La ministra de Empleo, Fátima Báñez,
junto a los interlocutores sociales / SAMUEL SÁNCHEZ
“La reforma de las pensiones es el debate social
más importante que tiene planteado la sociedad española”, ha declarado con
solemnidad la ministra de Empleo, Fátima Báñez, “estamos trabajando para lograr
el mayor consenso posible”. Pero este objetivo corre un serio riesgo. La
propuesta que Báñez presentó el lunes a sindicatos y empresarios, sin otras
medidas, acarrea pérdidas de poder adquisitivo para todos los pensionistas
—presentes y futuros— al menos en los primeros años de vigencia, salvo que las
previsiones económicas no acierten o crezcan mucho los ingresos de la Seguridad
Social. “No era necesario poner sobre la mesa la fórmula de revalorización
anual, dificulta mucho el acuerdo”, analiza Carlos Bravo, responsable de
pensiones de CC OO.
Este
sindicalista se refiere a la primera parte de la propuesta de reforma del
Gobierno: los cambios en la forma en que se actualizarán las pensiones, que
dejarán de estar ligadas —al menos legalmente— a los precios ya desde 2014 y,
en consecuencia, afectará tanto a pensionistas presentes como futuros. Su opinión
es compartida por su homóloga de UGT, Carmen López, y por la mayor parte de
grupos políticos: llegar a un pacto con un calendario apretado es muy difícil
si hay que redefinir la fórmula de actualización anual de las pensiones. “La
Constitución obliga a mirar siempre al poder adquisitivo. El modelo actual es
válido”, defiende Valeriano Gómez, del PSOE, pese a que en 2011 y 2012 se
suspendió y las pensiones se devaluaron. “Solo dos veces en 20 años”,
justifica.
Quien no ve
ninguna posibilidad para el pacto es Joan Coscubiera, portavoz de Izquierda
Plural. “Impugnamos que sea necesaria esta reforma. Los problemas tienen que
ver con el mercado laboral. La propuesta de actualización anual es un fraude”.
Para cambiar
la fórmula vigente, Báñez ha planteado una ecuación que se basa en la salud de
las cuentas de la Seguridad Social. Parte del informe que una docena de
expertos elaboraron en primavera, que también ligaba la pensión inicial del
jubilado a la esperanza de vida en el momento del retiro, pero le pone límites:
el incremento nunca podrá ser menor del 0,25% ni mayor del 0,25% más el IPC.
“Es evidente que el sistema actual crea desajustes. Proponemos un modelo a
largo plazo, y ahí sí que se garantiza el poder adquisitivo”, defiende el
secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos.
Pero
estudiosos del sistema de pensiones, oposición y sindicatos discrepan de las
palabras de Burgos. “Claro que con esa fórmula se pierde poder adquisitivo”,
defiende Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE y partidario de una reforma
sustancial del sistema. Como él piensan todos de expertos consultados para este
artículo, incluso entre los que integraron la comisión de expertos a los que el
Gobierno encargó la redacción del informe. Los hay que incluso, teniendo
presentes las perspectivas económicas para España, apuntan que en los próximos
siete u ocho años, la subida de pensiones quedará siempre en el 0,25% y, en
cambio, los precios subirán bastante más.
“Sí, claro
que hay pérdida de poder adquisitivo. Y la subida en años buenos del 0,25%, no
es suficiente para compensar los años malos”, analiza López, de UGT, quien
define la propuesta oficial como desequilibrada.
“Esta
propuesta nos genera rechazo y preocupación”, explica el portavoz de UPyD,
Álvaro Anchuelo, “esta actualización anual genera injusticia a largo plazo”.
También CiU sitúa el listón en este punto. “Se tiene que garantizar el poder
adquisitivo. Hay que buscar opciones alternativas en los ingresos”, demanda
Carles Campuzano, que apunta a cambios en viudedad.
Para evitar
la devaluación de las pensiones, las dos centrales mayoritarias preparan estos
días alternativas que aumenten los ingresos de la Seguridad Social. Quieren
equilibrar la ecuación basada en la salud de las cuentas del instituto público,
ahora en números rojos y que no cambiará de no mediar un giro radical —e
inesperado— en el mercado laboral, y prolongar la vida del Fondo de Reserva,
cuyos recursos se están gastando ahora para pagar las pensiones actuales. El
objetivo lo define Bravo: “Podemos discutir si medimos el poder adquisitivo con
el IPC, los salarios o el PIB. Pero lo que está claro es que cuando un
pensionista muera no puede tener un poder de compra menor que cuando se
retiró”.
“El problema
está en que hacen falta ingresos y todo lo que no sea reconocer eso, es no
querer afrontar el problema”, explica Felipe Serrano, de la Universidad del
País Vasco. Algo similar venía a decir aquel informe primaveral, que abría la
puerta a la aportación de recursos adicionales al sistema de pensiones y que
contenía una fórmula de actualización anual de las pensiones a la que Empleo ha
puesto suelo y techo porque daba “lugar a grandes oscilaciones”, explica Burgos
y corroboran varios expertos que han realizado simulaciones con años pasados
(se dan incrementos cercanos al 6% en años buenos y caídas en torno al 5% en
los malos).
“Estamos dispuestos a escuchar
propuestas en esa dirección”, explica Burgos, que señala que podrían aumentar
las bases máximas de cotización. En cambio, cierra la puerta a cambios en la
otra parte de la propuesta, la que liga la prestación inicial a la esperanza de
vida. El PSOE, en cambio, pide cambios en este punto: “La esperanza de vida no
tiene por qué afectar solo a la pensión, también puede afectar a la edad o el
número de años necesarios para calcular la pensión”.
Un formato de negociación diferente
Las
conversaciones entre Gobierno y sindicatos para pactar esta reforma de
pensiones van a correr de forma paralela a su tramitación parlamentaria, algo
muy diferente de lo que sucedió en 2011, cuando se acordó el retraso de la edad
legal de jubilación a los 67 años. “Esta vez no se va a hablar de una reforma
integral de la Ley General de Seguridad Social, como entonces”, justifica el
secretario de Estado, Tomás Burgos, “esta vez es un desarrollo de la reforma de
2011, nos parece un mecanismo adecuado, incluso podríamos entender que con el
pacto de entonces teníamos cobertura”.
El Gobierno quiere que la reforma
esté lista ya en 2014 y eso implica que antes de que acabe este mes debe estar
listo el primer borrador para enviarlo al Consejo Económico y Social, y poco
después el proyecto de ley. A tenor del calado de los cambios previstos, estos
plazos se antojan insuficientes para alcanzar cualquier tipo de pacto con
sindicatos y oposición y, por tanto, las negociaciones tendrán que continuar
durante la tramitación parlamentaria si, como ratifica Burgos, el Ejecutivo
quiere una reforma pactada.
Fuente: www.elpais.com
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