. Ahora que falta financiación, ¿no
convendría coordinar el trabajo de todos, para beneficio del ciudadano
necesitado?
Hablaba de la
necesidad de un gran diálogo social. Ya se ve que hay materia abundante. Y
mucha experiencia: hay modelos excelentes en países avanzados, eficientes y muy
sociales; no hace falta que inventemos la rueda. Sí que hace falta que nos
sentemos a escuchar a los que sufren las necesidades, a los que tienen interés
en ayudarles, a los que saben de estos temas, a los que tienen ideas
innovadoras y -muy importante- a los que no piensan como nosotros. Porque la
auténtica preocupación social no es patrimonio exclusivo de ningún colectivo o
de ninguna ideología.
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